Radio Temblor: Elementos para proteger a su comunidad de las industrias extractivas

Cómo evitar la presencia de empresas en su comunidad

Si Usted esta leyendo el presente documento se entiende que usted y su comunidad tienen dudas sobre los supuestos beneficios que la actividad extractiva traerá a su comunidad, o se oponen abiertamente, y quieren buscar formas de frenar su avance. (Nota: cuando me refiero a al extractivismo, me refiero principalmente a las industrias minera y petrolera) El primer paso es hacer todo lo posible para evitar que las empresas ingresen a su comunidad.

Infórmese

Si usted sospecha que el gobierno está interesado en impulsar algún proyecto extractivo en su región, lo más importante es estar informado sobre dichos planes. ¿Cómo hacerlo?

Revisando las páginas web del equivalente a los Ministerios de Minería y/o Petróleo (si no tiene acceso a la tecnología pídale a algún familiar o amigo en centros urbanos).
Solicitando información de parte de funcionarios gubernamentales sobre procesos de entrega u otorgamiento de concesiones (podría ser a través de asambleístas, legisladores o algún otro funcionario del gobierno nacional o local).
Si de un día para el otro aparecen en su comunidad algunas personas realizando encuestas sobre la realidad socio-económica, posiblemente sea el gobierno el interesado en entregar su territorio a empresas extractivas, o ya lo ha hecho. Este tipo de información le ayuda mucho a las empresas. Averigüe bien la finalidad de las encuestas, y evite que entrevisten a las familias individualmente. Haga todo lo posible para que primero la comunidad acepte ser entrevistada y que conozca y apruebe las preguntas, y comprometan a los encuestadores a compartir el resultado de la misma con la comunidad.
Si se entera que el gobierno está planificando entregar sus territorios a empresas extractivistas, alerte rápidamente a su comunidad y comunidades aledañas, al igual que a grupos vulnerables que pueden ser afectados -como ganaderos, agricultores, operadores de turismo, etc-. Al mismo tiempo, busque asistencia jurídica de parte de organizaciones no gubernamentales para analizar si se puede frenar el proceso. En la mayoría de países, las concesiones les otorgan ciertos derechos a las empresas que entran en conflictos con derechos colectivos.

Si encuentra que ya existen concesiones en su territorio pero las empresas todavía no han iniciado los procesos de penetración (las empresas y el gobierno lo llaman socialización), una “socialización” que significa división de la comunidad, convoque urgentemente a su comunidad para informar lo que está pasando y de la voz de alerta sobre algunos de los potenciales problemas sociales y ambientales relacionados a la presencia y actividad de la empresa en su territorio.

En esta fase es importante que usted y varios de sus vecinos y vecinas se informen y conozcan a fondo sobre la actividad y la empresa interesada en explotar los recursos dentro de su comunidad y sobre los impactos que dicha extracción conlleva incluyendo la presencia de la empresa en sus territorio. Con esta información la comunidad contará con mejores argumentos para tomar una decisión informada sobre si quieren convivir o no con el extractivismo. Muchas veces es mejor contar con testimonios de individuos de otras comunidades que han vivido en carne propia los impactos negativos y atropellos del extractivismo. Por otro lado, se podría contactar con personas responsables de Organizaciones No Gubernamentales que conocen bien el tema y que no estén comprometidas con las empresas extractivas o el gobierno, para capacitar a los miembros de la comunidad. Los aspectos legales, incluyendo derechos colectivos e individuales son importantes tratar en estas reuniones. Es indispensable que su comunidad conozca bien sus derechos individuales y colectivos y exijan que se respeten.

Si la empresa ha iniciado el proceso de división de la comunidad es indispensable parar el proceso lo más pronto posible antes de que su comunidad se polarice entre los que apoyan al proyecto y los que se oponen. Esto se podría hacer convocando a una reunión extraordinaria de su comunidad para exigirle a la empresa una moratoria de 3 a 6 meses del proceso de socialización, o hasta que la comunidad se entere bien sobre la industria y sus impactos para tomar una decisión. La empresa hará todo lo posible para que esto no se de, pero por otro lado, las mismas empresas dirán que son respetuosos de los derechos comunitarios y humanos, etc., así que no aceptar una decisión de la comunidad como la planteada, les hará lucir mal y producirá dudas sobre la empresa, al igual que sobre el proyecto extractivo y el posterior respeto a la voluntad de la comunidad y las leyes.

¿Cómo dividen a la gente las empresas?

