Comunicado Conjunto II Seminario Internacional Soberanía Energética, Integración Eléctrica y Gestión Pública para el Buen Vivir Asunción, 17 al 19 de agosto de 2022

Reunidas las organizaciones participantes:
▪︎Reivindicamos los derechos de los pueblos Ava Guaraní Paranaense, y de las familias campesinas en la recuperación, protección y restitución socioambiental de sus territorios despojados por la construcción de Itaipú, para su buen vivir, entendiendo que esta reivindicación también beneficia a los pueblos de Paraguay y Brasil permitiendo la sustentabilidad de la producción de energía de Itaipú a largo plazo.
▪︎ Nos comprometemos a continuar el proceso de conversación y articulación de los Pueblos Indígenas, en especial de los Ava Guarani Paranaense, en favor de sus derechos y por su creciente articulación y organización.
▪︎ Nos comprometemos a reunirnos próximamente en Brasil, para continuar las acciones a favor de los derechos de los pueblos y de la naturaleza y la soberanía de Paraguay y Brasil en partes iguales sobre Itaipú ante la revisión del Anexo C y la reestatización de Eletrobras.
▪︎ Nos comprometemos a visibilizar la situación de Itaipú en Paraguay, Brasil y toda la región, especialmente en las regiones cercanas a Itaipú.
▪︎ Defendemos la justicia tributaria para el uso de los recursos tributarios en los derechos garantizados de nuestros países.
▪︎ Condenamos el extractivismo sobre nuestros territorios y su reproducción en el campo energético con las propuestas de transición energética que no plantean cambios estructurales del modelo concentrador, desigual e injusto.
▪︎ Proponemos que la producción de energía sea para construir la igualdad en derechos y su plena aplicación, protegiendo nuestra riqueza ambiental y a las comunidades, en la búsqueda de la tierra sin mal, Ñande Yvy Marãe’ỹ.
▪︎ Exigimos a nuestros gobiernos que las negociaciones de la revisión del Anexo “C” sea dentro del marco de una total transparencia, para bien de nuestros pueblos, tomando como base el Acuerdo Paraguay-Brasil del 25 de julio del 2009.

Campaña Itaipu 2023 Causa Nacional, Coletivo Nacional dos Eletricitários (Brasil), Frente por una nueva política energética para Brasil, Movimiento de Afectados por Represas (MAB – Brasil), Jubileo Sur / Américas, Jubileo Sur Brasil, Confederación de la Clase Trabajadora (CCT – Paraguay), Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (SITRANDE, Paraguay), Sobrevivencia – Amigos de la Tierra Paraguay, Sociedad de Comunicadores del Paraguay, Diálogo 2000, Movimiento Antinuclear Argentina (MARA).

Hacia una justicia climática con derechos humanos en Panamá

Mientras en Sharm-el-Sheikh, Egipto, los representantes de los gobiernos en la Conferencia XXVII de las Partes de la convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP 27), debatían las probables soluciones ante los efectos del cambio climático, en distintas latitudes del planeta, las comunidades debatían si emigrar o ser víctimas de esos efectos como las inundaciones o sequías.

Este dilema se aborda por doquier, desde la academia hasta en las comunas, desde sus causas y desde sus consecuencias. En sus últimos lustros, ha crecido un posicionamiento más enérgico con una visión crítica sobre las propuestas de las diferentes COP basadas en la especulación financiera como eje matriz en las soluciones climáticas con pocos o nulos resultados hacia la mitigación y adaptación al cambio climático debido a que siguen aumentando las políticas extractivas de recursos naturales y el uso de hidrocarburos.

Por ejemplo, los datos indican que la deforestación no se ha detenido. Así lo señala el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), institución que aglutina diversas universidades e institutos de investigación de España. Según los estudios de este centro, el aumento de la tasa de deforestación de los bosques tropicales en el Sur y es directamente proporcional al consumo desenfrenado de los países del Norte; por lo que el CREAF reclama la urgencia de detener esa deforestación a través de los cambios de consumo y destaca el papel clave de esos bosques en la regulación del clima del planeta entero.

La dinámica comercial de los acuerdos precipitados de último momento de la COP27 desfavorece el camino hacia una justicia climática, pues concentran todo su esfuerzo en optar por mecanismos de financiamiento a partir de la sociedad civil y gobiernos. Pero con la participación de instituciones y bancos internacionales provocando otro dilema: la deuda climática histórica, tal como se presentan en documentos desarrollados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) que destacan modalidades como “canjes de deuda por naturaleza”, “cláusulas de desastres naturales”, “bonos de catástrofe” y “bonos verdes, sociales y de sostenibilidad”.

La crisis climática seguirá aumentando con medidas basadas en los mismos mecanismos de siempre de especulación financiera y el complemento de carácter obligatorio de quienes sostienen acuerdos comerciales y préstamos financieros internacionales. Ahora se instrumentaliza el clima como objeto de negocio a través de la economía verde y sus falsas soluciones como son los bonos de carbono, el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y el programa Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD). Este último catalogado como un fracaso de forma y fondo en un documento presentado por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM).

Para Panamá, además del debate mencionado, las organizaciones socioambientales y rurales, han manifestado su desacuerdo ante las políticas ambientales que promulga el gobierno de turno, sin excluir a otras administraciones; cuyas incongruencias han sido evidentes: por un lado, están las concesiones otorgadas para minería, hidroeléctricas y el tráfico de madera y, por otro lado, planes y actividades de reforestación, conservación y educación ambiental.

Sin embargo, este planteamiento o voz de alerta, poca incidencia tiene ante el extractivismo minero en nuestro país con 56,037 hectáreas concesionadas para la extracción de metales según el Ministerio de Comercio e Industria (MICI). Esta actividad la encabeza la empresa Minera Cobre Panamá en el distrito de Donoso, provincia de Coclé, la cual ha vulnerado el Corredor Biológico Mesoamérica (CBM) representando un daño ambiental irreversible y ha seguido funcionando pese a que su contrato Ley 9 del 25 de febrero de 1997 fue declarado inconstitucional en septiembre de 2018 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En cuanto a la generación energética, la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) en septiembre de 2022, indica que el 97% de generación de energía eléctrica del país proviene de fuentes “limpias”. De este porcentaje total, un 91,09% corresponde a hidroeléctricas que, han demostrado afectaciones al sector productor, altamente vulnerable ante el cambio climático. Una muestra la tomamos de los afluentes y cuencas hidrográficas de la provincia de Chiriquí que paulatinamente han sufrido profundos cambios ambientales, producto de las numerosas represas a lo largo del mismo cause y donde se han generado inundaciones y pérdidas humanas.

Entre los casos relacionados con la deforestación, destaca el tráfico de árboles de cocobolo y otras especies de maderas preciosas, cuya actividad en el mercado internacional representa exorbitantes ganancias económicas. Según un reporte del 2018 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, el precio por metro cúbico de cocobolo ilegal proveniente de Panamá́ se ha cotizado hasta en $10 mil dólares. A esta actividad ilícita la acompaña el tráfico de influencias y la corrupción a todo nivel, por lo que representa un reto para las autoridades del ambiente lograr cambiar las estrategias y dinamizar su política de conservación hacia las áreas protegidas de dónde se extraen estas especies, como el Darién y el parque Soberanía.

¿Qué modelo de vida soñamos?

Ante esta persistente relación neoliberal con la naturaleza, voces y organizaciones provenientes de sectores sociales campesinos, indígenas hasta afrodescendientes del país, acudieron a la colectividad para proponer un modelo de vida al margen del discurso desarrollista que se mantiene desde el siglo pasado pero pintado “de verde”. Es necesario provocar un debate a partir de los saberes ancestrales y comunales actuales que atraviesan los distintos momentos de la trayectoria de la economía de mercado, tomando como base una necesaria sistematización de actividades productivas junto a la riqueza que posee el istmo panameño.

Son ejemplos de cambios reales, las iniciativas propias y autónomas, cuyas raíces se fundamentan en el intercambio de semillas y productos del trabajo de la tierra en el norte de la provincia de Veraguas y su auge con la implementación del cooperativismo rural. También las escenas que fortalecen la cuenca del río Santa María con actividades como el turismo ecológico, el senderismo y actividades agroforestales.

Un digno ejemplo de amor por este planeta que nos sostiene y acción directa ciudadana en pos del equilibrio ecológico, fue la organización y lucha de la Alianza en Defensa de la Cuenca del Río Santa María, constituida por el sector campesino, ecologistas y académicos que por más de 10 años vienen luchando por la aprobación de la Ley 339 del 16 de noviembre de 2022 que declara Patrimonio Natural Nacional y Área Protegida de Reserva Hidrológica a la Cuenca del Río Santa María.

Estos son ejemplos de modelo de vida, que se realizan también en otras comunidades de provincias, comarcas y tierras colectivas como un derecho humano a la vida, y que representan una contrapropuesta a los modelos importados, consumistas que no mitigan el cambio climático.

Esta “Economía Ecológica” y “Economía Solidaria y Popular” es la propuesta colectiva promovida en distintos medios de comunicación, tribunas públicas y gobiernos en Panamá, que ayudaría a reducir los efectos del cambio climático, sostener la seguridad alimentaria, preservar las fuentes hídricas y la cultura de nuestros pueblos.

Por: Olmedo Carrasquilla Aguila.

Imágenes de los sitios incididos por las inundaciones en la Península de Azuero causando afectaciones a viviendas, plantas potabilizadoras, interrupción de las vías de comunicación, al sector productivo agrícola y cambios en el entorno ambiental. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) realizó 25 rescates. Además las autoridades locales registraron decenas de casas bajo agua tanto en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, cuenca del río La Villa, provincia de Herrera y sur de Veraguas.

 

Alianza en Defensa de la Cuenca del Río Santa María, constituida por el sector campesino, ecologistas y académicos de Veraguas por más de 10 años luchando por la aprobación de la Ley 339 del 16 de noviembre de 2022 que declara Patrimonio Natural Nacional y Área Protegida de Reserva Hidrológica a la Cuenca del Río Santa María. Instrumento legal en Gaceta Oficial Digital Gaceta Oficial Digital No. 29667-A cuyo fin es conservar, restaurar, preservar y promover las condiciones de las principales zonas de recarga hídrica de la cuenca 132 y, a su vez, de reforzar la protección y conservación de las fuentes hídricas superficiales y subterráneas en la parte baja de la cuenca 132. Y el Artículo 9. Dentro de los límites del área protegida de la cuenca del río Santa María se establecen las siguientes prohibiciones de las actividades incompatibles con los objetivos establecidos en esta Ley: 1. Se prohíbe la extracción minera y construcción de hidroeléctricas y cualquier otra iniciativa que represente una ·amenaza o una barrera que fragmente la integridad de los ecosistemas de la cuenca del río Santa María.
Agradecimientos por la colaboración

Adriana Sautu
Dimas David Ríos Cedeño
Laureano Barría
Comunidades afectadas en Tonosí
Comunidades afectadas en la cuenca del Río La Villa
Sistema Nacional de Protección Civil SINAPROC – Herrera
Salva la Selva

 

 

Fuente: Radio Temblor

Haitianos mantienen bloqueada frontera con República Dominicana

Puerto Príncipe, 24 nov (Prensa Latina) Manifestantes de Haití mantienen hoy bloqueado el paso fronterizo con la República Dominicana, en protesta contra las expulsiones masivas de sus connacionales.

Por tercera jornada consecutiva, el acceso de Ouanaminthe al país vecino fue soldado para denunciar el trato inhumano que las autoridades dominicanas infligen a los indocumentados y las deportaciones que, a su juicio, irrespetan los derechos humanos.

El cierre fue impulsado por varias organizaciones de la sociedad civil en Ouanaminthe y municipios vecinos del departamento Nordeste que piden a las autoridades vecinas que se disculpen públicamente.

Desde el lunes las actividades están suspendidas en el punto fronterizo, incluido el mercado binacional, además que decenas de camiones de mercancías se encuentran varados en el paso aduanal.

Las deportaciones de haitianos desde Dominicana se intensificaron en los últimos meses y organizaciones de derechos humanos denunciaron el trato inhumano y degradante de los indocumentados por parte de las autoridades migratorias.

Solo en octubre más de 14 mil 800 migrantes fueron devueltos a Haití en medio de una ola de deportaciones que conmocionó a la sociedad.

El Gobierno de Puerto Príncipe calificó de vergonzoso e inhumano el trato de sus connacionales y consideró que la situación empala la imagen de Santo Domingo en todo el mundo, además de poner en peligro el espíritu de paz y armonía que debe guiar la relación entre los dos países.

Aunque la Cancillería reconoció el derecho soberano de República Dominicana de regular los flujos migratorios dentro de su territorio, pidió que sus nacionales sean tratados con respeto a la dignidad humana.

