Movimiento Por un Veraguas Verde en ALERTA

Luego de exigir información sobre la demanda de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley 92, que pone en operaciones de la minera Veragold en el distrito de Cañazas y La Mesa de Veraguas.

Funcionarios de la secretaria general de la corte informaron a los peticionarios que el expediente sigue su curso regular y que en este momento el expediente se encuentra en el despacho del Procurador de la Nación por segunda vez notificando de la providencia de alegatos. La cual la corte está a la espera del expediente con dicha notificación.

Una vez se remita el expediente fijará un edicto en un periódico de circulación nacional para los que tenga a bien presentar sus alegatos en un términos de 10 días mediante su abogado.

En tanto representantes del movimiento en la base de Cañazas y La Mesa realizaron el cierre de la vía interamericana continuo a los distritos como acto de lucha contra la Ley 92.

Las acciones continúan en los predios de la Corte Suprema de Justicia y los predios de la empresa Veragold en Cañazas.

Redacción Radio Temblor Internacional

Fuente: Radio Temblor

Balance ambiental de México en 2023: persistente violencia en contra de las personas defensoras y falta de recursos para el sector dejan huella en el país

La agenda ambiental en México enfrenta una paradoja: el poco presupuesto que se le destina al tema muestra que no es una prioridad en las políticas públicas, pese a que se trata de un asunto vital si se desea seguir siendo una nación megadiversa, con acceso a los servicios ecosistémicos y con herramientas que permitan mitigar los efectos de fenómenos climáticos cada vez más extremos.

Y esto último lo saben bien aquellas personas y comunidades que persisten en la defensa del ambiente y el territorio, incluso con los riesgos que esto implica en un país con una creciente militarización y en donde la presencia de los grupos del narcotráfico es apabullante.

Una de las minas ilegales que hay en la Sierra de Manantlán, en el estado de Jalisco; una región en donde los grupos de narcotráfico tienen el control del territorio. Foto: Thelma Gómez.

El sector ambiental se ha debilitado en los últimos años. Desde 2016 y hasta 2021, el presupuesto destinado a este sector se redujo año tras año, de acuerdo con un reciente análisis de la coalición de organizaciones civiles Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (Nossa). Aunque a partir de 2022 el presupuesto ha tenido un repunte, no ha retomado los montos registrados entre 2012 y 2016. Además, la mayor parte del presupuesto de ese año y del 2023 se destinó a la construcción de grandes obras hidráulicas a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para 2024 se prevé que el sector ambiental reciba 11.4 % menos recursos que este 2023 (70,245.5 millones de pesos, unos 4098 millones de dólares).

Especialistas en diversas áreas de la agenda ambiental coinciden en que la falta de presupuesto del sector ambiental explica su deterioro institucional, que se refleja en deficiencias para la protección y conservación del ambiente y los recursos naturales.

De cara al último año de la administración del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Mongabay Latam presenta un balance en cinco aspectos de la agenda ambiental durante 2023.

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Zona de la selva en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, que se taló para construir el tramo 6 del Tren Maya. Foto: Isabel Mateos/Mongabay Latam

Lo grave: deforestación, problema crítico en la selva

La deforestación persiste y se ha acentuado en las selvas del sur y sureste del país. Tan sólo en 2021 —el año más reciente del que se tiene información oficial—, el territorio nacional perdió 118 490 hectáreas de selvas húmedas y secas; esa cifra representa el 70.6 % de la superficie total deforestada durante ese año.

La región que abarca casi la totalidad de Campeche, el norte de Chiapas, Yucatán y el sureste de Quintana Roo es una de las “zonas críticas” de deforestación que identifica la Comisión Nacional Forestal (Conafor). En ese territorio se encuentran importantes ecosistemas como la selva maya, una de las reservas de bosque tropical más importantes en América Latina.

En esa zona se construye el llamado Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que ha sido señalado por científicos, ciudadanos, comunidades y organizaciones no gubernamentales por sus riesgos e impactos ambientales y sociales, pero también porque no ha respetado el marco legal.

Un análisis de la organización CartoCrítica, dado a conocer en agosto de 2023, calculó que al menos 6 659 hectáreas de selva han sido deforestadas como consecuencia de la construcción del Tren Maya. Además, encontró que el 87 % de esa superficie no contaba con autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales al momento del desmonte. También mostró que, en junio de 2023, poco más 67 hectáreas fueron deforestadas a pesar de estar dentro de un área con una suspensión judicial que impedía cualquier actividad de tala o desmonte, lo que implicaría una “presunta ilegalidad y desacato”, según CartoCrítica.

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Las zonas en rojo muestran las áreas donde se realizó tala sin contar con la autorización de cambio de uso de suelo. En las marcadas con amarillo, sí había una autorización. Foto: CartoCrítica.

La cobertura forestal del sureste del país no se ha perdido sólo por la construcción del Tren Maya. La agroindustria —con monocultivos como la soyacaña de azúcar y palma de aceite—, la ganadería industrial, los proyectos turísticos e inmobiliarios también han impulsado la deforestación.

Perder cobertura forestal implica quedarse sin servicios ambientales invaluables, como la formación y retención de suelo, la recarga de los mantos freáticos y la infiltración del agua al subsuelo. Otro problema es la degradación de los bosques, que ocurre cuando se pierde la densidad forestal y disminuyen los servicios que brindan estos ecosistemas. La degradación de la cobertura forestal no se ha dimensionado, pero podría alcanzar el mismo volumen que el de la deforestación, resalta José Iván Zúñiga, gerente de Paisajes Forestales del World Resources Institute (WRI).

Desde 2017, el presupuesto anual de la Conafor se ha reducido significativamente en comparación con los años previos. De 2010 a 2016, cada año recibió, en promedio, 6 mil 757 millones de pesos, mientras que en los siguientes seis años, ese presupuesto se redujó prácticamente a la mitad, 3 mil 296 millones de pesos anuales (191.5 millones de dólares al tipo de cambio vigente a fines de 2023), de acuerdo con datos de la misma dependencia. Para 2023, los ingresos de Conafor se redujeron nuevamente y recibió un presupuesto de 2 mil 933 millones de pesos (170.5 millones de dólares, al tipo de cambio actual), el monto más bajo de los últimos 12 años. Para 2024, se prevé que reciba 3 mil 72 millones de pesos (176 millones de dólares, al tipo de cambio vigente).

