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Secretaria Seminario Energetico
SECRETARÍA REGIONAL DE LA RED JS/A PARTICIPA EN ESPACIOS DE ALIANZAS
Month: August 2022
FORTALECIENDO LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN LOS TERRITORIOS
Denuncia internacional: alto a la persecución y criminalización contra Miriam Miranda (Ofraneh)
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DENUNCIA INTERNACIONAL
ALTO A LA PERSECUCIÓN Y CRIMINALIZACIÓN CONTRA MIRIAM MIRANDA, COORDINADORA DE OFRANEH
Agosto 25 de 2022
Los movimientos y organizaciones sociales que constituyen la Jornada Continental por la Democracia y contra el neoliberalismo, conformadas por expresiones que desde el ámbito internacional hemos venido acompañando los procesos de movilización y luchas en nuestra región, y de forma sostenida a diferentes expresiones sociales en Honduras nos manifestamos:
Desde el ámbito internacional vemos con esperanza la reciente victoria popular que se vive en el país, con la llegada al gobierno de la compañera Xiomara Castro, este nuevo escenario abre posibilidades para seguir enfrentando las estructuras de poder, que se cimentaron durante los 12 años del golpe continuo.
Referente a dichas estructuras nos queremos referir y pronunciar, ya que recibimos con extrema preocupación y rechazo, la decisión del fiscal general de la República, quien, en un acto de abuso de autoridad, ha ordenado investigar a la coordinadora de la organización Fraternal Negra Hondureña: Miriam Miranda y otros defensores.
Este hecho se da posterior a que el día 9 de agosto, en el marco del Día de los Pueblos Indígenas, OFRANEH, miembros de SUNLA (Comité de Búsqueda e Investigación de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz) y otras organizaciones de Pueblos Indígenas, acompañados por organizaciones nacionales territoriales y de derechos humanos, se dirigieron al Ministerio Público en Tegucigalpa, en una protesta pacífica, para exigir que sean escuchadas sus legítimas preocupaciones por la falta de justicia pronta y efectiva en el caso de los 4 jóvenes Garífunas desaparecidos en el julio 2020.
Sus demandas estaban enfocadas en la continuación de la búsqueda e investigación de los cuatro Garífunas desaparecidos, por lo cual lo demandan la creación de una fiscalía especial para la desaparición forzada, así como la incorporación de SUNLA en el proceso de investigación que involucra a los desaparecidos, además del verdadero cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a favor de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, es importante resaltar que lo largo de más de dos años, OFRANEH ha acudido en repetidas ocasiones al Ministerio Público para presentar estas demandas; sin embargo, la institución no ha procedido en la forma que le corresponde.
El 17 de agosto de 2022, la Fiscalía Contra los Delitos Comunes y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) – instituciones que el fiscal Adjunto Sibrian Bueso supervisa – confirmaron que han abierto una investigación penal contra Miriam Miranda, Coordinadora General de OFRANEH, Luther Castillo Harry, Miembro de OFRANEH y ministro de Ciencia y Tecnología del actual gobierno, y el abogado Edy Tábora, miembro de la mesa jurídica de SUNLA y abogado de la OFRANEH, alegando que son responsables de Perturbación del Orden – un nuevo delito contemplado dentro de las reformas al código penal decreto 130-2017 que lleva una pena de 1 a 3 años – y Privación Ilegal de Libertad, que conlleva una pena de 5 a 7 años, a raíz de que el mismo Fiscal Sibrian Bueso abrió una denuncia penal de oficio en su contra.
Entendemos que la estrategia de criminalización hacia las y los defensores, ejercida por parte de la fiscalía de la República, hace parte de un guion que busca desestabilizar al poder ejecutivo, esto constituye parte de una estrategia que se viene usando para socavar la gobernanza de aquellos gobiernos que tienen como objetivo devolver el orden democrático. Es en esa línea que expresamos nuestro llamado al Estado de Honduras, a detener estas acciones violatorias, a garantizar el derecho a la legítima defensa de los diferentes territorios, reiteramos, pues, nuestro respaldo y acuerpamiento a Miriam Miranda, Luther Castillo Harry y Edy Tábora.
¡Seguimos en lucha por la democracia y contra el neoliberalismo!
Fuente: Seguimos en Lucha
Comunicación comunitaria para la soberanía alimentaria
El taller “Comunicación comunitaria para la soberanía alimentaria y el derecho a la comunicación” se realizó el pasado jueves 18 de agosto en Cotacachi, con la participación de las mujeres, los y las jóvenes del Comité de Mujeres de la Unorcac. Este taller forma parte de la Escuela de Soberanía Alimentaria que lleva adelante el Comité con el acompañamiento del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo (IEETM) y Acción Ecológica, contó con el apoyo de compañeros de Churo Comunicaciones y Wambra Radio. A través de dinámicas participativas y lúdicas, los y las participantes fueron desentrañando claves sobre la importancia de la comunicación para fortalecer el tejido comunitario y la organización, sobre el valor del derecho a la comunicación, a su acceso equitativo y que promueva la justicia social.
La soberanía alimentaria también requiere de pensar en la comunicación y sus herramientas, en la necesidad y la importancia de difundir las acciones que las organizaciones realizan para sostener la autonomía alimentaria, para promover la producción campesina, para fortalecer los sistemas de comercialización e impulsar diversas iniciativas que garanticen una alimentación soberana, diversa, local y digna.
Así, la Feria del Muyu Raymi realizada en Cotacachi el pasado 13 de agosto, sostenida sobre todo por las mujeres de la organización, y cuyo espíritu fue promover la soberanía alimentaria y las semillas nativas: su producción, intercambio y circulación, evidenció la importancia de la comunicación en los procesos organizativos y en la defensa de los derechos. Sobre la necesidad de repensar la comunicación como estrategia para visibilizar y promocionar estas acciones, y con esto fortalecer el intercambio del campo con la ciudad, impulsar la reflexión sobre los cuidados y la centralidad de la alimentación y la agrobiodiversidad en la vida de las comunidades, sus territorios y el planeta, y finalmente aportar a tejer una sociedad con pleno acceso a decidir sobre su alimentación.
Con la pregunta de los facilitadores sobre ¿Qué queremos comunicar? se abrieron nuevas posibilidades de repensar la comunicación en torno a fortalecernos como colectivos y organizaciones. A repensar la comunicación como medio para hacer oír nuestras voces, como cuando en las comunidades se sopla el Churo para convocar a la gente, comenta una compañera. La comunicación como medio para ejercer la democracia, la participación, las acciones en defensa de nuestros territorios y de nuestros derechos.
Tenemos mucho que comunicar, se oyó entre las participantes, en la defensa de los derechos de las mujeres, de los derechos de la naturaleza, del derecho a comunicar y difundir lo que somos, hacemos y soñamos, del derecho a hablar y difundir nuestro propio idioma, el kichwa. Con estos ejercicios y reflexiones fuimos tomando conciencia que para una buena comunicación necesitamos una buena relación, buenas conexiones, buena escucha, así como cuando nos organizamos, nos escuchamos y podemos decir lo que queremos y sentimos.
La tarde trajo a la noche y el tiempo se quedó corto, pero todas y todos nos quedamos con el bichito de la curiosidad, de la posibilidad de seguir descubriendo y aprendiendo formas para tejernos en la comunicación y aportar a nuestra organización con la palabra, con nuestras voces, desde la inventiva y la acción.
Fuente: Agencia Tegantai
Exigimos al Ministerio Publico de Honduras cesar criminalización de defensores Garifunas
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Ministerio Público confirma investigación contra OFRANEH y SUNLA,
En lugar de proceder a buscar justicia para el Pueblo, Fiscal General y su Adjunto abusa de su autoridad y ordenan investigar a reconocida autoridad Indígena y Negra y sus acompañantes en lugar de responder a sus gritos de justicia.
Tras incumplir su función de proteger los derechos y procurar justicia para los Pueblos Indígenas y Negros en Honduras víctimas de atroces crímenes, denunciamos que el Ministerio Público ha optado una vez más por utilizar tácticas de presión y miedo en un intento de neutralizar y silenciar la búsqueda de justicia de los Pueblos.
Bajo la dirección del fiscal general Oscar Chinchilla y la de Daniel Arturo Sibrián Bueso como fiscal general adjunto, el Ministerio Público no solamente, no ha logrado avances significativos en la investigación de la desaparición forzada de cuatro jóvenes Garífunas de la comunidad de Triunfo de la Cruz, entre ellos el presidente del patronato de dicha comunidad, Sneider Centeno, hecho acaecido el 18 de julio de 2020, sino que ahora se burlan de la legítima demanda de justicia, con hostigamiento, tratados con racismo y amenazas de criminalización contra las propias víctimas y sus representantes en un intento de castigar a quienes exigen responsabilidades.
La lucha histórica, legítima y necesaria de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) por la autodeterminación del pueblo Garifuna, ha sido constante porque los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras han sido víctimas de una violencia sistémica histórica que se manifiesta hoy en día a través del acaparamiento ilegal de sus tierras, los asesinatos extrajudiciales, las desapariciones forzadas contra miembros de sus comunidades, y la violencia con motivos racistas enfocada en el exterminio de los Pueblos de sus territorios ancestrales.
SUNLA (Comité de Búsqueda e Investigación de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz), instancia basada en el derecho Indígena, creado el 18 de febrero de 2021 por los familiares de los jóvenes Garífunas desaparecidos y la asamblea de la OFRANEH, reúne conocimientos y experiencias interdisciplinarias para hacer frente a la violencia que enfrentan las comunidades Garífunas organizadas y en particular, abordar el crimen de lesa humanidad, es decir, la desaparición forzada cometido hace más de dos años.
La Oficina del Fiscal General, en lugar de reconocer el papel legítimo y clave tanto de OFRANEH como de SUNLA para avanzar en la protección de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y Negros en Honduras y, específicamente, para investigar, procesar y castigar a los responsables de la desaparición forzada de hace más de dos años, ahora abusa de su autoridad, ordenado a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) -una agencia estatal que responde directamente a la Fiscalía General en la jerarquía de la institución- abrir una investigación penal contra las y los miembros de OFRANEH y SUNLA como una forma de distraer de los verdaderos temas en cuestión.
Denunciamos esta actuación y reiteramos nuestro reclamo de justicia por la desaparición forzada de Alberth Centeno Tomas, Suami Mejía García, Gerardo Róchez Cálix y Milton Martínez Álvarez y el inmediato cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las comunidades de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, cuyo territorio ancestral está siendo usurpado ilegalmente por el Estado de Honduras y los intereses privados.
Antecedentes:
El 9 de agosto, en el marco del Día de los Pueblos Indígenas, la OFRANEH, miembros de SUNLA, y otras organizaciones de Pueblos Indígenas, acompañados por organizaciones nacionales territoriales y de derechos humanos, se dirigieron al Ministerio Público en Tegucigalpa en una protesta pacífica, para exigir que sean escuchadas sus legítimas preocupaciones por la falta de justicia pronta y efectiva en el caso de los 4 jóvenes Garífunas desaparecidos: Los medios de comunicación nacionales e internacionales cubrieron el plantón, mientras personas comunicadoras sociales informaron de la protesta, que no tardó en acaparar la atención nacional en las redes sociales.
En su comunicado de ese día, la OFRANEH destacó que no venían a pedir dinero, sino la restitución de sus derechos territoriales ancestrales, el respeto a su identidad, la autonomía para recuperar la paz y la seguridad en sus comunidades. Exigieron, entre otras cosas, la continuación de la búsqueda e investigación de los cuatro Garífunas desaparecidos mediante la creación de una fiscalía especial para la desaparición forzada, la incorporación de SUNLA en el proceso de investigación que involucra a los desaparecidos, y el verdadero cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las comunidades Garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. A lo largo de más de dos años, OFRANEH ha acudido en repetidas ocasiones al Ministerio Público para ser escuchados, pero la institución no ha procedido en la forma que le corresponde.
Durante el transcurso de la protesta pacífica, dentro y fuera de las oficinas del Ministerio Público en Tegucigalpa, el fiscal adjunto Sibrían Bueso comenzó a utilizar Twitter para denunciar con estigmatización la presencia de OFRANEH y SUNLA en las instalaciones. Mientras la OACNUDH (2), la Coordinadora Residente de la ONU (3), los miembros del Poder Ejecutivo (4,5) y el Fiscal Especial contra la Corrupción (6) recordaban la responsabilidad del MP de actuar a favor de las víctimas; el Fiscal Sibrían Bueso pedía a la Secretaría de Seguridad resguardar las instalaciones del Ministerio Público (7) e hizo referencia a una denuncia que había presentado contra las personas presentes ejerciendo sus legítimos derechos ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), todo ello utilizando imágenes de cámaras de seguridad para señalar a individuos concretos.
El 17 de agosto de 2022, la Fiscalía Contra los Delitos Comunes y la Agencia Técnica de Investigación Criminal ( ATIC) – instituciones que el Fiscal Adjunto Sibrian Bueso supervisa – confirmaron que obedecen las órdenes de su superior jerárquico y han abierto una investigación penal contra Miriam Miranda, Coordinadora General de OFRANEH, Luther Castillo Harry, Miembro de OFRANEH y Ministro de Ciencia y Tecnología del actual gobierno, y el abogado Edy Tábora, miembro de la mesa jurídica de SUNLA y abogado de la OFRANEH, alegando que son responsables de Perturbación del Orden – un nuevo delito contemplado dentro de la reformas al código penal decreto 130-2017 que lleva una pena de 1 a 3 años – y Privación Ilegal de Libertad, que conlleva una pena de 5 a 7 años, a raíz de que el mismo Fiscal Sibrian Bueso abrió una denuncia penal de oficio en su contra.
Mientras también hay indicios de que se han iniciado investigaciones contra otras personas, entre ellas la dirigencia de COPINH que estuvo acompañando el 9 de agosto (9,10,11).
Denunciamos al Ministerio Público por cerrar completamente el espacio de participación de las víctimas en este caso de importancia internacional y la maniobra del Fiscal Adjunto Sibrian Bueso para distraer su propia negligencia y exigimos una vez más al Ministerio Público la creación inmediata de una fiscalía especial para la desaparición forzada, tomando como prioridad el caso de los cuatro Jovenes Garífunas y que incorpore a SUNLA en la investigación en la desaparición. La investigación penal contra las personas defensoras de los derechos humanos debe ser inmediatamente terminada y las energías enfocadas en la legítima lucha por la verdad y la justicia.
Línea de tiempo:
8 de octubre de 2015: Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dicta sentencia a favor de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra; las medidas ordenadas por la tribunal para restaurar y proteger el territorio garífuna aún no han sido implementadas por el Estado hondureño (12,13).
18 de julio de 2020: Cuatro jovenes Garífunas fueron desaparecidos desde sus hogares en Triunfo de la Cruz, Atlántida, entre ellos el presidente del patronato Sneider Centeno
3 de agosto de 2020: Se presenta la denuncia oficialmente ante el Ministerio Público.
6 de agosto de 2020: Corte IDH emite medidas urgentes para las familias de los compañeros desaparecidos. (14)
19 de Agosto de 2020: Se presenta Petición de Acción Urgente ante al Comité contra la Desaparición Forzada en Ginebra Suiza, en nombre de los señores Alberth Sneider Centeno, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Misael Trochez Calix, registrada con los números de referencia AU 924- 928/2021, de conformidad con el artículo 30 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
18 de febrero de 2021: Se crea “SUNLA” – El Comité Garífuna de Investigación y de Búsqueda de los Desaparecidos del Triunfo de la Cruz. (15)
7 de julio de 2021: Más de doscientas organizaciones de América y Europa exigen la incorporación del SUNLA al proceso de investigación en el caso de los jóvenes Garífunas víctimas de desaparición forzada desde julio de 2020 en Triunfo de la Cruz. (16)
18 de julio de 2021: OFRANEH solicita al Ministerio Público la creación de una Fiscalía Especial para la Desaparición Forzada y la incorporación de SUNLA y las comunidades en la investigación; a la PGR pidieron una Comisión de Búsqueda Permanente en Marco de los Estándares Internacionales.
Citaciones
(1) Honduras Now [@HondurasNow]. ‘OFRANEH’s Communique Published Today during Their Actions in Tegucigalpa. English Version Posted below #Honduras #VivosSeLosLlevaron #VivosLosQueremos Https://T.Co/X91HWl9Wq0 Tweet. Twitter, 9 August 2022. https://twitter.com/HondurasNow/status/1557146149047484423
(2) OACNUDH Honduras [@OACNUDHHN]. ‘#OACNUDH respalda las peticiones de acceso a la justicia e investigación efectiva de @ofraneh y la comunidad garífuna. Hacemos un llamado a las autoridades a garantizar la participación efectiva de las víctimas y el derecho a la verdad y a la reparación.’ Tweet. Twitter, 10 August 2022. https://twitter.com/OACNUDHHN/status/1557348206664683522
(3) Alice H. Shackelford [@aliceshackel]. ‘Los derechos de los pueblos indígenas de Honduras son inviolables y las instituciones del Estado deben asegurar su cumplimiento. Llamo al @MP_Honduras a asegurar el derecho de ser escuchados atendiendo al @ofraneh y abriendo el diálogo con base en sus preocupaciones y demandas.’ Tweet. Twitter, 9 August 2022. https://twitter.com/aliceshackel/status/1557145990259679232
(4) Dra.Semma Julissa Villanueva B. [@villanuevasemma]. ‘Los informes investigativos del caso de los garífunas desaparecidos se enviaron a la fiscalia desde agosto 2021 las diligencias completas y las solicitudes convalidación fiscal para sustentar requerimientos también. La omisión de actuación del mp a quien favoreció? @ofraneh https://t.co/Y6e1GjTtJ5 Tweet. Twitter, 9 August 2022. https://twitter.com/villanuevasemma/status/1557124207057797121
(5) José Carlos Cardona Erazo [@jcardonaerazo]. ‘@dsbhn1 los pueblos no son violentos, ¡sufren violencia! Como Sec. de Desarrollo Social y encargado del tema indígena y afrohondureño, le hago un llamado cívico a que no esté pidiendo que las fuerzas del orden lleguen al Ministerio Público, porque los pueblos han llegado en paz.’ Tweet. Twitter, 9 August 2022. https://twitter.com/jcardonaerazo/status/1557112160018485256
(6) ���� ������ ������ ���� [@Luis_Santos_C]. ‘Solo piden Justicia!!! Ser oídos y que se investigue desaparición forzada de cuatro miembros de la comunidad garífuna… derechos fundamentales que los Fiscales estamos obligados a garantizar…¿que peligro pueden representar? https://t.co/g78tIA2Iia Tweet. Twitter, 11 August 2022. https://twitter.com/Luis_Santos_C/status/1557908322703089668
(7) Daniel Arturo Sibrián Bueso [@dsbhn1]. ‘Se hace un llamado a la Secretaría de Seguridad para resguardar nuestras instalaciones y la seguridad de nuestro personal y usuarios. Se invita a los Nacionales y Extranjeros responsables de la toma, solicitar informes requeridos de la autoridad investigativa responsable (DPI). https://t.co/L8MN8PNhAi Tweet. Twitter, 9 August 2022. https://twitter.com/dsbhn1/status/1557079722596909056
(8) Daniel Arturo Sibrián Bueso [@dsbhn1]. ‘Sr. Ministro, el orden de acceso y atención en el MP, como el de cualquier instalación pública se debe respetar. Ninguna de las personas que ingresaron por la fuerza (nacionales y extranjeros), estaban identificados como corresponde. Por lo demás, el caso citado está en DPI. https://t.co/9rg4MoD8Kf Tweet. Twitter, 9 August 2022. https://twitter.com/dsbhn1/status/1557146850272083970
(9) Redacción. ‘Fiscal Adjunto del MP promovió violencia contra pueblos indígenas y negros durante movilización pacífica en Honduras’. Criterio.hn (blog), 10 August 2022. https://criterio.hn/fiscal-adjunto-del-mp-promovio-violencia-contra-pueblos-indigenas-y-negros-durante-movilizacion-pacifica-en-honduras/
(10) ‘Ministerio Público afín al exgobierno golpista de Juan Orlando Hernández persigue a garífunas y niega respuestas. – Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe’. Accessed 16 August 2022. https://atalc.org/2022/08/16/ministerio-publico-afin-al-gobierno-golpista/
(11) ‘Ofraneh Denuncia Racismo Institucional e Inoperancia Del Ministerio Público – Contra Corriente’. Accessed 16 August 2022. https://contracorriente.red/2022/08/12/ofraneh-denuncia-racismo-institucional-e-inoperancia-del-ministerio-publico/
(12) ‘COMUNIDAD GARÍFUNA TRIUNFO DE LA CRUZ Y SUS MIEMBROS VS. HONDURAS; SENTENCIA DE 8 DE OCTUBRE DE 2015 (Fondo, Reparac Iones y Costas)’. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 8 October 2015. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_305_esp.pdf
(13) ‘CASO COMUNIDAD GARÍFUNA DE PUNTA PIEDRA Y SUS MIEMBROS VS. HONDURAS SENTENCIA DE 8 DE OCTUBRE DE 2015 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)’. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 8 October 2015. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_304_esp.pdf
(14) Corte Interamericana de los Derechos Humanos6. ‘RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE 6 DE AGOSTO DE 2020 ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES CASO COMUNIDADES GARÍFUNAS DE TRIUNFO DE LA CRUZ Y PUNTA PIEDRA VS. HONDURAS’, de agosto de 2020. https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/garifuna_se_03.pdf
(15) ‘LANZAMIENTO OFICIAL DEL COMITÉ GARIFUNA DE INVESTIGACIÓN Y DE BÚSQUEDA DE LOS DESAPARECIDOS DEL TRIUNFO DE LA CRUZ (SUNLA) COMUNICADO’. ORGANIZACIÓN FRATERNAL NEGRA HONDUREÑA (OFRANEH), 18 February 2021. https://criterio.hn/wp-content/uploads/2021/02/comunicado-Ofraneh.pdf
(16) ‘Más de doscientas organizaciones de América y Europa exigimos la incorporación del SUNLA al proceso de investigación en el caso de los jóvenes garífunas víctimas de desaparición forzada desde julio de 2020 en Triunfo de la Cruz, Honduras – IM-Defensoras’. Accessed 17 August 2022. https://im-defensoras.org/2021/06/mas-de-doscientas-organizaciones-de-america-y-europa-exigimos-la-incorporacion-del-sunla-al-proceso-de-investigacion-en-el-caso-de-los-jovenes-garifunas-victimas-de-desaparicion-forzada-desde-julio/
Organizaciones Solidarias con OFRANEH-SUNLA
Dos años reivindicando justicia para Abelardo Liz, comunicador indígena asesinado por el ejército colombiano
En la madrugada del 13 de agosto de 2020, en tiempos de pandemia y encierro, la comunidad indígena nasa del resguardo de Corinto, departamento del Cauca, estaba alerta. El día anterior había iniciado un desalojo de las fincas que hasta hoy se están recuperando en el marco del proceso de Liberación de la Madre Tierra: más de 2.000 hectáreas de tierras fértiles del valle geográfico del río Cauca que han dejado de servir a los intereses de los terratenientes dueños de los ingenios azucareros y ahora llenan barrigas de las comunidades humildes. Más de 2.000 hectáreas de monocultivo de caña de azúcar convertidas hoy en huertas diversas que rebozan maíz, plátano y yuca. Abelardo Liz, comunicador indígena de la emisora comunitaria Nación Nasa Estéreo estaba listo para ir a cubrir lo que sucediera, pero ni podía imaginar que sería su última cobertura.
El desfile de la represión
Enseguida llegó el desfile de la represión: camiones llenos de efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), seguidos de soldados del ejército a pie, seguidos de tractores y vehículos privados de los empresarios preparados para destrozar el alimento que las comunidades tenían sembrado junto a sus precarias chozas de guadua —bambú— y plástico negro. Un operativo bien costoso. La comunidad fue regando la voz y a eso de las 8 ya había unas 200 personas resistiendo con su cuerpo el desalojo. Aun así, el ESMAD consiguió quemar varias viviendas y arrasar sembrados. Alrededor de las 10, la periodista que escribe, quien también hizo cobertura de esta acción violenta, se encontró con Abelardo Liz entre grupos de comuneros. Caminamos juntos, sacamos imágenes de los escombros y cenizas en que el ESMAD había convertido el punto de control que las comunidades habían construido para limitar el acceso de la sociedad externa a su territorio como prevención a la covid19.
Prudentes, conversando sobre la situación, avanzamos poco a poco a unos 300 metros de la zona donde el ESMAD disparaba gases lacrimógenos contra la comunidad en protesta. La fuerza de la gente fue poderosa y los antidisturbios empezaron a recular. Nos relajamos, parecía que el séquito de hombres armados y retroexcavadoras ya se iba a ir por donde habían venido. Abelardo Liz, sonriente, agradable, siempre servicial, avanzó un poco para grabar imágenes de la retirada con la cámara del Tejido de Comunicación We’jxia Kaa’senxi, La Voz del Viento en nasayuwe, la lengua de su madre. Se defendía mejor con la grabadora y su fuerte era la radio, pero ese día estaba en modo reportero audiovisual.
“Abelardo era el despertador de la comunidad porque era quien abría la emisión todos los días a las cinco de la mañana, él se levantaba con su pueblo”, explica Dora Muñoz, lideresa y comunicadora indígena, coordinadora de Nación Nasa Estéreo. Una tarea imprescindible que demuestra el compromiso del joven con su comunidad. “Él era el vocero de todo el pueblo nasa de Corinto y por eso era importante no solo para el proceso de comunicación sino para todo el proceso político organizativo”, sigue Muñoz. “Siempre estaba dispuesto a acompañar y visibilizar todas las dinámicas territoriales y comunitarias”. Desde actividades y acciones de la guardia indígena, de la lucha de las mujeres, y, como ese día, de la resistencia en la recuperación de tierras. Ahí estaba ese 13 de agosto, grabando, cuando llegó donde estaba la comunidad un grupo de unos 25 soldados que estaban haciendo tareas de vigilancia desde otra perspectiva. Para unirse al resto del operativo en su retirada tenían que pasar por un lado de la comunidad, pero, según algunos a modo de provocación, decidieron pasar a través de la comunidad. Esta se alteró.
La balacera de la muerte
Pocas semanas antes se había conocido el caso de violación colectiva de una niña indígena embera chamí en Risaralda por parte de siete soldados. Es por eso que enseguida iniciaron los gritos de “¡violaniñas!” y “¡abusadores!”. Definitivamente, la comunidad a la que acababan de destruir sus casas, sus cultivos, respondió a la provocación con furia y agresividad verbal. Y de un momento a otro inició el traqueteo. La grabación que hasta hoy sigue en mi teléfono móvil no me deja mentir: veinte segundos de ráfagas. 200 hombres, mujeres y jóvenes nasa al suelo. Cinco segundos de silencio. Algún grito sofocado. Veinticinco segundos más de ráfagas intensas. Cientos y cientos de balas, a discreción, desde dos direcciones distintas pero todas disparadas por los gatillos de la fuerza pública. A continuación, pasaron algunos segundos sin balas y empezaron las corredizas. Y no demoró en llegar el grito que la mayoría intuía: “¡Un herido, un herido!”. Grito que rápidamente se multiplicó.
Había tres heridos. Uno de ellos era Abelardo Liz. Una bala le había atravesado el estómago. Tendido en el suelo junto a su cámara a los pocos minutos de ser herido empezó a repetir que tenía mucha sed. Un panorama desolador. A pocos metros de él, el liberador de la madre tierra Johel Rivera agonizaba, y fue el primero en perder la vida pocos minutos después. Más lejos, a unos 50 metros, un líder indígena que prefiere mantener el anonimato había recibido una bala en la rodilla. Los transportes del cabildo indígena que intentaban llegar para auxiliar a los heridos fueron obstaculizados por el séquito de la represión que se los encontró mientras salían del lugar en dirección al casco urbano de Corinto.
Cuando lograron llegar y cargar a los heridos para desplazarlos a un centro médico, la fuerza pública atacó de nuevo los vehículos. Abelardo alcanzó a llegar al precario hospital de Corinto malherido. La intención era derivarlo a un hospital de Cali mejor habilitado para la atención que necesitaba, pero antes de poder hacerlo Liz dejó de respirar. La bala había perforado también su pulmón. Sus compañeros comunicadores y familiares estuvieron con él hasta el último momento.
El tercer herido fue víctima de judicialización: cuando lo llevaron al hospital para evitar perder la pierna debido a la herida de bala fue detenido por la policía. Estuvo en la cárcel más de tres meses hasta que la organización indígena lo logró liberar con cargos de usurpación de tierras sumados a otros más graves de los que no es culpable. Así terminó ese trágico 13 de agosto de 2020, con un desalojo sangriento, un comunero y un comunicador muertos, un herido preso y una comunidad desolada y dividida por buscar responsabilidades.
El peligro de informar en Colombia
“Cuando asesinan a periodistas siempre tratamos de documentar los casos. Con Abelardo fue complicado porque sucedió en plena pandemia. Hasta un año después no logramos viajar a Corinto”, explica Angela Daniela Caro, abogada de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), quien trabaja por hacer justicia por el asesinato de Liz. Según esta organización, son 163 los periodistas asesinados en Colombia por causas relacionadas con su labor comunicativa. Abelardo Liz es el número 161. El número 95, casualmente también asesinado un 13 de agosto, pero de 1999, es el amado y reconocido periodista y humorista Jaime Garzón. De todos ellos y ellas, 29 han sido asesinados a raíz de casos de corrupción política, 28 por actores relacionados con el narcotráfico, 23 por paramilitares y ocho por la fuerza pública.
“El asesinato de Abelardo evidencia una situación muy compleja porque él es el cuarto de cinco comunicadores indígenas asesinados en el Cauca en los últimos años”, denuncia Dora Muñoz. Como Liz, quien había sido anteriormente autoridad del Resguardo Indígena Nasa de Corinto, Efigenia Vázquez, del pueblo kokonuko, fue asesinada por el ejército en un desalojo de un proceso de recuperación de tierras en 2017. “Y en 2011 fue asesinado el compañero Rodolfo Maya por la guerrilla”, recuerda la lideresa caucana. La última voz radiofónica, querida en todo el Cauca, en ser apagada por las balas de la guerra, víctima de un tiroteo entre la guerrilla y la policía en Santander de Quilichao, fue la de Beatriz Cano, el 7 de junio del año pasado. “No es posible que se siga invisibilizando lo que sucede en nuestros territorios en los medios de comunicación principales, por eso los comunicadores indígenas son impresidibles y por eso es una tragedia el asesinato de Abelardo y el de los otros comunicadores”, asegura Vladimir Cocha, autoridad tradicional del Resguardo de Corinto.
Una investigación que garantizaba la impunidad
Abelardo Liz tuvo una siembra —entierro, en términos propios nasa— dolorosa y multitudinaria en su territorio natal, la vereda de La Ester, zona rural de Corinto alejada y fría donde la mayoría de abuelos y abuelas siguen hablando el idioma propio. Dos años después de su partida, en medio de una sensación de impunidad generalizada, en un ejercicio de memoria y reivindicación de justicia, sus colegas comunicadores le han hecho un mural en la escuela rural donde Liz estudió. Dora, con voz rota pero firme, lamenta que “lastimosamente no se espera mucho de la justicia de este país. Sabemos que hay mucha complicidad entre los entes a los que les corresponde hacer justicia y los responsables de esta muerte que son la policía y el ejército”.