Por su parte, la Oficina de Protección del Ciudadano, organismo estatal que vela por los derechos humanos, sugirió al Gobierno dotar de recursos a la Oficina Nacional de Migración para tratar los asuntos de los retornados sin dificultad y buscar el apoyo constante de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados para abogar por el respeto de las normas internacionales República Dominicana.

La organización condenó los numerosos actos de brutalidad y represión que violan los instrumentos internacionales de protección de los refugiados, así como el maltrato de mujeres y niños en territorio dominicano.

mem/ane

https://www.prensa-latina.cu/2022/11/24/haitianos-mantienen-bloqueada-frontera-con-republica-dominicana

 

Fuente: Haiti no MINUSTAH

Consideran cosméticas las sanciones contra políticos de Haití

Puerto Príncipe, 24 nov (Prensa Latina) El portavoz del partido Rasin Kan Pep La, Camille Chalmers, consideró hoy como una operación cosmética las recientes sanciones de Estados Unidos y Canadá contra exfuncionarios y políticos haitianos.

Foto de archivo

El analista y economista insistió en que las medidas están destinadas a justificar una intervención militar en Haití, un pedido del actual Gobierno para presuntamente controlar a las pandillas, responsables de cientos de asesinatos y secuestros.

Chalmers señaló que tanto Estados Unidos como Canadá conocen desde hace mucho tiempo la implicación de los sancionados en actividades de corrupción y solo ahora decidieron actuar.

Para el político, no existe una política real para acabar con las redes mafiosas y el crimen trasnacional en la pequeña nación caribeña, y destacó que las pandillas forman parte de la estrategia capitalista de dominación.

Canadá sancionó a ocho integrantes de la elite política haitiana por presuntos lazos con el narcotráfico y el financiamiento de bandas, entre los que destacan el expresidente Michel Martelly y el actual presidente del Senado, Joseph Lambert.

También impuso castigos a los ex primeros ministros Laurent Lamothe y Jean Henry Céant, el senador Rony Célestin, así como el extitular de la Cámara de Diputados Gary Bodeau y el legislador Hervé Fourcand. Completa la lista el expresidente de la Asamblea Nacional Youri Latorute.

Ottawa los acusa de presuntamente proteger y permitir las actividades ilegales de bandas criminales armadas, a través del lavado de dinero y otros actos de corrupción.

También de utilizar sus cargos oficiales para traficar drogas y colaborar con redes delictivas para socavar el Estado de derecho.

Las sanciones incluyen la prohibición de transacciones financieras, además de la congelación o embargo de los bienes.

Diplomáticos canadienses aseguraron que la lista incluirá a empresarios y otros actores económicos y sociales y podrá ser adoptada por Naciones Unidas para globalizar las sanciones.

ro/ane

https://www.prensa-latina.cu/2022/11/24/consideran-cosmeticas-las-sanciones-contra-politicos-de-haiti

¡Mujeres, agua, tierra y energía no somos mercancía!: Contra la violencia patriarcal extractivista, las mujeres se organizan

grafica alusiva a ¡Mujeres, agua, tierra y energía no somos mercancía!: Contra la violencia patriarcal extractivista, las mujeres se organizan

25 de noviembre de 2020

“Con territorios donde las mujeres derramen lágrimas de dolor y temor, no. Con territorios donde las mujeres agachan sus miradas porque han sido humilladas hasta perder el brillo de su mirada, no. La lucha que damos como pueblos indígenas no puede avanzar hasta que sigamos siendo violentadas de una y mil maneras.”
Declaración, Mujeres indígenas CRIC
 

Hoy 25 de noviembre del 2022, Día de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, queremos conmemorar la lucha de las mujeres que defienden sus vidas, a sus comunidades y sus territorios de las violencias ejercidas por el modelo extractivista patriarcal así como hacer un llamado sobre la urgencia de reconocer los impactos diferenciados que este modelo ejerce sobre ellas y la necesidad de fortalecer su participación política para que sus reclamos y miradas sobre una sociedad con justicia ambiental, social y de género sean atendidas. Ello requiere amplificar la reflexión sobre las nociones de las violencias hacia las mujeres, dando mayor visibilidad a las violencias ambientales y territoriales, reconociendo desde una mirada interseccional las diferentes experiencias que atraviesan a las mujeres como indígenas, campesinas, afrodescendientes, habitantes urbanas, niñas, ancianas, trans y/o lesbianas en sus territorios.

El modelo extractivista patriarcal impuesto a través de mega proyectos minero-energéticos, hidroeléctricas, agroindustria, entre otras formas de explotación de la naturaleza, es responsable de múltiples violencias. El despojo, la contaminación ambiental, la degradación y destrucción de los territorios, la deforestación y pérdida de biodiversidad, afectan a la humanidad y los ecosistemas, implicando impactos específicos sobre las mujeres. Como parte de la estrategia de apropiación que el modelo extractivista ha agenciado sobre los bienes comunes, los cuerpos y las formas de vida de las mujeres, se han invisibilizado y desestimado las labores de reproducción de la vida, históricamente llevadas a cabo por las mujeres. 

Las labores domésticas, como por ejemplo la producción de alimentos para el sustento de familias y comunidades, se hacen cada vez más dispendiosas en territorios donde los suelos y las aguas han sido degradados por el extractivismo, implicando una sobrecarga de trabajos a las mujeres. De igual forma, al estar, en su mayoría, a cargo de la gestión del agua en sus familias, se encuentran directamente más expuestas a las aguas contaminadas y corren mayores riesgos de padecer múltiples enfermedades. A su vez, el aumento de las enfermedades y el deterioro de la salud de las comunidades que habitan territorios con contaminación ambiental, sobrecarga a las mujeres en su rol histórico de cuidadoras, generándoles mayor agotamiento, daños físicos y emocionales. Invisibilizar estas tareas y sus impactos ha sido clave para la apropiación de estos trabajos del cuidado por parte del capital, utilizándolos como sostén del modelo productivo-extractivista que se ancla en los territorios.  Este desconocimiento no sólo es una muestra de injusticia de un modelo insustentable, sino justamente una de las claves para hacer efectiva dicha apropiación.

La sobreposición de estas violencias se agudiza con la violencia política ejercida hacia las mujeres, a quienes se les niegan los espacios de participación, reduciendo su papel a las labores domésticas y de cuidado. Esta situación refuerza los estereotipos de género y la tradicional división entre lo privado y lo público, en donde en vez de reivindicar la centralidad de las labores del cuidado para el sostenimiento de la vida e insistir en su repartición equitativa, se asigna a las mujeres las labores domésticas y lo privado como único espacio posible para ellas, reduciendo su margen de participación en lo público. Al confinarlas a estas tareas, cada vez más extenuantes por los impactos del extractivismo, se ven privadas de acceder a información relevante sobre el destino de sus territorios y sus vidas, y se concentran las vocerías y la toma de decisiones en las figuras masculinas. Esta vulneración de su derecho a la participación política ocurre de múltiples formas y es ejercido por múltiples actores masculinizados, exacerbando el entronque entre extractivismo y patriarcado. 

Este menoscabo a la voz y visión de las mujeres lacera su autonomía e impide que las decisiones que se tomen sobre los territorios contengan los conocimientos que ellas han adquirido en su rol de cuidadoras, obstaculizando ordenamientos territoriales que pongan la reproducción de la vida en el centro y la reparación de sus derechos vulnerados. De este modo, las políticas públicas ambientales y los procedimientos carecen de una perspectiva de género, desconociendo los riesgos diferenciales a los que se exponen las mujeres en el desarrollo de proyectos extractivistas, a la vez en que se prioriza el lucro sobre lo común. Al mismo tiempo, las mujeres que denuncian los impactos que padecen por la actividad extractivista o que buscan espacios de liderazgo para defender a sus comunidades y territorios, suelen ser señaladas y estigmatizadas, inclusive por los propios miembros de sus comunidades, recrudeciendo las violencias. 

A pesar de la intensificación de estas violencias, las mujeres y sus organizaciones vienen desplegando una serie de resistencias, propuestas y alternativas a este modelo político y económico de muerte. En concreto, vemos que las organizaciones de mujeres están poniendo en el centro la discusión por el cuidado de la vida, una noción que pasa por la defensa de los territorios desde el reconocimiento de la interdependencia, es decir, cómo afectamos y nos relacionamos con las y los otros, humanos y no humanos. Este reconocimiento las invita a pensar sobre las relaciones al interior de las organizaciones sociales y sus estructuras patriarcales, razón por la cual un objetivo de sus agendas es transformar estos modos de relacionamiento en los espacios organizativos, exaltando el lugar de lo afectivo en la construcción de colectividades. 

Este mismo sentido de interdependencia y corresponsabilidad las lleva a ser, en muchos de los casos, quienes cuestionan las dinámicas de corrupción y los pactos patriarcales, en los que las empresas extractivas negocian con los líderes hombres de las comunidades para la venta de las tierras. La socialización de las mujeres en los roles de cuidado, las impulsa a anteponer el bienestar de sus familias por encima del lucro o los intereses privados. Así también lo evidencian a través de sus luchas por las múltiples afectaciones a la salud a raíz de los proyectos extractivos, a la par que reactivan sus saberes frente a la curación y reparación de los cuerpos, manteniendo el cuidado de lo común. 

De esta manera, a través del impulso de la articulación entre mujeres, mediante espacios formativos, acciones judiciales y comunicativas, denuncias, incidencia en tomadores de decisión, procesos de gestión comunitaria de las aguas, recorridos de reconocimiento territorial, salvaguarda de las semillas nativas, labores agrícolas y productivas tradicionales, propuestas de cuidado colectivo y exaltación de lo común, estas juntanzas impulsan las resistencias cotidianas al modelo extractivo, construyendo y proponiendo alternativas al modelo hegemónico. 

La posibilidad de reconocer y fortalecer su autonomía e incidencia requiere de la redistribución de las labores del cuidado, para ampliar las posibilidades de participación de las mujeres, a la vez que se revaloran las labores esenciales para el sostenimiento de la vida. Desde Censat Agua Viva reivindicamos como urgente el reconocer las apuestas de las mujeres en defensa de sus territorios, los impactos diferenciales que se ejercen en estos contextos hacia sus cuerpos y las alternativas que han construido desde la juntanza y sus cotidianidades. 

Las mujeres seguiremos declarando ¡Mujeres, agua, tierra y energía no somos mercancía! La lucha ambiental debe ir acompañada de la lucha en contra de las violencias hacia las mujeres, así como enfrentar las violencias en los contextos extractivos y de degradación ambiental. 

Fuente: Censat Agua Viva

Megaproyectos y extractivismo son contrarios a la dignificación de la vida de los pueblos

Los megaproyectos como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, así como los proyectos extractivistas, son «contrarios a la dignificación de la vida de los pueblos» por promover el despojo, la explotación y la destrucción de los territorios y la vida comunitaria, aseguraron comunidades mayas de la Península de Yucatán y pueblos de México y el mundo.

Durante un encuentro de pueblos en resistencia del campo y la ciudad en territorio maya, las comunidades aseguraron que los megaproyectos «articulan estrategias de reordenamiento» de los territorios con el fomento del turismo masivo, la agroindustria, la industria energética, inmobiliarias, megagranjas porcícolas y avícolas y proyectos occidentales de explotación y extractivismo.

Indicaron que para introducir los megaproyectos, las empresas y gobiernos destruyen la naturaleza pero también la vida comunitaria, al fomentar la división de los pobladores por «la ambición con promesas de beneficios económicos».

A las estrategias de despojo y destrucción se suma la llegada y profundización de la militarización y la proliferación de bases militares, «y con ellas el incremento de la represión, la intimidación y la violencia que impacta de manera más fuerte en el cuerpo territorio de las mujeres y las disidencias sexuales», señalaron.

Por ello, reunidos en Calakmul, Campeche, las comunidades exigieron respeto a su derecho a la libre determinación y el paro inmediato de los dos proyectos de reordenamiento del territorio: «el mal llamado Tren Maya que, insistimos, NO ES MAYA, porque no es para los mayas sino para los grandes capitales, y el Corredor Interoceánico».

A continuación el comunicado completo:

En este día 4 Ix, día de energía femenina, con el permiso de nuestros ancestros y ancestras, desde las tierras sagradas de Calakmul, nos hemos convocado y nos encontramos, primero para pedir perdón a nuestra Madre Tierra por lo que no hemos sido capaces de hacer por salvarla de las garras del capitalismo extractivista que la viola y la destruye, pero también para reconocer y compartir los esfuerzos organizados realizados y también para enlazar nuestro pensamiento, corazón y voluntad con otros, otras y otres que también luchan.

Reunidos y reunidas colectivos, colectivas, organizaciones, personas indígenas y no indígenas, del campo y de la ciudad que amamos el territorio y defendemos la vida, que llegamos desde distintas regiones: norte, centro y sur de Quintana Roo, norte y sur de Yucatán, sur de Campeche, Istmo de Tehuantepec, Tabasco y centro de México y también de Colombia, Nicaragua y Alemania; compartimos nuestra palabra con la intención de que esta llegue a los corazones de todas aquellas personas que como nosotros, nosotras y nosotres resisten y luchan contra los despojos, explotación y la muerte de este sistema capitalista, colonial y patriarcal hacia los pueblos del mundo y contra la Madre Tierra.

