Brasil: democracia pendiente de un hilo

Acciones del gobierno de Temer: cortes, negociaciones y desmontes; Provoca resistencia y movilización popular

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Sea cual sea el resultado de la votación en el Senado Federal, el gobierno interino e Michel Temer (PMDB) ya dejó su marca / Gabriela Lucena

El pedido de impeachment de la presidenta brasileña Dilma Rousseff (PT) se aproxima a la etapa final. El proceso que se cierra – fruto de una compleja crisis política con pocos paralelos en la historia nacional – será acompañado en detalles por Brasil de Fato. A partir de este jueves (24), acompañe la serie Democracia Prendida por un Hilo, con contenidos especiales para analizar este momento del país y los intereses que están en juego.

Sea cual sea el resultado de la decisión del Senado Federal, el gobierno interino Michel Temer (PMDB) ya dejó sus marcas. No sólo por las medidas que tomó, pero también por las discusiones y propuestas que levantó en poco meses: cortes en políticas públicas, debates sobre “reformas” con pierdas para los trabajadores y anuncios de medidas consideradas drásticas. Por otro lado, la gestión provisoria también demuestra contradicciones en el combate a la corrupción y en la capacidad de implementar las propuestas económicas.

En poco más 100 días, Temer ya dio muestras de que puede ser posible un gobierno comandado por él. Acceda a la selección de materias publicadas por Brasil de Fato durante este período, dividida por ejes temáticos, incluyendo medidas adoptadas, discutidas o apoyadas por el presidente interino y sus aliados; además de movimientos políticos y actos populares en respuesta a los retrocesos propuestos por el golpista.

Análisis

“La votación de la Cámara pareció un teatro de horror”, dice Gladstone Leonel, defensor de DDHH

“El Congreso es el órgano más sexista, misógino y machista de Brasil”, dice abogada después de la votación en la Cámara de Diputados

“El golpe rasga el pacto establecido por la Constitución”, dice abogado Ricardo Gebrim

La derecha brasileña aprendió con golpes en Honduras y Paraguay, evalúan militantes

Los golpistas mostraron a qué vinieron… (columna de opinión de João Pedro Stedile)  

Resistencia: con muchas movilizaciones, agosto será decisivo para Brasil (columna de opinión de João Pedro Stedile)  

Opinión: Los intereses del agronegócio y el gobierno golpista (columna de opinión de João Pedro Stedile y Frei Sérgio Görgen)  

Retrocesos

Balance del gobierno interino: vuelta al pasado en siete días

11 hechos que muestran el fracaso del gobierno de Temer

Cortes del programa Mi Casa Mi Vida: Movimientos van a intensificar la lucha contra

Temer

El presidente interino Temer exonera al director de la Empresa Brasil Comunicación

Temer va presentar proyectos para reducción de salarios y aumento de la jornada

Temer completa 30 días con evaluaciones negativas

Resistencias

“Nuestra herramienta principal tiene que ser la lucha de calle”, afirma da Secretaría da ALBA

Aguardando la decisión del Senado, el “Fuera Temer”gana la convocatoria en las calles

Trabajadores brasileños se unen frente a las amenazas del Gobierno Temer

Caminata de luchas unifica el “Fuera Temer” en la apertura de los Juegos Olímpicos

Movimientos del campo realizan manifestaciones contra Temer; entienda las pautas

“Lutarei todos os minutos, todos os dias, todos os momentos da minha vida”, diz Dilma

Dilma: “La defensa de la democracia exige lucha diaria”

Dilma propone plebiscito por la Reforma Política como salida a la crisis

Jueces del Tribunal Internacional por la Democracia confirman golpe en Brasil

Parlamentarios denuncian impeachment frente a la Organización de Estados Americanos

Fuente: Brasil de Fato

 

“En el pasado fueron los militares; hoy son los jueces”, afirma jurista brasileño

Pedro Serrano, profesor de la PUC-SP, lanza libro que debate las amenazas a las democracias en América Latina

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“A traves de las instituciones democráticas y de sus formas, se está liquidando los contenidos y los valores democráticos”

Profesor de la Pontificia Universidad Católica (PUC) de São Paulo, Pedro Esteban Serrano dedicó su pos-doctorado al estudio de procesos de ruptura democrática en América Latina. La investigación ahora es lanzada en el libro intitulado Autoritarismo y golpes en América Latina: breve ensayo sobre la jurisdicción y excepción (Alameda Editorial, 2016).

En la obra, el autor apunta que, entre los siglos XX y XXI, hay un cambio de paradigma en los métodos por los cuales ocurre la escalada autoritaria en la región. “En el pasado, fueron los militares. Hoy, son los jueces, promotores y delegados”, afirma Serrado.

Acceda a la entrevista completa a Serrano, realizada por Brasil de Fato.

Brasil de Fato – ¿Cuál es la diferencia de los ataques a la democracia en los siglos XX y XXI?

Pedro Serrano En el siglo XX, se dio el establecimiento de gobiernos de excepción, o sea dictaduras. En el siglo XXI, el proceso pasa por la imposición de medidas específicas de excepción en el interior de la democracia, con ropajes de Estado Democrático del Derecho, a título de cumplir la Constitución, pero faltando el respeto. Ese es un cambio increíble.

En el Estado de Derecho, los militares no tienen por función el control de los comportamientos y de la vida. Quien posee el sistema de Justicia, que envuelve al Judicial, el Ministro Público, las policias y la defensoria. En América Latina, es ese sistema de Justicia el principal agente de excepción.

En el pasado, fueron los militares. Hoy son los jueces, promotores y delegados.

¿Y qué cambia con eso?

Cambia la forma y la intensidad, pero no la estructura. Hay una relación autoritaria, no de autoridad, que implica la suspensión de derechos a título de combatir un “enemigo”, con finalidad política.

¿Cómo se configura ese “nuevo” autoritarismo?

En América Latina, hay dos fenómenos de excepción. Existe, por un lado, un Estado de Excepción permanente que gobierna los territorios pobres, por medio de una fuerza de ocupación territorial que es la Policía Militar, que es menos policía y más militar.

Las periferias de las grandes ciudades son sentidas como un territorio ocupado por los enemigos, en el cual las personas no pueden circular después de un determinado horario sin sufrir agresiones (de la policía o de los bandidos). Sin derechos garantizados, basta una sospecha para ser torturado o muerto. No existe de hecho un Estado de Derecho gobernando la vida de las personas.

También hay medidas de excepción al interior del Estado Democrático, como en el caso del “Mensalão”, de Lava Jato [investigaciones sobre casos de corrupción] y, aparentemente, en el caso del impeachment de Dilma. Segmentos incluidos de la sociedad son tratados con la excepción que los pobres son tratados, con la finalidad estrictamente política. La selectividad es enteramente la excepción. Cuando ella ocurre, no hay posibilidad.

¿Cómo se da concretamente eso?

En Honduras y en Paraguay se produjeron medidas contra gobiernos de centro-izquierda, por actos del Judicial y con el apoyo y la legitimación por parte de ella.

¿En Brasil, esa actuación del sistema de Justicia se da a partir de la acción penal 470, conocida como “Mensalão”?

Sí. La acción penal 470 fue un marco. Dije antes del enjuiciamiento que los principales acusados serían condenados y que los ministros [del STF] que osase discordar sería traducido por los medios. Fue lo que hubo. Y un proceso que se inicia con el resultado sabido, no es un juicio.

Ahí se torna evidente, pero hay un proceso anterior, en las últimas décadas, de crecimiento de la jurisprudencia punitiva, aquí y en el mundo. Es un fascismo judicial, un discurso que restringe intensamente derechos fundamentales y humanos, a través de una forma democrática, con más contenido autoritario.

La idea de fraude en el derecho es la que mejor describe [ese proceso]. El fraude es una legalidad cometida com apariencia de legalidad.

¿La delación premiada es una continuidad de eso?

La delación premiada en si no es inconstitucional o inadecuada como instrumento de apuración. Lo equivocado es ser realizada por quien está preso provisoriamente, sin estar condenado, con objetivos de salir. Es una confesión obtenida mediante tortura psicológica intensa.

La propia ONU considera nuestras prisiones medievales. No da para pasar por encima del hecho de que se detienen personas del mundo incluido, quien tienen cierto habito de vida, y lo meten en la prisión, lo que se configura como un método de tortura. Es una señal de los mecanismos de excepción producidos por el Judicial.

La lógica en el Estado Democrático es la de universalizar los derechos fundamentales de los incluidos para los excluidos. Lo que se ha construido es la universalización de la injusticia que es practicada contra los excluidos para parte de los incluidos. Es el camino inverso, y es perverso.

Algunas veces, un rico preso es injusticia, no camino contrario de la generalización de los derechos.

¿A partir de su análisis, es posible considerar que aún vivimos en una democracia?

Nosotros estamos reaccionando. Nuestra relación con el Estado está cada vez más permeada por el autoritarismo. Cuando se habla en aprobar las diez medidas que el Ministerio Público propuso en el Congreso, todo el mundo apoya, pero nadie esta viendo que aquello reduce el derecho de cada uno de nosotros. Mi derecho de defensa y mi presunción [de inocencia] serán disminuidos. El mio, el tuyo, el de toda la sociedad. Las personas no están teniendo esta dimensión. A través de las instituciones democráticas y de sus formas, está liquidando los contenidos y los valores democráticos.

Traducción: María Julia Giménez

Llamado de solidaridad ante el asesinato del militante Davidtchen Siméon

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LLAMADO: a las organizaciones sindicales y populares, partidos políticos, comprometidos con la democracia y los derechos humanos

 

El sábado 13 de agosto a las 15:30 en el barrio popular de Fuerte Nacional (Puerto Príncipe), a la salida de una reunión del Movimiento por la Libertad, Igualdad de los haitianos para la Hermandad (MOLEGHAF), un grupo de hombres armados asesinaron cobardemente a Davidtchen Siméon,joven militante de 23 años de la organización popular progresista MOLEGHAF, muy comprometido en la lucha contra las fuerzas de ocupación de la ONU (MINUSTAH), el imperialismo y la opresión de los trabajadores por el capital transnacional.

Es importante señalar que, pocos días antes de este odioso asesinato, el miércoles 10 y jueves 11 de agosto de 2016, Davidtchen había sido violentamente golpeado y amenazado por la policía.

La motivación de estos actos de barbarie fue el hecho de que, en un primer momento, Davidtchen Siméon había expresado su posición crítica en relación con un proyecto de construcción de edificios y una avenida que UNOPS – una agencia de la ONU – ejecutaba en su vecindario y en un segundo momento, haber denunciado los miserables salarios de los obreros que trabajan en las obras.

De hecho, como es de conocimiento común en Haití bajo ocupación, la ejecución de proyectos en los barrios pobres se hace a menudo con el uso de matones para intimidar a la población.

El MOLEGHAF, la organización a la que pertenecía Davidtchen, es conocido en Haití por su lucha en defensa de la soberanía nacional y por el retiro de las tropas de la MINUSTAH en Haití, sin el cual Moleghaf considera que no puede haber condiciones para el ejercicio real de la democracia.

Pero independientemente de los puntos de vista políticos que puedan tener sobre estos temas, el asesinato de Davidtchen debe ser condenado en los términos más enérgicos por todos los que están comprometidos en la defensa de la democracia y los derechos humanos más elementales.

En este sentido, nosotros, que participamos de la mesa de la Conferencia-Debate sobre la ocupación de Haití, reunidos en Puerto Príncipe, este viernes, 19 de agosto de 2016, en la sede de la Oficina de Abogados Internacionales (BAI), situado en el número 3, 2do. Impasse Lavaud, Lalue, apelamos a la solidaridad nacional e internacional de todas las organizaciones, para tomar posición reclamando a las autoridades competentes, en particular el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Oficina de Protección del Ciudadano (OPC) y la Instrucción general de la Policía Nacional de Haití (HNP), la identificación y condena de los autores materiales e intelectuales del asesinato de Davidtchen Simeón.

¡Abajo la ocupación, abajo la barbarie! ¡Fuera la MINUSTAH!

En defensa de la democracia, contra la barbarie: castigo a los responsables del asesinato de nuestro compañero Davidtchen Siméon

Envíe sus mensajes (con copia para los primeros firmantes) a:

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública / Ministère de la Justice et de la sécurité publique (MJSP): Av. Charles-Summer 18, Port-au-Prince

Inspección General de la Policía Nacional / Inspection Générale de la Police Nationale d’Haïti (PNH) : 07 Autoroute de Delmas (zone Delmas 2, Haïti)

Oficina de Protección Ciudadana / L’Office  Protecteur  Citoyen (OPC): Av. John Brown, Lalue (Port-au-Prince), tels (+ 509) 2940 3065/ 3702 0656, email : opc@protectioncitoyenhaiti.orgopc-haiti@hotmail.com

 

Primeras Firmas:

·         Confederação dos Trabalhadores dos Setores Público e Privado (CTSP) : ctspphaiti@yahoo.fr

·         Bureau dos Advogados Internacionais (BAI): avokahaiti@aol.com

·         Sindicat Nacional dos Trabalhadores da Arte (SYNTART) : syntart76@gmail.com

·         Movimento dos Estudantes pela Libertação do Haïti (MELA) : melajusctice2016@gmail.com

·         Resistência Benoit Batraville

·         Associação das Vítimas do cólera de Boucan-Carré

·         SESP-Sindicato

·         USCPH-União Sindical dos Construtores Profissionais do Haiti – filiada à CTSP

·         Reagrupamento das vítimas do cólera de Lachapelle

·         MOLEGHAF : moleghaf17@yahoo.fr

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Documento recibido del Comité Defender Haití, Brasil

Traducción del portugués Diálogo 2000-JS Argentina, por http://haitinominustah.info

Texto original en francés

Fuente: Haiti no MINUSTAH

Dilma Rousseff va al Senado brasileño a defender la democracia

Un mínimo de 54 senadores son suficientes para decidir quién ejercerá la presidencia en Brasil hasta finales de 2018.

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Rousseff alertará la “injusticia de ser condenada incluso siendo inocente

La presidenta constitucional de Brasil, Dilma Rousseff, asistirá este lunes al Senado para defenderse a sí misma del llamado impeachment (juicio político) en su contra, y para proteger la democracia.

Durante su discurso, de 30 minutos prorrogable para 30 más, Rousseff destacará que se debe respetar la democracia y la voluntad del pueblo brasileño reflejado en las urnas, además de mencionar la “injusticia de ser condenada incluso siendo inocente”.

>> PT define impeachment a Rousseff como “la venganza de Cunha”

Así lo informó el periodista Kiko Nogueira, quien anticipó algunos de los puntos que la mandataria enunciará ante los 81 senadores.

El golpe de Estado, azuzado por los medios de comunicación, la posibilidad de perder los avances sociales alcanzados en los últimos años, la conspiración de las élites brasileñas en su contra, detalló Nogueira que expondrá la dirigente progresista.

Dos tercios del Senado (54 de 81) bastan para confirmar la destitución de la dignataria, elegida con 54 millones de votos.

>> ¿Qué pasaría si…? Escenarios tras impeachment a Dilma Rousseff

“Ella instará a los senadores indecisos a respetar la democracia y detener el golpe de Estado que está en marcha”, apuntó un portavoz de Rousseff a Reuters.

Rousseff se preparó junto al expresidente brasileño Lula da Silva y algunos asesores, para defenderse contra las acusaciones que pesan en su contra: alteraciones en el presupuesto del Estado sin permiso del Congreso y peticiones de créditos a bancos públicos.

Dilma recebeu Lula no Alvorada no fim da tarde de hoje. Os dois estão juntos na

>> PT confía en detener golpe de Estado contra Rousseff

Una vez que la Presidenta electa de Brasil se defienda ante la plenaria, los senadores tendrán cinco minutos para hacerle preguntas.

El resultado final del impeachment se conocerá entre este martes y miércoles. De confirmarse la destitución, Michel Temer sería confirmado como presidente el resto del mandato hasta el 2018.

En contexto

La presidenta Rousseff fue separada de su cargo el pasado 12 de mayo, después de que el Senado admitiera una demanda presentada en su contra por la emisión de tres decretos de suplementación presupuestaria y las llamadas “pedaladas fiscales”.

De ser considerada culpable tras la votación del pleno del Senado, la primera jefa de Estado en la historia de Brasil también será inhabilitada para ejercer cualquier cargo público por un período de ocho años.

Si obtiene el apoyo de 54 de los 81 senadores, la Presidenta podrá volver a su cargo hasta el final de su mandato en diciembre de 2018.

Fuente: teleSUR

 

ALERTA EN HONDURAS: DETENCIÓN ILEGAL A DEFENSORAS

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¡Pedimos amplia difusión!

Importante mencionar que Gabriela, una de las compañeras detenidas es hija de la periodista Sandra Maribel Sánchez.

La policía no da motivo de la detención.

Fuente: https://www.facebook.com/reddedefensoras/posts/1162970067107757

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos comunica a la comunidad nacional e internacional:

Hace unos momentos las defensoras Gabriela Díaz y Karen Mejía acaban de ser detenidas por la Policía Nacional, en la colonia La Olla de Tegucigalpa.

Uno de los miembros de la Policía Nacional que se transportaba en la patrulla MI114 les dijo a los periodistas que se encontraban en ese momento que filmaran los rostros de las defensoras para que lo difundieran en la televisión

Los oficiales Obando y Galeas acaban de agredir a la Periodista Sandra Maribel Sánchez y el abogado Edy Tabora, ambos defensores de nuestras compañeras detenidas ilegalmente.

Ambas defensoras estan siendo transportadas al CORE 7 en la patrulla MI037.

Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a estar pendientes de la seguridad de nuestras compañeras.

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de agosto de 2016

El TPP y los derechos de los Pueblos Indígenas en América Latina

peru24ago16El viernes 19 de agosto se presentó en la Sala de Sesiones del Senado del Ex Congreso Nacional de Chile el libro: “El TPP y los derechos de los Pueblos Indígenas en América Latina”.

El evento fue organizado por el Observatorio Ciudadano, la Plataforma Ciudadana Chile mejor sin TPP y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).

La presentación se realizó y contó con la participación de Alfonso de Urresti, Senador de la región de los Ríos; Ana Llao, dirigente Mapuche de la organización Ad Mapu y Francisca Rodríguez, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indíogenas (ANAMURI).

La nueva publicación busca contribuir al conocimiento sobre las implicancias que tienen los acuerdos comerciales en la construcción del libre comercio y de sus amenazas a los derechos humanos e indígenas en la región, con especial referencia a los casos de Chile, México y Perú.

De igual modo,busca aportar elementos que ayuden a los parlamentarios a tomar una decisión informada durante el proceso de ratificación del TPP sometido a los Congresos de estos países.

Cabe destacar que actualmente se reflexiona, tanto en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas. sobre la responsabilidad de los Estados y de las empresas sobre los derechos humanos e indígenas, así como la compatibilidad de los acuerdos comerciales con estos mismos derechos.

La publicación fue elaborada por José Aylwyn Oyarzún (Chile), Emanuel Gómez Martínez (México) y Luis Víttor Arzapalo (Perú) y se encuentra disponible para su libre descarga en Internet en el siguiente hipervínculo: El TPP y los Derechos de los Pueblos completo

Resumen ejecutivo:

El pasado 04 de febrero, en la ciudad de Auckland, Nueva Zelandia, representantes de doce países (Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam), suscribieron el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés). Previéndose que este entre en vigencia a los dos años de su firma, si seis de sus suscriptores, que representen al menos el 85% del producto interno bruto (PIB) combinado, lo ratifican.

En las últimas décadas hemos presenciado un sostenido incremento de los flujos de comercio internacional, tanto de bienes y servicios como de inversiones de capital, dando origen al fenómeno de la globalización o mundialización económica. Entre los instrumentos utilizados para favorecer este crecimiento del comercio y las inversiones se encuentran los tratados de libre comercio (TLC) y los tratados bilaterales de inversión (TBI), genéricamente conocidos como acuerdos comerciales, como es el caso del TPP (1). El que promovido por Estados Unidos y las corporaciones transnacionales, fue negociado durante cinco años en el más estricto secreto, con la exclusión de representantes de sociedad civil y de los pueblos indígenas, en abierta contradicción con principios fundamentales de la democracia y los derechos humanos.

A lo anterior, se suman las implicancias que estos acuerdos comerciales han tenido para los derechos humanos en general, y los derechos de pueblos indígenas en particular, producto de su incidencia en el aumento de inversiones extractivas y de infraestructuras en sus tierras y territorios, así como de la conflictividad social que estos originan, lo que ha constituido una preocupación creciente de diversas instancias internacionales de derechos humanos. Entre estas, de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, que en su informe 2015 advirtió de los impactos negativos sobre el derecho a la tierra, territorio y los recursos de estos pueblos, así como sobre su derecho a la libre determinación, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo, entre otros.

A su vez, la imposición de estos proyectos en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, sin consulta previa y consentimiento, ni su participación en los beneficios que generan y compensación por los daños que provocan, ha permitido la apropiación de los conocimientos tradicionales de estos pueblos asociados a los recursos genéticos y la biodiversidad y derivado en el empobrecimiento de la población indígena, en especial en las áreas rurales, lo que se verá intensificado con la entrada en vigencia del TPP.

De allí que la ausencia de consulta indígena de este acuerdo comercial, establecida en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, constituya una grave afectación a este derecho. Asimismo, la suscripción y posible entrada en vigencia del TPP, sin considerar la participación indígena, desoye los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, los que conminan a los Estados a asegurar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos cuando suscriben acuerdos comerciales.

El libro “El TPP y los Derechos de los Pueblos Indígenas en América Latina”, de los autores José Aylwin, Emanuel Gómez y Luis Vittor, busca contribuir al conocimiento, especialmente por parte de los propios pueblos indígenas y de sus representantes, sobre las implicancias que tienen estos acuerdos comerciales en la construcción del libre comercio y de sus amenazas a los derechos humanos e indígenas en la región, con especial referencia a los casos de Chile, México y Perú, Estados que cuentan con una población indígena significativa y que han ratificado el Convenio 169 de la OIT, así como adherido a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas.

Por otra parte, busca aportar elementos que ayuden a los parlamentarios a tomar una decisión informada durante el proceso de ratificación del TPP sometido a los Congresos de estos países, y contribuir a la reflexión que actualmente se desarrolla en el ámbito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas en relación a la responsabilidad de los Estados y de las empresas, en particular transnacionales, en materia de derechos humanos e indígenas, así como la compatibilidad de los acuerdos comerciales con estos mismos derechos.

De este modo, en el primer capítulo se da cuenta de los orígenes de las políticas de libre comercio y de la forma en que estas han sido impuestas en las últimas décadas a nivel global y en la región latinoamericana. Además, entrega antecedentes sobre las reformas jurídicas constitucionales y legales introducidas por estos acuerdos, y el impacto de las demandas por parte de empresas transnacionales ante las instancias arbitrales que estos establecen, por supuestos incumplimientos de las garantías de los inversores en ellos considerados.

El segundo capítulo aborda las consecuencias que estos acuerdos han tenido para los pueblos indígenas y sus derechos. En el caso de Chile, se analiza cómo los acuerdos comerciales suscritos con más de 60 estados han incidido de manera directa en el incremento de las inversiones extractivas y de infraestructura (minería en el norte, forestación y salmonicultura en el sur; proyectos energéticos y de infraestructura a lo largo del país) en tierras y territorios de propiedad legal o de ocupación tradicional de los pueblos indígenas, con la criminalización de su protesta social, incluida represión policial y uso de legislación antiterrorista.

En el caso de México, se explica el impacto de los acuerdos suscritos por ese país, en particular el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en el empobrecimiento de la población indígena y en el aumento de procesos migratorios, en especial a Estados Unidos, que involucran también a indígenas, así como el incremento sustancial de proyectos de exploración y explotación minera a favor de empresas transnacionales, en su mayoría de origen canadiense –uno de los socios del TLCAN– en sus territorios, la afectación a su derecho al medio ambiente y conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad, a consecuencia de la apertura brindada a las empresas transnacionales que controlan el mercado agrícola y la resistencia indígena a tales amenazas.

En el caso de Perú, se explica cómo a pesar de las reservas para tomar medidas relacionadas con los pueblos indígenas contenidas en anteriores acuerdos comerciales suscritos por ese país, estos igualmente han llevado al estado peruano a impulsar reformas legislativas que han afectado de manera directa los derechos de pueblos indígenas. En particular, en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos el 2008, donde el gobierno emitió un paquete de 101 decretos legislativos que implicaron cambios en el marco jurídico relacionado con el comercio, las inversiones, el medio ambiente, la gestión y acceso a recursos naturales, infraestructura, servicios financieros, justicia en materia comercial, procedimientos administrativos y áreas naturales protegidas, entre otros. Además se da cuenta de la protesta indígena frente a estas medidas y de los hechos represivos a que dio lugar en la localidad de Bagua.

El tercer capítulo profundiza en los contenidos más importantes del TPP e implicancias adversas para los derechos humanos. Entre ellos, el capítulo sobre propiedad intelectual y sus disposiciones referidas a los derechos de autor, extendidos más allá del plazo reconocido en el Convenio de Berna (1986) y del Acuerdo APDIC (1994); la protección de datos de medicamentos biológicos, que retrasa la entrada al mercado de versiones genéricas y genera un monopolio de farmacéutica trasnacional; la afectación a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, con la exigencia a los estados partes de ratificar o adherirse al UPOV 1991, hasta ahora suscrito solo por Perú. También se analiza el capítulo sobre inversiones, que otorga garantías exacerbadas a los inversionistas para la protección de sus inversiones, permitiendo demandar a los Estados —en particular aquellos con economías más frágiles— ante instancias arbitrales, frente a medidas que son consideradas una expropiación indirecta o que interfieran con las “expectativas inequívocas y razonables de la inversión”. Finalmente da cuenta de las reservas que Chile, Perú y México fijaron en el TPP en relación a los pueblos y comunidades indígenas, cuyas implicancias prácticas en la garantía de sus derechos frente a las inversiones en sus tierras y territorios, son inciertas.

El cuarto capítulo refiere a las preocupaciones manifestadas por expertos del Sistema de Naciones Unidas en relación a los acuerdos comerciales y los derechos humanos en general y de los pueblos indígenas en particular. Entre ellos, la Relatora Especial de Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz; el Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred-Maurice De Zayas; y el Relator Especial sobre el Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Anand Grover. Así como sus recomendaciones a los estados en la materia, tales como asegurar la participación de los afectados en las negociaciones y la trasparencia en los procesos, la necesidad de realizar en forma previa a la suscripción de estos acuerdos evaluaciones de impacto en derechos humanos, el establecimiento de cláusulas de excepción para la protección de los derechos humanos e indígenas, la explicitación del compromiso de los estados y las empresas con los derechos humanos.

la marginación económica y social generada por los acuerdos comerciales suscritos por los países en estudio ha resultado en el empobrecimiento de la población indígena
Tras esta revisión, en sus conclusiones los autores reafirman que la marginación económica y social generada por los acuerdos comerciales suscritos por los países en estudio ha resultado en el empobrecimiento de la población indígena, en particular de la población indígena rural, y en su migración a las ciudades. En algunos casos, como el de México, en su migración fuera de las fronteras estatales.

Asimismo, constatan la grave afectación generada por estos acuerdos a los derechos humanos, lo que contraviene las directrices del derecho internacional aplicable, toda vez que impide, o al menos limita, la capacidad de los estados de cumplir sus compromisos internacionales contraídos en esta materia; advierten que la exclusión de los pueblos indígenas de la toma de decisiones respecto a la suscripción del TPP, lesionó sus derechos de participación política y de libre determinación; y ratifican que este tratado constituye a todas luces una medida legislativa que genera afectación directa a dichos pueblos, que de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, vigente en Chile, México y Perú, debe serles consultada.

A pesar de ello, ninguno de los gobiernos de estos tres estados latinoamericanos que son parte del TPP han propuesto hasta ahora procesos de consulta indígena, ni han realizado una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos del acuerdo, incluida la afectación directa a estos pueblos, como lo proponen los expertos independientes de la ONU. Destacando a su vez, como un hecho de todo cuestionable, que los gobiernos de estos países hagan caso omiso a las múltiples denuncias sobre afectaciones a derechos fundamentales representadas por pueblos indígenas y movimientos ciudadanos, tales como la Plataforma Chile Mejor sin TPP, la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) y la Convergencia de Organizaciones Sociales y Ciudadanos México Mejor sin TPP, así como sus exigencias para que se desarrolle un proceso de consulta con los pueblos indígenas.

Por lo mismo, hacen un llamado a que estos Estados latinoamericanos parte del TPP a impulsar, en forma previa a su ratificación por los órganos legislativos respectivos, una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos del acuerdo, incluyendo una evaluación de su afectación directa en los derechos de pueblos indígenas, que permita a los legisladores adoptar una decisión fundada con respecto a la conveniencia de aprobarlo, de modo de no poner en riesgo el cumplimiento por los estados de los compromisos anteriormente adoptados en la materia. Para que como advierte el Relator Especial De Schutter, se asegureque este tipo de acuerdos no impongan obligaciones incompatibles con las obligaciones preexistentes de los Estados, que exista posibilidad de influir en las decisiones que se adoptan, y que existan garantías mínimas, como la independencia, la transparencia, la participación inclusiva, la asesoría y el financiamiento.

Instan también a que estos gobiernos a que impulsen, en forma previa al envío del TPP a los parlamentos para su ratificación, procesos de consulta con los pueblos indígenas de esta medida legislativa, a través de sus instituciones representativas y de buena fe, tal como obliga el Convenio 169 de la OIT. Obligación se ve fortalecida al tener presente que los negociadores de estos tres Estados establecieron reservas en el texto del TPP en virtud de las cuales se reconocen los derechos de estos pueblos, los que incluyen aquellos derechos establecidos en las leyes nacionales e internacionales que son parte de sus ordenamientos jurídicos, como es el derecho de consulta del Convenio 169 referido.

En caso de no hacerlo, solicitan a los propios parlamentos impulsarlos durante el trámite legislativo del TPP, asegurando así el cumplimiento del compromiso contraído en virtud de dicho Convenio y que en tanto órgano del Estado, estos también tienen.

Nota:

(1) Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), hasta finales del 2012 se habían suscrito 2.857 tratados bilaterales de inversión y, según la Organización Mundial del Comercio, al 01 de enero de 2016 un total de 419 acuerdos comerciales se encuentran en vigor.

Fuente: Seguimos en Lucha