El objetivo más importante de las empresas durante toda la vida del proyecto extractivo es conseguir – o dar la impresión que han conseguido- la aprobación de la comunidad. Esa aprobación es conocida como la Licencia Social. Aunque no es un requisito legal -en la mayoría de casos- es muy importante para las empresas, pues la gran mayoría de financistas no invierten en un proyecto extractivo sabiendo -a ciencia cierta- que la comunidad se opone al proyecto. Si existe oposición al proyecto, las empresas -sean estas nacionales, estatales o transnacionales- pueden invertir mucho dinero para dividir a la comunidad con la finalidad de conseguir suficiente apoyo para mostrarle al mundo que su proyecto cuenta con “la licencia social” de la comunidad.

Lo hacen utilizando muchas tácticas, incluyendo:

Compra de consciencia de personajes influyentes dentro de la comunidad. Estas pueden ser identificadas de varias formas, incluyendo en las falsas “encuestas”. Sea cual sea la estrategia, se identifican sus aspiraciones, debilidades y fortalezas y actúan sobre éstas.
Crean grupos comunitarios afines a sus intereses, o apoyan grupos existentes. Comúnmente son éstos los grupos de choque que se enfrentan a grupos o individuos de la propia comunidad.
Ofrecen proveer o proveen servicios básicos necesitados por la comunidad. Las necesidades frecuentemente se identifican en las falsas encuestas antes mencionadas.
Desprestigian a los opositores. La campaña de desprestigio puede incluir, difundir falsedades que socavan la integridad del o de la dirigente, como por ejemplo, decir que roba dinero a nombre de la resistencia. Cuando la campaña de desprestigio no logra su objetivo las tácticas contra los dirigentes se endurecen, y podrían llegar a ser amenazados de muerte o falsamente enjuiciados y peor, ser ultimados. Cada año mueren decenas de activistas sociales y ambientales por defender a sus comunidades y no siempre los responsables son sicarios contratados por la empresa que lleva a cabo el proyecto. Se sospecha que muchos de los y las dirigentes son victimados por propietarios de grandes negocios del propio país donde se desarrolla el proyecto, son gente que tienen mucho que ganar si se desarrolla la mina o el campo petrolero. De igual forma, al culpar a los opositores de destruir los sueños de ganar mucho dinero rápido, no es nada raro que sea la gente de la propia comunidad o comunidades aledañas los responsables. Éstos podrían ser pequeños o medianos proveedores de bienes y servicios de las empresas; o comuneros que han logrado conseguir puestos de trabajo altamente remunerados. Otros verán su sueño frustrado de vender su (o sus) propiedad (es) a precios exagerados a la empresa.
Hacer que la lucha sea conocida nacional y mundialmente ayuda a proteger a los dirigentes de ciertos riesgos, pero de ninguna manera lo protege de todos los riesgos . Por lo tanto, tomen las debidas precauciones e infórmese bien de las medidas tomadas en otras resistencias, estudiando los manuales disponibles sobre estos tipos de luchas.
Contratan u ofrecen contratar mucha mano de obra mejor remunerada. De esta manera se aseguran del apoyo de una parte importante de la comunidad. Las empresas tienen por entendido que los empleados harán todo lo posible para apoyar el proyecto extractivo haciendo cosas como:
Firmar documentos respaldando a la empresa,
Informar sobre planes o programas que pueden obstruir el desarrollo del proyecto,
Ayudar a elegir a la directiva de la comunidad y organizaciones a personas afines al proyecto y a los intereses de la empresa.
Normalmente, para no ser despedidos, la mayoría de los empleados actuarán según los deseos de la empresa.
Esta última estrategia es difícil neutralizar. Es por eso que mientras más rápido los comuneros y comuneras tomen conciencia de los verdaderos impactos producidos por la presencia de las empresas y los proyectos extractivos, mejor.

¿Qué hacer?

En este contexto, las comunidades deben asegurarse de ser dirigidas por personas honestas que valoren lo colectivo y que gocen de confianza de la mayoría de la comunidad.

La Exploración no causa daño; uno de los tantos mitos del extractivismo

No deben nunca olvidar el primer mandamiento de las empresas y gobiernos dependientes del extractivismo: hacer todo lo posible para dar la impresión de que cuentan con la aprobación de las comunidades. Esto incluye descaradamente mentir.

Durante o antes de la exploración las empresas y/o el gobierno harán todo lo posible para convencerles de que la actividad no causa daño. Sin embargo, el daño social durante la exploración es muy parecido a los daños producidos durante la explotación: división, perdidas de valores y costumbres, desconfianza, tráfico de tierras, alcoholismo, e incremento de la delincuencia. Las más golpeadas son las mujeres, una vez que se ven obligadas a asumir más responsabilidades del hogar que anteriormente compartían con su pareja. Es muy común que se propaguen enfermedades venéreas en los campos mineros debido a la presencia de personal de otras áreas que crean demanda por la de prostitución. Por otro lado los impactos ambientales podrían ser significativos ya que para la minería, por ejemplo, se utiliza y se contamina grandes cantidades de agua. Los bosques también podrían ser impactados cuando se abren senderos o carreteras para transportar los equipos de exploración.

Otros de los grandes mitos del extractivismo- y de modo especial de la minería- es que empleará a gente de la zona. En términos generales, a nivel mundial, la minería emplea menos del 1% de la fuerza laboral. Empleará, sí, a gente del sector para “comprar apoyo”, y por un corto lapso de tiempo, hasta que inicie la explotación. Una vez iniciada esta fase emplea a muy poca gente del sector, debido a que las y los campesinos no tienen experiencia en la industria. Por eso las empresas contratan personal calificado de otras partes del país e incluso de otras naciones.

Cuatro cosas básicas

Infórmese bien sobre la empresa, y el proyecto. ¿Quienes son los dueños? ¿Quienes les financian? ¿Qué tipo de problemas ha tenido en otros sitios? Mientras más se conoce sobre la empresa y sus dueños, más luces para frenarla. Si la empresa es extranjera trate de contactar a activistas del país origen de la empresa para que les ayude. Si es nacional, haga lo mismo con organizaciones en la capital. Empiece a buscar el punto débil de la empresa o del proyecto- todas las tienen. Si es una empresa prestigiosa, tendrá mucho temor de que su reputación sea dañada. Asegúrese de denunciar a los inversionistas de la oposición de la comunidad y otros riesgos asociados. La misma estrategia de indagación use en cuanto al proyecto: ¿Qué recursos buscan? ¿Cuáles son los linderos de la concesión? ¿Qué tan avanzado está el proyecto?: ¿tienen la concesión en regla? ¿Ya cuentan con el Estudio de Impacto Ambiental? ¿Fue realizado según las normas vigentes? ¿Ya tienen la Licencia Ambiental? Si su comunidad logra conseguir asesoramiento jurídico, por potenciales irregularidades, el abogado debe analizar todos los documentos relacionados al proyecto.
Documente absolutamente todo. Y denuncie. Aún si el gobierno es corrupto y apoya el extractivismo, haga las correspondientes denuncias. Asesórese bien de cómo hacerlas correctamente y hágalo por cualquier infracción o irregularidad. Tome fotos, grabe video de las ilegalidades, la deforestación, contaminación de los ríos, la violencia desatada, etc. Las evidencias son muy importantes para denunciar en el exterior; muchas veces sirve más denunciar afuera que adentro del propio país. Los archivos solo sirven si se publican, así que será necesario usar las redes sociales de lo contrario solo Usted y su comunidad sabrán lo que está pasando. Es absolutamente indispensable que el resto de su región, el país, y el mundo entero estén informados. En este contexto, es importante hacer contacto con la prensa regional y nacional y tenerles al día con información precisa y verídica. Para el manejo de las redes sociales (como Facebook, Instagram, Twitter, entre otros), trate de conseguir apoyo gratuito de algún familiar o amigo o amiga que lo sepa manejar bien.
Cuidado con la socialización. El derecho a la consulta previa y al consentimiento previo es un derecho consagrado en varias Constituciones o tratados internacionales. Estos derechos son muy importantes para las comunidades y pueblos ancestrales, y podría ser una buena herramienta para frenar proyectos extractivos. Por eso las empresas y los gobiernos que viven del extractivismo manipulan a las comunidades para hacer parecer que las comunidades y pueblos ancestrales han sido debidamente consultadas. La manera más fácil de hacerlo es haciendo firmar a comuneros en reuniones que nada o poco tiene que ver con el proyecto (reuniones de padres de la escuela, por ejemplo). Esto podría hacerse durante la fase de socialización del proyecto por el gobierno o por las empresas. Mejor no firmar nada si sospecha que las firmas pueden ser utilizadas para apoyar al proyecto o a la empresa.
Mientras más aliados, más posibilidades de éxito. Estas luchas suelen ser largas y costosas. Busque aliados a nivel local, nacional e internacional. Tan pronto sea posible, contacte a organizaciones defensoras de derechos humanos en su país e intente involucrarles en la resistencia. A nivel internacional, contacte a organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, ELaw, Mining Watch Canada, International Rivers y Cultural Survival. Las organizaciones nacionales seguramente le podrán ayudar a establecer contactos.
Manuales disponibles sobre la protección de las comunidades ante el extractivismo: Protegiendo a su comunidad

Segunda edición

Source International
En defensa de los territorios
Greenpeace
Fuente: Mining Watch Canada

 

Fuente: Radio Temblor

Guatemala. Comunidades q’eqchi’ de Alta Verapaz se levantan contra las hidroeléctricas¿

Por Enric Llopis, Resumen Latinoamericano, 23 de febrero de 2018.-

Denuncian la falta de consulta previa a la población y el impacto ambiental sobre el río Cahabón en Guatemala. 

Los presidentes de Corporación Multi Inversiones (CMI), Juan Luis Bosch Gutiérrez, y de la constructora ACS, Florentino Pérez, presentaron en junio de 2014 en Guatemala el proyecto Renace II, una central hidroeléctrica propiedad de CMI y de cuya construcción se hizo cargo una de las filiales de ACS, el grupo Cobra. El complejo hidroeléctrico se ubica en el municipio de San Pedro Carchá (Alta Verapaz), y en la presentación los dos empresarios resaltaron las grandes cifras: una inversión de 270 millones de dólares para alcanzar una potencia instalada de 114 megavatios, 8,5 kilómetros de túneles y un canal de conducción de 11 kilómetros. La planta siguió a la central Renace I (66 MW), puesta en marcha por CMI en 2004. Corporación Multi Inversiones, transnacional con sede en Guatemala que opera en 14 países, y el presidente del Real Madrid continuaron colaborando en los proyectos hidroeléctricos Renace III (66 MW), ya finalizado, y Renace IV (55 MW), en fase de ejecución, todos en San Pedro Carchá, sobre los ríos Cahabón –uno de los principales de Guatemala- y Canlich. A estas centrales se agregará una quinta, lo que convertirá a este gran complejo –que se publicita en verde y con imágenes de la población maya- en el principal del país.

El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala registra 33 plantas hidroeléctricas en funcionamiento, nueve de ellas en Alta Verapaz. A estas centrales se agregan otras 11 –cuatro en Alta Verapaz- en fase de construcción; 13 hidroeléctricas cuya ejecución no ha comenzado (cinco de ellas en el departamento de El Quiché) y seis que tramitan actualmente las autorizaciones (tres en Huehuetenango). Además, las centrales de energía hídrica son las que cuentan con mayor capacidad instalada en el país –un 33,7%, la mayoría de propiedad privada- seguido de los ingenios azucareros.

Los movimientos populares han alzado la voz contra proyectos como Oxec –hidroeléctrica operativa desde finales de 2015- y Oxec II, autorizada y en fase de construcción en el municipio de Santa María Cahabón (Alta Verapaz). El pasado 27 de agosto 197 comunidades q’eqchi’ de Santa María Cahabón votaron en una consulta comunitaria contra el funcionamiento de las dos hidroeléctricas, debido al impacto sobre los ríos sagrados Cahabón y Oxec. La empresa responsable del macroproyecto es Oxec SA, filial de Energy Resource Capital, a la que medios comunitarios sitúan en Panamá.

Santiago Botón (TeleSur) 

Diferentes sentencias han influido en el devenir de la infraestructura. En febrero de 2017 la Corte Constitucional suspendió la licencia de los proyectos Oxec y Oxec II otorgada por el Ministerio de Energía y Minas, al no realizarse una consulta previa a las comunidades de Santa María Cahabón, tal como establece el Convenio 169 de la OIT. En mayo de 2017 el alto tribunal mantuvo la suspensión, pero autorizó a las empresas a continuar operando durante un año (prorrogable), mientras el Ministerio de Energía realiza las consultas. La cúpula empresarial no se mantiene ajena al litigio. Tras la sentencia de febrero, la gran patronal CACIF demandaba “certeza jurídica” y “una visión de futuro con oportunidades de desarrollo”.

El colectivo ecologista Madre Selva de Guatemala batalla desde 1996 por la defensa del territorio. El asesor legal de la organización, Vladimir Soto, apunta algunas estrategias de criminalización tras un acto organizado por la ONG Perifèries en Valencia: “Cuando los pueblos y líderes se dan cuenta de los proyectos, las empresas proceden a denunciarlos penalmente; además, ya tienen prácticamente comprado al Ministerio Público (fiscalía) de los juzgados de Alta Verapaz. Acusan a los líderes comunitarios de delitos que implican penas de prisión, y obtienen órdenes de captura contra ellos su defensa de los ríos”. Soto critica la disparidad de criterios: “Las denuncias contra las hidroeléctricas quedan engavetadas en el Ministerio Público, sin embargo las que interponen las empresas se cursan a velocidad de rayo”.

Entre los ejemplos de persecución mediática y de la fiscalía, Vladimir Soto menciona a Ana Rutilia Ical Choc, líder q’eqchi’ de San Pedro Carchá y una de las promotoras del recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para frenar los megaproyectos en el río Cahabón. Ana Rutilia Ical destaca en su currículo como activista, exdelegada de la Defensoria de la Mujer Indígena en Alta Verapaz y profesora de Derechos Humanos en la Universidad Rafael Landívar de esta región.

En marzo de 2017 el colectivo Madre Selva denunció los “ataques” por parte de medios de comunicación y columnistas “al servicio de las élites” contra activistas. Por ejemplo, contra Bernardo Caal Xol, quien presentó en 2015 la acción de amparo ante el CSJ por entender que las autorizaciones de Oxec y Oxec II se otorgaron sin consultar a las comunidades. El líder y maestro comunitario fue arrestado el pasado 30 de enero en la ciudad de Cobán, acusado de robo agravado y detenciones ilegales, entre otros delitos. El seis de febrero un juez de la capital de Alta Verapaz ordenó la prisión preventiva de Caal Xol.

Desde entonces se han sucedido las campañas, concentraciones, acciones simbólicas y el cierre de carreteras para exigir su libertad. Comunidades q’eqchi’ de Santa María Cahabón y Alta Verapaz se manifestaron en Cobán; además, la ONG Alianza por la Solidaridad y Greenpeace, que colaboran con la organización Madre Selva, recogieron más de 1.700 firmas de apoyo a Bernardo Caal en cuatro días, remitidas a la Embajada de Guatemala en España. La Articulación por la Vida, contra la Impunidad y la Corrupción, que agrupa a más de 30 organizaciones populares de Guatemala, también condenó la captura del líder indígena.

El caso de Bernardo Caal no es una excepción en el país centroamericano. La Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) ha contabilizado 328 agresiones y delitos contra activistas a favor de los derechos humanos entre enero y octubre de 2017, un 25% más que en el mismo periodo de 2016. La cifra total del pasado año incluye 52 asesinatos (45 de ellos a mujeres), 72 agresiones contra activistas en defensa de  los pueblos indígenas y el territorio; 131 agresiones contra mujeres y 30 a periodistas. Asimismo, organizaciones populares y de derechos humanos presentaron en marzo de 2017 un documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la represión a comunidades que rechazan las grandes hidroeléctricas en Guatemala; el informe da cuenta de 103 órdenes de captura, 56 heridos, 36 encarcelamientos, 25 detenciones, 16 procesos de criminalización, 15 amenazas y 11 asesinatos.

El informe “Criminalización en Guatemala (2012-2017)” de UDEFEGUA dedica un apartado a la resistencia contra las plantas hidroeléctricas en Alta Verapaz, una de las regiones más aterrorizadas por 36 años de guerra interna. Entre los ejemplos recientes de señalamiento, figura el de Rolando y Blanca Estela Güitz Pop, detenidos en abril de 2017 en Cobán. Los dos hermanos participaron en la lucha de la Comunidad Monte Olivo (Cobán) contra la construcción de una central hidroeléctrica –Hidro Santa Rita- en el río Dolores; en agosto de 2014 más de mil policías, guardias privados y un grupo paramilitar reprimieron a las comunidades opositoras al proyecto, con el resultado de tres campesinos asesinados (“masacre de Semococh”). La batalla popular contra Hidro Santa Rita tiene antecedentes en febrero de 2012, cuando la empresa denunció ante la fiscalía a cinco líderes comunitarios, sobre quienes se emitió orden de captura. Pero continuó la resistencia. En agosto de 2013 tres supuestos policías amenazaron e intentaron secuestrar a otro líder de la Comunidad Monte Olivo, David Chen; pasada una semana de los hechos, dos niños de 11 y 13 años murieron por los disparos de un sujeto –presunto trabajador de la hidroeléctrica, según las organizaciones comunitarias- que buscaba al líder indígena.

Tres años después que Florentino Pérez –declarado en 2017 por Forbes mejor ejecutivo de España- viajara a Guatemala para promocionar el complejo hidroeléctrico  Renace en Alta Verapaz, las organizaciones Madre Selva y Alianza por la Solidaridad entregaron 25.552 firmas en la sede de ACS en Madrid contra un proyecto “que no respeta los derechos humanos de 29.000 indígenas q’eqchi’”. A la misma conclusión llegó el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, quien visitó San Pedro Carchá a finales de 2017; en la aldea Panzamala constató el impacto de las obras para implantar Renace IV: “Vulneraciones a los derechos a la salud y vida de los comunitarios, quienes viven en condiciones infrahumanas”. El procurador subrayó en un comunicado la reducción de caudal del río Cahabón por las obras, así como la “presencia fuerte” de agentes de seguridad privada en la zona; también se hizo eco de las protestas de las poblaciones, a las que no se consultó por la construcción de la infraestructura, según denunciaron.

El pasado 22 de marzo comunidades de San Pedro Carchá y Santa María Cahabón se manifestaron en Ciudad de Guatemala contra los proyectos Renace y Oxec; el periodista Rony Morales reprodujo en el periódico Prensa Comunitaria las palabras de una vecina: “El caudal del río Cahabón se mantiene sucio debido a los trabajos de la empresa que construye la hidroeléctrica; el río está completamente sucio, y las personas de las comunidades no pueden abastecerse de agua, pues temen enfermarse”. Marchas y plantones a la capital se produjeron, con el mismo fin, en febrero de 2017 y octubre de 2016; en esta última movilización, el Consejo del Pueblo Q’eqchi’ de Alta Verapaz denunció el “clima de mentiras” y la “campaña negra” lanzada por las empresas Renace y Oxec contra Bernardo Caal Xol, Erick Armando Cu Caal y otros líderes comunitarios.

Diferentes informes revelan los entresijos de estas grandes infraestructuras. Los investigadores Elena de Luis Romero y Antonio Rodríguez-Carmona publicaron en 2016 el documento de 190 páginas “Hidroeléctricas insaciables en Guatemala”, en el que se hacen eco de las protestas de Madre Selva en 2013: “La construcción de hidroeléctricas ha roto en ‘pedazos’ el río Cahabón y lo ha secado en varios tramos”; a ello se agregaban las denuncias de  contaminación por los derrumbes y movimiento de tierras en las obras de Renace II, lo que –según el informe en el que colaboró el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)- “apuntaría directamente a la responsabilidad del grupo Cobra”. Las comunidades señalaban que la construcción de represas a lo largo del cauce producía “graves alteraciones” en el ecosistema fluvial, se modificaban los caudales del río y destruían hábitats. Tres años después, en abril de 2016, poblaciones q’eqchi’ de Alta Verapaz continuaban denunciando ante la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICG) de la ONU y el Ministerio de Energía y Minas el desecamiento y la contaminación del río Cahabón por el impacto del proyecto Renace.

También en 2016, Alianza por la Solidaridad publicó la investigación “La hidroeléctrica que destruye derechos en Guatemala. Caso Renace-Cobra (ACS)”. El complejo de Corporación Multi Inversiones recibió la concesión administrativa para uso de bienes de dominio público en el río Cahabón y uno de sus afluentes –el Canlich- por 50 años. El documento recoge testimonios de líderes comunitarios sobre caminos construidos por la hidroeléctrica en las riberas del río, “de uso privado y sin acceso para los vecinos”. Además utiliza el término “expolio” para el caso Renace; incluye en ese término la compra de tierras para implantar infraestructuras, abrir canales o túneles y construir carreteras; o a los propietarios de fincas medianas que acumularon tierras para revenderlas a la empresa.

“Este expolio de tierras genera división entre las comunidades”, concluye el informe. Las poblaciones relacionaron con el conflicto el atentado en abril de 2014 contra Carlos Vicente Chub Cucul, activista frente a las hidroeléctricas y secretario del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) en su comunidad; el ataque con arma de fuego se produjo en el caserío Rubel Cruz Xicacaco (San Pedro Carchá). Pocos meses después, desapareció en el mismo municipio el joven Ovidio Xol Chub, en el contexto de una negociación sobre compraventa de tierras con Renace.

Una investigación más reciente es la titulada “Transnacionales, oligarquía y criminalización de la protesta social. El caso Guatemala”, publicada en octubre de 2017 por la organización Mugarik Gabe. El informe subraya la violencia ejercida contra las mujeres. En noviembre de 2014, la ONG Centro de Atención de la Familia y al Niño Maltratado (CAFNIMA) señaló que algunas de las agresiones contra mujeres en Ulpán (Alta Verapaz) estarían relacionadas con trabajadores del proyecto Renace. Pese al temor a realizar denuncias en las zonas rurales, en Ulpán se registraron 22 casos de violencia sexual contra la mujer en dos años. En noviembre de 2016,  Prensa Comunitaria informaba sobre el caso de dos hermanas, Rosa y Dominga Tzalam Cuc, que tras vivir 25 años en las comunidades Q’eqchi’ de San Pedro Carchá, llevaban tres años en resistencia al negarse a vender sus tierras a la hidroeléctrica Renace. Denuncian amenazas de muerte y de desalojo. La ONG Mugarik Gabe resalta las estrategias de publicidad y marketing que envuelve a los proyectos. Una sonriente mujer maya encabeza, en un entorno de árboles, la página Web de la hidroeléctrica de Corporación Multi Inversiones: “Porque trabajando todos en una misma dirección, Renace un mundo mejor”.

Foto: grupo Cobra Renace.

Fuente: ALBA Movimientos

Justiça Global denuncia à ONU e à OEA intervenção federal militar no Rio de Janeiro

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– Organização de Direitos Humanos também pede a criação de um canal de diálogo direto entre os organismos internacionais e a sociedade civil 
– Também é solicitado que os organismos internacionais se posicionem contra a ação do governo federal

A Justiça Global envia informe à Organização das Nações Unidas (ONU) e à Organização dos Estados Americanos (OEA) denunciando a intervenção militar decretada pelo Governo Federal no Estado do Rio de Janeiro. O documento aponta diversas irregularidades no decreto que instituiu a intervenção, além de sinalizar sua absoluta incompatibilidade com os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário. Em face da gravidade da medida e de suas prováveis consequências, a denúncia pede a criação de um canal de diálogo permanente dos organismos internacionais com a sociedade civil brasileira que está dedicada à crítica, ao monitoramento e denúncia desta medida de exceção, assim como uma manifestação pública dos organismos internacionais sobre as violações de direitos no país.Para a Justiça Global, a ruptura institucional instaurada pela medida de intervenção insere-se em um contexto mais amplo de afrouxamento das garantias constitucionais, dos princípios democráticos e das políticas sociais no país, levado a cabo por um governo com déficit de apoio popular e de legitimidade política. A gravidade desta medida ameaça, assim, os direitos e garantias individuais de toda a população do Rio de Janeiro, sobretudo as populações negras e pobres, moradoras de favelas e periferias urbanas.A denúncia internacional insere-se em um contexto de ampla mobilização da sociedade civil contra a intervenção militar. A preocupação crescente com as violações que ela pode desencadear amplifica-se ainda mais à luz de episódios anteriores de utilização das Forças Armadas como agentes de segurança pública na cidade e no estado do Rio de Janeiro. O documento enviado aos organismos internacionais recupera alguns exemplos deste trágico desvirtuamento das funções constitucionais das tropas militares, como a invasão à favela da Rocinha em setembro de 2017, e a operação militar em novembro do mesmo ano na favela do Salgueiro, em São Gonçalo.

“A utilização das Forças Armadas na segurança pública na cidade do Rio de Janeiro tem se tornado uma constante durante o período de redemocratização. Esta prática tem promovido um verdadeiro festival de violações de direitos humanos, sobretudo para a população negra e pobre”, afirma Sandra Carvalho, coordenadora da Justiça Global. “Um dos pontos de maior relevo em nossa denúncia é o fato de que a Constituição não autoriza que a autoridade política dos estados seja transferida da esfera civil para a esfera militar, mas tão somente da esfera estadual para a esfera federal. Ao definir que ‘o cargo de Interventor é de natureza militar’, o decreto de intervenção afronta a ordem constitucional”, conclui Sandra.A denúncia destaca dois episódios que evidenciam a gravidade e necessidade de alerta quanto à transferência de poder para um comando militar. O primeiro se trata da declaração do Comandante do Exército brasileiro de que “[os] militares precisam ter garantia para agir sem o risco de surgir uma nova Comissão da Verdade”, referindo-se à Comissão Nacional da Verdade, que foi responsável pela investigação e documentação dos crimes cometidos pelos agentes do Estado brasileiro durante os anos da ditadura militar no país. O outro episódio, igualmente grave, consiste na mensagem do chefe do centro de comunicação social do Exército Brasileiro sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro, direcionada a todas as organizações militares do país, que transmitiu o seguinte recado do Comandante do Exército às suas tropas: “O Comandante do Exército entende que a solução exigirá comprometimento, sinergia e sacrifĩcio dos poderes constitucionais, das instituições e, eventualmente, da população”.Leia aqui o informe

Fuente: Justica global

Alainet: Honduras, Organizaciones exigen liberación de presos políticos

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Foto: Cofadeh
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Lejos de resolverse, la crisis originada por el gigantesco fraude electoral denunciado por la alianza opositora sigue sumando más víctimas. Según un comunicado difundido por organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos serían más de 20 los presos políticos recluidos en diferentes centros penales

Un grupo de ocho organizaciones campesinas, sindicales, magisteriales y de derechos humanos comprometidas con la libertad, la integridad y la vida, conformaron recientemente el Comité Nacional por la Liberación de Prisioneros Políticos en Honduras.

De acuerdo con el planteamiento presentado ante medios nacionales e internacionales [1], el Comité exige la liberación inmediata de todas las personas que están encarceladas “por participar en las acciones de rechazo a la imposición de resultados electorales fraudulentos, y la juramentación de autoridades impostoras, ilegales e ilegítimas”.

A raíz de la crisis post-electoral, en Honduras se ha generado una situación sistemática de privaciones de libertad de opositores políticos y líderes sociales comunitarios.

Más asesinatos
Activistas bajo acecho

Hasta el momento, la represión ha dejado un saldo de 39 asesinatos por razones políticas, 22 presos políticos y 80 criminalizados judicialmente (datos Cofadeh).

En días pasados, el joven Luis Fernando Ayala, de 16 años, activista del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS) en el municipio de Gualala, en el noroccidente del país, fue brutalmente torturado, mutilado y asesinado por desconocidos.

De acuerdo con un pronunciamiento de la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras [2], el joven había participado activamente tanto en la lucha contra una concesión minera indefinida para la extracción de yeso, como en la protesta contra el fraude electoral.

En su más reciente informe [3], la organización británica Global Witness advierte que Honduras se ha transformado en el país más peligroso de la última década para quienes protegen la tierra y el entorno natural de la agresión del extractivismo.

Las casi 40 personas asesinadas en el marco de las elecciones fraudulentas también eran luchadores y luchadoras contra el continuismo y el modelo extractivista.

¡Los queremos libres!
No para la persecución sistemática

Durante la actividad, Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), dijo que el Comité surge también con el objetivo de “dar acompañamiento a los familiares de los prisioneros políticos para que no se sientan solos, ni desprotegidos”.

Carlos H. Reyes, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (Stibys) y miembro del Comité Ejecutivo Latinoamericano de la UITA, manifestó que se pretende crear y fortalecer una instancia técnica especializada que sepa atender todos estos casos.

“La problemática de los presos políticos no se resuelve solamente gritando ‘Fuera JOH’, sino estudiando cada caso, preparando la defensa que corresponde, sensibilizando la opinión pública nacional e internacional”, aseguró Reyes durante la conferencia de prensa [4].

El Comité dijo surgir en el peor momento del contexto hondureño, en medio de una estrategia internacional “de ataque político militar a la soberanía de países latinoamericanos, que utiliza al régimen impostor de Honduras como punta de lanza y base de una (posible) invasión”, se lee en el comunicado.

También lamenta que dicha estrategia sirva a engañar a la opinión pública nacional e internacional, asociando de manera malintencionada la resistencia y movilización popular contra el fraude electoral con bandas delincuenciales y el crimen organizado.

Tras casi tres meses de la realización de los comicios, Honduras sigue sumida en una profunda crisis.

Ante esta situación, el Comité Nacional hará uso de los mecanismos de denuncia y las estrategias de alianza con actores internacionales, “para movilizar las voluntades a favor de la disidencia social y política que está en peligro en las garras de la dictadura”.

 

Notas

[1] https://app.box.com/s/t17t41d8rqev7g4yfp0bxlh4fucmyxqp
[2] http://www.plataformamovimientosocial.org/condenamos-el-asesinado-de-luis-ayala/
[3] https://goo.gl/yZHKs8
[4] Realizado con material de Defensores en Línea

Fuente: Rel-UITA

http://www.rel-uita.org/honduras/organizaciones-exigen-liberacion-presos-politicos/

Fuente: Alainet

Radio Temblor: Revista Biodiversidad, sustento y culturas # 95

En diciembre de 2017, hubo una enorme movilización en Buenos Aires, Argentina en protesta contra la flagrante intromisión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en todos los aspectos de la vida. El llamado “libre mercado”, con sus normas “comerciales” busca sustituir al gobierno en la planeación, procuración, gestión, administración, regulación, ejecución y evaluación de toda suerte de políticas, iniciativas y proyectos, la supervisión y la vigilancia, la contención y la represión. Arribamos a gobiernos que privatizan sus funciones más elementales o delicadas. Disminuyen las instancias populares de discusión y evaluación de la gestión concreta de los quehaceres del gobierno y las corporaciones. Cualquier invocación de estas instancias se presenta como inmiscusión en la gestión y administración cuando ésas son justamente acciones que propugnan la participación de la gente en gobernar.

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Fuente: Radio Temblor