Cuando la abogada Caro llegó a Corinto en agosto de 2021 se encontró “con una fiscalía que no tenía el caso priorizado y con unas autoridades locales muy apáticas al caso que asumían que se trataba de una vida más de las tantas que se pierden en este territorio: no se habían prendido las alarmas”.
Cómo prenderlas en un Norte del departamento del Cauca donde la muerte está normalizada, donde los casos de asesinato por motivos políticos, económicos —los llamados ajustes de cuentas derivados del narcotráfico y otras actividades ilegales— e incluso pasionales, se acumulan en fiscalía. La investigación del caso de Abelardo Liz no era distinta a la de muchos otros líderes nasa asesinados en los últimos años como Edwin Dagua, Cristina Bautista, Liliana Peña o Miller Correa, y no estaba andando. Inclusive, las autoridades indígenas locales y la organización zonal, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), no tenían un papel activo de búsqueda de justicia, ocupados siempre con las causas estructurales de tanta muerte. “Es totalmente injusto que tengamos que normalizar la muerte”, expresa Muñoz, atravesada por el asesinato reciente de un ser querido.
En 2021 la FLIP se constituyó como abogada de Liz y dio una primera lucha: “La fiscalía no había tenido en cuenta la calidad de periodista de Abelardo dentro de la investigación”. Hoy no hay duda de que Liz fue asesinado precisamente por tener una cámara bajo el brazo, por estar ejerciendo una labor comunicativa que, precisamente, lo convierte en objetivo para aquellos que estén vulnerando los derechos humanos y no quieren dejar rastro de ello. Por otro lado, según Caro, “había vacíos en la recolección de testimonios que estuvieron allá en el momento de los hechos”. Y es que testificar ante el Estado, en un país en el que miembros de la fiscalía salen a las calles vestidos de civil a disparar contra manifestantes indefensos, como sucedió en el paro nacional de 2021, da miedo. Pero gracias a la FLIP se consiguieron nuevos testimonios.
Las pruebas que se tenían en un inicio eran muy básicas: la necropsia y el análisis de los proyectiles que se habían encontrado en la zona. “Se había vinculado a las fuerzas públicas en la muerte de Rivera y Liz, pero no había un avance claro”, denuncia la abogada. Ahora, “con la diligencia de reconstrucción de los hechos, queda claro que el disparo que mató a Liz provino de la zona donde estaba el ejército y que este disparó claramente contra la comunidad”.
El ejército estaba ahí por la posible presencia de guerrilla, en una región en la que actúa la Columna Móvil Dagoberto Ramos de las autonombradas disidencias de las FARC, y “tenía que estar actuando como cordón de seguridad del ESMAD”, continua la abogada. Pero “ese día no hubo presencia de guerrilla y en ese sentido actuó por fuera de las funciones y del marco constitucional y legal”. De modo que no solo el ejército omitió su garantía de protección a la sociedad civil, y ocasionó una clara obstrucción al acceso a servicios de salud, sino que se convirtió en el victimario de dos comuneros desarmados. “Hay una clara responsabilidad del Estado”, sentencia Ángela Caro.
La versión del ejército
La primera versión del ejército, hecha pública por los medios comerciales del país a pocas horas de la muerte de los comuneros, cual defensa oficial, fue que ellos habían abierto fuego contra un ataque de la guerrilla. Después, según pudieron comprobar desde la FLIP, se realizó una investigación interna del batallón de alta montaña nº 8 José María Vezga que sustenta que los soldados no abrieron fuego, sino que fueron víctimas de agresiones de la comunidad. “Versión que, además de ser contradictoria con el primer comunicado, claramente se desmiente con las pruebas que hemos podido aportar”, explica Caro.
“El acompañamiento que ha dado la FLIP refleja aun las falencias que tiene la fiscalía con respecto a casos de asesinato de periodistas. Si no hubiéramos asumido la investigación, esta aún seguiría en punto muerto. El compromiso de la fiscalía debe cambiar, debe ser serio”, reivindica la miembro de la FLIP.
En este 13 de agosto de 2022, dos años después, la comunidad corinteña recuerda a su voz radiofónica favorita. “Callar a Abelardo es callar y atentar contra el caminar de la palabra de los pueblos”, afirma Dora Muñoz. “Esperamos que se haga justicia por el asesinato de Abelardo, de todos los comunicadores y de tantos líderes a los que se les ha impuesto la muerte por defender su territorio”, sigue la lideresa nasa. “Sí, exigimos garantías para la vida y justicia porque para que haiga paz tiene que haber justicia”.
Por: Berta Camprubí @bertacamprubi
Fuente: Diario El Salto
Fuente: Radio Temblor