La llamada Intervención en la seguridad del estado de Río de Janeiro, que comenzó el 16 de febrero, se salda hasta los momentos con una reducción del número de robos criminales, pero con un aumento en el de muertes violentas. Entre marzo y noviembre de este año, el Instituto de Seguridad Pública (ISP) registró 4.127 homicidios, un 6 % menos que durante el mismo periodo de 2017, y un aumento del 38 % en el total de víctimas letales a manos de la policía. Según el ISP, este año hubo 1.287 muertes provocadas por los cuerpos de seguridad. Durante este período, 103 agentes de seguridad también perdieron la vida y los tiroteos registrados aumentaron en 56 %.
“La Intervención invirtió recursos en acciones y estrategias que ya conocemos: armas y represión, pero faltó atención para nuevas iniciativas de inteligencia que puedan realmente reducir la violencia”, explica Pablo Nunes, investigador del Observatorio de la Intervención, órgano creado por la Universidad Cándido Mendes para registrar los impactos de esta medida en la violación de los derechos humanos.
Una medida inédita e inesperada
En pleno carnaval, uno de los momentos de festividad más importantes para la población brasileña, el presidente Michel Temer decretó la intervención del comando de gestión de la seguridad del estado de Río de Janeiro por parte de las autoridades nacionales. Con el apoyo de la mayoría del Senado y del Congreso de los Diputados, la seguridad dejó de ser allí una responsabilidad estatal para convertirse en un asunto del gobierno central, que delegó su cumplimiento en las Fuerzas Armadas. “Contener el grave comprometimiento del orden público”, fue el argumento del mandatario para nombrar al general Walter Braga Netto como responsable de la Intervención federal en la seguridad fluminense.
“La Intervención fue completamente inesperada. Fue la primera vez que se aplicaba desde la dictadura. Surgió un sentimiento de agonía y desconcierto, por lo que decidimos crear un Observatorio para acompañar la violación de derechos humanos”, relata Nunes.
En un acto simbólico celebrado este 27 de diciembre, el propio general Braga Netto admitió que la medida lo tomó por sorpresa y llegó a sus manos sin una estrategia de acción planeada. Aun así, afirmó que la misión había sido cumplida. Entre los éxitos destacados de la Intervención figura una disminución del 8 % en el robo de coches y del 20 % en robo de mercancías, un delito frecuente en la región. No obstante, Nunes enfatiza que existe una desigualdad latente de la criminalidad entre unas áreas geográficas y otras: mientras que en Copacabana este año se registraron 9 robos de coches, en el barrio periférico de Nova Iguaçú fueron 300.
“El crimen migra para otras regiones porque existe una cadena de acción ya establecida. Desarticular un eslabón no es suficiente, hacen falta servicios de inteligencia que combatan toda la estructura porque, principalmente en momentos de crisis, el crimen es una fuente de renta para muchas personas”, añade Nunes.
“La Intervención reforzó la idea de que el problema está en las favelas”
“Como mujer y como habitante de la Isla del Gobernador, uno de los barrios más ‘favelizados’, me sentí muy vulnerable con el decreto de la Intervención”, explica Laiza Sardinha, estudiante de psicología, quien relata cómo fue intimidada e insultada una noche, cuando volvía de la universidad, por policías que registraron el autobús urbano donde ella estaba y ficharon a la mayoría de los viajeros. Sardinha cuenta que, durante una operación de la Policía Militar, los agentes tiraron abajo la puerta de la casa de su tía y rompieron todos los instrumentos de su primo, que es músico. “Estos casos son recurrentes en las favelas y tenemos miedo de denunciar los abusos por parte de quien, en teoría, debería proteger a la población. Tememos sufrir aún más represalias”, añade.
Para Silvia Ramos, investigadora del Observatorio de la Intervención, esta medida “reforzó la idea de que el problema está en las favelas y de que la seguridad se resuelve con enfrentamientos”, según dijo al periódico Folha de São Paulo. En una iniciativa conjunta, el Observatorio y la Defensoría Pública de Río de Janeiro crearon el Circuito de Favelas por los Derechos, para recoger los testimonios de la población. La madre de una niña de cinco años declaró durante uno de estos Circuitos: “Si mi hija escucha hablar de policía, llora y se orina. Se muere de miedo porque a veces tenemos que tumbarnos en el suelo esperando que el tiroteo acabe”.
Entre febrero y diciembre, ‘Fogo Cruzado’ —una aplicación que brinda alertas de zonas con disparos en tiempo real— registró 8.193 tiroteos, en comparación con los 5.238 del mismo periodo del año anterior. “Nos despertamos con el helicóptero sobrevolando, con ese ruidazo. Pasamos el día entero con la angustia de que en cualquier momento puede haber un tiroteo. A veces disparan desde el helicóptero. Morimos de miedo porque desde esa altura el tiro puede llegar a cualquier lugar”, expresa otra de las declaraciones, todas confidenciales, recogidas en el informe de la Defensoría Pública. Entre los relatos más destacados figuran también los de alteración de escenas del crimen, cacheos abusivos a mujeres y la violación de tres chicas jóvenes a manos de los agentes.
Según declararon los habitantes durante el Circuito en una de las favelas: “Cuando disparan a una persona equivocada, le ponen arma y droga para inculparla”. “Se llevan a un hombre vivo con un tiro en el brazo y cuando llega al hospital está muerto con un tiro en la cabeza, ¿cómo es posible?”, se inquiere en otro relato anónimo. El de 2018 fue el año con mayor registro de muertes perpetradas por la policía desde 2003, cuando el IPS comenzó a registrar este dato.
Abundan los relatos de abusos de poder por parte de la policía, que llegan incluso a robos. “Entraron en mi casa, encendieron el aire acondicionado, se comieron los yogures de mis hijos, se llevaron 1.000 reales (225 euros) y dejaron todo revuelto”, cuenta uno de los vecinos. “Es gracioso que nos prohíben grabarlos mientras ellos pueden ver nuestros videos, nuestras fotos. (…) Registran nuestra vida, nuestra intimidad”, reza otro de los relatos, entre los cuales varios destacan el robo de teléfonos móviles por parte de los agentes.
De acuerdo con un informe de la Defensoría Pública, estos relatos “muestran los perjuicios para los habitantes de favelas, exprimidos entre la presencia ostensiva de grupos criminales fuertemente armados y los abusos reiterados por las fuerzas de seguridad en el territorio”.
El precio de la Intervención
De los 1.200 millones de reales (270 millones de euros) del presupuesto del Gabinete de la Intervención Federal, hasta el momento solo se han declarado gastos correspondientes al 6 %. Otro 60 % ya está comprometido en proyectos aún no desarrollados, y las Fuerzas Armadas anunciaron que para finales de mes esperaban adquirir nuevos equipamientos, entre ellos dos helicópteros para la Policía Civil y uno para el cuerpo de Bomberos, para cerrar las cuentas.
El precio de la Intervención también pasa factura en las marcas de bala de las paredes de las escuelas de los barrios más afectados, donde los estudiantes fueron, en reiteradas ocasiones, privados de su derecho a la educación. Asimismo, campañas de vacunas y consultas regulares en ambulatorios fueron anuladas durante algunas incursiones del Ejército o de la policía en las favelas, y muchos de los crímenes cometidos en este periodo todavía no han sido resueltos. Entre ellos, el de Marielle Franco, antigua concejala y activista de los derechos humanos, habitante de la favela de la Maré y asesinada a tiros en marzo de este año por grupos de milicias, según apuntan las investigaciones que lentamente han avanzado hasta el momento; o el de Marcos Vinícius da Silva, de 14 años, asesinado mientras iba a la escuela en la misma favela donde vivía Marielle.
“El legado que la Intervención deja es la reafirmación de la favela como territorio de excepción, y para que una parte de la población legitime esta medida es necesario que la favela continúe siendo vista como un lugar externo a la ciudad, donde los derechos pueden ser violados”, declara la estudiante Sardinha, que considera que “para quien vive en la favela, la Seguridad Pública todavía es sinónimo de una política exclusivamente belicista“.
Una política de seguridad en jaque
Las Fuerzas Armadas consideran que la Intervención consiguió “recuperar la capacidad operativa de los órganos de seguridad ciudadana”, aunque los datos de homicidios pintan un escenario todavía violento en el estado de Río de Janeiro.
“Sinceramente no vi ninguna ventaja, porque los problemas de Río de Janeiro continúan y el capital que se gastó con la Intervención militar podría haber sido mejor aprovechado en otras áreas o, incluso, en la Seguridad Pública pero con una mejor planificación”, responde Luiz Felipe Neves Gustavo cuando RT le pregunta sobre la Intervención.
Neves salió hace poco más de dos semanas de la prisión Ari Franco, tras haber pasado más de tres meses injustamente encarcelado, acusado de participación en un tiroteo contra la policía en la favela Ciudad de Dios.
El registro biométrico que regula la entrada y la salida del taller mecánico donde estaba contratado demuestra que Neves se encontraba en su puesto de trabajo cuando sucedió ese tiroteo el año pasado. Aunque ya está en libertad, el proceso continúa abierto y este mecánico todavía no ha sido declarado inocente.
“Creo que esta injusticia me pasó a mí porque, infelizmente, vivo en una comunidad mal vista por la sociedad. Es más fácil arrestar a un habitante de favela que a un ciudadano de clase media. Brasil es así, existen muchos casos como el mío”, relata Neves con un total sentimiento de angustia que se profundiza mientras detalla las dificultades que sufrió en la prisión y las complicaciones que todavía hoy enfrenta para demostrar su inocencia. “Me siento sin esperanza en relación a nuestro sistema de Seguridad Pública, que muestra fallas desde las investigaciones policiales hasta las sentencias judiciales, que pueden arruinar la vida de alguien inocente”, añade.
Nunes, el investigador del Observatorio de la Intervención, afirma sentirse preocupado por el futuro de la seguridad en el estado de Río de Janeiro. Explica que es más fácil para los gobernantes construir una figura que sea fuente de todo mal, con el objetivo de exterminarla, considerando el peligro de la amalgama que se produce entre los criminales y los habitantes de la favela. “Durante el periodo electoral se emitieron varias señales que apuntan a una profundización de la estrategia de militarización en la seguridad pública del futuro gobierno, pero necesitamos esperar para ver los hechos”, apunta.
Luna Gámez
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