Panamá. Comunidades de base y ecologistas conmemoran el Día de la Tierra

Delegados de organizaciones de base comunitaria y ecologistas de la provincia de Veraguas, conmemoraron con gran expectativa el Día Internacional de la Tierra. El encuentro se realizó en el Centro regional Universitario de Veraguas CRUV, el pasado sábado 23 de abril post Día de la Tierra. 

Dicho encuentro tuvo como objetivo compartir una radiografía de las acciones realizadas ante las concesiones mineras en el país, específicamente a la apertura de la Mina de Remance en el Distrito de San Francisco. También sobre los distintos problemas ambientales y tenencia de la tierra en el norte del Distrito de Santa Fé, cuya realidad está bajo amenaza de una concesión minera, la construcción de la Cuarta Línea Energética, la carretera “Conquista del Atlántico” y la estafa en la adquisición de tierras por parte de extranjeros. 

Otros de los puntos abordados fue el proyecto de ley 171 que declara la cuenca del Río Santa María Patrimonio Natural Nacional y Área Protegida Hidrológica que aún la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) no ha fallado.

Entre algunas de las acciones acordadas por los presentes están: 

Exigir una moratoria a la minería metálica, ya que en días pasados se presentó un Informe del Ministerio de Ambiente que revela nuevamente graves incumplimientos de Minera Panamá. 

Participar en las movilizaciones para exigir la aprobación del proyecto de ley 171 y el rechazo a las impositivas políticas extractivas que amenaza la territorialidad, la biodiversidad de las fuentes hídricas en el norte de la provincia de Veraguas.

Exigir rendición de cuenta de parte del Ministerio de Ambiente MIAMBIENTE ante los problemas ambientales en Veraguas como en el país.

El Grupo en Defensa del Río Santa María y el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería (MPVMSM), reafirman una vez más el compromiso en defensa de la naturaleza y los derechos humanos de Panamá.

Redacción Radio Temblor Internacional

Fuera Banco Mundial y todas las instituciones financieras

En estos días, el FMI y el Banco Mundial se reúnen nuevamente en Washington, para acordar nuevas iniciativas en contra de nuestros derechos y vidas. 

Siguen adelante con su agenda neoliberal, buscando fortalecer la inversión privada extranjera en nuestras economías y debilitar el espacio público. Insisten siempre en favorecer el cobro de deudas ilegítimas y odiosas, priorizándolo por sobre la obligación de saldar las deudas sociales y ecológicas, históricas y financieras, que tienen con nuestros pueblos y la Pachamama.
El Banco Mundial, como también el FMI, a través de sus nuevos programas “verde”, plantean asumir un rol cada vez más importante en países como la Argentina, bajo un discurso de fomentar la resiliencia, la sostenibilidad, la inclusividad – a través de más préstamos orientados a asegurar la infraestructura y marco normativo necesario para aumentar la extracción de bienes naturales y su exportación a los países centrales, ¡para que “enverdezcan” sus economías! Dejando para nuestros pueblos y la Pacha, más destrucción, más muerte, más deuda social, ecológica y también, financiera. 
Por eso es doblemente preocupante que el nuevo acuerdo odioso con el FMI, que acaba de firmar el gobierno argentino buscando legitimar la estafa que armó el gobierno de Macri con el Fondo en 2018, incluye la exigencia de mayor endeudamiento de Argentina con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros fondos multilaterales que persiguen el mismo agenda, como la Corporación Andina de Fomento.  ¡No necesitamos sus préstamos y no queremos sus imposiciones sobre el modelo económico y toda la política pública. ¡Fuera el FMI y el BM de nuestros cuerpos y territorios!
Compartimos a continuación un nuevo material de nuestra red, Jubileo Sur/Américas, invitando a informarnos, a debatir, a compartir miradas y propuestas.
-Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina
21 de abril de 2022
Fuente: Dialogo 2000

Ellas alimentan al mundo: “El acceso a la tierra es una condición fundamental para el empoderamiento económico de las mujeres rurales”

“Ellas alimentan al mundo: tierra para las que trabajan” es un trabajo conjunto elaborado por la organización sin fines de lucro We Effect y el medio de comunicación feminista LatFem. Una investigación que se corre del predominante escenario urbano para poner el foco en las dificultades y las resistencias de las mujeres rurales de América Latina y el Caribe.

La pandemia del COVID-19, que, si bien atenuada, aún persiste, agravó un cuadro de problemas muy complejo en América Latina. A la pobreza estructural que aqueja a la región hace décadas se sumó la avanzada de una serie de gobiernos neoliberales que pugnaron por profundizar la matriz desigual del capitalismo. Los partidos más progresistas, y con un cáliz redistribucionista de la riqueza un poco menos injusto, retrocedieron enormemente ante los poderes políticos y económicos concentrados que, en tándem con funcionarios judiciales afines de cada país, persiguieron a los principales dirigentes del progresismo con el objetivo de ponerle punto final a esa etapa histórica.

