Organizaciones que hacen parte de la Asociación Coordinadora Nacional de Áreas Marginadas de Guatemala, (ACONAMAPG) se han concentrado en una toma pacifica en las afueras del congreso nacional de Guatemala, esto desde el pasado viernes 18 de Noviembre, luego de agotar todas las medidas de acción y negociación con las autoridades municipales y locales.
Esta lucha se trata de garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna, en un país que tiene registrado oficialmente más de 650 asentamientos humanos catalogados como precarios, datos estiman que un 95% de la tierra se encuentra en manos de terratenientes, y donde actualmente existe este un déficit habitacional de un millón quinientos mil viviendas.
Este ha sido un modelo histórico y una de las causas que dio origen desencadena en un conflicto armado con consecuencias devastadoras no solo para el país, sino para la región, donde se instauro uno de los régimen militares –con asesoría internacional- más sangrientos que se puedan registrar, con un enfoque de exclusión, criminalización y exterminio hacia las poblaciones indígenas y campesinas que representan la mayoría de la población.
ACONAPAMG viene dando una dura pelea que cuestiona en primer instancia ese modelo excluyente, que no solo concentra la tierra, sino que la destina para el capital de los agro negocios y otras formas de extractivismo, donde intervienen capitales de trasnacionales, pero también locales, es decir una práctica que condena a la marginalización a la mayoría de población que viene luchando por su derecho a la permanencia dentro de sus territorios y a al acceso de viviendas dignas, entiendo esto último como los espacios seguros, dignos, acorde a las raíces culturales de sus habitantes.
Ante las medidas tomadas por el gobierno, tales como las reducciones constantes del presupuesto de vivienda en casi un 75 % : En el año 2015 se redujo de 800 millones de quetzales a 440 millones, en el 2016 paso a 250 millones y las pretensiones son de reducirlo para el 2017 a 125 millones.
ACONAPAMG exige:
– La no reducción del presupuesto de vivienda para el año 2017.
– La aprobación de la ley de legalización de asentamientos humanos, ya que aunque la ley se encuentra aprobada, el artículo que ampara la legalización vence el 31 de diciembre del 2016.
– Respeto de las garantías de las defensoras y defensores de la tierra y la vivienda digna.
Pedimos a las organizaciones/redes enviar sus firmantes de respaldo al correo jubileosur@gmail.com