Reflexiones Sobre la Marcha Climática, la Cumbre de los Pueblos y la Cumbre Oficial

Ban Ki-Mon ha declarado que la cumbre oficial de la ONU, sobre cambio climático, celebrada en Nueva York el pasado 23 de septiembre ha sido todo un éxito. Entre las razones que da para evaluar esta cumbre como exitosa, esta la posibilidad de llegar a Lima, en diciembre, con los representantes de los participantes de la COP 21, con mas información científica, sensibilizados ante la crisis climática y un acercamiento mas profundo a la sociedad civil. Estos son de los argumentos que Ki-Mon da para sostener el éxito de la cumbre.

 Para del éxito o de su acercamiento a la sociedad civil tiene que ver con su pequeña participación en la marcha climática que reunión alrededor de 500 mil personas en Nueva York y que tuvo acciones simultaneas en mas de 100 ciudades en todo el mundo. Una participacion tan pobre, poco representativa y que tuvo menos cobertura mediática que la que obtuvo su mensajero ciudadano para la paz

 Para Ban Ki-Mon, así como para los mas de 100 representantes de gobiernos y mas de 800 presidentes de empresas transnacionales, tuvo que ser un éxito, no solo por que se hablo de la crisis climática, centrándose en buscar nuevas formas de mitigación para los Gases de Efecto Invernadero mediante los Mercados de Carbono, incluso presentaron nuevos mecanismos para esto. La “Agricultura Climaticamente Inteligente” -si, así se llama- forma parte de estos mecanismos y no es sino el siguiente paso de la Revolución Verde, incluyendo ahora en los paquetes tecnológicos, semillas modificadas, todo esto, según la FAO para asegurar la seguridad alimentaria; notese que no usan el termino soberanía, sino seguridad. Esto de nuevo beneficia a los monocultivos, la agroindustria, dejando poco o nada de espacio para la agricultura tradicional, artesanal y/o familiar, afectando a millones de campesinos en todo el mundo y creando nuevos impactos a los ecosistemas.

 Poco a nada se planteo sobre la ineficiencia de los Mercados de Carbono en estos 20 años de COP’s para mitigar las emisiones, mucho menos se plantearon medidas para hacer frente a los pronósticos que mencionan que el porcentaje de Gases de Efecto Invernadero para el 2050 aumentara en un 38 por ciento de continuar esta tendencia, donde el 2020 es la clave para lograr mantenernos en el nivel actual, que no es lo mejor pues desde hace algunos años estamos en el punto del no retorno para comenzar a vivir una nueva era climática. Para lo cual se necesita una reducción de entre del 30 al 85 por ciento de los Gases de Efecto Invernadero actuales. Según el UNEP Emissions Gap Report si para el 2020 pasamos de las 44 giga-toneladas de CO2 por año, no tendremos mucho que hacer para lograr una reducción considerable en el tope máximo del 2050. De no lograr estas metas que predichas por los mismos organismos afiliados a la OUN, el panorama se presenta mucho mas negativo que el actual, además de irse intensificando.

El éxito de la cumbre para Ki-Mon se debe a los acuerdos alcanzados, aunque estos sean para continuar con estrategias que no han funcionado en 20 años, incluso el Fondo Verde que no solo es un fondo irrisorio que pretende tener la cifra de 100 billones de dolares para el 2020, lo cual es francamente un insulto si se compara con el dinero que se otorga desde los distintos mecanismos de los Mercados de Carbono, desde el cual los países que pueden acceder a esta Fondo por emergencias climáticas, se ven un tanto inútiles.

 Los acuerdos y avances que se tomaron en esta cumbre oficial rumbo a la COP 21, no van encaminados a fortalecer medidas de adaptación. Todo lo contrario. Estas son cooptadas por los mercados, las transnacionales y el sistema. La Agricultura Climaticamente Inteligente es una prueba fehaciente de ello.

