Este 28 de noviembre, en un contexto de despojo territorial, terror y represión impuesto por la narcodictadura que gobierna el país, tendrá lugar en Honduras un nuevo proceso electoral. Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y todas las redes, articulaciones y organizaciones que integramos la IM-Defensoras queremos alertar a los pueblos de América Latina y del mundo entero sobre las implicaciones de este contexto electoral para las defensoras de derechos humanos y las comunidades en lucha, así como sobre sus impactos en el resto del continente.
La narcodictadura gobernante pretende perpetuar el golpe de Estado de 2009 que contribuyó al avance de nuevas formas de autoritarismo y despojo capitalista en América Latina.
En toda América Latina, asistimos al auge y consolidación de dictaduras que, como la impuesta en Honduras a través del golpe de Estado de 2009, tras una tibia expresión de rechazo disponen rápidamente del aval de la comunidad internacional, que se apropian de la retórica democrática y se legitiman en procesos de simulación electoral, usando las leyes, los recursos públicos y toda la infraestructura institucional para favorecer intereses privados, saquear los territorios y reprimir a la población con total impunidad.
En Honduras, este aval internacional se confirmó recientemente con la incorporación del Estado hondureño al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, legitimando así a un gobierno autoritario, con probados vínculos con el narcotráfico y que reprime de forma sistemática la protesta social; como ya ocurrió en las elecciones del 2017, en las que se documentaron al menos 23 homicidios y 25 casos probados de tortura que aún continúan impunes[1] .
La narcodictadura vigente en Honduras usa los poderes del Estado para proteger intereses privados, saquear las arcas públicas y someter a la pobreza a 70% de su población[2], a la cual ha abandonado a su suerte en medio de una pandemia mundial[3]. También los usa para restringir y violar el derecho a defender derechos, como lo muestran las últimas reformas al código penal;[4] burlándose sistemáticamente de sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos e incumpliendo todas las recomendaciones, resoluciones y sentencias de los mecanismos y tribunales internacionales, como es el caso de las sentencias de la Corte Interamericana a favor de las comunidades Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
Además, es un narcodictadura misógina que permite que una mujer sea asesinada cada 29 horas en el país[5] y que penaliza en su totalidad la interrupción del embarazo, aunque se ponga en riesgo la vida de las mujeres.
Detrás del Golpe de Estado de 2009 y su consolidación a través de los sucesivos fraudes electorales están los intereses del capitalismo extractivo que, para imponerse, ha hecho de Honduras uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos, en particular para quienes defienden los territorios del saqueo y la devastación ambiental[6].
En Honduras, las defensoras del territorio y sus comunidades han sido asesinadas, amenazadas, difamadas con misoginia, agredidas sexualmente y criminalizadas con total impunidad. Sus hogares han sido allanados, sus hijos e hijas han sufrido amenazas, ataques y desapariciones forzadas. Desde que la compañera Berta Cáceres fue ejecutada a sangre fría por una estructura de poder que incluye a militares, instancias de gobierno, sicarios y empresas apoyadas con fondos internacionales, 8 defensoras del territorio han sido asesinadas, 35 han sufrido intentos de asesinato y se han enfrentado al menos 1088 agresiones[7].
El pueblo garífuna organizado en la Organización Fraternal Negra Hondureña – OFRANEH, reconocido internacionalmente por la construcción de alternativas de vida digna y protección del medio ambiente desde su sabiduría ancestral, lleva décadas sufriendo acoso, asesinatos y detenciones ilegales y, desde 2020, no ha dejado de denunciar la desaparición forzada de cuatro jóvenes de la comunidad de Triunfo de la Cruz, sobre la cual existe una sentencia de la Corte Interamericana que el gobierno se ha negado a cumplir.
Esta violencia continua y sin tregua se explica por el acelerado proceso de privatización, saqueo y despojo de los territorios que ha llegado a su máxima expresión a través de las ZEDEs. Estas mal llamadas “Zonas de Empleo y Desarrollo Económico” son un intento sin precedentes en el continente de legalizar la apropiación ilegítima del territorio y sus recursos, sometiendo a las comunidades al control y poder absoluto de empresas y los gobernantes que las protegen. Sujetas a un “régimen especial”[8], las ZEDEs tienen la facultad de crear su propio régimen fiscal, su propia policía y de obligar a las personas que habitan en su demarcación a firmar “acuerdos de convivencia”.[9] Por ello cada día más comunidades en asambleas o sesiones de cabildo abierto se están declarando zonas libres de ZEDEs.[10]
Hoy más que nunca, alzar la voz por Honduras es alzar la voz por todos nuestros pueblos.
Ante esta situación, no podemos sino expresar nuestra preocupación por nuestras compañeras defensoras de derechos humanos en Honduras, así como por la situación de desprotección en que se encuentran tanto ellas como todos los procesos de lucha y resistencia que se mantienen activos y organizados en las ciudades, pueblos y comunidades del país combatiendo el despojo y la injusticia.
Por todo ello hacemos un enérgico llamado a la comunidad internacional para que deje de avalar las prácticas violatorias de derechos humanos del Estado de Honduras. Al priorizar sus espurios intereses económicos y geopolíticos sobre la vida de las personas y permitir con su voto la entrada de Honduras en el Consejo de Derechos Humanos, están respaldando a una narcodictadura que desprecia las vidas y los derechos del pueblo, con especial saña hacia las mujeres y los pueblos originarios.Llamamos a los pueblos del mundo a alzar la voz por el pueblo hondureño, a amplificar las voces de las defensoras de derechos humanos y sus comunidades, y a contemplar en este territorio el reflejo brutal de las políticas e intereses que se están imponiendo en todo el mundo.
Llamamos, también, a reconocer, valorar y agradecer el ejemplo de resistencia, defensa de la vida y construcción de un mundo justo e igualitario que las defensoras, las comunidades y el pueblo de Honduras están llevando a cabo, cuya fuerza e inspiración son tan necesarias para que juntas logremos sobrevivir como humanidad.
[1] Responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras: Avances y Desafíos. Disponibles en: https://oacnudh.hn/informes-tematicos/
[2] UNAH. Boletín Económico N°15. 2021
[3] Hasta el momento se han contabilizado 8,373 fallecimientos por COVID-19 y apenas el 5.5% de la población vacunada mientras que el 45% de los hogares del país han reportado pérdidas de ingresos. Fuente. Red Nacional de Defensoras en Honduras. Análisis de contexto. Septiembre 2021.
[4] IM-Defensoras.[Alerta Urgente] HONDURAS / Congreso Nacional aprueba reformas al Código Penal que atentan contra la protesta social y la defensa de derechos humanos.
[5] UNAH. Observatorio Nacional de la Violencia. Boletín especial No. 15. 2019.
[6] Noticias ONU. Honduras sigue siendo peligroso para quienes defienden los derechos humanos
https://news.un.org/es/story/2018/05/1433592
[7] Equipo Regional de Registro de la IM-Defensoras. Tendencia en defensoras de tierra, territorio y justicia.
[8] PBI. Honduras No-ZEDE. https://pbi-honduras.org/es/news/2021-07/honduras-no-se-zede
[9] Red Nacional de Defensoras en Honduras. Análisis de contexto. Septiembre 2021.
[10] Criterio HN. La lucha contra las ZEDE continúa frente a su promoción en Suiza. https://criterio.hn/lucha-contra-las-zede-en-honduras-continua-pese-a-su-promocion-en-suiza/
Fuente: Radio Temblor