Si bien no pudieron llevar a cabo del todo su misión, el deterioro experimentado en los últimos años es notable. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la cantidad de personas en situación de pobreza extrema aumentó de 81 a 86 millones, un incremento entre 2020 y 2021 de un 0,7%, lo que equivale a un retroceso de 27 años en materia de igualdad. Es claro que la pandemia del COVID-19 y la crisis económica que provocó tuvo mucho que ver, pero que en tan solo dos años se retrocedan el equivalente a tres décadas da muestra del grave cuadro socioeconómico que ya presentaba la región, con problemas que anteceden por mucho a la nueva avanzada neoliberal y la situación sanitaria extraordinaria.

La crisis preexistente, que agravó la pandemia, impactó con mayor crudeza en los sectores de bajos recursos. Según proyecciones de las Naciones Unidas, entre 720 y 811 millones de personas en el mundo pasaron hambre en 2020, 161 millones más que el año anterior. El parate económico y la insuficiente respuesta estatal generaron más daño en aquellas personas que no pudieron trabajar desde sus casas y vieron desaparecer sus ingresos, ya de por sí insuficientes. Pero dentro de este amplio universo, las mujeres rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes fueron particularmente afectadas. Y, paradójicamente (o no tanto), quienes menos cobertura mediática tuvieron.

Tierra para las que trabajan

Esas identidades fueron el foco de análisis de la investigación conjunta de la organización sin fines de lucro We Effect y el medio de comunicación feminista LatFem. El resultado fue el trabajo “Ellas alimentan al mundo: tierra para las que trabajan”, un detallado informe que analiza, con perspectiva de género, la contradicción de que el campesinado, que produce la mitad de los alimentos del mundo, tiene escaso acceso a los derechos de propiedad sobre la tierra. Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) del año pasado, el 1% de las granjas más grandes del mundo tienen el 70% de la titularidad de la tierra a nivel global. Y en el caso de las mujeres rurales, como explica el documento, el problema es aún peor: aunque el 70% de ellas tienen acceso a tierra para producir, solo el 30% tiene el terreno a su nombre.

Ellas alimentan al mundo profundiza sobre las causas estructurales del desigual acceso a la tierra en cinco países de América Latina y el Caribe: Bolivia, Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras. En diálogo con Acción por la Biodiversidad, María Paz Tibiletti, periodista de LatFem y autora junto con Azul Cordo y Damaris Ruiz del informe, explicó los ejes que guiaron la investigación: “Desde LatFem teníamos la certeza de que son las campesinas, indígenas y afrodescendientes quienes alimentan al mundo, pero poco sabíamos sobre sus trayectorias de vida, sus proyectos y redes comunitarias, sobre cómo producen y acceden a la tierra, cómo se organizan ante las violencias machistas y para defender sus territorios. Queríamos escuchar sus voces y conocer sus historias, sus proyectos y propuestas para el Buen Vivir, y por eso entrevistamos a mujeres campesinas y defensoras de la tierra de Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador, para tener sus relatos en primera persona”.

Las mujeres rurales, campesinas, indígenas, de pueblos originarios y afrodescendientes no solo son la fuerza mayoritaria de producción de alimentos, sino que juegan roles fundamentales al interior de sus pueblos y comunidades, como guardianas de las semillas nativas y criollas o como protectoras de la riqueza biológica del continente. Por eso, si bien la investigación se centra en la falta de titularidad de las tierras y las consecuencias que eso conlleva (como la imposibilidad de acceder a créditos financieros por no contar con garantía, por ejemplo), también echa luz sobre las resistencias que se tejen día a día. “Como activistas y periodistas feministas estamos convencidas de que es importante denunciar todo lo que precariza las vidas de niñas, adolescentes, mujeres, lesbianas, travestis y trans en América Latina y el Caribe, pero también es necesario contar todo lo que hacen por estar vivas y construir un presente y un futuro con vidas dignas, con justicia de género, social y ambiental”, explicó Tibiletti.

A las dificultades para ser propietarias se suman las deficiencias en relación al tamaño y el estado de la tierra, ya que la mayor parte de ellas producen en parcelas pequeñas (menos de dos hectáreas) y de mala calidad. “Esto no solo hace que estén expuestas a situaciones de precariedad laboral sino que también se traduce en otras vulneraciones en sus derechos sociales, culturales, y, especialmente, en los derechos a la alimentación y a la autonomía económica”, desarrolló la periodista, y diferenció que “la situación no es la misma en cada país, cada uno tiene sus complejidades y particularidades. Por ejemplo, Honduras se destaca por ser el país con mayor porcentaje de titularidad colectiva o comunitaria, y esto tiene que ver con una larga tradición de organizaciones campesinas e indígenas en el país, mientras que en el resto la mayoría de las mujeres accede a la tierra a través de la herencia”.