 Mitigación versus Adaptación

 A la par de la cumbre oficial y teniendo como marco inicial la Marcha Climática; organizaciones, movimientos, redes, alianzas, grupos indígenas, campesinos, activistas, comunidades, entre muchos otros grupos organizaron la Cumbre Climática de los Pueblos y el Tribunal Climático de los Pueblos. En el primero se expusieron los impactos negativos de las falsas soluciones promovidas por la ONU y los Mercados de Carbono, así como las alternativas, que no solo son reales, sino que están llevándose a cabo en muchos lugares del mundo. Planes de Basura Cero, recuperación de Cuencas, agricultura artesanal, son una realidad tangible y una solución a la crisis climática. Estas son medidas de adaptación, desde abajo y que se contraponen a las medidas de mitigación propuestas desde arriba, sin embargo, al ser parte central de un cambio sistémico, son por lo tanto medidas tanto de adaptación como de mitigación, por el simple hecho de romper con el modelo de producción y consumo, piedra angular de nuestro sistema.

 En el segundo espacio, las comunidades afectadas por el cambio climático, por los Mercados de Carbono -MDL, REDD, etc., etc.) y/o por la intensidad y fuerza de los fenómenos naturales, expusieron la falta de justicia climática y la necesidad de la misma. De nuevo se puso en evidencia el fracaso de las medidas de mitigación para reducir las GEI, así como los impactos negativos que causan en las comunidades locales, que pierden desde sus territorios obligándolos a convertirse en refugiados ambientales.

 Los dos espacios, así como las demostraciones de calle, fueron exitosos en la medida de que los senadores, alcaldes, representantes de la ONU, incluso las celebridades que se sumaron por unos segundos a la Marcha Climática, les quedo muy claro que las comunidades se representan solas; que la marcha fue una demostración de poder ciudadano, un simple recordatorio que se reafirmo al día siguiente con la marea de activistas que tomo las calles de Wall Street, el corazón del sistema, donde se toman las decisiones, los culpables directos de la falta de justicia global. A ellos miles de personas marchando para luego sentarse frente a sus edificios, les quedo claro que aun no han ganado la guerra, que desde las barricadas, las calles, las comunidades se siguen construyendo eso otro mundo posible. Incluso dentro de la ONU, burlando el increíble marco de seguridad -francotiradores incluidos- un puñado de personas llenaron de giraflores las puertas del edificio donde se reunieron los representantes de los gobiernos y empresarios, para dejar claro que ellos no los representan, abajo, la representación es directa, que allá abajo lejos de los Mercados de Carbono se construye, se aplican las medidas de adaptación. que a su vez son medidas de mitigación con justicia, solidaridad y apoyo mutuo.

 ¿Mismo problema? Dos enfoques distintos

 Mientras Ban Ki-Mon intenta ser positivo ante un espacio tan desgastado como criticado, intentando medidas desesperadas -como lo fue esta cumbre- a unos cuantos meses de celebrarse la COP, es mas que obvio que las soluciones no vendrán desde arriba. El enfoque, los objetivos no son los adecuados para alcanzar el primer paso de esta crisis: la justicia climática.

 En las calles aun se sigue escuchando, cambiemos el sistema, no el clima, pues cada día es mas que obvio que lo que nos tiene en jaque es el sistema. Lograr un cambio desde adentro es como usar aspirinas para curar una migraña. El cambio debe de ser tan profundo como la misma raíz

Tomado de: http://www.kaosenlared.net/component/k2/97000-nuestro-exito,-su-fracaso-reflexiones-de-la-cumbre-climatica

Desalojo de la Comunidad de Barra Vieja, el Indura Resort y la Estrategia de Expulsión de los Garífunas de Honduras.

En horas del madrugada del día de hoy, una fuerza combinada de policía y ejercito efectuaron un desalojo de la comunidad garífuna de Barra Vieja, Tela, procediendo a destruir las humildes casas de habitación y dispersar a sus moradores.

Barra Vieja está ubicado contiguo al proyecto turístico Indura Resort, conocido previamente como Laguna de Micos & Beach Resort, perteneciente a la élite de poder de Honduras, implicados directamente en el golpe de estado del año 2009. El proyecto fue inaugurado en noviembre del año pasado, al mismo tiempo que se efectuó una reunión del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).

Desde el pasado 6 de agosto se iniciaron los intentos de desalojo, los que fueron truncados ante los repetidos fallos en la redacción de la orden de desalojo, la cual en varias ocasiones fue dirigida a individuos y no a la comunidad de Barra Vieja.

El desalojo que se está efectuando en este momento, no se apega a derecho y es instigado por el INDURA RESORT, con la complicidad del Juzgado de Tela, el que se ha destacado por estar al servicio de los empresarios turísticos y la Municipalidad de Tela, en detrimento especialmente de la población garífuna radicada en la bahía.

Cabe señalar que un grupo de campesinos de la comunidad del Dorado, Tela, fueron transportados en un camión, con el propósito de utilizarlos para sacar los enseres de las moradas de los habitantes de Barra Vieja. Los campesinos se negaron a cumplir las ordenes de las Fuerzas de Seguridad, señalando además que el INDURA RESORT les ofreció un emolumento para efectuar dicha labor.

En fecha reciente se efectuó una audiencia en relación al caso de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, ante la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH) en relación a los despojos cometidos en contra de los habitantes de esa comunidad instigados por las especulaciones inmobiliarias surgidas desde la década los años 80 del siglo pasado, cuando se comenzó a planificar el denominado proyecto Bahía de Tela que culminó en este siglo con la implementación del Indura Resort, el cual rellenó el humedal de la laguna de Micos, incluida como parte del área protegida RAMSAR722.

 Los derechos humanos y territoriales de los más de 400 habitantes de Barra Vieja han sido conculcados, siendo este desalojo parte de una estrategia de expulsión del pueblo Garífuna de la costa en que hemos habitando durante más de dos siglos. El pasado 8 de agosto se dio un desalojo en la comunidad de Armenia, en tierras ancestrales que fueron despojadas por la Standard Fruit Company a inicios del siglo pasado.

 Mas de 20 comunidades garifunas han sido incluidas dentro las Ciudades Modelo (ZEDE) que pretenden el estado de Honduras subastar al capital extranjero para la creación de republiquetas cuasi independientes, siguiendo el modelo de los libertarios de ultraderecha (anarco capitalismo), que han visto en Honduras un lugar propicio para instalar un laboratorio político social destinado a derruir los estado-nación existentes en Centroamérica.

 La OFRANEH demanda el respeto a los derechos sobre el territorio ancestral del pueblo Garifuna en Honduras, y el retorno inmediato de las tierras usurpadas en Barra Vieja

 A los 30 días del mes de septiembre de 2014

 OFRANEH

URGENTE: Desalojo del Territorio Ancestral de la Comunidad Garífuna de Barra Vieja, Tela,‪ ‎Honduras

En este momento está apunto de iniciarse un desalojo de la comunidad Garífuna de Barra Vieja, Tela.

Un contingente de medio centenar de policías, se encuentran a punto de iniciar el desalojo. después de haber sido suspendida la ejecución esta mañana.

No obstante que la comunidad interpuso el pasado viernes un amparo ante Corte Suprema , el Juzgado de Tela está procediendo a desalojar a la comunidad de su territorio ancestral.

Exigimos un respeto total a los derechos humanos y territoriales de las
En este momento está apunto de iniciarse un desalojo de la comunidad Garífuna de Barra Vieja, Tela. Un contingente de medio centenar de policías, se encuentran a punto de iniciar el desalojo. después de haber sido suspendida la ejecución esta mañana.

No obstante que la comunidad interpuso el pasado viernes un amparo ante Corte Suprema , el Juzgado de Tela está procediendo a desalojar a la comunidad de su territorio ancestral.