Nuestra historia de resistencia es ancestral, luchamos hoy, como antes lo hicieron nuestras abuelas y abuelos por la defensa de la vida y la dignidad, como lo hizo Jacinto Canek, como lo hizo Jacinto Pat, como lo hizo Maria Uicab. Aquí estamos y aquí seguiremos, porque la garra de la dominación colonial se extiende hasta nuestros días, la colonización no ha acabado y por lo mismo la lucha de resistencia sigue viva.

HOY DENUNCIAMOS:

Como hemos denunciado en muchas ocasiones, que en la península de Yucatán y la región sur sureste de México, estamos enfrentando la imposición de megaproyectos con visiones occidentales de desarrollo económico que nada tienen que ver con nuestras formas de vida y con nuestra mirada que como pueblos tenemos de lo que significa el desarrollo.

Este despojo, explotación y destrucción para nuestros pueblos está pensado desde arriba por los malos gobiernos pensando en el beneficio del gran capital sin importar que esas acciones vayan contra la vida en todas sus manifestaciones. Entre ellos el mal llamado Tren Maya y el Corredor Interoceánico, que articulan estrategias de reordenamiento de nuestros territorios como el fomento del turismo masivo, la agroindustria, la industria energética, inmobiliaria, mega granjas porcícolas y avícolas, proyectos occidentales de explotación y extractivismo contrarios la dignificación de la vida de los pueblos.

Declaramos que estos megaproyectos afectan de manera integral la vida de las comunidades porque además de todas estas estrategias de acaparamiento del territorio y sus bienes naturales, vemos venir con ellos la militarización, la proliferación de bases militares y con ellas el incremento de la represión, la intimidación y la violencia que impacta de manera más fuerte en el cuerpo territorio de las mujeres y las disidencias sexuales.

Afirmamos que estos proyectos no son casuales ni desarticulados sino que son pensados como un mecanismo de exterminio hacia nosotros y nosotras. Atentan contra nuestra vida como pueblos pero también contra toda la vida, porque talan los montes, deforestan, despojan y desintegran las comunidades, dañan los ecosistemas donde habitan los animales y los vientos sagrados, dañan a las abejas y la milenaria actividad de la apicultura, contaminan el agua con sus agroquímicos envenenando la tierra, el aire, el agua y nuestra salud. No nos quieren vivos, nos quieren muertos o al menos debilitados y esclavizados. No quieren que haya vida para nuestros hijos e hijas. En medio de todo este despojo, devastación, enfermedad y muerte ¿dónde vamos a reproducir nuestra cultura para que ellos y ellas tengan una buena vida?

Además, desarticulados, fragmentados, deshermanados, confrontados nos quieren. Al gobierno y su patrón el gran capital le conviene que no estemos unidos, por eso es que instalan el conflicto entre nuestros pueblos, nos dividen comprando consciencias aprovechándose de la necesidad económica. Mienten y engañan fomentando la ambición con promesas de beneficios económicos que nunca serán para nosotros.

EXIGIMOS:

Respeto a nuestro derecho a la libre determinación reconocido en los tratados internacionales firmados por México para los pueblos y comunidades indígenas y el paro inmediato de sus dos proyectos de reordenamiento del territorio: el mal llamado Tren Maya que insistimos NO ES MAYA, porque no es para los mayas sino para los grandes capitales y el Corredor Interoceánico.

Invitamos a todas aquellas personas que al igual que nosotros, nosotras, nosotres se preocupan e indignan por la gravedad de la situación que vivimos, a sumarnos a una lucha articulada entre los pueblos, del campo y de la ciudad, indígenas y no indígenas, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, jóvenes, jóvenas. Articular los esfuerzos en defensa de la tierra y del territorio, de la madre naturaleza y del territorio simbólico y sagrado de los pueblos: las lenguas, las prácticas sagradas tradicionales y la memoria. Lo que en suma es la defensa de la vida.

Xpujil, Calakmul, territorio maya

4 ix, 7 keej

13 de noviembre de 2022

Fuente: Desinformémonos

 

Fuente: Radio Temblor