COPINH presenta denuncia penal contra el banco Holandés FMO por complicidad en corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia.

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Comunicado 15/2022

El día de hoy, 28 de junio de de 2022, a 13 años del Golpe de Estado de 2009, el COPINH, junto a hijas e hijo de Berta Cáceres, presentamos una denuncia penal ante la oficina del Fiscal General de Holanda en contra del banco holandés, FMO, y sus directivos por los crímenes de complicidad en actos de corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia en su financiamiento al Proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah.

Esta acción jurídica tiene como objetivo desenmascarar el accionar criminal de los supuestos bancos de “desarrollo” y “verdes” como el FMO que con su dinero financian la corrupción, la violencia y la violación de derechos humanos a las comunidades indígenas, de banqueros multimillonarios como los Atala.

La acusación penal se realiza en contra de la persona jurídica del banco FMO (Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.) propiedad en un 51% del Estado holandés y en contra de sus principales directivos; Nanno Kleiterp, presidente honorario de las Instituciones Financieras Europeas de Desarrollo (EDFI); Jurgen Rigterink, actual primer vicepresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD); y Linda Broekhuizen, ex directora ejecutiva interina del FMO, entre otros ejecutivos.

Esta acción se suma a la acción de demanda civil que el COPINH interpuso en mayo de 2018 en contra el FMO por su acción negligente en el manejo de su financiamiento al proyecto Agua Zarca que condujo a la violencia en contra de la comunidad Lenca de Río Blanco y del COPINH, resultando en el asesinato de miembros de la comunidad y de Berta Cáceres.

El bufete legal holandés Global Justice Association, que representa al COPINH en la demanda civil, junto a expertos internacionales llegaron a la conclusión que el FMO cometió delitos penales de complicidad en el accionar de la familia Atala Zablah, tras el análisis de 676 páginas y 151 anexos de nueva información contenida en la respuesta a la demanda civil presentada por el bufete De Brauw Blackstone Westbroek N.V., en representación del FMO en mayo de 2019.

La denuncia penal presentada el día de hoy se basa en los siguientes elementos:

  1. La decisión interna de FMO de financiar a DESA para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca a pesar de las advertencias de violencia, asesinatos y otras señales de alarma.
  2. La firma del acuerdo crediticio del 27 de febrero de 2014 por parte del FMO y los acuerdos con la empresa estatal ENEE y la Secretaría estatal SERNA.
  3. El desvío de parte sustancial de los fondos de 3 desembolsos con fecha 28 de noviembre de 2014, 22 de mayo de 2015 y 14 de diciembre de 2015 que ascienden a 17.2 millones de dólares (417,350,000.00 lempiras) en conjunto.
  4. Aceptar la influencia extrema de la empresa DESA, a través de su principal contacto, David Castillo (recientemente condenado a 22.5 años de cárcel por el asesinato de Berta Cáceres) y facilitar el posible soborno a la empresa de debida diligencia Monkey Forest Consulting.
  5. Ignorar circunstancias notables de alto riesgo, como el hecho que David Castillo, gerente de DESA fuese empleado de la empresa estatal ENEE, que concedió la licencia energética a DESA, y la repentina ampliación del capital de accionistas de DESA en un momento en que debía completar la financiación de FMO, FinnFund y BCIE.
  6. Ignorar pruebas concretas, antes, durante y después del proyecto, sobre la creación mediante corrupción y la realización de violaciones de derechos humanos del proyecto Agua Zarca.
  7. La renuncia y condonación de la deuda a la empresa DESA por parte del FMO y FinnFund tras el asesinato de Berta Cáceres.
  8. Haber obtenido derechos, junto al banco BCIE, sobre las tierras indígenas adquiridas ilegalmente por DESA,administradas por el notario Roberto Pacheco Reyes, quien era miembro de la junta directiva de DESA.
  9. Las amplias relaciones comerciales y personales que los representantes de FMO tuvieron con los propietarios de DESA; la familia Atala.

La fiscalía de Holanda deberá analizar estos elementos presentados en el documento de denuncia de 138 páginas y actuar en contra de las personas vinculadas con dichos delitos.

El COPINH reitera que no hay, ni habrá desarrollo mientras se violen los derechos básicos de los Pueblos Indígenas y se financie a los más ricos oligarcas responsables de la situación de crisis económica, política, ambiental y social que nuestros países viven.

Dado en las ciudades de La Esperanza, Intibucá, Honduras y Ámsterdam, Holanda, a los 28 días del mes de junio de 2022.

“¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se alzan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!”

 

Fuente: COPINH

Defesa de Defensores/as: campanha do Jubileu Sul/Américas alcança mais de 280 mil pessoas

Relatório “Apuestas, Caminos y Tejidos Construidos” faz balanço da campanha de Defesa de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos e da Natureza, realizada pelo Jubileu Sul/Américas desde 2019 em 20 países da América Latina e Caribe.

Por Flaviana Serafim I Jubileu Sul Brasil 

A Rede Jubileu Sul/Américas lançou o relatório “Apuestas, Caminos y Tejidos Construidos”, com balanço de atividades realizadas na América Latina e Caribe como parte da campanha de Defesa de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos e da Natureza. 

Iniciada em 2019, a campanha de solidariedade surgiu com os objetivos de ampliar a mobilização social em favor dos defensores/as dos direitos humanos e da natureza nos países da região; de desenvolver ações coordenadas frente às denúncias de violações, principalmente no Brasil, Guatemala, Haiti, Honduras e México; e criar alianças com outras organizações de direitos humanos para fortalecer as ações de defesa. 

A campanha tem entre os eixos centrais questões como a militarização e violência dos corpos e territórios, o racismo e o colonialismo como instrumentos de opressão institucional, o financiamento da violência pelo capital corporativo e as burguesias nacionais, e a importância dos direitos humanos e da natureza e seus defensores para a garantia da vida.

De outubro de 2019 até outubro de 2021, além das atividades e mobilizações presenciais, a ação digital nas redes sociais alcançou 284 mil pessoas nos 20 países nos quais a campanha vem sendo realizada (Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai, Equador, Venezuela, Colômbia, Peru, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Cuba, Haiti, Porto Rico, República Dominicana, Trinidad e Tobago). 

Entre as atividades promovidas no período, a ação #SomosVALLECITO #SomosOFRANEH de apoio, solidariedade e denúncia pública internacional na defesa permanente da comunidade garífuna de Vallecito, em Honduras, e a exigência de respeito à integridade física de defensores/as da Organização Fraternal Negra Hondurenha (OFRANEH) e a mobilização internacional por justiça para Bertha Cáceres, co-fundadora do Conselho Cívico de Organizações Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), assassinada em março de 2016 por sua conta megaprojetos que impactavam os povos originários hondurenhos. 

No Brasil, a campanha vem cobrando justiça no caso Marielle Franco,vereadora do PSOL morta em março de 2018, no Rio de Janeiro, sem que os assassinos tenham sido identificados até hoje. As ações do Centro Dandara de Promotoras Legais Populares contra a violência à mulher e a articulação da Rede Jubileu Sul Brasil junto à Plataforma de Direitos Humanos – DHESCA Brasil também estão entre os destaques do relatório. 

A iniciativa é parte do projeto Fortalecimiento de la Red Jubileo Sur/Américas en el logro del desarrollo y de la soberanía de los pueblos latinoamericanos y caribeños, cofinanciado pela União Europeia.

Confira e baixe a íntegra (em espanhol) do relatório na biblioteca do site.

 

Fuente: Rede Jubileu Sul Brasil

 

 

El COPINH presenta propuestas de Justicia para Berta y Pueblo Lenca a Presidenta Xiomara Castro.

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El COPINH se reunió con la presidenta Xiomara Castro en el marco de la Movilización de Justicia Para Berta y el pueblo Lenca realizada en la ciudad de Tegucigalpa los días 20 y 21 de junio del presente año.

La movilización tuvo como objetivo enfatizar que la Justicia para Berta no acaba con la condena a David Castillo, sino que debe proseguir ahora más que nunca, en contra de los autores intelectuales, la familia Atala Zablah.David Castillo, coautor del asesinato de la compañera Berta Cáceres y empleado de la familia Atala Zablah fue sentenciado a 22 años y 6 meses de prisión.

En la reunión con la presidenta Xiomara Castro, el COPINH discutió a través de las miembras de la Coordinación General, Bertha Zúniga y Catalina Hernández, la necesidad de avanzar en acciones concretas para fortalecer el proceso de Justicia Para Berta Cáceres más allá de las necesarias acciones simbólicas y el establecimiento de medidas para garantizar los derechos de las comunidades indígenas Lencas.

El COPINH entregó un pliego de demandas específicas y concretas centrado en tres compromisos:

  1. El compromiso para el avance en el proceso de justicia para la compañera Berta Isabel Cáceres Flores, Heroína Nacional, así como de la comunidad Lenca de Río Blanco.
  2. El compromiso de la toma de medidas inmediatas para la eliminación de conflictividades territoriales y de disminución de la desigualdad y la pobreza del pueblo Lenca organizado en el COPINH.
  3. El compromiso del reconocimiento del Estado de Honduras de los derechos a la tierra, territorios y derechos de las comunidades indígenas en la realización de cambios normativos, administrativos y jurídicospara la protección integral de derechos de pueblos indígenas.

La presidenta instruyó al Secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, como el encargado de articular y dinamizar la mesa interinstitucional a crear para la concreción de los compromisos.

Hermosas postales han quedado de la visita de las comunidades del COPINH a casa presidencial y del recibimiento de la presidenta Xiomara Castro. El pueblo Lenca vistió de dignidad la casa presidencial que fue usurpada por más de una década y que debe ser la casa de todo el pueblo hondureño.

Dado en la ciudad de La Esperanza, Intibucá a los 27 días del mes de junio de 2022.

“¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se alzan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!”

 

Fuente: COPINH

Glifosato: la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la condena contra Monsanto

El máximo tribunal norteamericano ordenó que Bayer-Monsanto pague una condena de 25 millones de dólares a un ciudadano que contrajo linfoma no-Hodgking por el uso habitual del herbicida Roundup. A pesar del fallo, el órgano de control ambiental estadounidense mantiene la aprobación del uso de glifosato. En Argentina hay 44 eventos transgénicos aprobados resistentes al agrotóxico.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el último recurso de Bayer-Monsanto, sin necesidad de revisión, y dio sentencia definitiva al emblemático caso de Edwin Hardeman, ciudadano norteamericano demandó a la empresa farmacéutica alemana por contraer linfoma no-Hodgkin a partir del uso habitual de Roundup, herbicida a base de glifosato. La condena indemnizatoria por 25 millones de dólares sienta jurisprudencia para otras 30.000 denuncias presentadas en el Poder Judicial norteamericano contra el agrotóxico estrella del modelo transgénico. 

En Argentina —donde se estima la tasa de uso de agrotóxicos más alta del mundo—, existen fallos similares como el caso de la docente Estela Lemes. Tanto en Estados Unidos como en la Argentina, los organismos de control estatal siguen sosteniendo la habilitación comercial del agrotóxico, a pesar de las pruebas científicas sobre su impacto en la salud y el ambiente. 

El Ministerio de Agricultura autorizó en la Argentina 44 eventos transgénicos resistentes al glifosato. El primero fue la soja de la empresa Nidera, en marzo de 1996. El último es un maíz transgénico resistente a glifosato, dicamba y glufosinato de amonio —agrotóxico que generó debate por la aprobación del trigo transgénico HB4— de nada menos que Monsanto Argentina S.R.L. Monsanto cuenta con la última aprobación de un evento transgénico en el país.

Las demandas contra Bayer-Monsanto comenzaron a multiplicarse en los tribunales norteamericanos en 2015, cuando la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), organismo especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), confirmó la vinculación entre el herbicida y el cáncer. Y lo categorizó como “posiblemente cancerígeno para los seres humanos”. 

Hardeman, a quien la Corte Suprema le dio la razón este martes, vio la noticia de la IARC en su casa, cuando estaba atravesando las sesiones de quimioterapia por linfoma no-Hodgkin —tipo de cáncer que ataque el sistema linfático—, que le fue diagnosticado ese mismo año. La causa del hombre de 70 años —que usó el herbicida durante 26 años en su jardín— y otras cientos fueron tramitadas por el juez Vince Chhabria del Tribunal de San Francisco.

La de Hardeman fue elegida como la causa testigo y la investigación destapó los denominados Monsanto Papers, una serie de documentos internos —desclasificados por orden del juez de San Francisco— en los que se observa cómo era el modus operandi de la empresa para aprobar el uso del herbicida en las agencias de control estatales con estudios hechos por la propia Monsanto y cómo se organizaba el lobby ante los gobiernos y la propia IARC.  

Tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos —de mayoría conservadora—,  Bayer-Monsanto dijo “discrepar” con la decisión judicial y anunció contar con un fondo especial de 16.100 millones de dólares para seguir enfrentando el “riesgo legal” de la comercialización del agrotóxico de Monsanto (empresa que el grupo alemán compró por 63 mil millones de dólares en 2018). 

La empresa dispuso 11.600 millones en el inicio de los juicios y, en julio de 2021, anunció un incremento de esos fondos en 4.500 millones ante la posibilidad de que se rechazara su intento de un acuerdo colectivo por las demandas presentes y futuras. En su informe anual de marzo pasado, Bayer-Monsanto informó que resolvió unos 107.000 casos de un total de 138.000 demandas. 

En el comunicado del martes 21, replicado en las agencias Reuters y AFP,  la farmacéutica sostuvo “no admitir ningún fallo ni responsabilidad” y anunció que continuará vendiendo sus productos Roundup por ser “una herramienta valiosa para una producción agrícola eficaz en el mundo”. El argumento más relevante de la empresa es que no debería estar siendo juzgada por un herbicida que mantiene la aprobación de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de los Estados Unidos. “Espero que este sea un cambio significativo en la historia de Monsanto”, se había ilusionado Hardeman en una entrevista con The Guardian en 2019, tras el fallo de primera instancia. 

El glifosato y la complicidad de los Estados

La aprobación vigente del Rondup por parte del EPA también comienza a ser cuestionada. En la previa del fallo de la Corte Suprema, el viernes pasado, el Tribunal de Apelación del 9º Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, hizo lugar el reclamo de varios grupos de defensa del medio ambiente, de trabajadores agrícolas y de la seguridad alimentaria que denuncian que la EPA no consideró adecuadamente si el glifosato provoca cáncer y amenaza a especies en peligro de extinción, por lo que exigió que examine de nuevo si el ingrediente activo glifosato plantea riesgos irrazonables para los seres humanos y el ambiente. 

El glifosato, base del herbicida patentado por Monsanto en 1974, fue clasificado como “posible cancerígeno” por la OMS en 2015 basándose en una amplia prueba científica de que es cancerígeno para los animales. “Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos”, sostuvo la OMS al recategorizar al herbicida y su vínculo con el cáncer. 

Gran parte de la prueba científica acumulada está presente en el informe Antología Toxicológica del Glifosato +1000, recopilado por Eduardo Martín Rossi y editado por la ONG Naturaleza de Derechos, que reúne 1100 estudios científicos que dan cuenta de los efectos del glifosato en el ambiente y en la salud. Entre ellos, más de 200 trabajos científicos son de universidad públicas de la Argentina. 

La antología recoge informes que vinculan el glifosato al cáncer, malformaciones, encefalopatía, autismo y parkinson. También investigaciones que lo asocian a mecanismos de fisiopatología celular (promotor el cáncer), apostosis celular (muerte celular programada), genotoxicidad y trastornos en el sistema endocrino. Y, por último, su afectación en los sistemas reproductivo, inmunitario, digestivo, nervioso, renal y cardiovascular.

En el caso de Argentina, la creciente documentación de estudios científicos y casos relevados por los pueblos fumigados frente a la falta de control estatal sobre los agrotóxicos comenzó a generar luchas ciudadanas para conseguir ordenanzas municipales que alejen el uso de agrotóxicos de cascos urbanos, escuelas rurales y espejos de agua y demandas judiciales. Entre 2003 y 2019, se lograron al menos 28 fallos judiciales que prohíben o limitan las fumigaciones con agrotóxicos en ocho provincias. 

A nivel global, según la ONG Sustainable Pulse, existen más de una veintena de países que limitan su uso. Italia lo prohibió en áreas públicas y en rociados de precosecha; Francia lo retiró de los espacios verdes. Bélgica, República Checa, Dinamarca, Portugal y los Países Bajos también pusieron barreras. 

También hay restricciones adicionales en Asia (Tailandia, Vietnam, Sri Lanka, Omán, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Bahrein y Qatar), África (Malawi, Togo) y en Latinoamérica (Colombia, Costa Rica, El Salvador, Bermudas, San Vicente y las Granadinas). El último caso en la región es el de México, que prohibió el uso de glifosato y maíz transgénico para 2024. El glifosato también está prohibido en distintas zonas de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Escocia, España, Australia, Nueva Zelanda, Malta, Eslovenia y Suiza.

Publicado originalmente en Agencia Tierra Viva

Foto: Nicolas Pousthomis / Subcoop

Tomado de: desinformemonos.org

Fuente: Radio Temblor Internacional

LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DEFENSORAS POR TERRITORIO Y SOBERANÍA DE LA MACRORREGIÓN NORTE (CODEF – NORTE) PERÚ SE MOVILIZAN CONTRA LOS IMPACTOS DE LOS PROYECTOS MINEROS EN SUS TERRITORIOS

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