Exigimos un respeto total a los derechos humanos y territoriales de las personas que en este momento se encuentran en la comunidad de Barra Vieja

Ocupación Continua Abrió Camino para que el Ejército Protagonice Política de Seguridad Pública en Río de Janeiro

Carta Capital – Adital, 13/08/14
Por Marsílea Gombata

 

Escenarios distintos, Río de Janeiro y Puerto Príncipe, tienen en común un historial de violencia urbana en medio de la batalla por la disputa de territorios en las áreas más favelizadas de las dos ciudades. A pesar de que los conflictos tienen motivaciones diferentes –mientras que las favelas de Río de Janeiro son disputadas por narcotraficantes, las de Puerto Príncipe son rivalizadas por grupos de tendencias políticas opuestas– hay quienes dicen que entender la realidad de una ciudad ayudó en la búsqueda de soluciones de los problemas de la otra. La experiencia que Brasil adquirió en Haití, defienden los especialistas, contribuyó directamente al know how (cómo proceder) que originó, en 2008, las llamadas Unidades de Policía Pacificadora (UPPs).

La Misión en Haití fue una oportunidad para que Brasil entrenara a sus tropas, que siempre reclamaron por la falta de inversión en las Fuerzas Armadas. Fue también un ejemplar laboratorio de operaciones que apuntan a “garantizar la ley y el orden” en los morros de Río de Janeiro, ya que los 1.200 militares brasileros están involucrados en una estrategia de ocupación continua de áreas antes dominadas por pandillas.

Según el teniente coronel Carlos Cavalcanti, del Centro Conjunto de Operaciones de Paz de Brasil (CCOPAB), la Misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití (Minustah) inició su ofensiva en Cité Soleil en 2005, bajo el comando del general Heleno Pereira y con el nuevo concepto de ocupación permanente de “puntos fuertes” –enclaves ubicados en el corazón del área considerada más peligrosa, y desde donde las operaciones de pacificación partirían para ampliar el perímetro de seguridad. “Los resultados culminaron con la pacificación de Cité Soleil y, posteriormente, de Cité Militaire, en 2007. La Policía Militar de Río de Janeiro, inclusive, envió una comitiva a Haití cuando esas operaciones todavía estaban siendo ejecutadas, con el objetivo de recoger experiencias del Ejército Brasilero”, recuerda Cavalcanti.

Especialista en defensa e inserción de Brasil en el programa de postgrado en Relaciones Internacionales de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (Uerj), Claudio Silveira, afirma que la experiencia de Haití inspiró la política de las UPPs, pues “legitima la participación del Ejército” en esas operaciones. “La instalación de las UPPs toma lo mejor de la experiencia en relación con el control de disturbios urbanos, contra una idea de amenaza al Estado y de constitución de grupos que son casi un Estado paralelo”, observa. “Las Fuerzas Armadas también tienen participación en la llamada ‘garantía de la ley y del orden’. Y eso, a mi ver, es un problema serio que respalda el intervencionismo militar.”

En mayo de 2013, el entonces gobernador del Estado de Río de Janeiro, Sergio Cabral (PMDB), y el primer ministro haitiano, Laurent Lamothe, firmaron un acuerdo de cooperación entre la PM de Río de Janeiro y la Policía Nacional Haitiana (PNH) para el intercambio de información sobre la evolución de la política de las UPPs en Río de Janeiro, en comparación con los “puntos fuertes” en las favelas haitianas. Dos meses más tarde, una comisión de la PNH viajó a Río de Janeiro para conocer nuevas UPPs, así como el entrenamiento del Batallón de Operaciones de Policías Especiales (Bope) y del Batallón de Choque.

Haití tuvo su Ejército desmantelado en los años 1990. El país ya fue ocupado dos veces por Estados Unidos en el pasado, y actualmente lucha por reestructurar su policía (con cerca de 11 mil hombres). Bajo la tutela de la Minustah, tiene en su país 5.165 militares y 2.466 agentes de policía extranjeros para garantizar la seguridad pública. La misión, que es vista de manera escéptica por los movimientos sociales de la región y militantes de la izquierda haitiana, estuvo envuelta en polémicas. Entre ellas, denuncias de abusos sexuales de niñas/os y sospechas de transmisión de cólera por parte de soldados nepaleses que componían el contingente extranjero.

El principal propósito de la Misión, que ya costó a Brasil 2.110 millones de reales (de los cuales, 741 millones de reales son reembolsados por la ONU), era proyectar la PNH como la principal fuerza de seguridad, asesorados por la UNPOL (Policía de la ONU) y por el componente militar de la misión. El objetivo, según el capitán Leonardo Sampaio, responsable de la 2ª Compañía de Infantería de Fuerza de Paz, en Cité Soleil, fue conquistado sólo parcialmente. “El policía haitiano aún no se siente seguro para actuar en determinadas áreas. Ellos dicen que si salieran ahora, el sistema fallaría”.

Haití lucha en contra del tiempo para fortalecer sus fuerzas de seguridad, ya que el cronograma de la ONU prevé el retiro gradual hasta 2016 de todos los militares extranjeros. Momento en que el país conseguirá retirar totalmente de escena a la UNPOL y el componente militar de la Minustah para que la PNH ande por sus propias piernas; sin embargo, todo parece incierto.

Reproducido por Adital, Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

Initial reflections on the UN decision to establish a multilateral legal framework for the processes of public debt restructuring

                               

Jubilee South / Americas, Lutheran World Federation Program on Illegitimate Debt and Ecological Justice, CADTM-AYNA

Since the imposition of the economic policies of the last dictatorship[1], the Argentine people have continued to suffer the impacts and consequences of the debt generated in that period and its subsequent restructurings. Amidst repeated crises and via structural adjustment after another, a model of production has been consolidated that is designed to ensure the foreign exchange required to “service” a debt whose origins and development are illegitimate, and whose sustained growth every effort has been made to try to disguise.

The failure of the official policies adopted to deal with this debt exploded again in June this year, in the face of the scarcity of foreign exchange and the refusal of the U.S. Supreme Court to hear the appeal of the Argentine government in one of the cases it faces concerning the collection of public bonds in the hands of so-called “vulture” funds.

It is in this context, and after a decade of litigation in foreign forums, that the Argentine government finally sought, and gained, the support of the G77 + China, to present the draft resolution that was adopted by the UN on September 9th.

With 124 votes in favor, 11 against and 41 abstentions, the General Assembly decided to launch negotiations to draft and adopt, within the peremptory period of one year, a “multilateral legal framework for sovereign (sic) debt restructuring processes”[2].

Given the importance that some attribute to this decision, we want to share some initial reflections arising from the text of the Resolution itself, and the concrete situations of indebtedness, restructuring, and demand for and continual payment of debts that have shaped, and continue to shape, the present and future of most Latin American and Caribbean peoples.

1)     As a starting point, we reaffirm our support for all those initiatives with regard to the debt that favor the rights of peoples – including their sovereignty, self-determination and dignified life (“well living”) – as well as the rights of nature. We thus will continue to demand that the community of nations take the measures necessary to stop the usurious, exploitative and plunderous system of indebtedness, and to make reparations for the social, ecological, historical and financial debt that it has created and deepened.

 2)     In this regard, it is useful to distinguish between two types of actions. There are actions that seek to make the system of indebtedness, and the domination that it exerts, work more “efficiently”, and there are others that seek to challenge the perverse logic and consequences of that system. Undoubtedly, the recent General Assembly decision is of the former category. Once the chain of indebtedness has exploded, it aims to facilitate its recomposition and improve its functioning but without touching, indeed leaving intact, the system of perpetual indebtedness which is a fundamental tool of financialised and imperial capitalism, responsible for the continual transfer of wealth and nature from the 99% to the 1% of the world´s population.