La falta de recursos, con las consecuentes carencias institucionales, ha mermado la atención y vigilancia en otros temas que también se relacionan con la pérdida de cobertura forestal como los incendios, las plagas y las enfermedades del arbolado, señala Zúñiga.

Incendio en el municipio de Chiquilistlán, Jalisco, el 3 de mayo de 2023. Foto: Semadet Jalisco

Datos de Conafor muestran que de enero al 23 de noviembre de 2023 ocurrieron 7,477 incendios forestales, más que en cualquier otro año del último lustro. Además, también ha sido el año con la mayor superficie afectada por estos incidentes desde 1998: 1 millón 13 mil 244 hectáreas.

La superficie forestal afectada por las plagas también ha aumentado respecto a los dos años previos, al alcanzar 24 453 hectáreas entre enero y junio de 2023. En el año 2021, fueron 18 767 y en 2022, 19 421 hectáreas, de acuerdo con datos de la propia Conafor.

“Son dos factores que no hay que dejar de lado, que son importantes porque además están creciendo y es totalmente previsible que van a seguir creciendo conforme el clima siga cambiando”, dice Zúñiga.

Imagen de Global Forest Watch que muestra el avance de la deforestación en el ejido de Salamanca, en Bacalar, Quintana Roo. Foto: GFW

Lo preocupante: violencia en contra de personas defensoras

A pocos días de iniciar el 2023, la desaparición del líder comunitario y defensor ambiental Antonio Díaz Valencia y del abogado Ricardo Lagunes Gasca fue la confirmación de que la violencia contra las personas defensoras del ambiente y el territorio no se detiene en México. Todo lo contrario.

Desde el 15 de enero de 2023, día en que el vehículo en el que Díaz y Lagunes viajaban fue atacado con arma de fuego en los límites de Michoacán y Colima, se desconoce su paradero. Ellos son parte de las 93 personas defensoras del ambiente y el territorio que han sido víctimas de desaparición en México desde el 1 de diciembre de 2006 y hasta agosto de este año, de acuerdo con una investigación de Mongabay LatamQuinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos.

El informe más reciente de Global Witness, publicado en septiembre de 2023, ubica a México como el tercer país más letal para las personas defensoras del ambiente y el territorio. La desaparición y asesinato del defensor indígena de la Sierra de Manantlán, en Jalisco, Higinio Trinidad de la Cruz, el 25 de noviembre de 2023, confirma esta tendencia.

Higinio Trinidad era defensor de territorio en la Sierra de Manantlán, Jalisco. Lo desaparecieron y asesinaron en noviembre de 2023. Foto: Cortesía

Gabriela Carreón, coordinadora de la organización Territorios Diversos para la Vida (Terravida), advierte de un recrudecimiento de la violencia contra personas defensoras del ambiente, así como nuevas situaciones que también son de alarma. Una de ellas es la creciente presencia militar en las regiones donde se llevan a cabo proyectos de infraestructura, especialmente en la Península de Yucatán, que ha tenido un efecto de inhibición de actividades como la protesta social.

“Hay un temor muy fuerte de generar actos de protesta social y la sola presencia [de los militares] ya ha generado impactos que merman la defensa misma de las personas defensoras”, dice Carreón.

Otra situación que se ha acentuado es la criminalización de las personas defensoras, en donde el poder judicial juega un papel clave, aunque no se le suele identificar entre los perpetradores de agresiones contra personas defensoras.

Otra tendencia que Carreón señala como de alarma es la estigmatización de las personas defensoras y organizaciones que les acompañan, que también tiene efectos inhibidores en la defensa.

México es parte del Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional que busca, entre otras cosas, que los Estados protejan a las personas defensoras del ambiente y les garanticen un entorno seguro. Sin embargo, en el país su implementación sigue pendiente.

Carreón considera que una adecuada implementación del Acuerdo debería implicar no sólo modificaciones de las leyes, sino también acciones de política pública que involucren a las autoridades ambientales y no únicamente al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el organismo gubernamental creado para proteger a quienes sufren agresiones por razón de su labor.

También considera que “las autoridades tendrían que hacer un diagnóstico amplio de cuáles son las necesidades de las personas defensoras, para que haya una real escucha”.

Caravana El Sur Resiste
Defensores de Puente Madera, Oaxaca, han sido criminalizados por oponerse a los polos de desarrollo del Corredor Interoceánico del Itsmo de Tehuantepec. Foto: Isabel Mateos/Mongabay Latam

Sandra Patargo, coordinadora de Protección para las Américas de la organización Frontline Defenders, advierte que los megaproyectos han agudizado la violencia contra personas defensoras en ciertas zonas del país.

Un foco rojo es el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que consiste en un proyecto ferroviario que conecta el océano Pacífico con el Golfo de México y que, además, incluye infraestructura como carreteras, puertos, abasto de energía eléctrica y una decena de “polos de desarrollo”, cuya función es atraer inversiones.

En julio de este año, una Misión Civil de Observación —integrada por 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales— documentó las agresiones contra personas y comunidades defensoras del territorio que se oponen al Corredor Interoceánico. Los incidentes que registraron abarcan tres homicidios, ocurridos entre octubre de 2022 y julio de 2023, y 43 casos de denuncias penales contra autoridades locales y personas defensoras, además de casos de intimidación, hostigamiento, amenazas, violencia física y psicológica, desalojos forzosos y difamación.

Patargo destaca la criminalización de varios integrantes de dos organizaciones de Oaxaca con mucha fuerza e historia en la resistencia, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT). “Es un mensaje muy poderoso, un mensaje que busca inhibir que otras personas sigan resistiendo de una manera tan fuerte”, considera.

Dichas organizaciones también han sido estigmatizadas por autoridades de distintos niveles de gobierno, dice Patargo. “Esto obviamente tiene un impacto en cómo se va legitimando la violencia dentro de los mismos territorios y se va criminalizando, o es más fácil la criminalización posterior”, considera.

Otro indicador del nivel de violencia, dice la defensora, es que los actos de intimidación han alcanzado a organizaciones nacionales e internacionales, y que han ocurrido agresiones incluso en contextos de la presencia de observadores, como ocurrió durante la Misión.

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Puente Madera se opone al Corredor Interoceánico, porque el proyecto pretende instalar un parque industrial en los terrenos comunales. Foto: Isabel Mateos.

Lo crítico: sin acciones reales de mitigación y adaptación al cambio climático

El 24 de octubre de este año, la veloz transformación de Otis de tormenta tropical a huracán categoría 5, la más alta en la escala de Saffir-Simpson, en menos de 12 horas, mostró la vulnerabilidad de México ante los fenómenos meteorológicos extremos. Organizaciones ambientales señalaron la relación de ese desastre con la crisis climática por la alteración de la temperatura del océano.

México es particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático. Un reciente informe de la UNAM, que compila diversos estudios, advierte que la continuidad de las altas emisiones aumentará considerablemente la frecuencia y magnitud de eventos extremos y sus daños asociados.

Otros efectos de la crisis climática en el país ya son una realidad. Las precipitaciones han crecido y se ha modificado su distribución en las estaciones del año, los periodos de sequía se han prolongado y los eventos extremos de lluvia aumentaron, refiere el informe. También el nivel medio del mar ha subido, sobre todo en el sur y noroeste del Golfo de México.

El gobierno actual ha relegado el tema y no está destinando recursos para la adaptación al cambio climático, considera Margarita Campuzano, portavoz del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Impacto del huracán Otis en Acapulco, Guerrero, con vientos máximos de 270 kilómetros por hora y rachas de hasta 330. Imagen: Conagua / SMN

En 2023, el presupuesto asignado para acciones de adaptación y mitigación del cambio climático fue de 187 mil 968 millones de pesos (10 mil 924 millones de dólares), 52 % de esos recursos se invirtieron en el Tren Maya, de acuerdo con un análisis de Fundar. Un problema que señala la organización es que las dependencias gubernamentales no están obligadas a justificar si su presupuesto realmente se vincula con el combate al cambio climático.

Además de la falta de presupuesto para acciones reales de mitigación y adaptación al cambio climático, los recursos para atender los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos se redujeron este año. De acuerdo con Fundar, al programa Fondo de Desastres Naturales se le habían asignado 17 mil 156 millones de pesos (997 millones de dólares), pero posteriormente ese presupuesto se redujo a 13 mil 224 millones de pesos (768.5 millones de dólares).

Por otro lado, aunque México ocupa el lugar 13 de entre los mayores emisores de dióxido de carbono del mundo, de acuerdo con el Global Carbon Atlas, el gobierno federal sigue priorizando el uso de combustibles fósiles, como lo demuestra la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, y el impulso al gas fósil, dice Campuzano, del Cemda.

Algunos de los daños que dejó el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Foto: Óscar Guerrero / Amapola Periodismo

A comienzos de julio de este año, un derrame de petróleo en el Golfo de México evidenció los riesgos de seguir apostando por combustibles fósiles. El derrame, que comenzó el 4 de julio en la plataforma Ek Balam Tapo Alpha, propiedad de Petróleos Mexicanos, se extendió sin control por varios días.

Los cálculos que entonces hicieron los científicos y organizaciones que alertaron del derrame indicaban que la mancha del hidrocarburo alcanzaba hasta 400 kilómetros. “Son situaciones que se han anunciado, se han alertado que van a ocurrir si le seguimos apostando a la exploración y la extracción de combustibles en el mar”, dice Campuzano.

Lo malo: protección y conservación sólo en el papel

Este año se decretaron 13 nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP), con lo que se alcanzaron 203 espacios de protección en una superficie total de 91 millones 608 mil 327 hectáreas, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Los decretos no han estado acompañados de mayores asignaciones presupuestales, indispensable para asegurar la operatividad de la protección, señala Carlos Castillo Sánchez, codirector del programa Noroeste de México en Wildlands Network, miembro de la coalición Nossa. De hecho, el presupuesto de la Conanp se ha reducido significativamente desde el año 2017, de acuerdo con el análisis de Nossa.

Los dos últimos años, la Conanp ha recibido los menores presupuestos desde hace más de una década, según el análisis de Nossa. El próximo año no será distinto, a pesar de que tendrá un aumento marginal en su presupuesto de apenas 0.9 %.

Para dimensionar la importancia del presupuesto, Nossa calcula que con el monto presupuestado apenas se destinarían 10.7 pesos (0.62 dólares) por hectárea protegida. En 2016, el año con el mayor presupuesto de Conanp, se podían gastar 26.5 pesos (1.54 dólares, al tipo de cambio actual) por hectárea protegida. Esta falta de recursos hará que muchas de las nuevas ANP queden como decretos “de papel”, considera Castillo.

Vista del Cerro Colorado y un campo de sahuaros jóvenes en la Reserva de la Biósfera El Pinacate. Foto: Sergio Müller

La investigadora María del Carmen García Rivas, directora del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, coincide en que más allá de los decretos, para hacer funcionales a las ANP es indispensable brindarles recursos presupuestales y humanos.

“¿Qué pasa cuando no tienes personal operativo en el área? No hay un cumplimiento de la ley, no hay información, no hay supervisión de las actividades”, ejemplifica. “Por otro lado, Profepa [Procuraduría Federal de Protección al Ambiente] está muy adelgazada y no hay seguimiento a los procesos legales. Entonces, ¿qué pasa? Que finalmente no se cumple la ley y en los ecosistemas se ve reflejado en un impacto importante”, dice García.

Castillo advierte que la falta de operatividad de las áreas bajo protección incluso podría representar responsabilidades para servidores públicos, ya que al decretarse una ANP se debe cumplir con un plan de trabajo en un plazo determinado, lo que requiere contar con un equipo de trabajo o encargado de área. Todo eso sólo es posible con los recursos suficientes.

El gobierno federal tiene previsto decretar al menos otras 22 ANP antes de que termine el sexenio y el presidente ha expresado su intención de romper el récord de decretos de ANP. Pero si la protección de esas áreas naturales no se ve reflejada en el presupuesto y en programas de manejo, “van a ser solamente un mero trámite, no van a estar cumpliendo con los objetivos de conservación”, opina Castillo.

Vista área de una de las zonas de la reserva estatal de Balam-Kú. Foto: Cortesía Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía del estado de Campeche.

En materia de protección de especies, el año termina con varios pendientes, entre ellos la actualización de la Norma Oficial Mexicana 059 para especies en riesgo y de la Carta Nacional Pesquera, que indica las estrategias y acciones para regular la pesca, señala Alejandro Olivera, representante de México del Centro para la Diversidad Biológica. También indica que no se aplica la ley ni se monitorea para evitar acciones ilegales que ponen en riesgo a especies que ya están en alguna categoría de riesgo, como las tortugas marinas y tres especies de pepino de mar: café (Isostichopus badionotus) y lápiz (Holothuria floridiana), en la Península de Yucatán, y el pepino café (Isostichopus fuscus) en el Golfo de California.

Si hay una especie que demuestra esa falta de acciones efectivas por la conservación es la vaquita marina (Phocoena sinus), de la que quedan apenas entre 10 y 13 ejemplares. Olivera recuerda que en esta administración se quitaron todos los apoyos y programas para su protección, además de que el establecimiento de nuevas reglas de pesca demoró dos años, y hasta la fecha no se han podido cumplir.

Una de las medidas implementadas por el gobierno federal fue la colocación, por parte de la Marina, de 193 bloques de concreto en la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, a fin de contener las redes de pesca ilegal en donde las vaquitas quedan atoradas. La medida ha funcionado, pero no es una solución duradera.

El investigador critica que las acciones que se reportan como logros para la protección de este mamífero son cifras de tareas tan fútiles como la cantidad de recorridos de inspección, de los talleres impartidos o hasta de los panfletos que distribuyen. “Eso no representa ningún resultado”, considera.

Vaquita marina con su cría en aguas de Baja California
Una vaquita y su cría emergen en las aguas de San Felipe, Baja California. Foto: NOAA Fisheries/ Paula Olson, 2008

Lo bueno: prohibición de la minería submarina​

El 8 de mayo de este año se publicaron las reformas a la Ley Minera, que modificaron la legislación vigente desde 1992 y que diversas organizaciones, comunidades y colectivos consideraban “lesiva para las comunidades y el ambiente”.

“Es importante reconocer que México cierra este año con una nueva ley en vigor […] que es mucho mejor que la que teníamos vigente antes”, dice Cecilia Navarro, integrante de la Colectiva Cambiémosla Ya, que reúne a pueblos y comunidades afectadas por la minería, organizaciones civiles y academia que buscan reformas a la ley minera.

La reformada ley, llamada ahora Ley de Minería, incluye el retirar el carácter preferente de la minería sobre otras actividades en los territorios y establece la consulta previa, libre e informada de pueblos y comunidades indígenas para obtener su consentimiento antes de otorgar una concesión.

También prohíbe la minería submarina y que esta actividad se realice en áreas naturales protegidas, zonas sin agua y en áreas donde se ponga en riesgo a la población. Además, obliga a tener un programa de manejo de residuos y un programa de restauración, cierre y post-cierre de las minas.

Mina Peña Colorada, ubicada en la Sierra de Manantlán.  Foto: Cortesía.

Pero su operatividad aún enfrenta desafíos. El 7 de junio de este año, diputados de los tres principales partidos de oposición al partido gobernante presentaron una acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la ley, argumentando que no se había cumplido el proceso legislativo para su aprobación. Hasta noviembre de 2023 el asunto seguía en proceso de revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La industria minera también ha intentado evitar los efectos de la reforma. Para principios de octubre, las empresas mineras que operan en el país, tanto nacionales como extranjeras, habían interpuesto más de 500 amparos a la nueva ley, según informó el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México.

Otro frente que preocupa a la Colectiva Cambiémosla Ya es el reglamento de la nueva ley, en el cual se establecen las directrices para su implementación. Su elaboración está en manos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Economía, pero no escapa al riesgo de intromisiones de la industria minera, dice Navarro.

Uno de los aspectos que quedaron fuera de la nueva Ley de Minería fue establecer causas de nulidad de las concesiones, agrega Navarro, por lo que las empresas mineras pueden seguir manteniendo sus concesiones aún si, por ejemplo, causan desastres ambientales. Tal y como sucedió en el Río Sonora, afluente que el 6 de agosto de 2014 fue afectado por un derrame de 40 000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México. Se trata del mayor desastre minero registrado en el país. Y aunque la Semarnat estableció la responsabilidad de la empresa, la minera no perdió su concesión.

Exigencias al presidente de México durante una reunión con autoridades en el municipio de Ures, en diciembre de 2019. Foto: PODER

Otro tema en el que hay expectativa es el referente a la sustitución gradual del glifosato y la prohibición de la importación de maíz transgénico. El 13 de febrero de este año, el presidente López Obrador publicó un nuevo decreto que abrogó el publicado en diciembre de 2020, que planteaba la sustitución gradual del plaguicida para enero de 2024. En el nuevo decreto se estipuló como fecha límite el mes de marzo del próximo año. Respecto al maíz transgénico, el nuevo decreto establece que ya no se permitirá su importación para consumo humano, pero se mantiene para forraje y uso industrial.

Una situación que podría poner en riesgo el cumplimiento del decreto es que las instancias judiciales avalen los amparos que la agroindustria ha interpuesto para evitar su aplicación, señala Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM). Desde la publicación del decreto de 2020 se han interpuesto 37 amparos, de los cuales 20 continúan en disputa.

Otro riesgo es el panel de solución de controversias que Estados Unidos solicitó por las restricciones a la importación de maíz transgénico, agrega Bejarano, pues si México pierde podría alentar las expectativas de la industria de que es posible considerar una revisión también en el tema del glifosato.

Aunque Bejarano ve con optimismo que el próximo año se cumpla el plazo para la sustitución gradual del glifosato, subraya que no es suficiente porque no es el único plaguicida altamente peligroso que se usa en México. Hay por lo menos 183 ingredientes activos que entran dentro de esa categoría, señala.

Prohibir el glifosato es apenas “la punta del iceberg”.

* Imagen principal: Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, defensores de ambiente y territorio desaparecidos a principios del 2023. Fotografía: Ulises Martínez/ObturadorMX

Publicado originalmente en Mongabay Latam

 

Fuente: Desinformemonos

Resistencia y alternativas en el sur global

Compartimos el libro Resistencia y alternativas en el sur global, de Nayar López Castellanos y Néstor Kohan (coords.), que compila reflexiones e investigaciones sobre «el estado actual en el que se encuentran las resistencias y alternativas en el Sur global, tanto desde las coordenadas teóricas como en el terreno práctico y empírico».

Prólogo

Resistencias y alternativas: esperanzas de futuro ante el colapso ecosocial
Nayar López Castellanos

Néstor Kohan

Esta obra colectiva, elaborada desde el Grupo de Trabajo de CLACSO Marxismos y Resistencias del Sur global, tiene como propósito central dar cuenta de un conjunto de reflexiones e investigaciones novedosas sobre el estado actual en el que se encuentran las resistencias y alternativas en el Sur global, tanto desde las coordenadas teóricas como en el terreno práctico y empírico.

De la mano de Marxismos y pensamiento crítico en el Sur global, la otra obra puente y también colectiva de nuestro Grupo de Trabajo, este esfuerzo se plantea provocar el debate a partir de la responsabilidad política y social que debiera prevalecer en los circuitos académicos y de la intelectualidad, y a la vez reivindica la visión crítica en torno a la realidad y las estructuras sistémicas en las que se reproduce el capital, sustentadas en la explotación de los pueblos, sus territorios y sus recursos naturales.

El libro está estructurado a partir de dos planos centrales. En uno, se presentan trabajos que ofrecen coordenadas generales de análisis sobre las resistencias del Sur global, para explicar categorías, representaciones y expresiones que ofrecen una visión sobre el papel y la trascendencia de dinámicas societales e institucionales actuales que, sin duda, constituyen un foco de esperanza frente al colapso multidimensional que el capitalismo neoliberal ha provocado en el planeta.

En el otro, los textos aportan una valoración particular de experiencias latinoamericanas que muestran la complejidad de las resistencias y las luchas que desarrollan los pueblos frente al capitalismo neoliberal, las oligarquías y las estructuras políticas nacionales que lo representan, caracterizadas generalmente por su autoritarismo y el uso maniqueo del modelo de la democracia representativa, el cual se encuentra en franco proceso de descomposición en el ámbito mundial, por más que lo nieguen los defensores del liberalismo que conciben la participación popular hasta cierto límite, y que incluso en ciertas circunstancias terminan apoyando abiertamente la criminalización de los movimientos sociales, los golpes de Estado y el propio exterminio físico de quienes se rebelan, resisten y
construyen alternativas.

Así, con este trabajo colectivo ofrecemos elaboraciones para el debate. Con argumentos sólidos y experiencias narradas desde el conocimiento directo de los procesos, los capítulos del libro parten de una mirada audaz sobre movimientos emancipatorios que cuestionan también el encasillamiento de que sólo pueden surgir desde una clase o un sector determinado de la sociedad. Por el contrario, la resistencia la puede protagonizar tanto el movimiento indígena zapatista, con sus lecciones de dignidad y democracia participativa, como un gobierno que enfrenta al imperialismo en el terreno político, económico, militar y cultural. Esa resistencia también existe en un mecanismo como la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que enarbola una opción diferente de integración, en la que se buscan romper las asimetrías y crear comunidad regional, fuera de las órbitas del libre comercio tutelado por el hegemón del norte.

De igual forma, la obra se propone fortalecer el planteamiento que identifica a nuestro Grupo de Trabajo en torno a la plena vigencia de los marxismos como parámetro del análisis de la realidad concreta, sin dogmas. El espíritu de la crítica nos acompaña al desenmascarar y cuestionar no sólo los manuales y las cuadraturas del pensamiento neoliberal, sino también los falsos planteamientos de quienes aseguran que existe un rostro humano del capitalismo o de las interpretaciones que cuestionan hasta el límite de lo permitido por el propio sistema, terminando en ambos casos por conceder la autoridad del capital en el ordenamiento de la vida y las estructuras societales que la rigen.

Por ello, en estas páginas se puede encontrar la narrativa directa sobre los procesos de resistencia en el campo y en la ciudad, movimientos que han marcado la época contemporánea y el presente, la perversidad de los monopolios mediáticos. Pero también, podemos acercarnos a la valoración crítica de los procesos de transformación que se han vivido en países como Venezuela y Bolivia, a partir de consideraciones que permiten profundizar ampliamente en el análisis de los principales actores involucrados y sus acciones, para así lograr explicar contextos similares en otras regiones del Sur global. Incluso, podemos aproximarnos a la experiencia de importantes iniciativas como la discusión sobre paradigmas emancipatorios generada desde Cuba, sin duda uno de nuestros referentes centrales sobre las temáticas de este libro. Por ello, señalamos que en realidad Cuba es una escuela de las resistencias, de dimensión planetaria, con mil y una batallas que la sustentan como tal.

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Campesinos de Veraguas realizan consulta sobre el Plan de Acción del Acuerdo de Escazú

La comunidad de Las Mendozas que conforman la Red Ecológica, Social y Agropecuaria de Veraguas RESAVE y el Colectivo Voces Ecológicas COVEC en la permanente misión de proteger la naturaleza y la efectiva participación ciudadana realizó una consulta el pasado 16 de diciembre del 2023 sobre el Plan de Acción del Acuerdo de Escazú. Las Mendozas ubicada en el distrito de San Francisco, provincia de Veraguas, junto a otras comunidades campesinas de la Cuenca del Río Santa María, desde hace más de 10 años han intensificado su accionar por sostener su vida en equilibrio con la ecología. 

En el marco de la normativa ambiental y los derechos humanos, el Acuerdo Escazú ratificado por el estado panameño por medio de la Ley 125 del 4 de febrero de 2020 tiene como objetivo garantizar los derechos de todas las personas y comunidades a un medio ambiente sano como parte de su soberanía de los pueblos. La cual se fundamenta en el acceso a la información pública, la participación pública y el acceso a la justicia en materia ambiental.

En esta ocasión la convocatoria se compuso de cuestionarios y recopilación de manera organizada sobre los comentarios del borrador del Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Cuyos resultados luego de su sistematización se presentarán en el en la Tercera Conferencia de las Partes (COP3) a celebrarse del 22 al 24 de abril del 2024 en CEPAL, Santiago de Chile. Consulta que fue impartida y compartida con el Colectivo Voces Ecológicas COVEC.

El objetivo del Plan de Acción es poner en marcha un conjunto de ejes prioritarios y acciones estratégicas para avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 del Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe. La cual se refiere a que los Estados deben garantizar que las personas o comunidades que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales tengan el reconocimiento y la protección necesaria para el desarrollo de sus actividades. Ninguna persona que trabaje por los derechos humanos ambientales deberá sufrir amenazas, limitación al derecho de asociación o de libertad de opinión y expresión. Cuando así ocurra, el Estado deberá investigar oportunamente y castigar a las y los responsables.

Por: Redacción Radio Temblor Internacional

Desplazamiento forzado por proyectos extractivos: una mirada a las presas en México

A lo largo de la historia reciente en México, los proyectos extractivos han sido considerados elementos clave para el desarrollo económico y el avance tecnológico. Incluso han formado parte integral de los planes de gobierno de diversos presidentes.

Sin embargo, detrás de estas grandes infraestructuras se oculta una realidad a menudo ignorada o minimizada por los gobiernos: el desplazamiento forzado de comunidades enteras. En este artículo exploraremos la problemática del desplazamiento causado por extractivismo hídrico en México, centrándonos en dos casos de presas, la Presa Miguel Alemán (Oaxaca, 1947) y la Presa El Zapotillo (Jalisco, 2009), a partir de los cuales examinaremos algunas de las afectaciones sociales, económicas y ambientales que este tipo de extractivismo provoca.

Extractivismo y desplazamiento forzado

En general, el desplazamiento forzado es el resultado de una compleja interacción de causas que pueden ir desde conflictos armados, violencia y persecución política, hasta desastres naturales y condiciones de pobreza. No obstante, es fundamental reconocer que el desplazamiento forzado puede estar vinculado también a la construcción e implementación de proyectos extractivos.

A pesar de que este tipo de desplazamiento carece de una definición formal, podemos apoyarnos en instrumentos como los Principios Rectores (ONU: Comisión de Derechos Humanos, 1998) y en el concepto de desplazados del desarrollo propuesto por Stephen Castles. Así, podríamos decir que el desplazamiento forzado por extractivismo es la situación en la que personas o grupos se ven forzados u obligados a abandonar sus hogares o lugares de residencia habituales, como resultado directo o indirecto de proyectos extractivos de gran escala, tales como presas e hidroeléctricas, aeropuertos, carreteras, mineras, parques eólicos, sembradíos de monocultivos, entre otros (Castles, 2003).

Para analizar los impactos sociales, económicos y ambientales que han enfrentado las poblaciones debido a estos proyectos, retomamos la investigación realizada por el sociólogo e investigador Michael Cernea para el Banco Mundial (2008), quien identifica seis riesgos explícitos asociados al desplazamiento forzado, los cuales también afectan a las poblaciones desplazadas por proyectos extractivos: la desintegración social, la inseguridad alimentaria, la pérdida de empleo, la pérdida de acceso a la propiedad común, la pérdida de tierras y la marginalización. A partir de estas variables, analizaremos algunas de las consecuencias que han experimentado las poblaciones como resultado de estos proyectos y, de esta manera, problematizaremos sobre su contribución al desarrollo.

Desplazamiento a causa de la presa Miguel Alemán

La Presa Miguel Alemán, también conocida como Presa Temascal, construida bajo la dirección del presidente Manuel Ávila Camacho y el entonces gobernador de Oaxaca, Edmundo Sánchez Cano (1949-1955), fue concebida como respuesta a las inundaciones de 1944 en Tuxtepec (García, 2007). Este proyecto -parte de una apuesta nacional hacia el desarrollo industrial, especialmente en el sector eléctrico, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)-, tuvo repercusiones significativas en la población y en el medio ambiente. La ejecución resultó en el desplazamiento forzado de aproximadamente 22 mil personas, mayoritariamente pertenecientes a los pueblos indígenas mazateco, mixe y chinanteco (Carrera, 2013). Aunque inicialmente se planteó una reubicación que preservara la composición comunitaria, esta se vio obstaculizada por la falta de recursos, dejando sólo al 20% de la población reubicada en apego a procedimientos adecuados (García, 2007).

La construcción de la presa inundó terrenos agrícolas y ganaderos, afectando gravemente los medios de vida de las y los habitantes de San Miguel Soyaltepec, San José Independencia y San Pedro Ixcatlán (Sigüenza, 2020). El desplazamiento de las poblaciones se dio en dos etapas, la primera en 1952 cuando se expropiaron 52 mil hectáreas, de las cuales sólo fueron utilizadas 25 mil. Durante esta etapa de reubicación, encabezada por la Oficina de Reacomodo de la Población, hubo resistencia de algunos pobladores, quienes se rehusaban a abandonar sus hogares e incluso a recibir una indemnización (García, 2007). Por otro lado, algunas familias tuvieron que huir de las inundaciones, aun sin la indemnización que el gobierno debía proveerles.

Las tierras obtenidas por el decreto oficial no fueron suficientes, así que se volvió urgente evacuar a la población porque la presa empezaba a llenarse. Esto propició la segunda etapa y se volvieron a buscar terrenos para acomodar a las familias. Al realizar la reubicación, los terrenos otorgados por el gobierno estaban muy lejos unos de otros, lo que propició el debilitamiento y ruptura del tejido social.

Este proceso, aunque avanzó por más de seis años, nunca terminó de ejecutarse, tres mil de las aproximadamente cinco mil familias fueron reubicadas de manera oficial, el resto buscó asentarse en otras tierras cerca de la presa o en otras regiones (García, 2007). La asignación de tierras de menor calidad condujo a una agricultura ineficiente y, en última instancia, a más desplazamiento. Por otro lado, tras algún tiempo, muchas de las familias desplazadas fueron regresando a comunidades aledañas que no fueron afectadas y también comenzaron a poblar las pequeñas islas que quedaron de sus antiguos hogares (Abad, 2022).

Así, los impactos no se limitaron a lo material, también hubo una desintegración social y cultural. La pérdida de instituciones tradicionales y sitios simbólicos contribuyó a la pérdida de identidad y conexión cultural. La conflictividad social, enraizada en tensiones regionales y la resistencia inicial de los habitantes a abandonar sus hogares, marcó una historia de lucha y discordia (Sigüenza, 2020).

La construcción de este proyecto generó a la CFE ganancias millonarias por la producción, generación y venta de energía eléctrica. No obstante, la presa detonó un proceso de empobrecimiento generalizado, así como daños ambientales debido a la modificación del entorno y la contaminación del agua (CONABIO, s/f).

La presa ha representado un gran obstáculo para el desarrollo de los municipios de la región, en especial para San José Independencia, que lleva décadas incomunicado con el exterior. Con el objetivo de construir vías de transporte y comunicación, en años recientes se dinamitó un cerro sagrado que, en la cosmovisión local, está protegido por el dios Chikun nindu, naere naxi (Abad, 2022).

El municipio San José Independencia lleva décadas incomunicado con el exterior. (Foto: sanjoseindependencia.gob.mx / Ismael Ramos Antonio)

A pesar de los esfuerzos de las comunidades por reconstruirse, después de 74 años todavía se enfrentan a desafíos como la incomunicación y una economía insostenible. La difícil trayectoria de adaptación nos obliga a destacar las persistentes consecuencias negativas de un proyecto que desplazó a miles de personas, despojándolas de sus hogares, costumbres y tradiciones ancestrales.

Desplazamiento a causa del proyecto de la Presa El Zapotillo

Un caso de la historia reciente es la Presa El Zapotillo, diseñada para ubicarse en el río Verde, en el municipio de Zapopan, Jalisco, que ha tenido diversas consecuencias para las comunidades circundantes: tensiones sociales, desplazamiento forzado, violaciones a los derechos humanos, entre otras.

El proyecto inicial buscaba inundar las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, lo que llevaría al despojo de tierras y al desplazamiento forzado de aproximadamente 1,500 habitantes. También serían destruidas o perjudicadas sus formas de sustento, con consecuencias para más de 15,000 personas (Vázquez et al., 2021). La población local se opuso a la expropiación y venta de sus tierras y a la reubicación, por lo que inició una movilización social acompañada por organizaciones civiles. La resistencia y lucha legal contra el megaproyecto llevó a que, en 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidiera revisar y reacondicionar la presa (López, 2019).

No obstante, durante los más de diez años de litigio y avance de la construcción, la presa implicó violaciones a varios derechos humanos, incluyendo el derecho a la vivienda, a un medio ambiente sano y a la preservación cultural, también causó que personas y grupos en oposición a la presa fueran intimidados y criminalizados. Además, el proyecto contemplaba la privatización y mercantilización del agua, pues se enviaría a los Altos de Jalisco y a las ciudades de Guadalajara y León (Valencia, 2022)

(Foto: lopezobrador.org.mx)

En cuanto a los impactos ambientales, la construcción de la presa llevaría a la pérdida de ecosistemas acuáticos y terrestres, alteración de cauces de ríos y afectación de la biodiversidad. Esto, sin embargo, va más allá de lo ambiental, pues puede tener efectos en la cohesión social de las comunidades.

Aún con los ajustes recientes al proyecto, lo cierto es que desde el principio hubo eventos de desplazamiento forzado, particularmente de los habitantes de Palmarejo. En lo que un día fue este pueblo, actualmente sólo se encuentran las ruinas de una antigua escuela y una iglesia, así como casas destruidas. Debido a las constantes amenazas de inundación, la comunidad se vio obligada a desplazarse, algunas personas y familias se fueron a comunidades cercanas como Temacapulín, otras se fueron hacia Talicoyunque, el centro de reubicación planificado por el gobierno para trasladar a las poblaciones afectadas por el proyecto (A. Hernández, 2018)

En Talicoyunque -también conocido como el ‘Nuevo Temaca’- existen 34 construcciones de las 100 planeadas para la reubicación. Actualmente solo residen siete familias, quienes se vieron obligadas a trasladarse pero no tienen acceso a servicios básicos como agua y alimentos (CRUCE, 2021). Además, para temas de vigilancia y seguridad está asignada una empresa privada, esto es un problema pues las familias residentes afirman que los guardias poseen copias de las llaves de sus hogares y no permiten el acceso a ninguna persona no autorizada por la Comisión Estatal del Agua (CEA). La justificación para no permitir el acceso libre es que el terreno no ha sido entregado al municipio y sigue siendo propiedad de la CEA (Marlo, 2021).

En la población Talicoyunque solamente hay siete familias (Foto: Animal Político)

La imposición de una geografía ajena ha impedido a las personas desplazadas desarrollar sus actividades culturales, religiosas, recreativas y comerciales como lo hacían anteriormente. Sin duda, esto les ha afectado a nivel emocional, psicológico, físico y relacional.

Los ajustes al proyecto de la presa El Zapotillo son fruto de la lucha de más de una década de las comunidades organizadas. Sin duda son un éxito, en la medida en que se logró la principal exigencia: que las comunidades no fueran inundadas. Aunado a esto, se propuso un Plan de justicia que contemple la reparación de daños por más de una década de violaciones a los Derechos Humanos de las poblaciones (S. Hernández y Navarro, 2023).

No obstante, a lo largo de estos años, ha habido múltiples impactos significativos en las poblaciones de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, con afectaciones particulares y diferenciadas en mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, etc., de tal forma que las consecuencias de la construcción de este proyecto son múltiples, variadas y multifactoriales. Muchos de estos impactos no han sido, ni podrán ser subsanados.

Comentarios finales

En el discurso oficial, la construcción de proyectos extractivos busca, o bien satisfacer necesidades, o bien generar entornos de desarrollo con beneficios para la población. Las presas analizadas no son la excepción, pues la justificación de la presa Miguel Alemán se sostuvo en la necesidad de redirigir cauces de agua que estaban provocando inundaciones y generar aprovechamiento. Por su parte, los impulsores de El Zapotillo siempre la han colocado públicamente como un proyecto de respuesta a la escasez de agua en zonas urbanas como León, Guadalajara y los Altos de Jalisco.

La construcción de presas (muchas veces con centrales hidroeléctricas), implica necesariamente la inundación de grandes extensiones de territorio, las cuales pueden ser entornos naturales, tierras de uso productivo, núcleos habitacionales, o incluso espacios de relevancia para la cosmovisión de pueblos indígenas. En cualquier caso, la inundación provocará, inexorablemente, afectaciones de tipo social, ambiental o ambas.

La documentación del OCSA nos arroja que la generalidad de estos proyectos es la procuración de bienestar y/o beneficios para algunos grupos, a cambio de que amplios sectores de la población no sólo no sean beneficiados, sino que incluso carguen con múltiples y diversos costos, incluyendo serias transformaciones de vida, como el desplazamiento forzado. La agravante es, como nos muestra el caso de la presa Miguel Alemán que, a más de 70 años, miles de personas indígenas que fueron desplazadas forzadamente, siguen siendo víctimas de los efectos negativos del proyecto, sin que ninguna de las trece administraciones federales posteriores haya impulsado políticas públicas culturalmente adecuadas para paliar las consecuencias.

