15 años de REDD: Un mecanismo intrínsecamente corrupto

Desde que se presentó en 2007, la Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD) se ha convertido en la política forestal dominante en todo el mundo, con impactos en las comunidades que dependen de los bosques, en particular en países con bosques tropicales.

La experiencia de los últimos 15 años ha revelado una crónica abrumadora del fracaso catastrófico de REDD en cuanto a resolver la deforestación y la degradación de los bosques. Y peor aún: también intensificó la crisis climática y dejó intactas las causas de la deforestación. De hecho, REDD se ha convertido en una causa subyacente de la deforestación y del propio cambio climático.

Esta publicación reúne 11 artículos que reflexionan sobre dimensiones fundamentales y peligrosas de REDD. Esperamos que cada uno de ellos ayude a fortalecer nuestros argumentos y acciones en contra de la compensación y a descubrir lo que realmente es: un mecanismo racista que no puede ser mejorado o arreglado porque está concebido para ‘mantener el flujo de petróleo’ y, con esto, el sistema capitalista que impulsa la actual crisis climática, forestal y social.

¿Dónde estás los garífunas desaparecidos? Reclamo de las comunidades

En julio se cumplen dos años desde que cuatro pobladores de la comunidad El Triunfo de la Cruz, Tela, Atlántida, fueron raptados por hombres con vestimenta militar y policial. Las familias en la comunidad siguen esperando tener noticias y volver a encontrarse con sus seres queridos.

La luchadora y lideresa garífuna Clara Flores, dijo a Radio Progreso que la larga espera es extremadamente dolorosa. Ella cuenta que cada mañana cuando pasa vendiendo baleadas por la comunidad, recuerda como Snyder Centeno, uno de los desaparecidos, compraba y platicaban sobre la realidad comunitaria.

“Recordar eso sigue siendo doloroso porque vivimos en constante zozobra, en esa espera de saber dónde están, que ha sido de la vida de ellos. No importa que gobierno esté, si se siguen violando nuestros derechos vamos a continuar en lucha. Nosotros exigimos que el gobierno pueda fortalecer nuestra autonomía”, dice.

 No hay investigación

Desde el día del rapto, las comunidades garífunas y un sector amplio de la población hondureña han exigido investigaciones que den respuesta sobre el paradero de los pobladores.

Clara Flores asegura que no existen avances porque siguen siendo los mismos que controlan el Poder Judicial. Y aunque hay esperanzas de un cambio con la llegada de Xiomara Castro al poder, siguen los atropellos contra las comunidades garífunas, dice.

“Sigue siendo el mismo Fiscal General, los mismos magistrados, la misma gente que nos dijeron que nosotros no somos hondureños. Por eso seguimos presionando para que se ponga atención a nuestras exigencias”, concluye.

En febrero de 2021, la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, en coordinación con la comunidad garífuna realizó el lanzamiento del Comité Garífuna De Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos (SUNLA, por sus siglas en la lengua garífuna).

SUNLA, que en español significa ¡Basta ya!, nace con el fin de dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos, ante la falta de voluntad e incapacidad del Estado de Honduras, para realizar verdaderas investigaciones que resuelvan el crimen.

En ese sentido, la representante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, Yessica Trinidad, explica que ni siquiera con el actual gobierno se ha mostrado voluntad de reconocer a SUNLA.

“No lo quieren reconocer, aunque como pueblo garífuna existe un derecho de tener nuestras propias investigaciones. Pero no hay apertura, hemos asistido a todas las instancias, pero no hay voluntad política para hacerlo”, explica.

Trinidad agrega que, hace poco la comunidad de San Juan, Tela, presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte-IDH, una denuncia contra el Estado de Honduras. Se tenía una pequeña esperanza que las cosas con el nuevo gobierno fueran diferentes, pero se llevaron la sorpresa que se encontraron con la misma gente, los mismos representantes de los últimos años ante el organismo de justicia.

“Tenían las mismas posiciones que años atrás. No hay nada diferente, sigue el racismo y desprecio. Siguen pensando que el pueblo garífuna es extranjero, cuando en realidad está desde antes que Honduras fuera una república”, dice.

Incumple sentencia

El 18 de diciembre del 2015 se emitió una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), sobre el caso de las comunidades Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, donde se encontró al Estado de Honduras “internacionalmente responsable” por la violación de varios derechos de la comunidad garífuna.

Clara Flores, quien forma parte de la comisión para el cumplimiento de la sentencia, explica que muy pocos avances se registran. “No hemos tenido acercamientos que signifiquen avances sustanciales en el cumplimiento. El Estado nos debe un informe de las visitas que han realizado al territorio”.

Nuevo contexto

Para Yessica Trinidad, no se puede negar que hay un nuevo contexto de país, porque no es la misma situación en materia de derechos humanos que hace dos años, eso alegra y da tiempo para ir pensando en otras cosas que se pueden hacer.

Pero no podemos dejar de preocuparnos lo que sucede en las comunidades garífunas. “Nos duele ver como en algunas comunidades que ya ni siquiera pueden pescar en las zonas que lo hacían hace unos años, que ya no pueden transitar algunos sectores porque las tierras han sido acaparadas”, dice.

Agrega que, la privatización de las playas a través de proyectos turísticos sigue avanzando en el país.  Y esto es reflejo de la situación de despojo que viven los pueblos en el país.

 

Fuente: Radio Progreso

Una de cada seis muertes en el mundo, por contaminación

Nueve millones de muertes al año están relacionadas con la contaminación. Es decir, uno de cada seis fallecimientos que se registran en el mundo. Estos son los hallazgos principales del informe Pollution and health: a progress update, difundido por la publicación especializada The Lancet Planetary Health, que se basa en los datos recolectados en el estudio Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2019 por The Lancet Commission.

En el análisis participó un grupo de expertos internacionales, quienes concluyeron que las muertes ocasionadas por contaminación ambiental aumentaron siete por ciento entre 2015 y 2019; sin embargo, el porcentaje crece a 66 por ciento si se extiende el rango de tiempo del año 2000 al 2019.

“A pesar de los esfuerzos continuos de las agencias de la ONU, grupos y personas comprometidos y algunos gobiernos nacionales (principalmente en países de altos ingresos) se puede identificar poco progreso real contra la contaminación en general, sobre todo en las naciones de bajos y medianos ingresos, donde aquélla es más severa”, se lee en el estudio.

Además, señala la publicación, “se necesita una atención urgente para controlar la contaminación y prevenir las enfermedades relacionadas con ella, con énfasis en la del aire y el envenenamiento por plomo, y un mayor enfoque en la química peligrosa. La contaminación, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad están estrechamente relacionados”.

Los investigadores participantes subrayan que 90 por ciento de las muertes ocasionadas por contaminación se presentan en naciones de bajos y medios ingresos. “La mayoría de los países han hecho poco para hacer frente a este enorme problema de salud pública”, recalcaron.

Es necesario atender el problema

Para Teresa Imelda Fortoul Van der Goes, académica del Departamento de Biología Celular y Tisular de la Facultad de Medicina, socialmente se ha entendido poco que diversos tipos de contaminación están aumentando y algunas de las soluciones que se han propuesto en realidad han empeorado la situación.

“Uno de los grandes problemas es que en las naciones más pobres ha incrementado la contaminación, porque los países más ricos van a los de escasos recursos e instalan industrias altamente contaminantes y la polución se queda allá, no en el industrialmente más poderoso. La gente tiene necesidad y toman el trabajo que se les ofrezca para tener una forma de poder conseguir alimento y otras necesidades para sobrevivir”, señaló la investigadora y añadió:

“¿Quiénes se quedan cerca de estas zonas? La gente que tiene menos ingresos y no queremos creer que la naturaleza tiene memoria. No es culpa de la naturaleza, así es. Se podrían prevenir que las personas se instalen cerca de estos sitios de riesgo”. De no atenderse el problema, señaló la especialista, en el corto y mediano plazos se aumentarán los problemas cardiovasculares, cutáneos, digestivos, enfermedades neurodegenerativas y tasas de infertilidad tanto en hombres como mujeres.

En el sistema nervioso también ocasiona “alteraciones en el sueño, que cada vez son más frecuentes las personas que padecen insomnio por diferentes motivos. Una de ellas puede ser la contaminación y los problemas cardiovasculares que mencioné. A las arritmias no se les toma mucho en cuenta y los infartos son una de las primeras causas de mortalidad en las grandes ciudades”.

La contaminación afecta de manera especial a los más pequeños, ya que la exposición a contaminantes a largo plazo genera que estén “muy irritables, no se pueden concentrar y esto se manifiesta en las escuelas. Cuando los niños salen a hacer deporte o están en las aulas abiertas, los contaminantes pueden entrar en su organismo”, argumentó la académica.

“Es una cadena de eventos, no es una sola cosa. Todas estas causas son prevenibles si se hacen los cambios necesarios”, finalizó.

Por: Rafael Paz.

Tomado de: desinformemonos.org

 

Fuente: Radio Temblor

Nuevo Informe – Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera

Un nuevo informe elaborado por la Coalición contra la Pandemia Minera – América Latina desenmascara el avance desmedido de la minería durante la pandemia, que obligó a que las comunidades y pueblos en América Latina no pudieran bajar la guardia mientras tomaban medidas para protegerse de COVID-19.

El informe “Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera”, se elaboró en base a estudios de caso de nueve países de América Latina – México, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina. Se enfoca en entender cómo gobiernos y empresas mineras aprovecharon el extenso periodo de la pandemia del COVID-19 para impulsar la agresiva expansión minera como “esencial” para la reactivación económica y la transición energética. A la vez, documenta las respuestas y la resiliencia de los pueblos afectados en condiciones aún más adversas que antes de la pandemia, refrendando lo verdaderamente esencial del cuidado mutuo, la organización comunitaria, la tierra, el agua y la alimentación sana.

La investigación resalta que el sector minero, sobre todo el metalífero, vivió un boom económico, mientras las comunidades y pueblos siguen sufriendo las consecuencias de múltiples crisis interrelacionadas: socio-económica, sanitaria, ambiental, junto a la violencia asociada a las mismas. Los altos precios de los minerales, los riesgos de suministro de muchas materias primas en las cadenas de producción, la transición energética, además de políticas extractivistas de la región y el colonialismo ejercido desde otras regiones, son los distintos engranajes de un sistema que aprovecha cada circunstancia para perpetuarse, y que sirven como impulso a la mayor especulación y expansión del sector en este período. Estos procesos conllevan al mismo tiempo la profundización de la represión, violencia, y control social que ejercen gobiernos y empresas. 

A pesar de las numerosas amenazas que describe, el informe concluye con un análisis del significado de las resistencias al modelo minero, que se mantuvieron en tal contexto de peligro y de desastre climático y ecológico. Para las comunidades y poblaciones en primera línea frente a la minería, sus experiencias durante los últimos dos años refuerzan la importancia de seguir defendiendo el territorio, el agua y el aire limpios y por el sustento y los medios de vida. En definitiva, no es posible “quedarse en casa”, mientras todo eso está en riesgo.

La Coalición contra la Pandemia Minera es un grupo de organizaciones, redes e iniciativas de justicia ambiental de América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, África y América Latina que trabaja en solidaridad global con comunidades, pueblos indígenas y trabajadores para responder a los abusos de la industria minera relacionados con la pandemia de COVID-19. Esta investigación forma parte de una investigación colaborativa global, lo cual abarca estudios de caso elaborados en conjunto con comunidades y grupos de base de 23 países. A inicios de junio, la Coalición publicará informes que llevan a cabo análisis similares en Asia, África, Europa y América del Norte.

ENLACES DE DESCARGA DEL INFORME:

Español: https://bit.ly/38b6aKX

Inglés: https://bit.ly/3NuXhL1

Para más información o para organizar una entrevista:

Algunas citas y datos relevantes de los estudios de caso del Informe 

Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera

Argentina, Provincia de Chubut: “Nosotros consideramos que la crisis que actualmente hay en Chubut, una provincia que tiene tantas posibilidades, es una crisis de diseño; una crisis que se ha armado justamente para tratar de imponer esta actividad, para que el pueblo no vea otra salida que la actividad minera”. Iván Paillalaf, miembro de la comunidad indígena Mapuche-Tehuelche de Laguna Fría Chacay Oeste

  • En diciembre de 2021, bajo la presión de la empresa canadiense Pan American Silver, las autoridades provinciales de Chubut aprovecharon la pandemia para anular una prohibición de la minería que llevaba casi dos décadas, a pesar de la oposición amplia. Las comunidades originarias Mapuche-Tehuelche y los residentes de toda la provincia salieron masivamente a las calles y, tras casi una semana de represión, la decisión fue retirada. El movimiento popular promueve ahora un proyecto de ley que busca ampliar la prohibición para incluir las fases de prospección y exploración de la minería. 

Brasil, Comunidad de Aurizona, Maranhão: “La pandemia sirvió para que los conflictos y violencia en nuestros territorios causados por estas empresas fueran intensificados, muchos casos de amenazas, fortalecimiento de las milicias […] con un gobierno genocida que tenemos aquí, las empresas mineras sin duda se sienten muy autorizadas de actuar con violencia”. Dalila Alves Calisto, militante del Movimiento de Afectados por Represas (MAB) en el estado de Maranhão, Brasil. 

  • Dalila es una de cinco líderes locales demandados por la empresa minera canadiense Equinox Gold para silenciar las protestas, después de que una presa de relaves se desbordara en la mina de oro Aurizona, contaminando el agua de una comunidad de 4.000 personas que habitan río abajo. La comunidad sigue careciendo de un suministro de agua adecuado. 

Chile, Municipio de Putaendo: […] hemos trabajado mucho, [para] que la gente entienda y aprenda a valorar lo que tenemos como territorio, lo valioso que es defender el ecosistema. Y a medida que se valore, se generen compromisos y acciones concretas de resistencia y de organización”. Alejandro Valdés, representante de la organización Putaendo Resiste, cuyo pueblo está siendo amenazado por la empresa minera canadiense Los Andes Copper. 

  • Putaendo es la primera municipalidad chilena que se declara “territorio libre de minería”. A lo largo de la pandemia, Los Andes Copper ha intentado imponer su proyecto de una mina de cobre de dos tajos y llevar a cabo la exploración avanzada. La empresa, de forma criticable, obtuvo su permiso ambiental durante las restricciones sanitarias. Durante años, la misma llevó a cabo un programa de perforación sin los permisos medioambientales pertinentes y en medio de una amplia oposición. 

Colombia, La Guajira: “La situación descrita y los daños causados por el Cerrejón profundizaron las relaciones  asimétricas entre las comunidades afectadas y las empresas responsables. Esta asimetría se evidencia, en gran medida, en el control de la información, organización y rendición de cuentas por parte de estas empresas, respecto a la posible expansión de la mina”. Fuerza de Mujeres Wayúu, Colombia 

  • El Cerrejón es la mina a cielo abierto más grande de América Latina. Ha operado durante más de treinta años y ha despojado a 35 comunidades indígenas Wayúu y afrodescendientes de sus territorios ancestrales para la extracción de carbón térmico. La injusticia se profundizó aún más durante la pandemia, ya que en ese período las empresas y el gobierno continuaron negándose a respetar una decisión de la Corte Constitucional de 2017 que reconocía las violaciones de los derechos comunitarios relacionadas con el plan de expansión de la mina. Desde mediados de 2021, Glencore y Anglo American han demandado a Colombia en base a los acuerdos bilaterales de inversión internacional con Suiza y el Reino Unido, por impedir su expansión de la mina.

Ecuador, Pueblo Shuar en la provincia de Morona Santiago: [Las empresas] nunca se quedaron paradas, no cumplieron con los cuidados, y decretos de toque de queda que el gobierno impuso. No sé por qué la ley no se da para ellos, [sino] solo para las comunidades y pueblos… Para la empresa no hay ley”. Josefina Tunki, primera mujer Presidenta del Consejo de Gobierno Pueblo Shuar Arutam (PSHA), de la Amazonía ecuatoriana.

  • Durante toda la pandemia, las agresivas actividades  de exploración avanzada de las empresas canadienses Solaris Resources y Aurania Resources amenazaron el territorio indígena Shuar Arutam, a pesar de que el pueblo Shuar lleva diciendo ‘NO a la minería’ en sus tierras colectivas desde hace mucho tiempo. Mientras tanto, representantes legítimas de los Shuar, como Josefina, han vivido una campaña de amenazas y difamación.

Honduras, Municipalidad de Tocoa:La pandemia del COVID-19 es la mejor oportunidad que las multinacionales y empresas nacionales tienen para profundizar el sistema de saqueo de recursos en nuestros países”. Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Honduras. 

  • El Comité tuvo que llevar a cabo múltiples acciones, desde 2020 hasta febrero de 2022, para liberar a ocho defensores del agua que fueron detenidos arbitrariamente por su oposición pacífica a un proyecto de óxido de hierro de la empresa hondureña Inversiones Los Pinares. A inicio del 2021, esta empresa puso en marcha su proyecto de óxido de hierro sin licencia ambiental, lo que provocó una fuerte sedimentación en el río San Pedro. 

México, Luchas en seis estados: “Después de que la actividad minera fuera declarada como esencial y necesaria para reactivar la economía no hubo tregua. No cuestionaron los paradigmas de libre comercio al servicio de los mercados internacionales e intereses privados, la sobreexplotación de nuestros cuerpos y bienes comunes o el consumo más allá de los límites del planeta. Tampoco se ha movido un dedo para romper la impunidad de que gozan las empresas y los gobernantes para responsabilizar a quienes han generado tantos daños al agua, tierra, la salud y la vida en los territorios afectados por la minería u otros megaproyectos”. Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) 

  • México fue uno de los pocos países que no declaró la minería como actividad esencial desde el principio. Appoyándose en la embajada de Estados Unidos, la industria apeló a la puesta en vigor del recién renegociado tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá para lograr la medida en un plazo corto de seis semanas. Como reacción a la declaratoria de la minería como esencial, incluso en el punto álgido de la pandemia, las comunidades encontraron formas de oponerse a la aprobación de nuevos permisos y seguir resistiendo a los daños a la salud que causa la minería, mientras se seguía profundizando la militarización y la violencia extrema. 

Panamá, Movimiento Nacional: “Ante la falacia de reactivar la economía nacional por medio de la minería, las comunidades aledañas al proyecto Cobre Panamá y algunas organizaciones civiles, emprendieron una iniciativa de lucha. Crearon el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería (MPVMSM). Este movimiento se opone a la minería y a la renegociación del contrato con Cobre Panamá”. Colectivo Voces Ecológicas-Radio Temblor (COVEC)

  • El gobierno panameño ha utilizado el pretexto de la reactivación económica para intentar acelerar la expansión minera, lo que el movimiento MPVMSM considera una maniobra para enriquecer a ciertos funcionarios y a la élite a costa de las personas y del medio ambiente. Cobre Panamá, propiedad de la empresa canadiense First Quantum Minerals, es la única mina en operación en Panamá. Sigue trabajando, a pesar de que su contrato fue declarado inconstitucional en 2017 y de las violaciones que hace de su propio plan de mitigación ambiental.

Espinar, Perú: “Nosotros siempre estamos ahí luchando, siempre hay que cuidar nuestra semilla, nuestra soberanía alimentaria, como cuidadoras de nuestros cuerpos y territorios”. Asociación de Defensoras del Territorio y la cultura K´ana, Espinar, Perú 

  • Las comunidades de Espinar llevan décadas denunciando la contaminación del agua y la intoxicación con metales pesados que sufren. Estas son resultado de la explotación minera de la empresa Antapaccay, propiedad de la empresa suiza Glencore, motivos por los que tiene demandas pendientes. Durante la pandemia y en plena crisis económica, la empresa otorgó bonos de ayuda que, en realidad, no fueron suficientes ni de fácil acceso. La empresa hizo esta concesión después de que la comunidad se movilizara durante 23 días, lo cual derivó en graves actos de represión y violencia a las comunidades. Además, el proceso de consulta para continuar con la expansión del proyecto minero, denominado Coroccohuayco, ha estado plagado de irregularidades durante la pandemia. 

Puno, Perú: “[No] acepta cuestionamientos de parte de pobladores que están en contra de la actividad minera, lo que dice la minera es ley en comunidades indígenas”. Autoridad local del distrito de Macusani

  • El proyecto de litio y uranio de la empresa Macusani Yellowcake continuó sus actividades de exploración durante la pandemia, a pesar de carecer de los permisos necesarios y haber recibido la concesión de un importante glaciar que suministra agua a las comunidades río abajo y genera electricidad para tres regiones del sur de Perú. Las actividades de la empresa han fomentado la división entre las comunidades y han aumentado la vigilancia en las comunidades. Para facilitar aún más estos proyectos, en mayo de 2021, el gobierno peruano declaró la minería de litio y uranio de interés público y nacional. 

Agradecemos a las comunidades rurales, organizaciones civiles, defensores de la vida, a comunicadores y medios de comunicación global por el esfuerzo en este informe y divulgación.

 

Fuente: Radio Temblor