 3)     The target raised is that of “debt sustainability”, considered in the Resolution to be key in order not to hinder the development (also “sustainable”) of South countries that, for decades, continue to be classified as “developing”. Although it is not stated, the real goal is the sustainability of payments and therefore the collection of debts whose “normal” servicing has become impossible, in order to ensure the continuity, predictability and continuous growth of the system of indebtedness itself.  The Resolution fails to express any concern about the costs and consequences of this sustained payment. The well-being of those who are condemned to pay is not an objective. Rather, it seeks to ensure that the process of plunder does not exceed the limits of “sustainability”, so that those who benefit from the system can continue to satiate their unlimited greed.

 4)     While the Resolution acknowledges that the international financial system, and the debt and crises that it generates, leave a strong mark on the lives of peoples and countries, it avoids asking why “sovereign (sic) debt crises are a recurring problem,” or why “it is still difficult to find a lasting solution to the problem of external debt”[3].

 5)     The Resolution is based on a false premise:  if there is debt, it is because, previously, there was an inflow of resources. Public debt – both internal and external – does not quite fit this criterion. Most public debt has been generated without any counterpart in goods or services to the people. It grows as a result of usury, abusive commissions, flawed conditions, the transformation of private into public debt, successive re financings, etc., which, among other strategies, provoke a continuous self-generation of new debt.  The system even takes advantage of crises, such as humanitarian emergencies or the climate crisis, in order to generate more debt. It is a scheme that demands the constant surrendering of wealth and natural goods, while the balance of outstanding debt continues to rise. Furthermore, the original purposes and uses of most indebtedness usually respond much more to the interests of the lenders than to those of the borrowers. In general, not only do affected peoples have little if any say, but in addition, their rejection is often ignored or worse yet, repressed and criminalized.

 6)     It is thus extremely telling that the Resolution adopted evidences no concern for the origin and legitimacy of debts whose payment and collection it aims to facilitate, in particular considering that it should be a priority of the UN to strengthen the willingness and ability of peoples and States to investigate and denounce their illegitimacy and illegality, and indeed stop paying debts which compromise their present and future.

 7)     Although the Resolution cites nearly every Summit, Conference, and Goal that the UN has established in recent years, it surprisingly avoids any reference to the Guiding Principles on External Debt and Human Rights[4],approved by the same nations in 2012. It seems as though in seeking to safeguard the system of indebtedness, there was no interest in remembering that according to all international standards and doctrine, human rights take precedence over any contract.

 8)     It is worth noting that several of the countries that voted now to establish a binding framework for debt restructuring – including Argentina, the country that pushed the Resolution – just two months ago did not accompany with their vote, the historic decision of the UN Human Rights Council to negotiate a multilateral convention in order to hold the major private players in the international economic, financial and debt system – transnational corporations including vulture funds – accountable for the fulfillment of human rights[5]. We ask whether coherency and priorities are on the side of safeguarding the “good” functioning of the financial markets, or of protecting and promoting human rights, the rights of peoples, and those of Mother Earth.

 9)     The Resolution adopted by the General Assembly refers to the Principles on Promoting Responsible Sovereign Lending and Borrowing[6], presented by the United Nations Conference on Trade and Development in 2011, in order “to reduce the prevalence of sovereign debt crises, prevent unsustainable debt situations, maintain steady economic growthand help achieve the Millennium Development Goals … “[7]. But curiously enough, what is highlighted is the importance of “encouraging, to this end, responsible sovereign borrowing” (our emphasis), apparently leaving aside the co-responsibility of those who make the loans or buy the bonds and charge usurious interests.

 10)In conclusion, we recall that it is peoples and nations who are sovereign. Debts are not sovereign, nor is the payment thereof. For over 100 years now, different legal interpretations such as the Calvo, Drago and more recently, Espeche, Doctrines have set limits to the asymmetric power of lenders in the established debt system. Also, the Doctrine of Odious Debt, which clearly establishes the absence of any obligation to pay debts generated without the consent of the people and against their own interests. Strengthening the sovereignty of peoples and nations, especially in the South, means rather to recapture the spirit of these doctrines in order to confront the pretended rights of the market and the lenders, whose only concern is to continue to deepen the system of perpetual indebtedness and domination.

 -Latin America and the Caribbean, September 25, 2014

(Translation from the original in Spanish, courtesy Dialogue 2000 – Jubilee South Argentina)


[1] March 24, 1976 – December 10, 1983

[2] Resolution A/68/304, Towards the establishment of a multilateral legal framework for sovereign debt restructuring processes, UN General Assembly,September 9, 2014

[3] Ibid.

[4] UN Human Right Council, April 2012, A/HRC/20/23 .

[6] UNCTAD, Principles on Promoting Sovereign Lending and Borrowing, Geneva, updated April 2012

[7] Resolution A/68/304, idem.

 

Haití: El Colectivo de Lucha contra la Minería y la Clínica de Justicia Global Preocupados

Puerto Príncipe, HPN, 17/07/14 – El Colectivo de lucha contra la minería y la Clínica de Justicia Global expresaron, el viernes, su profunda preocupación por la nueva ley sobre la explotación minera en Haití, propuesta por el Banco Mundial (BM) al gobierno haitiano.  Esta nueva ley se inscribe en la lógica de la liberalización que sirve para enriquecer las grandes empresas multinacionales a expensas de las masas campesina que ya viven en una situación de empobrecimiento muy grave, según Camille Chalmers, director de PAPDA y miembro del Colectivo.

El Colectivo se mostró preocupado por un proyecto de ley hecho por el Banco Mundial para que el  gobierno haitiano reformule el código minero de Haití.

En comparación con la ley de 1976 sobre la explotación minera, la nueva ley cuyo borrador está ya difundiéndose, se inscribe en una lógica de la liberalización para fomentar las multinacionales sin dejar de empobrecer aún más a los campesinos, denunció el profesor Camille Chalmers.

Cualquier cambio en la ley de 1976 debe ser hecho en el marco de una amplia concertación entre todos los sectores del país, porque este marco legal impactará el futuro de la población haitiana en su conjunto, exigió el Colectivo que reúne a las organizaciones como PAPDA, MODEP, POHDH, DOP, Tet Kole Ti Peyizan Ayisyen.

El Secretario Ejecutivo de la Plataforma PAPDA denuncia al Banco Mundial que, dice, es a la vez juez y parte cuando presta dinero a una de las empresas que operan minas en el norte del país y al mismo tiempo trabaja sobre el código minero.

La propuesta de ley del Banco Mundial otorga a la Oficina de Minas y Energía la posibilidad de acordar la explotación directamente con las empresas mineras, sin pasar por el Parlamento, lo que es contrario a la ley haitiana respectiva, denunciaron los miembros del Colectivo.

El Colectivo y la Clínica de Justicia Global denuncian la falta de información sobre lo que están haciendo, las 9 empresas que han iniciado exploraciones en el Nivel del Gran Norte.

Chalmers cree que se trata de una gran irresponsabilidad del Estado, hacer creer que el sector de la minería será una de sus prioridades, sin crear las condiciones necesarias para que el país sea capaz de gestionar esta riqueza y de disfrutarla plenamente.

Por su parte, Margaret Satterthwaite, Directora de la Clínica de Justicia Global, critica el Banco Mundial, las operaciones de las empresas y el Estado haitiano, por excluir la población haitiana en las conversaciones y decisiones sobre la minería en sus comunidades.

Después de muchas visitas, la Clínica de Justicia Global dice que la mayoría de los agricultores ni siquiera pueden leer los contratos que las empresas los imponen para utilizar sus tierras para encontrar minas.

En estos contratos, incluso se menciona que las tierras de los agricultores pueden ser degradadas o destruidas durante la exploración. Los agricultores no han entendido nada, porque no pueden leer y ninguna explicación les ha sido proporcionada, lamentó la señora Satterthwaite. //Fuente: HPN, 17/07/14