Martelly arroja dudas sobre su salida el 7 de febrero

Martelly arton19646Consultas todavía en curso para una salida de la crisis

Alterpresse, Puerto Príncipe, 5 febrero 2016 –

El presidente Michel Martelly confirmó el 4 de febrero que dejará su cargo al final de su mandato el 7 de febrero.

“No quiero mantenerme en el poder un día más”, dijo Martelly en un discurso pronunciado en la inauguración del nuevo edificio del Ministerio del Interior, destruido durante el terrible terremoto de 2010.

Martelly dijo que se iba “sin pesar, sin deseo, sin apego” después de 5 años al frente del país, incluyendo 4 sin celebrar elecciones, mientras que elecciones muy controvertidas e incompletas fueron desarrolladas durante el último año (en agosto y noviembre (sic) de 2015).

Hay todavía incertidumbre acerca de la transición que se establecerá a partir del 7 de febrero, mientras continúan las consultas entre el ejecutivo, los presidentes de las dos ramas del Parlamento y de los grupos parlamentarios para encontrar una salida a la crisis.

Se discuten varias opciones, incluyendo el mantenimiento del actual gobierno, la transición del poder al presidente de la Asamblea Nacional o del Presidente del Tribunal de Casación, según una nota de la Secretaría General de la Presidencia, de fecha 4 de febrero.

Una constante sería el establecimiento de un gobierno de consenso con personalidades de la política y la sociedad civil.

Los parlamentarios también han indicado que la cuestión de la transición será debatido rápidamente en el parlamento, después de la apertura oficial de la primera sesión ordinaria de la 50º Legislatura, durante una sesión en la Asamblea Nacional este jueves 4 de febrero.

Esta Asamblea Nacional que debería haber tenido lugar después del 11 de enero, ha permitido la toma de posesión de los 92 miembros cuyas credenciales fueron validados el 10 de enero, un día antes de la de los 14 nuevos senadores.

La decisión de celebrar la Asamblea Nacional sigue a la no aplicación de un agenda de salida de crisis, propuesto por el Parlamento al ejecutivo, para evitar un vacío institucional.

Por otra parte, en una reunión celebrada este 4 de febrero en la Arquidiócesis de Puerto Príncipe, bajo los auspicios del Arzobispo de la capital Guire Poulard, partidos políticos de la oposición y sectores de la sociedad civil rubricaron un acuerdo en torno a la transición política.

Las entidades presentes han optado por la designación de un presidente interino de la Corte de Casación, un primer ministro de la oposición y un gobierno formado con la participación de personalidades del sector político y la sociedad civil. [02/04/2016 abril 23:00 hs]

Pueblo Garífuna enfrenta a corporaciones y al Estado en defensa de sus tierras

Giorgio Trucchi

Opera Mundi

El Estado hondureño se rehúsa a reconocer su condición de pueblo indígena y le niega el derecho a la tierra. Corporaciones y terratenientes avanzan con el monocultivo de palma africana, amenazando la soberanía alimentaria

En octubre pasado, la Alianza Estadounidense por la Soberanía Alimentaria ( USFSA por su sigla en inglés) decidió distinguir a la Organización Fraternal Negra Hondureña ( Ofraneh ) con la sección internacional del Premio Soberanía Alimentaria 2015. Dicho premio se otorga cada año a activistas de base que trabajan por un sistema alimentario más democrático, y que promueven y defienden el derecho a la soberanía alimentaria.

Creada en 1978 para proteger los derechos económicos, sociales y culturales de las 46 comunidades garífunas situadas en la costa caribeña de Honduras, la Ofraneh lleva casi cuatro décadas organizando a su pueblo y defendiendo su territorio ancestral de la expansión de los monocultivos a gran escala, de la amenaza de los megaproyectos turísticos, hidroeléctricos y mineros, del narcotráfico y de los embates del cambio climático.

Proyectos como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico ( ZEDE ) promovidas por el gobierno hondureño, mejor conocidas como “ciudades modelo”, que incluirían al menos a 20 comunidades garífunas en cinco de las diez zonas señaladas para la subasta al capital transnacional, se suman ahora a las amenazas que se ciernen sobre el pueblo garífuna.

“Los garífunas, que ya han sobrevivido a la esclavitud y al colonialismo, están ahora defendiendo y fortaleciendo la tenencia de la tierra, la agricultura y la pesca sostenible a pequeña escala. La Ofraneh reúne y organiza a las comunidades para enfrentar estos desafíos”, se lee en las motivaciones del premio.

Principalmente lo hace impulsando demandas legales -tanto nacionales como internacionales-, promoviendo la cultura garífuna y apoyando “la construcción de un movimiento donde se prioriza el desarrollo del liderazgo de los jóvenes y las mujeres”.

Miriam Miranda , coordinadora de la Ofraneh, explica que el propio Estado de Honduras se ha convertido en una de las principales amenazas para el pueblo garífuna. “Sigue negándose a reconocer nuestra condición de pueblo indígena y pretende relegarnos a una condición de minoría étnica no autóctona, sin derechos jurídicos internacionalmente reconocidos”, afirmó Miranda a Opera Mundi.

Esta actitud de negación trae consigo el desconocimiento del derecho ancestral que el pueblo garífuna tiene sobre sus territorios, pretendiendo así eludir la aplicación del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre pueblos indígenas y tribales.

“De esa manera se niega el legítimo derecho que tenemos los garífunas a la Consulta Previa, Libre e Informada, consignada en el Convenio 169 y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”, señaló la dirigente garífuna.

“Sin la aplicación del derecho a la Consulta, nuestras comunidades serán sepultadas por un supuesto desarrollo a favor de la élite de poder y el capital transnacional”, agregó Alfredo López , vice coordinador de la Ofraneh.

López sufrió en carne propia la represión. Fue detenido en 1997 con falsas acusaciones y estuvo bajo prisión preventiva durante más de 6 años por su lucha contra el proyecto turístico Marbella, que había despojado a la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz de una parte de sus tierras.

Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) quecondenó al Estado de Honduras y facilitó su liberación.

“El Estado de Honduras fue condenado porque el líder garífuna no fue tratado con el debido respeto a su dignidad humana, al violentarse sus derechos como detenido. Durante su privación de libertad, López vivió en condiciones carcelarias infrahumanas y se le prohibió hablar en su idioma materno, el garífuna”, señala el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en un informe de 2006.

Negación de identidad

En su planteamiento, el Estado de Honduras argumenta que los garífunas llegaron a territorio hondureño solamente en 1797 – provenientes de la isla de San Vicente – y que ocuparon ilegalmente los territorios de los pueblos Tolupán y Miskito. En más de una ocasión, funcionarios del Estado han reforzado el concepto de que los garífunas son extranjeros y, por ende, no gozan de derechos territoriales.

“En repetidas ocasiones, el Estado ha actuado con una fuerte carga de racismo institucional, no solamente negando nuestra originariedad y condición de pueblo indígena, sino validando el acaparamiento ilícito y la invasión de nuestras tierras y territorios, así como el desplazamiento y expulsión de las comunidades garífunas”, dijo Miranda.

“Al negar nuestros derechos colectivos, el Estado muestra su desprecio hacia nuestro pueblo y el derecho internacional”, agregó.

Según la coordinadora de la Ofraneh , la ofensiva estatal contra los derechos ancestrales del pueblo garífuna desencadenó también un proceso de criminalización de cualquier intento de defensa del territorio, tanto de parte de empresarios nacionales y compañías transnacionales como de autoridades del Estado hondureño.

Ante la inoperancia de los órganos nacionales encargados de procurar y administrar la justicia y la impunidad generalizada que existe en Honduras, las comunidades garífunas, con el acompañamiento de la Ofraneh, decidieron presentar una serie de peticiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ).

“La visión de territorio comunitario es parte integral de nuestra cosmovisión, cimentada en la familia extensa y la matrifocalidad, la cual perdura hasta la fecha. Perder nuestro territorio es como perder nuestra madre, nuestra vida”, señaló Miranda.

Tras varios años de investigación, la CIDH optó por remitir dos casos a la Corte IDH que involucran a las comunidades Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, como víctimas de violación al derecho del usufructo a la propiedad colectiva y transgresión a la Consulta Previa, Libre e Informada.

La CIDH y la Corte IDH son instrumentos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos y están adscritas a la Organización de Estados Americanos ( OEA ). En el caso de la Corte IDH, sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros de este organismo hemisférico.

Según los jueces de la Comisión, los comunitarios aún no poseen un título de propiedad idóneo y culturalmente adecuado sobre su territorio. También alegan que solamente existe el reconocimiento de una parte del territorio ancestral y que el Estado sigue negando un título único basado en la ocupación histórica.

Sin embargo, no se trata únicamente de que el Estado legalice las tierras a favor de las comunidades garífunas, sino que garantice sus derechos sobre las tierras que fueron tituladas.

“A nada sirve que el Estado entregue títulos de propiedad colectiva a los pueblos indígenas, si luego no garantiza que los derechos que emanan de esos mismo títulos sean respetados. En Honduras hemos llegado al absurdo que el mismo Estado es el principal responsable del irrespeto a los derechos ancestrales de los pueblos indígenas”, reiteró Miranda .

Delegaciones de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, cuyos casos fueron ventilados ante la Corte IDH, asistieron en 2014 a audiencias públicas efectuadas por dicha instancia internacional en Costa Rica y Paraguay, donde expusieron las múltiples problemáticas que han venido sufriendo durante décadas, así como las repetidas violaciones a los derechos humanos a las que han estado expuestas.

En agosto de 2015, jueces de la Corte IDH efectuaron una visita in situ a las dos comunidades.

El 18 de diciembre 2015, la Corte notificó a las partes la sentencia por el caso de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, donde se hace responsable al Estado hondureño por la violación del derecho a la propiedad colectiva.

La Corte IDH ordenó al Estado el cumplimiento de una serie de medidas de reparación, como una forma de revertir el daño que, por más de una década, tanto el Estado como terratenientes, autoridades municipales y empresarios extranjeros, causaron a las comunidades garífunas

Dos casos emblemáticos

El caso de la comunidad Triunfo de la Cruz, presentado ante la CIDH en 2003 y elevado a la Corte IDH en 2013, es la acumulación de casi treinta casos de apropiación ilícita de territorio comunitario “a manos de las élites de poder del país, que han construido sus mansiones en contubernio con las autoridades de la municipalidad de Tela”, explica la Ofraneh en sus publicaciones.

El caso de la comunidad Punta Piedra, que también llegó a la Corte en 2013, se remonta a una invasión promovida por un militar en el año 1992, sin que más de dos décadas después exista interés algunos por parte del Estado de Honduras en retornar las tierras en litigio a sus propietarios.

“A raíz de esta política de desconocimiento de derechos, las comunidades garífunas han venido sufriendo un saqueo histórico, tanto de los hábitats funcionales de las comunidades, incluyendo a las costas, como de terrenos dentro de las comunidades”, explica Miriam Miranda.

Pese a que a partir de la década de los años 90 se diera inicio a un proceso de titulación parcial, la aprobación de forma simultánea de la Ley de Municipalidades permitió la inclusión de muchas comunidades garífunas dentro de los cascos urbanos de los municipios. Esta argucia legislativa vino a “legalizar” el despojo de los territorios ancestrales.

Este proceso registró una fuerte aceleración a partir de 2009, cuando Honduras sufrió un golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya .

“El saqueo sistemático de nuestro territorio está íntimamente ligado a la corrupción imperante en el país, la que se recrudeció de forma exponencial a partir del golpe de 2009, ante la demolición del estado de derecho y el asalto perpetrado a las instituciones”, subraya la Ofraneh.

“Hay una violación reiterada al derecho al territorio, que implica una serie de otras violaciones como, por ejemplo, del derecho a la alimentación, educación, salud, en fin, del derecho a la vida. Nos han perseguido, reprimido, dividido, desplazado, encarcelado y hasta asesinado”, denunció Teresa Reyes, dirigente garífuna de la Ofraneh durante una visitarealizada por la organización a Nicaragua.

La palma africana

En las últimas décadas, Honduras ha vivido un acelerado proceso de expansión del cultivo de palma africana, que ha dejado profundos impactos socio-ambientales en la población negra, indígena y campesina, que ha sido gravemente afectada en su legítimo derecho a la tierra, a la alimentación, a una vida digna.

Honduras cuenta hoy con unas 165 mil hectáreas sembradas con palma africana y el objetivo del actual gobierno del presidente Juan Orlando Hernández es duplicar esta cantidad. Lo mismo quiere hacer con la producción de caña de azúcar. Según datos de la Ofraneh , más del 70% de los territorios garífunas ya están rodeados por las grandes plantaciones de palma africana.

Mientras en todo el norte de Honduras se va expandiendo la producción agroexportadora, el país sigue sufriendo un déficit anual de producción de granos básicos, cerca de 300 mil familias (1,5 millones de personas) continúan sin tener acceso a la tierra, la mitad de la población rural vive con menos de un dólar diario y 5,5 millones de personas están en situación de pobreza (67% de la población), 3,8 millones de las cuales en pobreza extrema (datos de la CEPAL, UNICEF y Observatorio del Mercado Laboral de la Secretaría del Trabajo).

“Este modelo de producción atenta contra la soberanía alimentaria del país , sobre todo ahora que el modelo basado en los monocultivos está afectando gravemente la capacidad de la población de satisfacer sus exigencias alimentarias”, recordó Miranda.

Nueva Armenia

La comunidad garífuna Nueva Armenia ha sufrido en carne propia los efectos de la expansión de la palma africana. En la década de los años 20 del siglo pasado, la población garífuna fue desplazada del territorio de Armenia, a pocos kilómetros de la ciudad de La Ceiba, por la transnacional Standard Fruit Company , y fue relocalizada en la margen izquierda del río Papaloteca.

Cuando, al inicio del nuevo siglo, se le venció la concesión otorgada por el Estado hondureño, la compañía frutera norteamericana retornó las tierras a la municipalidad de Jutiapa, desoyendo los incesantes reclamos del pueblo garífuna sobre sus tierras ancestrales.

“Paulatinamente y de forma amañada, la municipalidad fue repartiendo las tierras a pequeños grupos de supuestos campesinos, que comenzaron a talar árboles para sembrar palma africana. El proceso de despojo fue intensificándose con el pasar de los meses, profundizando aún más el acaparamiento de tierras y la siembra de palma africana”, explicó Félix Valentín , directivo de la Ofraneh, a Opera Mundi.

Arrinconado y cercado, el pueblo garífuna inició un intenso proceso de recuperación de sus tierras ancestrales, exponiéndose a la reacción violenta y represiva de los productores palmeros, protegidos por las autoridades locales y nacionales.

“El 8 de agosto del año pasado, un fuerte contingente de policías entró al campamento situado en el territorio recuperado de Nueva Armenia y detuvo a 40 personas. Los uniformados montaron a los compañeros garífunas en varias patrullas y los llevaron a Jutiapa, reteniéndolos de forma injustificada por más de 8 horas”, dijo Valentín.

Según la Ofraneh, varias personas vinculadas a los productores palmeros aprovecharon de la situación para quemar 11 casas con todos sus enseres. Mientras tanto, unos 80 miembros de la comunidad fueron demandados por “usurpación de tierra”. Sobre varios de ellos pende orden de captura, mientras a otros otorgaron medidas sustitutivas a la privación de la libertad, prohibiéndoles acercarse a la zona del conflicto.

“Nos acusan de estar usurpando tierras que son del pueblo garífuna, pero son ellos los usurpadores. No queremos palma africana, sino continuar a cultivar nuestra propia comida en el territorio que nos pertenece”, aseguró Carolina Castillo , habitante de Nueva Armenia y miembro de la Ofraneh .

Pocos meses después, miembros de Nueva Armenia fueron atacados a balazos por desconocidos, con un saldo de varias personas heridas. En mayo de este año, la dirigente Jésica García sufrió un intento de secuestro y ya no se cuentan los casos de amenazas e intimidaciones que sufre la comunidad.

En la madrugada del 27 de diciembre 2015, efectivos de la Fuerza Naval de Honduras atacaron a un grupo de garífunas que se encontraba en la barra de Iriona, tratando de remover un carro atascado. “Como resultado del ataque fallecieron Joel Palacios Lino (24 años) y Elvis Armando García (19 años)”, señala la Ofraneh en un comunicado.

El asesinato desató fuertes protestas en todo el territorio garífuna, exigiendo una profunda investigación de los hechos y castigo para los responsables de la masacre.

La proliferación de proyectos agroindustriales, turísticos, hidroeléctricos y mineros, sumado a la presencia del narcotráfico y el crimen organizado, ya provocó la desaparición de algunas comunidades y está atentando contra la sobrevivencia del mismo pueblo garífuna.

La Ofraneh confía que las sentencias de la Corte Interamericana del pasado diciembre tendrán una connotación paradigmática, en cuanto sentarán jurisprudencia en relación a los pueblos indígenas y sus derechos ancestrales.

“De esa manera, no sólo se beneficiará el pueblo garífuna, sino todos los pueblos indígenas del mundo. Los Estados ya no podrán ignorar a los pueblos al momento de aprobar proyectos que afectan a sus territorios”, concluyó Miranda.

Fuente original: http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2016/02/reportaje-pueblo-garifuna-enfrenta.html

Pueblo Garífuna enfrenta a corporaciones y al Estado en defensa de sus tierras

 

Opera Mundi



El Estado hondureño se rehúsa a reconocer su condición de pueblo indígena y le niega el derecho a la tierra. Corporaciones y terratenientes avanzan con el monocultivo de palma africana, amenazando la soberanía alimentaria

En octubre pasado, la Alianza Estadounidense por la Soberanía Alimentaria ( USFSA por su sigla en inglés) decidió distinguir a la Organización Fraternal Negra Hondureña ( Ofraneh ) con la sección internacional del Premio Soberanía Alimentaria 2015. Dicho premio se otorga cada año a activistas de base que trabajan por un sistema alimentario más democrático, y que promueven y defienden el derecho a la soberanía alimentaria.Creada en 1978 para proteger los derechos económicos, sociales y culturales de las 46 comunidades garífunas situadas en la costa caribeña de Honduras, la Ofraneh lleva casi cuatro décadas organizando a su pueblo y defendiendo su territorio ancestral de la expansión de los monocultivos a gran escala, de la amenaza de los megaproyectos turísticos, hidroeléctricos y mineros, del narcotráfico y de los embates del cambio climático.

Proyectos como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico ( ZEDE ) promovidas por el gobierno hondureño, mejor conocidas como “ciudades modelo”, que incluirían al menos a 20 comunidades garífunas en cinco de las diez zonas señaladas para la subasta al capital transnacional, se suman ahora a las amenazas que se ciernen sobre el pueblo garífuna.“Los garífunas, que ya han sobrevivido a la esclavitud y al colonialismo, están ahora defendiendo y fortaleciendo la tenencia de la tierra, la agricultura y la pesca   sostenible pequeñescala. La Ofraneh reúne y organiza a las comunidades para enfrentar estos desafíos”, se lee en las motivaciones del premio.

Principalmente lo hace impulsando demandas legales -tanto nacionales como internacionales-, promoviendo la cultura garífuna y apoyando “la construcción de un movimiento donde se prioriza el desarrollo del liderazgo de los jóvenes y las mujeres”.

Miriam Miranda , coordinadora de la Ofraneh, explica que el propio Estado de Honduras se ha convertido en una de las principales amenazas para el pueblo garífuna. “Sigue negándose a reconocer nuestra condición de pueblo indígena y pretende relegarnos a una condición de minoría étnica no autóctona, sin derechos jurídicos internacionalmente reconocidos”, afirmó Miranda a Opera Mundi.

Esta actitud de negación trae consigo el desconocimiento del derecho ancestral que el pueblo garífuna tiene sobre sus territorios, pretendiendo así eludir la aplicación del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre pueblos indígenas y tribales.

“De esa manera se niega el legítimo derecho que tenemos los garífunas a la Consulta Previa, Libre e Informada, consignada en el Convenio 169 y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”, señaló la dirigente garífuna.

“Sin la aplicación del derecho a la Consulta, nuestras comunidades serán sepultadas por un supuesto desarrollo a favor de la élite de poder y el capital transnacional”, agregó Alfredo López , vice coordinador de la Ofraneh.

López sufrió en carne propia la represión. Fue detenido en 1997 con falsas acusaciones y estuvo bajo prisión preventiva durante más de 6 años por su lucha contra el proyecto turístico Marbella, que había despojado a la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz de una parte de sus tierras.

Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) quecondenó al Estado de Honduras y facilitó su liberación.

“El Estado de Honduras fue condenado porque el líder garífuna no fue tratado con el debido respeto a su dignidad humana, al violentarse sus derechos como detenido. Durante su privación de libertad, López vivió en condiciones carcelarias infrahumanas y se le prohibió hablar en su idioma materno, el garífuna”, señala el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en un informe de 2006.

Negación de identidadEn su planteamiento, el Estado de Honduras argumenta que los garífunas llegaron a territorio hondureño solamente en 1797 – provenientes de la isla de San Vicente – y que ocuparon ilegalmente los territorios de los pueblos Tolupán y Miskito. En más de una ocasión, funcionarios del Estado han reforzado el concepto de que los garífunas son extranjeros y, por ende, no gozan de derechos territoriales.

“En repetidas ocasiones, el Estado ha actuado con una fuerte carga de racismo institucional, no solamente negando nuestra originariedad y condición de pueblo indígena, sino validando el acaparamiento ilícito y la invasión de nuestras tierras y territorios, así como el desplazamiento y expulsión de las comunidades garífunas”, dijo Miranda.

“Al negar nuestros derechos colectivos, el Estado muestra su desprecio hacia nuestro pueblo y el derecho internacional”, agregó.

Según la coordinadora de la Ofraneh , la ofensiva estatal contra los derechos ancestrales del pueblo garífuna desencadenó también un proceso de criminalización de cualquier intento de defensa del territorio, tanto de parte de empresarios nacionales y compañías transnacionales como de autoridades del Estado hondureño.

Ante la inoperancia de los órganos nacionales encargados de procurar y administrar la justicia y la impunidad generalizada que existe en Honduras, las comunidades garífunas, con el acompañamiento de la Ofraneh, decidieron presentar una serie de peticiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ).

“La visión de territorio comunitario es parte integral de nuestra cosmovisión, cimentada en la familia extensa y la matrifocalidad, la cual perdura hasta la fecha. Perder nuestro territorio es como perder nuestra madre, nuestra vida”, señaló Miranda.

Tras varios años de investigación, la CIDH optó por remitir dos casos a la Corte IDH que involucran a las comunidades Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, como víctimas de violación al derecho del usufructo a la propiedad colectiva y transgresión a la Consulta Previa, Libre e Informada.

La CIDH y la Corte IDH son instrumentos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos y están adscritas a la Organización de Estados Americanos ( OEA ). En el caso de la Corte IDH, sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros de este organismo hemisférico.

Según los jueces de la Comisión, los comunitarios aún no poseen un título de propiedad idóneo y culturalmente adecuado sobre su territorio. También alegan que solamente existe el reconocimiento de una parte del territorio ancestral y que el Estado sigue negando un título único basado en la ocupación histórica.
Sin embargo, no se trata únicamente de que el Estado legalice las tierras a favor de las comunidades garífunas, sino que garantice sus derechos sobre las tierras que fueron tituladas.

“A nada sirve que el Estado entregue títulos de propiedad colectiva a los pueblos indígenas, si luego no garantiza que los derechos que emanan de esos mismo títulos sean respetados. En Honduras hemos llegado al absurdo que el mismo Estado es el principal responsable del irrespeto a los derechos ancestrales de los pueblos indígenas”, reiteró Miranda .

Delegaciones de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, cuyos casos fueron ventilados ante la Corte IDH, asistieron en 2014 a audiencias públicas efectuadas por dicha instancia internacional en Costa Rica y Paraguay, donde expusieron las múltiples problemáticas que han venido sufriendo durante décadas, así como las repetidas violaciones a los derechos humanos a las que han estado expuestas.

En agosto de 2015, jueces de la Corte IDH efectuaron una visita in situ a las dos comunidades.
El 18 de diciembre 2015, la Corte notificó a las partes la sentencia por el caso de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, donde se hace responsable al Estado hondureño por la violación del derecho a la propiedad colectiva.

La Corte IDH ordenó al Estado el cumplimiento de una serie de medidas de reparación, como una forma de revertir el daño que, por más de una década, tanto el Estado como terratenientes, autoridades municipales y empresarios extranjeros, causaron a las comunidades garífunas

Dos casos emblemáticos

El caso de la comunidad Triunfo de la Cruz, presentado ante la CIDH en 2003 y elevado a la Corte IDH en 2013, es la acumulación de casi treinta casos de apropiación ilícita de territorio comunitario “a manos de las élites de poder del país, que han construido sus mansiones en contubernio con las autoridades de la municipalidad de Tela”, explica la Ofraneh en sus publicaciones.

El caso de la comunidad Punta Piedra, que también llegó a la Corte en 2013, se remonta a una invasión promovida por un militar en el año 1992, sin que más de dos décadas después exista interés algunos por parte del Estado de Honduras en retornar las tierras en litigio a sus propietarios.

“A raíz de esta política de desconocimiento de derechos, las comunidades garífunas han venido sufriendo un saqueo histórico, tanto de los hábitats funcionales de las comunidades, incluyendo a las costas, como de terrenos dentro de las comunidades”, explica Miriam Miranda.

Pese a que a partir de la década de los años 90 se diera inicio a un proceso de titulación parcial, la aprobación de forma simultánea de la Ley de Municipalidades permitió la inclusión de muchas comunidades garífunas dentro de los cascos urbanos de los municipios. Esta argucia legislativa vino a “legalizar” el despojo de los territorios ancestrales.

Este proceso registró una fuerte aceleración a partir de 2009, cuando Honduras sufrió un golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya .

“El saqueo sistemático de nuestro territorio está íntimamente ligado a la corrupción imperante en el país, la que se recrudeció de forma exponencial a partir del golpe de 2009, ante la demolición del estado de derecho y el asalto perpetrado a las instituciones”, subraya la Ofraneh.

“Hay una violación reiterada al derecho al territorio, que implica una serie de otras violaciones como, por ejemplo, del derecho a la alimentación, educación, salud, en fin, del derecho a la vida. Nos han perseguido, reprimido, dividido, desplazado, encarcelado y hasta asesinado”, denunció Teresa Reyes, dirigente garífuna de la Ofraneh durante una visitarealizada por la organización a Nicaragua.La palma africana

En las últimas décadas, Honduras ha vivido un acelerado proceso de expansión del cultivo de palma africana, que ha dejado profundos impactos socio-ambientales en la población negra, indígena y campesina, que ha sido gravemente afectada en su legítimo derecho a la tierra, a la alimentación, a una vida digna.

Honduras cuenta hoy con unas 165 mil hectáreas sembradas con palma africana y el objetivo del actual gobierno del presidente Juan Orlando Hernández es duplicar esta cantidad. Lo mismo quiere hacer con la producción de caña de azúcar. Según datos de la Ofraneh , más del 70% de los territorios garífunas ya están rodeados por las grandes plantaciones de palma africana.

Mientras en todo el norte de Honduras se va expandiendo la producción agroexportadora, el país sigue sufriendo un déficit anual de producción de granos básicos, cerca de 300 mil familias (1,5 millones de personas) continúan sin tener acceso a la tierra, la mitad de la población rural vive con menos de un dólar diario y 5,5 millones de personas están en situación de pobreza (67% de la población), 3,8 millones de las cuales en pobreza extrema (datos de la CEPAL, UNICEF y Observatorio del Mercado Laboral de la Secretaría del Trabajo).

“Este modelo de producción atenta contra la soberanía alimentaria del país , sobre todo ahora que el modelo basado en los monocultivos está afectando gravemente la capacidad de la población de satisfacer sus exigencias alimentarias”, recordó Miranda.

Nueva Armenia

La comunidad garífuna Nueva Armenia ha sufrido en carne propia los efectos de la expansión de la palma africana. En la década de los años 20 del siglo pasado, la población garífuna fue desplazada del territorio de Armenia, a pocos kilómetros de la ciudad de La Ceiba, por la transnacional Standard Fruit Company , y fue relocalizada en la margen izquierda del río Papaloteca.

Cuando, al inicio del nuevo siglo, se le venció la concesión otorgada por el Estado hondureño, la compañía frutera norteamericana retornó las tierras a la municipalidad de Jutiapa, desoyendo los incesantes reclamos del pueblo garífuna sobre sus tierras ancestrales.

“Paulatinamente y de forma amañada, la municipalidad fue repartiendo las tierras a pequeños grupos de supuestos campesinos, que comenzaron a talar árboles para sembrar palma africana. El proceso de despojo fue intensificándose con el pasar de los meses, profundizando aún más el acaparamiento de tierras y la siembra de palma africana”, explicó Félix Valentín , directivo de la Ofraneh, a Opera Mundi.

Arrinconado y cercado, el pueblo garífuna inició un intenso proceso de recuperación de sus tierras ancestrales, exponiéndose a la reacción violenta y represiva de los productores palmeros, protegidos por las autoridades locales y nacionales.

“El 8 de agosto del año pasado, un fuerte contingente de policías entró al campamento situado en el territorio recuperado de Nueva Armenia y detuvo a 40 personas. Los uniformados montaron a los compañeros garífunas en varias patrullas y los llevaron a Jutiapa, reteniéndolos de forma injustificada por más de 8 horas”, dijo Valentín.

Según la Ofraneh, varias personas vinculadas a los productores palmeros aprovecharon de la situación para quemar 11 casas con todos sus enseres. Mientras tanto, unos 80 miembros de la comunidad fueron demandados por “usurpación de tierra”. Sobre varios de ellos pende orden de captura, mientras a otros otorgaron medidas sustitutivas a la privación de la libertad, prohibiéndoles acercarse a la zona del conflicto.

“Nos acusan de estar usurpando tierras que son del pueblo garífuna, pero son ellos los usurpadores. No queremos palma africana, sino continuar a cultivar nuestra propia comida en el territorio que nos pertenece”, aseguró Carolina Castillo , habitante de Nueva Armenia y miembro de la Ofraneh .

Pocos meses después, miembros de Nueva Armenia fueron atacados a balazos por desconocidos, con un saldo de varias personas heridas. En mayo de este año, la dirigente Jésica García sufrió un intento de secuestro y ya no se cuentan los casos de amenazas e intimidaciones que sufre la comunidad.

En la madrugada del 27 de diciembre 2015, efectivos de la Fuerza Naval de   Honduras atacaron a un grupo de garífunas que se encontraba en la barra de Iriona, tratando de remover un carro atascado. “Como resultado del ataque fallecieron Joel Palacios Lino (24 años) y Elvis Armando García (19 años)”, señala la Ofraneh en un comunicado.

El asesinato desató fuertes protestas en todo el territorio garífuna, exigiendo una profunda investigación de los hechos y castigo para los responsables de la masacre.La proliferación de proyectos agroindustriales, turísticos, hidroeléctricos y mineros, sumado a la presencia del narcotráfico y el crimen organizado, ya provocó la desaparición de algunas comunidades y está atentando contra la sobrevivencia del mismo pueblo garífuna.

La Ofraneh confía que las sentencias de la Corte Interamericana del pasado diciembre tendrán una connotación paradigmática, en cuanto sentarán jurisprudencia en relación a los pueblos indígenas y sus derechos ancestrales.

“De esa manera, no sólo se beneficiará el pueblo garífuna, sino todos los pueblos indígenas del mundo. Los Estados ya no podrán ignorar a los pueblos al momento de aprobar proyectos que afectan a sus territorios”, concluyó Miranda.

 

Fuente original: http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2016/02/reportaje-pueblo-garifuna-enfrenta.html

Haití: Misión de la OEA dice que el diálogo está en una etapa delicada

Comunicado de prensa  Organización de los Estados Americanos

Haití: Misión de la OEA dice que el diálogo está en una etapa delicada

La Misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se encuentra en Haití, aseguró hoy que “las conversaciones entre los haitianos están en una etapa urgente y muy delicada en medio de la situación política que el país afronta ante la inminente salida del Presidente Michel Martelly el 7 de febrero”.

El Jefe de Misión, Embajador de Antigua y Barbuda y Presidente del Consejo Permanente de la OEA, Sir Ronald Sanders, aseguró hoy que la Misión de la OEA se reunió con importantes representantes de la oposición. Entre ellos se encontraron Maryse Narcisse, de Fanmi Lavalas, Mirlande Manigat, del RDNP, Joanas Gue, de la plataforma Vérité, y representantes del Grupo de los 30. La Misión sostendrá nuevas reuniones hoy y mañana.

La Misión se reunió con anterioridad con el Presidente Martelly, el Primer Ministro Evans Paul y otros miembros del Gobierno, con los Presidentes de ambas cámaras del Parlamento, representantes parlamentarios de varios partidos políticos, miembros de la Corte Suprema y líderes de la sociedad civil.

El Embajador Sanders afirmó que “la Misión mantuvo diálogos muy positivos, y reconocemos que la mejor solución al presente ‘impass’ es aquella que las partes implicadas alcancen colectivamente”. “Animamos a todos los partidos a un diálogo inclusivo para decidir colectivamente un mecanismo sostenible que pueda manejar los asuntos de Haití, incluyendo los arreglos para que concluya el proceso electoral”.

 

The Class Struggle and History Behind Haiti’s 2016 Electoral Crisis

by Kim Ives

La mission de L'oeaKarl Marx once famously remarked that history repeats itself “the first time as tragedy, the second time as farce.”

This maxim comes to mind when examining the class dynamics surrounding the final days of President Michel Martelly’s regime in Haiti today. They are similar to those of 30 years ago, when the dictatorship of Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier was unraveling.

To compare the Haiti of 1986 to that of 2016, one must understand the nation’s underlying class make-up.

A Quick History

After Haiti’s birth in 1804, two ruling classes emerged. The first was a comprador bourgeoisie, whose capital was invested and reproduced in the importation of foreign manufactured goods and the export of Haiti’s agricultural products, chiefly sugar, coffee, and cacao. The other ruling group was the big landowners, or grandons, who owned, leased, or controlled Haiti’s farmland. In a semi-feudal arrangement, sharecroppers, known as dè mwatye (two halves), tithed a large portion of their cash crops to the grandons.

Haiti’s turbulent coup d’état-scarred history reflects the struggle between these two rival ruling groups for state power, and hence economic advantage.

In 1915, U.S. Marines began a two decade military occupation until 1934, during which time they favored, for both racist and economic reasons, the largely (but far from completely) lighter-skinned comprador bourgeoisie.

 en2The reaction to the brutal, bloody, racist U.S. regime was the emergence in 1946 of grandon-leaning President Dumarsais Estimé, whom Gen. Paul Magloire ousted in a 1950 coup on behalf of Haiti’s bourgeoisie. Magloire’s corrupt regime gave rise to the election in 1957 of Dr. François “Papa Doc” Duvalier, who had been Estimé’s Health and Labor Minister and was a champion of the grandons.

To resist the political pressure and counter-attack of the bourgeoisie and Washington (which tolerated but was not comfortable with his regime), Duvalier formed an infamously repressive and arbitrary paramilitary force known as the Volunteers for National Security (VSN), or, informally, the Tonton Macoutes (Uncle Sack). Duvalier’s vicious corps killed tens of thousands of Haitians, often under the banner of “fighting Communism” and its spread from neighboring Cuba.

Papa Doc died in 1971, passing on his title of “President for Life” to his son, Jean-Claude. But Baby Doc had attended elite schools with the children of Haiti’s bourgeoisie, so his regime became something of a hybrid. Half of it was dominated by generals and strongmen from Papa Doc’s clique, known as the “dinosaurs,” while the other half was made up of bourgeois “technocrats,” either friends from school or reformers suggested by Washington. The “technocrats” favored foreign investment and capitalist development, which made more inroads into Haiti after Papa Doc’s death. In 1980, Jean-Claude married a bourgeois princess, Michele Bennett, whose father imported cars and exported coffee.

Under Jean-Claude, Michele Bennett became the symbol of the bourgeoisie’s influence, while his mother and Papa Doc’s widow, Simone Ovide Duvalier, represented the Macoute sector.

Repressive, corrupt, and bipolar, Baby Doc’s regime finally fell in 1986 due to a popular uprising but also a change in U.S. policy to begin replacing its revolution-provoking tin-horn dictators with “technocrats” and pro-neoliberal politicians elected with Washington’s financial backing and political support.

Neo-Duvalierism Returns with Martelly

Fast forward 25 years to 2011. Washington illegally shoehorns into power President Michel Martelly, overruling Haiti’s sovereign Provisional Electoral Council (CEP) with pressure from the Organization of American States (OAS) and then U.S. Secretary of State Hillary Clinton.

For 20 years, Haiti’s political scene had been dominated by the alternating presidencies of former liberation theologian priest Jean-Bertrand Aristide and his erstwhile ally, enlightened bourgeois agronomist/baker René Préval. Their governments had been undermined, hobbled, and bowed by two U.S.-backed coups d’état in 1991 and 2004, and two ensuing foreign military occupations.

The mass movement which first brought Aristide to power in a 1990 election had a democratic, anti-Duvalierist, anti-imperialist agenda. Martelly’s Washington-assisted rise was the return of a neo-Duvalierist regime, with a “Macoute” wing and a bourgeois wing, and in post-earthquake Haiti, it aimed to snuff out the weakened but persevering popular movement.

Over the previous three decades, Haiti’s traditional semi-feudal agricultural-export economy had been largely destroyed. Although still importing motor vehicles, refrigerators, computers, and perfume, Haiti’s comprador bourgeoisie had moved mostly into building, owning, and managing assembly factories producing electronics and clothing for the U.S. market.

The dè mwatye peasant agriculture that once supported the grandons had largely been crushed by the neo-liberal dumping of foreign products – particularly rice – from the U.S. and the neighboring Dominican Republic. The changing grandon class, with its recent Macoute past, increasingly turned to illicit trades like drug-trafficking, kidnapping, land theft, and the black-market for its livelihood and gravitated towards careers in the police and Martelly-resurrected Haitian army, which had been demobilized by Aristide in 1994.

Representing the bourgeoisie under Martelly was his Prime Minister and long-time business partner Laurent Lamothe, who was trained in business at schools in Florida and had become a rich, successful telecommunications magnate.

Representing the Duvalierist wing were Martelly’s wife, Sophia St. Rémy, whose father and brother were drug traffickers, along with the children of many prominent officials from the Duvalierist era like Constantin Mayard-Paul, Claude Raymond, Mme. Max Adolphe, and Adrien Raymond.       Even Baby Doc’s son, Nicolas, had a job in the Martelly government, as did some of Jean-Claude’s former ambassadors like Daniel Supplice and Dr. Pierre Pompée.

Also periodically part of Martelly’s government was the flamboyant pundit Stanley Lucas, the scion of an infamous peasant-massacring Jean Rabel grandon family, who, as an agent of Washington’s International Republican Institute (IRI), had a prominent role in the lead-up to the 2004 coup against President Aristide.

In its composition and program, the Martelly/Lamothe government was a virtual photocopy of Jean-Claude’s regime, using the same economic cornerstones of tourism and sweatshops. It even resurrected the same slogan that the Jean-Claudistes had coined: “Haiti is open for business.”

But just like Baby Doc’s, Martelly’s regime was marked by outrageous excess, infighting, dysfunction, corruption, and repression, leading to a mass rebellion which almost drove it from power in late 2014. To save his presidency, Martelly sacrificed his Prime Minister, Lamothe, who would have been the presumptive presidential candidate of Martelly’s Haitian Bald-Headed Party (PHTK) in 2015. (Constitutionally, Haitian presidents are limited to two non-consecutive terms).

For his PHTK successor, Martelly turned to an unknown provincial businessman, Jovenel “Neg Banann” Moïse, who had developed, with a $6 million government subsidy, a tax-free agro-industry “Agritrans,” exporting bananas mainly to Europe.

With an export-oriented agribusiness built on the dispossession of small peasants, Jovenel Moïse represents what Haitians call the “Macouto-bourgeois” alliance that characterized the regimes of Martelly and Baby Doc.

Many also speculate that the state lands now leased to Agritrans would eventually be turned over to foreign mining interests to continue their now-stalled exploration and environmentally-destructive mining for gold in Haiti’s northern mountains.

The children of Haiti’s comprador bourgeoisie and grandons, as well as other privileged petit-bourgeois strata, usually go to school and college overseas in Europe, the U.S., or Canada. There, they often become doctors, lawyers, engineers, or some other professionals, taking their place in Haiti’s classe moyenne, or middle class.

With the degeneration of the Haitian economy, scores of the classe moyenne have flocked to politics to get a piece of the state, which has become Haiti’s most viable “industry” in recent years.

The Struggle Ahead

55Through the electoral fraud he engineered in the Oct. 25 first round of Haiti’s presidential race, Martelly sought to install Jovenel, who was to go to a second-round with a leading 33% of the vote (although a Brazilian exit poll suggests he placed fourth with just 6% of the vote). That second round, last scheduled for Jan. 24 after two postponements, was suspended indefinitely on Jan. 22, and five of the nine CEP members, including President Opont Pierre-Louis, have resigned.

Although there were 54 presidential candidates, there are only three heavyweights in the opposition to Jovenel and Martelly, and two of them are “Lavalas.”

The first Lavalas candidate is Dr. Maryse Narcisse of former Pres. Jean-Bertrand Aristide’s Lavalas Family party (FL), who supposedly placed fourth with 7% of the vote. Then there is the breakaway Dessalines Children platform (PD) of former Sen. Moïse Jean-Charles, who supposedly placed third with 14% of the vote.

The third heavyweight is supposed second-place finisher (with 25%) Jude Célestin of the Alternative League for Haitian Progress and Empowerment (LAPEH), which is affiliated (albeit informally) with Préval’s platforms Vérité and Inite, under whose banner Célestin ran in 2010.

Both Washington and Martelly wanted to marginalize the two Lavalas currents and keep them out of any run-off. Although their leaderships adopt moderate positions, their popular bases remain very mobilized and dangerously radical.

Therefore, Washington favors a monolithic two-party system in Haiti (like that in the U.S.), which would establish an alternance between “acceptable” players, parameters of debate, and political programs. The Republican analogue would be the PHTK, while the Democratic surrogate would come from the current Préval constellation: LAPEH, Vérité, or Inite.

Not surprisingly, Lamothe, singer Wyclef Jean, and large sectors of Haiti’s ruling elite have thrown their support behind Célestin, who could be expected to give the U.S. the same grudging but faithful collaboration that Préval did.

Célestin and seven of the other leading presidential runners-up (except the FL) are in a “Group of Eight” (G8), whose unity is more formal than real. While the masses in giant demonstrations demand the elections’ annulment and Martelly’s arrest, the G8 and FL do not. They insist instead on an “independent evaluation commission” to review the Oct. 25 results, each of the heavyweight candidates asserting that they won the election in the first round. Whatever results any evaluation commission finds, it will surely explode the opposition’s tenuous unity.

Meanwhile, the masses continue to vent their anger and frustration at Martelly and the dismal elections he has finally delivered after four years of delay.

Senate and National Assembly President Jocelerme Privert has proposed a complicated transition predicated on the Martelly’s Feb. 7 departure and the new Parliament staying, although many new lawmakers’ elections are also hotly contested. The G8 proposes a transition where fraudulently elected lawmakers would be selectively “ejected.”

The missing element in this revolutionary cocktail, at the present moment, is a vanguard, revolutionary party or front to lead and champion the masses’ increasingly radical demands. Currents like the Dessalines Coordination (KOD), the Democratic Popular Movement (MODEP), and others have been talking but have not yet forged an operational unity.

However, if history is any guide, Haiti’s political crisis and revolutionary potential promises to continue for several months at least. The window after Baby Doc’s fall in 1986 lasted for four years, until the popular movement carried out a political revolution on Dec. 16, 1990 with Aristide’s first election.

Many veterans and students of the struggles of the 1980s and 1990s now realize that a deeper social revolution – changing Haiti’s property relations, above all concerning land – is necessary for any progressive or revolutionary government to survive.

Furthermore, the ruling class is either divided on or unsure of how to go forward and maintain power, offering a unique opportunity for Haiti’s uprising.

All these factors offer hope that the anti-imperialist movement among peasants, workers, and the urban unemployed that began with Duvalier’s ouster 30 years ago can finally make some headway after its many setbacks.

Los presidentes Martelly, Privert y Chancy proponen un plan para salir de la crisis

El plan para salir de la crisis actualmente en estudio en la Cámara de Diputados propone resultados en el periodo de 29 enero al 8 febrero de 2016. Tras de una reunión el jueves, el presidente Michel Martelly y los presidentes de dos departamentos del Parlamento, Jocelerme Privert y Cholzer Chancy han acordado la adopción de medidas que conduzca la salida del jefe de Estado el 7 de febrero de 2016.

De acuerdo con los puntos principales de este plan para salir de la crisis, el sábado 30 de enero, el primer ministro Paul Evans debía presentar la renuncia del gobierno del presidente Michel Martelly a fin de facilitar la formación de un gobierno de consenso encargado de asegurar la transición. Después de eso deben comenzar los debates para la formación del nuevo gobierno.

El 01 de febrero se reserva para la creación de consenso en torno a un primer ministro y la formación de un Consejo Electoral Provisional. Al mismo tiempo, una lista de tres individuos se envió al Parlamento, dentro los cuales saldrá el primer ministro de consenso,  y los sectores afectados se ponen en contacto para designar los representantes para el CEP.

También de acuerdo con el plan para salir de la crisis, el martes 2 de febrero deberá celebrarse la Asamblea Nacional,  dode se consagrará la apertura de la 50a Legislatura. Al mismo tiempo, el nuevo primer ministro será nombrado oficialmente y sus registros serán enviados al Parlamento para su estudio antes de ratificarlos. Al día siguiente, es decir el miércoles 3 de febrero, ambas cámaras validaran la elección del primer ministro…  El 4 de febrero, el nuevo gobierno estará establecido y los nuevos miembros del nuevo CEP prestaran juramento.

El domingo 7 de febrero, el día D, la Asamblea Nacional comprobará el vacío presidencial y el primer ministro de consenso asumirá los asuntos de Estado. Por último, el 8 de febrero en la inauguración de un nuevo jefe de Estado, el Consejo de Ministros gestionará los asuntos del país durante el periodo del vacío presidencial.

Desde el anuncio de la cancelación de las elecciones del 24 de enero, una sombra se cierne sobre el futuro del poder ejecutivo. El fantasma de un vacío presidencial atormenta todas las fuerzas políticas del país. “El Ejecutivo y el Parlamento, mientras tanto co-custodios de la soberanía nacional, tienen la responsabilidad de evitar que el país caiga en el caos”, afirmo el presidente del Senado, el senador Jocelerme Privert, hablando el sábado por la tarde en la  Radio Magik 9 en el programa ” Sak Pasé’.

El plan para salir de la crisis se construye en torno a la elección de un primer ministro de consenso, fruto de consultas del Presidente Martelly con las fuerzas políticas del país, incluidas las que no están representados en el Parlamento. “Hay que involucrar a todos los interesados y corrientes políticas en el Parlamento así como todos los sectores de la vida nacional en la búsqueda de una solución consensuada a la crisis”, declaro el senador Nippes.

De acuerdo con el Presidente del Senado, este plan proporciona, en fechas específicas, la elección de un primer ministro después de las consultas fundamentales, la celebración de la Asamblea Nacional, la aprobación por el Parlamento del primer ministro designado, el nombramiento y establecimiento del primer ministro de consenso que tendrá todas las funciones del ejecutivo. “Este gobierno tiene la responsabilidad de promover la estabilidad y crear un ambiente propicio para la continuación del proceso electoral, con el objetivo final de dotar al país de un nuevo presidente legítimo, electo democráticamente”, explico Jocelerme Privert.

Por haberse encontrado con el Presidente Martelly muchas veces acerca de la crisis, Jocelerme Privert es capaz de decir que el jefe de Estado está totalmente preparado a partir del 7 de febrero, fecha correspondiente con el final de su mandato de cinco años. Su única preocupación actualmente, destaco el parlamentario, es de establecer un mecanismo que puede facilitar la transferencia del poder a un Primer Ministro que se beneficia de legitimidad parlamentaria y se puede alcanzar un amplio consenso en torno a los diferentes sectores de la vida nacional.

“Es un requisito! No hay manera de nombrar a un primer ministro antes que haya sido aprobado por ambas cámaras “, solicito al presidente del Senado para desaconsejar cualquier intento de nombrar a un primer ministro que no es un unificador, fruto de un amplio consenso.

El día 1 del inicio del plan, el senador Jocelerme Privert afirmo que el presidente todavía no ha informado de los avances de las consultas. Señaló, además, que ningún acuerdo se ha cerrado entre los dos poderes del Estado – el ejecutivo y el parlamento – posterior a Martelly. Este acuerdo, afirmo, se producirá después de la ejecución del plan de acción desarrollado para evitar al país un mal funcionamiento del poder ejecutivo al final del reinado de Michel Martelly.

Robenson Geffrard y Ricardo Lambert

Fuente Le Nouvelliste

Periodistas haitianos y dominicanos requieren de Martelly garantias de un funcionamiento libre de la prensa en Haití.

Viernes, 29 de enero 2016

Declaracion conjunta de protesta

Transmitido AlterPresse 28 de enero 2016

Los abajo firmantes, periodistas haitianos y dominicanos unidos por un objetivo común de contribuir a la consolidación de la democracia y la paz en Haití, como base esencial para el desarrollo y la restauración completa de la soberanía, protestamos enérgicamente ante los ataques que sufren los periodistas y medios de comunicación que cubren los eventos relacionados con el proceso electoral vigente y la crisis política que mueve el país.

Estos ataques se llevan a cabo por sectores que buscan imponer un único pensamiento, y silenciar las voces disidentes, como parte de sus medidas ostensibles de manipulación del proceso electoral, a quienes han hecho protestas.

Al mismo tiempo de la intensificación ante la crisis política que ha impedido el desarrollo natural del proceso electoral, durante los últimos meses, la libertad de la prensa fue tema de graves ataques, entre ellos los cometidos contra las instalaciones de la Radio-TV Kiskeya por disparos de armas de fuego automáticas en la noche del lunes 30 de noviembre al martes 01 de diciembre de 2015.

La periodista en carrera Liliane Pierre-Paul, directora de programación de este medio, fue atacada verbalmente el 21 de enero de 2016 por el mismo jefe de estado y demás partidarios del régimen, quienes  intensificaron amenazas de agresiones físicas contra periodistas en un canal de televisión por acercase a la familia presidencial.

El periodista Jean Monard Metelo de la Radio Caribe y los colegas de la Zenith Radio, entre otros, son objetos de acoso de personas de diversas naturalezas cercanas al poder, sin ninguna condena de los organismos estatales competentes.

Señalamos la atención de la opinión pública regional  e internacional sobre estos hechos escandalosos,  que constituyen un atentado grave a la libertad de expresión y la difusión de ideas, las cuales son las prerrogativas fundamentales del sistema democrático que todos los gobiernos están obligados a respetarlo y hacerlo cumplirlo.

Por consiguiente, exigimos al presidente Michel Martelly, y a todos los órganos del Estado involucrados en el proceso electoral y la crisis política actual, proporcionar todas las garantías a las que tienen derecho los medios de comunicación y  los periodistas en el ejercicio de su noble misión de servicio a la sociedad haitiana para un futuro mejor.

En Puerto Príncipe y Santo Domingo, 27 de enero 2016

SIGNATARIOS/FIRMANTES

HAITI

Ruth Occean
Cassandre Thrasybule
Yvenert Foesther Joseph
Venel Remarais
Herold Jean Francois
Marcus Garcia
Ives Marie Chanel
Gotson Pierre
JB Baudelaire Dubic
Edwin Paraison
Jean Boucherau Joseph
Rachele Magloire
Robenson Geffrard
Jacques Desrosiers
Marie Raphaelle Pierre
Jean Baptiste Remarais
Mitzy-Lynn Hyacinthe

REPUBLIQUE DOMINICAINE/REPUBLICA DOMINICANA

Fausto Rosario Adames
Juan Bolívar Díaz
José Luis Soto Rodríguez
Ramón E. Colombo
Gustavo Olivo Peña
Miguel Guerrero
Maria Isabel Soldevila
Jean Michel Caroit
Altagracia Salazar
Alanna Lockward
Jhonatan Liriano Lizardo
Bienvenido Scharboy
Alexander Peña
Amelia Deschamps
Milizen Uribe
Luis José Chávez
Ana Mitila Lora
Teo Veras
Margarita Cordero
German Marte
Adalberto Grullón Morillo
Ana Selman
Manuel Quiterio Cedeño