A falta de Estado, soluciones comunitarias

Una de las conclusiones más graves de la investigación es que, si bien el 57% de las mujeres consultadas declara haber tenido dificultades para acceder a alimentos durante la pandemia, sólo el 7% de ellas acudió a las autoridades locales o nacionales y, en su mayoría, resolvieron el problema por sus propios medios o con el apoyo de su comunidad. Esto demuestra la poca confianza que se tiene en las instituciones estatales para poder dar respuestas rápidas y efectivas ante problemáticas acuciantes, como lo es la falta de alimentos. Pero también ilustra la importancia de las soluciones colectivas. Según Tibiletti, “eso da cuenta del rol fundamental que tienen las redes de cuidado y solidaridad que se crean en y entre las comunidades para garantizar sus derechos. La investigación pone en evidencia la falta de políticas públicas específicas para las mujeres rurales y campesinas y que la gran mayoría no sienten que sus demandas y sus voces sean tenidas en cuenta en la elaboración de propuestas para el sector rural, así como tampoco en el desarrollo de proyectos sobre los territorios de sus comunidades”.

– Foto de Jesper Klemedsson.

El trabajo de LatFem y We Effect no solo se queda en el análisis, sino que brinda una serie de propuestas para poder revertir esta situación de desigualdad estructural, como “implementar medidas tendientes a fortalecer y facilitar la incidencia de las comunidades en el diseño e implementación de leyes y políticas públicas” o “impulsar proyectos de ley que faciliten el acceso y uso de los bienes comunes de las poblaciones rurales, campesinas, indígenas, de pueblos originarios y afrodescendientes, especialmente para las mujeres”, entre varias otras iniciativas.

Un trabajo articulado entre las organizaciones campesinas, las comunidades rurales, las instituciones públicas, los organismos internacionales y los medios de comunicación es el camino para que, como asevera la investigación, “las mujeres campesinas, rurales, indígenas, de pueblos originarios y afrodescendientes tengan acceso y control de la tierra, una condición fundamental para su empoderamiento económico, su autonomía y su derecho a una alimentación justa”.

Te invitamos a descargar el informe completo (PDF), haciendo clic en el siguiente enlace:

Ellas alimentan al mundo(8,64 MB)

Entrevista de Ignacio Marchini – ignaciomarchini@gmail.com 

Fotografía de portada: Anders Hansson.

Fuente: Agencia de Noticias Biodiversidadla – www.biodiversidadla.org

 

Fuente: Radio Temblor

¡El Paraná es nuestro!


Desde la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda, adherimos y participamos de la movilización en defensa del Río Paraná, que tendrá lugar el miércoles 20/4 a las 12:00 a metros de la Casa Rosada, frente al Ministerio de Transporte (Yrigoyen y Balcarce, CABA). La concentración será 10:45 en Belgrano y 9 de Julio.

El reclamo por la estatización de la vía navegable comenzó en 2020 cuando se aproximaba el vencimiento de la concesión del dragado y balizamiento que operaba desde 1995 la empresa Jan de Nul (Bélgica). Se trató de una de las privatizaciones y licitaciones menemistas, supuestamente impulsadas para “resolver” el problema de la deuda ilegítima e impagable, que entregaron los bienes nacionales y estatales a los monopolios extranjeros, que sobre-dragaron el río y organizaron la economía en función de la extracción de bienes naturales. Sirvió además para favorecer la captación de divisas por la vía de nuevos préstamos extranjeros – en el caso concreto del BID y del CAF -, tal cuál se plantean nuevas obras faraónicas de infraestructura, financiados con mayor endeudamiento, en el nuevo acuerdo con el FMI.

La estatización de la actividad no tenía costo alguno y hubiera servido para recaudar importantes fondos y controlar el comercio exterior. Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernandez decidió convocar una licitación internacional (Decreto 949/20) para entregar el río nuevamente a manos privadas por 12 o 15 años, contra lo cual se alzaron miles de voces en todo el país para defender la soberanía popular sobre el Paraná. Tras una administración estatal provisoria en 2021, por una licitación corta de 12 meses que termina a mediados de año, se acercan tiempos definitorios: no permitamos una nueva privatización. 

La recuperación del control de las vías navegables y la pelea contra la estafa de la deuda, el acuerdo con el FMI y sus consecuencias hambreadoras, forman parte de una misma lucha en defensa de la soberanía popular sobre nuestros suelos, bienes y riquezas, que todos los días son apropiados por los grandes ganadores de un modelo especulador, excluyente y extractivista. Por eso exijimos:

– Derogación del Decreto 949/20

– Estatización de las vías navegables

– Apertura del Canal Magdalena

– La deuda es con los Pueblos y con la Naturaleza

AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA

 

-Argentina, 20/4/22

 

Fuente: Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda