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¡Campeones! La alegría del final es un bálsamo popular tan necesitado como merecido. Corona un año de grandes luchas y de mucho sufrimiento, ya que de campeonatos seguimos peleando varios, como el del empobrecimiento, de la inflación, la precarización, el saqueo extractivista… Todo al ritmo del escandaloso sometimiento a un nuevo acuerdo con el FMI, que otorga impunidad a los responsables de la gigantesca estafa perpetrada con el acuerdo de 2018 y ha significado nuevas y cada vez peores consecuencias para el pueblo y el país que se extenderán durante años. Por lo que la alegría del momento nos debe ayudar a hacer balance del año vivido y fortalecernos frente al escenario 2023 y las luchas que avecinan.
El nuevo acuerdo-estafa
A pesar de reconocer públicamente la condición ilegítima y fraudulenta de la deuda con el FMI tomada por Mauricio Macri en 2018, incluso haber iniciado una querella contra sus responsables locales, el Ejecutivo pidió autorización para pagar la estafa con un nuevo acuerdo y el Congreso lo votó, dándole el visto bueno del conjunto mayoritario del régimen político. La jornada del 10 de marzo tuvo otra expresión: la movilización callejera de miles de personas y organizaciones en el Congreso y otros puntos del país, además del rechazo parlamentario de la bancada de izquierda. Si bien el sector del oficialismo que responde a Cristina Kirchner también votó en contra o se abstuvo, mayormente lo hizo reclamando “otro acuerdo”. Ese “otro acuerdo” nunca se explicó ni acompañó esa denuncia de movilizaciones con ese objetivo. Tampoco implicó una ruptura total con el gobierno del que sigue siendo parte.
La decisión oficial de no asumir el carácter fraudulento del acuerdo de Macri y de no confrontar con el Fondo, junto con la falta de voluntad de parar la fuga, implicó que el gobierno aceptara la tutela del FMI y su co-gobierno. Asumiendo una nueva deuda, hasta 2034, con la consecuente pérdida de soberanía. Una característica central del acuerdo firmado son las famosas “metas”, que representan una extorsión permanente, pues condicionan los desembolsos trimestrales para pagar la estafa anterior, al cumplimiento de las exigencias del FMI. Entre otras, el organismo reclama una reducción cada vez mayor del déficit fiscal (recortar la inversión y el gasto del Estado), el recorte de la política social, una pauta de acumulación de reservas en el BCRA y una orientación ortodoxa en la política fiscal y monetaria, incluyendo una devaluación progresiva de la moneda nacional.
Las “reformas estructurales” (jubilatoria, laboral, etc.), quedaron trazadas como orientación a futuro. Incluirlas en el Acuerdo y aplicarlas de inmediato hubiera sido una invitación a la rebelión popular, pero las mencionan en cada revisión. En particular, de cara a las jubilaciones, se busca recortar aún más el gasto en el sistema previsional, en caso de que se agote el ajuste inflacionario actual que mantiene jubilaciones de miseria sobre millones de personas jubiladaåås.
Los efectos de la nueva estafa
**Ajuste e inflación. El nuevo acuerdo prevé un “período de gracia” hasta 2026, tiempo en el cual mientras se cumpla con las condiciones del Fondo, se recibirá los desembolsos destinados a pagar la estafa de Macri y los intereses acumulados. Recién entonces se empezará a pagar los vencimientos del nuevo acuerdo, lo que coincidirá, además, con un aumento sideral de los reclamos de pago a los bonistas privados según la reestructuración negociada en 2020. Es decir, lo peor todavía no llegó, y nadie sabe cómo se afrontará ese momento. Sin embargo, a pocos meses del 2022 ya empezamos a vivir las consecuencias de la nueva estafa.
Los meses posteriores a la firma no fueron de estabilidad y despegue, como prometía el gobierno, sino de inestabilidad e incertidumbre: las empresas aumentaron precios y pisaron salarios, mientras que la política oficial de contención de la inflación naufragaba entre las internas del FdT y la presión del empresariado. El fracaso post-acuerdo y la necesidad de acelerar el ajuste resolvieron la interna oficialista y determinaron la salida de tu Guzmán, el relevo de Batakis y el arribo de Massa al gabinete económico. En otras palabras, el gobierno construyó finalmente el consenso político para profundizar las medidas antipopulares y cumplir las metas del FMI: aceleración de la devaluación, aumento de tarifas, suba de la tasa de interés y ajuste en el gasto público. Además, se implementó un recorte de partidas presupuestarias por $128.000 millones este año, se promovió y votó en el Congreso un Presupuesto 2023 con recortes nominales y reales sobre distintas partidas, se otorgó el “dólar soja”, un enorme subsidio del Estado a los empresarios del agro y las cerealeras/exportadoras, entre otras.
El principal efecto de las medidas de ajuste es la desaceleración económica, y así lo reconoce y aplaude el FMI. Esto, va de la mano del derrumbe de la infraestructura social y la caída de la capacidad de consumo de los sectores populares ante la escalada inflacionaria, que superará el 90% anual, y el crecimiento de la precarización laboral. En la pelea frente al aumento sin cesar del costo de la vida, el acuerdo con el FMI fortalece la mano de quienes más concentran y más privilegios exigen.
**Clase trabajadora desempleada. Un capítulo especial del ajuste recae sobre el sector desocupado y los planes sociales. En los últimos meses se orquestó una sucia campaña mediática y política con el objetivo de reducir la cantidad de personas que reciben la asistencia social del Estado, especialmente el Potenciar Trabajo, y quebrar la combatividad creciente de los sectores más desprotegidos. En vez de investigar el fraude de la deuda, se anunció una auditoría sobre los planes sociales, se hizo público un informe de la AFIP sobre “irregularidades”, se judicializó la situación levantando el secreto fiscal sobre les beneficiaries, y hasta intentaron postergar el cobro de los planes en diciembre. Es una canallada poner la lupa sobre las personas en situación de pobreza, mientras las empresas y los millonarios del país se dedican a la especulación financiera, fugan dólares pagándose auto-préstamos y presionan para obtener beneficios del Estado.
**Extractivismo recargado. Por otra parte, la firma del Acuerdo buscaba despejar el panorama financiero en el corto plazo para organizar un plan económico de mediano y largo plazo en torno al pago de la deuda. El problema no es solo la ilegitimidad de esa deuda reclamada, sino además el carácter de ese plan: profundizar la orientación exportadora de commodities(soja, petróleo y gas, minería) y convocar inversiones extranjeras para el desarrollo de actividades extractivas, de fuertes consecuencias ambientales y sociales, escasa generación de empleo y beneficios concentrados en pocas manos. Es el camino al que llevan la aceleración de la explotación de Vaca Muerta, la entrega del litio en el norte, la exploración petrolera en aguas profundas en Mar del Plata, la entrega del Río Paraná a capitales extranjeros y del agua a la empresa israelí Mekorot, la presión para concretar otros megaproyectos mineros o de infraestructura, como la autovía en Punilla, Córdoba, los incendios y desmontes para la expansión de la frontera agrícola y el cajoneo o ataque a las leyes de protección ambiental (Humedales, Glaciares). El acuerdo con el FMI da por sentada la profundización de este modelo de saqueo extractivista.
**Soberanía y geopolítica. El nuevo Acuerdo no sólo implica un monitoreo permanente de la política económica de parte de los auditores del FMI y el sometimiento trimestral a la aprobación de su Directorio ejecutivo. Ocurre en un contexto internacional agitado y de gran incertidumbre, donde Argentina pivotea entre dos bloques económicos y políticos. Uno comandado por EEUU – Europa, y otro que tiene por protagonistas a Rusia – China. Por ahora, la deuda fraudulenta con el FMI y el peso de EEUU en el organismo, así como también con los grandes fondos privados que mantienen bonos argentinos en sus carteras de inversión, inclina la posición argentina hacia un mayor alineamiento con la política exterior estadounidense, a cambio de cierta flexibilidad en los plazos y las metas del Acuerdo. Las consecuencias de esta pérdida de soberanía van más allá de lo estrictamente económico (incluyendo la renuncia de jurisdicción nacional sobre el endeudamiento público). El posicionamiento externo del país en diversos conflictos se ve afectado mientras van apareciendo acuerdos como la instalación de una nueva sede de la Agencia de Control de Drogas (DEA) en San Nicolás o la construcción de parte del ejército –ambos de EEUU- de una base de “defensa civil” en Neuquén.
**Represión y criminalización. Los planes de ajuste no pasarán sin resistencia, que vista la historia reciente puede convertirse en una ofensiva popular en defensa de las condiciones de vida. Por eso, el endurecimiento de la represión, criminalización y judicialización de la protesta social, donde los poderes ejecutivo y judicial meten la mano en igual proporción, cada cual según sus competencias. Dan cuenta de esto las hermanas mapuche detenidas luego del brutal desalojo del lof Winkul Lafken Mapu por parte de un comando unificado.
La descomposición de los poderes del Estado es, particularmente, notoria en el Poder Judicial, que pocas semanas atrás mostró, con toda crudeza, las conexiones espurias que lo liga con el empresariado, los medios de comunicación hegemónicos y los servicios de inteligencia, en contra de los derechos del pueblo y de la naturaleza.
Acciones de la Autoconvocatoria
Como parte de aquella resistencia, desde la Autoconvocatoria dimos continuidad a la campaña de denuncia y movilización popular lanzada en enero de 2020. Con la experiencia y el Fallo del Juicio Popular a la Deuda y al FMI en mano, y una progresiva disminución de las restricciones impuestas con la pandemia, a partir de julio 2021 impulsamos un calendario intenso de acciones que desembocó en las marchas callejeras masivas que protagonizamos junto a otros espacios de articulación y lucha, en diciembre, febrero, marzo y julio ante el Congreso, la Casa Rosada y el Ministerio de Economía, para mostrar el repudio popular y señalar los blancos políticos de la movilización.
Asimismo, formamos parte de la presentación de un Amparo Judicial que promueve la anulación del Acuerdo con el Fondo y del pago de la deuda, como forma de visibilizar su carácter ilegal e ilegítimo e insistir en la existencia de alternativas a la resignación y la entrega. Construimos una mirada integral de los impactos y consecuencias no solo de los acuerdos con el FMI sino también de toda la deuda espuria que, sin solución de continuidad, se sigue acumulando sin investigación ni justicia desde por lo menos tiempos de la última dictadura. Por eso, durante todo el año acompañamos y nos solidarizamos con la enorme diversidad de luchas que reflejan las consecuencias de este sistema de dominación, buscando siempre fortalecer la unidad en acción. Con el pleno convencimiento de que la única deuda es con los pueblos y la naturaleza, nos hermanamos en las calles con las organizaciones de desocupadas, desocupados y desocupades, con las luchas docentes y del sector salud, con quienes están defendiendo la soberanía, los territorios, el agua, los bosques, el clima, y quienes reclaman justicia y una jubilación digna después de toda una vida de trabajo. Estuvimos presentes en las plazas del país para seguir exigiendo Memoria, Verdad y Justicia frente a los crímenes de la dictadura y estuvimos en el 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binaries en San Luis, para seguir vinculando la deuda con la opresión específica que atraviesa más de la mitad de la población. Y reconociendo que el drama de la deuda ilegítima y odiosa, de las condiciones del FMI y las demás instituciones financieras internacionales, afecta a muchos pueblos sobre todo del Sur, buscamos unir fuerzas en América latina, el Caribe y el mundo.
La lucha continúa
Desde la Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda continuaremos sumando nuestro aporte a la lucha contra el pago de una deuda que no debemos. Contra sus ajustes e imposiciones que nos empobrecen y violentan. Sabemos que el año 2023 traerá una profundización de los efectos del acuerdo-estafa – como el FMI acaba de detallar – y nuevos desafíos, sobre todo en la medida que se acercan las elecciones. Pero también habrá nuevas posibilidades para avanzar en la construcción de la unidad y resistencia popular que precisamos para poner fin a este sistema de endeudamiento, empobrecimiento, extractivismo, explotación y entrega perpetua. Llamamos a multiplicar la fuerza de las, los y les de abajo con organización, debate y lucha en las calles, en los lugares de trabajo, en escuelas, universidades, territorios y en todos los ámbitos necesarios. Llamamos a articular luchas y esperanzas, uniéndonos en nuestro país y con otros pueblos hermanos, para parar la sangría y lograr que se salden las únicas deudas verdaderas: las deudas históricas, sociales, ecológicas y climáticas, las deudas de género y democráticas, las deudas con los derechos y las necesidades de los pueblos y de la naturaleza.
En ese camino, invitamos a construir una gran Asamblea, el sábado 11 de marzo, para debatir y acordar próximas acciones.
¡Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda!
¡Las estafas no se pagan!
¡Anulación del Acuerdo y Fuera el FMI!
¡La deuda es con los pueblos y la naturaleza, no con el FMI!
-Argentina, 30 de diciembre de 2022
Fuente: Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda
