Ecuador: Expertos de la ONU condenan medidas represivas contra organizaciones de DD HH

GINEBRA (30 de diciembre de 2016) – Un grupo de expertos* en derechos humanos de las Naciones Unidas criticaron las medidas represivas del Gobierno del Ecuador para asfixiar a la sociedad civil, tras la emisión de una orden de cierre de una ONG que apoya los derechos ambientales e indígenas.

El 18 de diciembre, Acción Ecológica pidió una Comisión de Paz y Verdad para explorar los atentados contra los derechos indígenas y ambientales. Dos días después, el Ministerio de Medio Ambiente inició el proceso de disolución, dándole al grupo 24 horas para responder y diez días para presentar pruebas de defensa.

La medida contra Acción Ecológica se produce en medio de un conflicto con los indígenas shuar que tratan de detener las actividades mineras en lo que consideran sus tierras. El grupo de defensa, que apoyó vocalmente a los manifestantes indígenas, es el último de una serie de organizaciones afectadas por el gobierno.

El grupo de expertos independientes exhortó a las autoridades ecuatorianas a revocar la decisión y reformar la legislación que está utilizando para disolver a los grupos.

Los expertos de la ONU ya han criticado al gobierno por disolver grupos como Pachamama y la Unión Nacional de Educadores, e intentar también cerrar la ONG Fundamedios en los últimos tres años.

“Parece que el gobierno de Ecuador está disolviendo sistemáticamente las organizaciones cuando se vuelven demasiado vocales o desafían a la ortodoxia oficial”, indicaron. “Esta estrategia de asfixiar la sociedad civil se ha implementado a través de dos decretos -16 y 739- que otorgan a las autoridades poderes para disolver unilateralmente cualquier tipo de organización”.

Los expertos advirtieron que “las consecuencias directas son el silenciamiento progresivo de cualquier grupo que desafía u ofrece ideas alternativas a las del gobierno y, por lo tanto, reduce la visibilidad de la situación de las personas vulnerables y marginadas”, señalaron.

“Es irónico”, añadieron los expertos, “que el mismo gobierno de Ecuador que encabeza el esfuerzo internacional positivo para hacer que las empresas rindan cuentas a través de un tratado vinculante, esté reduciendo el espacio para que los grupos locales le pidan que rinda cuentas”.

“Esta última medida infringe una vez más los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo el ejercicio legítimo de la libertad de asociación”, dijeron los expertos. “Muestra un desprecio sistemático por los reiterados llamamientos de la comunidad internacional para poner fin a las medidas represivas contra los grupos de derechos humanos”.

“Disolver grupos es el tipo más severo de restricción a la libertad de asociación,” recalcaron.

Los expertos pidieron al gobierno que garantice que todos los miembros de grupos, en particular los que defienden los derechos humanos, puedan ejercer plenamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, incluyendo su capacidad de criticar las políticas y prácticas gubernamentales.

Los Relatores Especiales de la ONU renovaron una oferta de asistencia técnica al Gobierno Ecuatoriano para reformar la legislación restrictiva vigente.

(*) Los expertos: el Sr. Maina Kiai, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; el Sr. John H. Knox, Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones en materia de derechos humanos relativas al disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible; y la Sra. Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Los Relatores Especiales forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual. Para mayor información, visite:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx

ONU Derechos Humanos, página de país – Ecuador:
http://www.ohchr.org/SP/Countries/LACRegion/Pages/SVIndex.aspx

Para más información y solicitudes de prensa, favor ponerse en contacto con Marion Mondain (+41 22 91 79 540) o escriba a freeassembly@ohchr.org

Para solicitudes de medios relacionadas con otros expertos independientes de la ONU, favor ponerse en contacto con Xabier Celaya – Unidad de Medios (+ 41 22 917 9383 /
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Fuente: OHCHR

Carta de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de La Paz al Presidente Correa

Sobre extractivismo, violencia en territorio del pueblo Shuar y cierre de Acción Ecológica:

Dr. Rafael Correa
Presidente del Ecuador

 

De nuestra mayor consideración:

Reciba en primer lugar nuestro fraterno saludo. En este momento tan especial del año, cuando muchos celebramos el nacimiento, la esperanza, el amor al prójimo, lamentamos comunicarnos para expresarle nuestra grave preocupación frente a las noticias que nos llegan desde Ecuador, con relación al avance en territorio shuar, de un verdadero proyecto de muerte como es la megaminería.
Expresamos de manera permanente, aquí en Argentina y con respecto a otros países de la región, nuestro rechazo a proyectos similares por las violaciones de derechos humanos y de derechos de la naturaleza, muchas veces irreparables, que significan. Así mismo expresamos nuestro apoyo y muchas veces acompañamos de modo directo a las comunidades afectadas, buscando contribuir en el fortalecimiento de su capacidad de resistencia y de defensa de sus derechos y de la vida de sus comunidades y entorno. Por lo que no podemos dejar de expresar nuestra consternación frente a la grave situación que están viviendo las comunidades shuar, incluyendo el desalojo que sufrió en agosto la comunidad de Nanknits, en Morona Santiago, a fin de permitir la instalación de la empresa china Explorcobres S.A., y la reciente escalada de criminalización y de militarización frente a los reclamos de las comunidades.
Según la información con que contamos, el proyecto megaminero de Explorcobres S. A. avanza sin la debida consulta previa ni el consentimiento de parte de las comunidades afectada. El Estado a su cargo ya ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por hechos similares, en el caso de la Comunidad Sarayaku del Pueblo Kichwa. Tampoco han sido escuchados los diversos recursos legales interpuestos por las comunidades afectadas. No obstante, entendemos que Ud. mismo, en su “Enlace ciudadano” del 17 de diciembre, y el gobierno que preside, han actuado rápidamente para descalificar al pueblo violado en sus derechos más fundamentales, militarizar los territorios shuar en apoyo a las ilegítimas e ilegales actividades de la empresa y perseguir a dirigentes y miembros de las comunidades.
Solicitamos el cese inmediato de estas políticas y el respeto pleno a los derechos de las comunidades. No sólo por ser obligación del Estado, sino también porque es lo que nos cabe esperar, de un país y un gobierno que en otros momentos han sabido inspirar al mundo entero con logros tan claves como el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado y de los derechos de la naturaleza, la auditoría del crédito público y de las deudas sociales, ecológicas e históricas acumuladas como contracara del sistema de endeudamiento financiero fraudulento, el impulso a la creación de un marco jurídico internacional que vincule las empresas transnacionales al respeto por los derechos humanos, entre otros.
Queremos expresar asimismo, nuestra profunda preocupación ante el hecho que, en este marco de clara violación de los derechos de las personas, de los pueblos y de la naturaleza, por segunda vez su gobierno también ha tomado medidas que buscan la clausura de la organización hermana, Acción Ecológica. Con Acción Ecológica hemos compartido reflexiones y acciones desde hace más de quince años; conocemos bien la claridad y fuerza de sus convicciones junto a su apego irrestricto a la paz y la lucha no-violenta y al protagonismo de los pueblos y comunidades directamente afectados en defensa de sus derechos y los de la Pachamama. Por eso rechazamos las acusaciones y acciones lanzadas en su contra y solicitamos respetuosamente que las mismas sean depuestas. En el caso indeseado que continúe adelante el proceso, confiamos en que tal como sucedió en 2009, se mostrará nuevamente el apego, también irrestricto, de Acción Ecológica a los preceptos y normativa de su constitución ética y legal.
Sr. Presidente, sabemos bien que no son tiempos fáciles para gobernar y que las necesidades de los pueblos son muchas. Pero también sabemos que es imprescindible parar el avance del modelo extractivista, ya que el mismo violenta, de manera intrínseca, los valores y derechos cuyo respeto y promoción hacen posibles la paz, la convivencia democrática y nuestra propia sobrevivencia.
A la espera de una pronta resolución de estas situaciones, saludamos con un abrazo de Paz y Bien.

Adolfo Pérez Esquivel
Premio Nobel de La Paz
Nora Cortiñas y Mirta Baravalle
Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora
Beverly Keene
Coordinadora, Diálogo 2000
Luis Romero, Susana Moreira, Ana Almada
Coordinación Nacional, Servicio Paz y Justicia Argentina
-Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016
cc.
Ministro del Ambiente
Ministro del Interior
Acción Ecológica

Movilizaciones de protesta contra los resultados preliminares electorales

Puerto Príncipe, Le Nouvelliste, 16/12/16 – La movilización contra los resultados preliminares, dando ganador a Jovenel Moïse, no se tardó. Mientras los trámites en la Oficina de disputas electorales nacionales están estancado, seguidores de los partidos contestatarios se han volcado a las calles. Después de unos días de descanso, respondieron a la llamada de Fanmi Lavalas y Pitit Desalin. Una larga procesión partió de St-Jean Juan Bosco, y de Carrefour Péan, para terminar en el centro de Puerto Príncipe, pasando por Petionville. Los manifestantes lanzaron duras palabras contra los miembros del organismo electoral, en especial su presidente, Léopold Berlanger.

https://youtu.be/Anq1Dutjz74

Fuente: Haiti no MINUSTAH

Uruguay: Rechazo a la prolongación de presencia de tropas violando la soberanía en Haití

COMUNICADO DE PRENSA, Montevideo, 27 de diciembre de 2016

LA COORDINACIÓN POR EL RETIRO DE LAS TROPAS DE HAITÍ CONVOCA AL PALACIO LEGISLATIVO, en la puerta de LAS BARRAS DE DIPUTADOS, EL MIÉRCOLES 28/12  A  PARTIR DE LAS 15 hs.

 

 en que nos movilizaremos y distribuiremos volantes  denunciando la ley que ya tiene media sanción del Senado para prolongar la presencia de las tropas uruguayas  de la MINUSTAH en HAITÍ violando la soberanía y los DDHH del pueblo haitiano desde hace 12 años!

Cuando  empiece el debate del tema en la Cámara,ingresaremos a la misma.

NO MÁS TROPAS DE OCUPACIÓN!

BASTA DE REPRESIÓN , MUERTES y VIOLACIÓN

FUERA YA TODAS LAS TROPAS DE HAITÍ

REPARACIÓN E INDEMNIZACIÓN A TODAS LAS VÍCTIMAS .

¡SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO HAITIANO EN RESISTENCIA POR SU DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN Y SU EMANCIPACIÓN!

¡NO MÁS SERVILISMO Y COMPLICIDAD CON EL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO QUE OPRIME A HAITÍ !

Fuente:  Coordinación uruguaya por el retiro de las tropas de Haití

Estado de Honduras incumple sentencias de la Corte IDH en relación a las comunidades Garífunas de Triunfo y Punta Piedra

Sambo Creek, 20 de diciembre de 2016.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), hizo públicas el 18 de diciembre de 2015, las sentencias en relación a los casos de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Un año después de la publicación, el Estado de Honduras se ha abstenido de apegarse a las sentencias.

Más allá de la publicación de la sentencias en Garífuna, traducidas de forma literal, perdiendo el sentido de las mismas; el Estado no ha tomado las medidas necesarias para apegarse a las sentencias. La actitud de los funcionarios de la actual administración no va más allá de lavarle la imagen al régimen de ultraderecha de Juan Orlando Hernández.

En caso de la Triunfo de la Cruz la Corte IDH señala “Con respecto a las reparaciones, la Corte estableció que su Sentencia constituye per se una forma de reparación y, adicionalmente, ordenó al Estado: i) publicar la Sentencia de la Corte Interamericana y su resumen; ii)realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional ; iii) proceder a demarcar las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva en dominio pleno y en garantía de ocupación; iv) otorgar un título de propiedad colectiva sobre un lote de tierra reconocido como territorio tradicional de la Comunidad Triunfo de la Cruz por parte del Estado, el cual deberá ser debidamente delimitado y demarcado; v)iniciar en un plazo razonable la investigación de la muerte del señor Jesús Álvarez y de los señores Óscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales, con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades penales y, en su caso, aplicar efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea; vi) garantizar el libre acceso, uso y goce de la propiedad colectiva por parte de la Comunidad Triunfo de la Cruz en la parte de su territorio que se sobrepone con un área del Parque Nacional Punta Izopo; vii)crear mecanismos adecuados para regular su sistema de Registro de Propiedad; viii) crear un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz, y ix)pagar la cantidad fijada en la Sentencia por reintegro de costas y gastos. Asimismo, la Corte dispuso que el Estado debiera reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte las cantidad es erogadas durante la tramitación del presente caso”.

En relación a la sentencia de Punta Piedra, el estado está obligado: En relación con las medidas de reparación integral ordenadas en el Fallo, la Corte estableció que su Sentencia constituye per se una forma de reparación. Asimismo, ordenó que el Estado debe: i) como medidas de Restitución: a) garantizar el uso y goce, a través del saneamiento, de las tierras tradicionales que fueron tituladas por el Estado a favor de la Comunidad Garífuna de Punta Piedra; b) hacer cesar cualquier actividad respecto del proyecto de exploración Punta Piedra II que no haya sido previamente consultada; c) poner en marcha los mecanismos necesarios de coordinación entre instituciones con el fin de velar por la efectividad de las medidas dispuestas; ii) como Compensación Colectiva, crear un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad Garífuna de Punta Piedra; iii) como medidas de Satisfacción,realizar las publicaciones y transmisión radial; iv) como Garantías de no repetición : a) adoptar las medidas suficientes y necesarias, a fin de que sus disposiciones reglamentarias sobre minería no menoscaben el derecho a la consulta, y b) crear mecanismos adecuados para regular su sistema de Registro de Propiedad; v)el Estado debe continuar y concluir, en un plazo razonable, la investigación por la muerte de Félix Ordóñez Suazo y demás denuncias interpuestas en la jurisdicción interna, y en su caso, sancionar a los responsables; vi) como Indemnización, pagar el reintegro de costas y gastos, así como el reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, por los gastos incurridos.

Hasta la fecha no se ha dado ninguna diligencia del Estado en relación a la demarcación de los territorios de las comunidades de Triunfo de la Cruz y de Punta Piedra, y mucho menos efectuar el saneamiento territorial, siendo este el punto crucial para las víctimas, Los agentes de la Procuraduría pretendieron efectuar una reunión en Triunfo de la Cruz, con el propósito de convertirlo un acto público de reconocimiento, utilizado como propaganda para la actual administración gubernamental.

Uno de los puntos claves de las sentencias, se refiere a la creación de mecanismos de registro de la propiedad. Las sentencias señalan que “La Corte estima pertinente ordenar al Estado que cree los mecanismos adecuados para evitar que en el futuro hechos similares puedan generar afectaciones al derecho a la propiedad en rurales como las analizadas en el presente caso”. Hasta la fecha el traslape de documentos continúa al igual que la persecución contra líderes Garífunas defensores del territorio ancestral, demostrando una vez más como el Estado de Honduras desconoce las sentencias de la Corte IDH y no se apega a los Convenios Internacionales en relación a los pueblos indígenas

Además la corte IDH indicó en la sentencia de Punta Piedra: “Asimismo, el Tribunal ha señalado que la ejecución de los fallos debe realizarse sin obstáculos o demoras indebidas, a fin de que alcancen su objetivo de manera rápida, sencilla e integral. Ello cobra especial importancia en casos de materia indígena, debido a que la situación especial de vulnerabilidad en la que se podrían encontrar estos pueblos, podría generar en sí misma obstaculizaciones no sólo para acceder a la justicia, sino para lograr la ejecución de las decisiones adoptadas”.

En relación a los asesinatos cometidos en contra de Garífunas en Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, el Ministerio Publico no ha emprendido acción alguna para dilucidar los casos, los cuales se encuentran impregnados del letal racismo que prevalece en el país.

Organización Fraternal Negra Hondurena, OFRANEH

Fuente: OFRANEH