Referencias bibliográficas

Abad, Carlos. 2022. “Oaxaca. Pueblo queda inundado por construcción de presa hidroeléctrica”. Grupo Milenio, el 30 de julio de 2022, sec. Estados. https://www.milenio.com/estados/oaxaca-pueblo-queda-inundado-construccion-presa-hidroelectrica

Carrera, Fermin. 2013. “La Construcción de la presa Miguel Alemán, herida que jamás cerrará”. 2013. https://oaxaca.quadratin.com.mx/La-Construccion-de-la-presa-%c2%93Miguel-Aleman%c2%94-herida-que-jamas-cerrara/

Castles, Stephen. 2003. “La política internacional de la migración forzada”. Migración y Desarrollo, núm. 1. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66000106

CONABIO. s/f. “78. PRESA MIGUEL ALEMÁN – CERRO DE ORO”. Consultado el 2 de diciembre de 2023. http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rhp_078.html

CRUCE. 2021. “La frustrada reubicación de Acasico”. CRUCE. 2021. https://cruce.iteso.mx/la-frustrada-reubicacion-de-acasico/?doing_wp_cron=1701644725.9037389755249023437500

García, Verónica. 2007. “La Presa Presidente Alemán. ‘Un gran monstruo devorador de hombres’”. Boletín del Archivo Histórico del Agua, núm. 35: 50–54.

Hernández, Alfonso. 2018. “Violación de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica en relación con el debido proceso, a la propiedad o posesión, a la vivienda, a la libertad para el acceso a la información, al patrimonio común de la humanidad; y el derecho al desarrollo.” https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/Reco%2050-2018.pdf

Hernández, Susana, y Araceli Navarro. 2023. “El despojo de certezas: los temores de antes y las preocupaciones de ahora por la presa El Zapotillo”, el 18 de noviembre de 2023. https://www.jornada.com.mx/2023/11/18/delcampo/articulos/despojo-certezas-zapotillo.html

López, Francisco. 2019. “La Jornada: Razones de la resistencia contra la presa El Zapotillo”. 2019. https://www.jornada.com.mx/2019/01/10/opinion/017a1pol

Marlo, Mario. 2021. “Talicoyunque: historia de desplazamiento forzado, corrupción y violaciones a los derechos humanos”. 2021. https://www.zonadocs.mx/2021/08/17/talicoyunque-historia-de-desplazamiento-forzado-corrupcion-y-violaciones-a-los-derechos-humanos/

ONU: Comisión de Derechos Humanos. 1998. “Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. E/CN.4/1998/53/Add.2”. https://www.refworld.org.es/docid/5d7fbce6a.html

Sigüenza, Salvador. 2020. “El drama del progreso por el dominio del Papaloapan | Relatos e Historias en México”. 2020. https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/el-drama-del-progreso-por-el-dominio-del-papaloapan

Valencia, María. 2022. “·¡Y la justicia llegó!… Los históricos acuerdos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo sobre la presa El Zapotillo””, 161–78.

Vázquez, Luis, Francisco López, Patricia Avila, y Carlos Vainer. 2021. “Pre-audiencia sobre ‘Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad’ Mesa de devastación ambiental y derechos de los pueblos Capítulo Mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos (tpp)”. https://hic-al.org/wp-content/uploads/2019/02/Dictamen_Pre-audiencia_TPP_FINAL_dise%C3%B1ado.pdf


[1] El Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) es un proyecto de documentación e investigación para la incidencia. Está conformado por los Programas de Asuntos Migratorios, de Interculturalidad y Asuntos Indígenas, y Universitario para la Sustentabilidad, adscritos a la Dirección de Incidencia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Ver más en https://www.ocsa.ibero.mx

*Estudiante de Relaciones Internacionales

Publicado originalmente en la IBERO

 

Fuente: Desinformemonos

Realidad nacional y Pueblos indígenas

Avivan el engendro minero en AGOSTO

Con gran preocupación nacional, críticas diversas protestas de calle, se discutió en primer debate, en la comisión de comercio y asuntos económicos de la asamblea nacional de diputados de Panamá, el contrato minero entre el estado panameño y Minera Panamá, S.A., subsidiaria de la minera «canadiense» First Quantum Minerals Ltd. Las autoridades indígenas representadas en COONAPIP (Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá) expresaron su rechazo al contrato minero, participaron en el debate, y el 30 de agosto enviaron una nota al presidente de dicha Comisión en la asamblea.

A partir de la conformación de la Mesa Interinstitucional de Alto Nivel entre el gobierno y COONAPIP, a fines de julio de 2022, para resolver tres asuntos prioritarios sobre seguridad territorial de los pueblos indígenas de Panamá (titulaciones colectivas, invasiones y desalojos, demarcaciones), en los primeros meses de 2023, los técnicos de COONAPIP, sacaron a relucir el título de propiedad privada que el estado panameño, de manera ilegal, otorgó a la empresa Sinclair Oil Corporation, con una extensión de 326 mil hectáreas, y que traslapa con las comarcas Embera-Wounaan y Wargandi, el Parque Internacional Darién, y varios territorios ancestrales que actualmente se encuentran en proceso de titulación colectiva. COONAPIP y sus autoridades han denunciado y solicitado la derogación de dicho título y gestionan una serie de acciones legales. A fines de julio de 2023, luego de su asamblea ordinaria en Puerto Lara (Darién), COONAPIP exigió al gobierno panameño el cumplimiento de lo acordado en el Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (Condipi), especialmente el no imponer sus decisiones o las del Banco Mundial, respetar la autodeterminación y propias decisiones de los pueblos indígenas en Panamá.

Por otro lado, la data del Censo de Población y Vivienda de 2023 [2020] ya ha sido puesta a disposición pública bajo el uso de REDATAM. La información refleja que la población indígena en Panamá representa el 17.2 por ciento de la población total del país (4.2 millones de habitantes), mientras que en 2010 era de 12.3 por ciento (de 3.6 millones de habitantes).

El engendro minero se aplaca en SEPTIEMBRE

El debate nacional por la aprobación del nuevo contrato minero entre Panamá y la empresa Minera Panama, S.A., fue álgido y controversial. Protestas y el rechazo de dicho contrato, desde diversos sectores sociales gremiales, se incrementaron en las principales ciudades del país, más en la ciudad de Panamá. Autoridades y técnicos de COONAPIP participaron en una marcha masiva contra la minería en Panamá.

Coaliciones de junio y julio de 2022, como Alianza Pueblo Unido por la Vida, Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos (Anadepo) y dirigentes de la Comarca Ngäbe- Bugle, cuyas acciones masivas de protestas paralizaron al país y obligaron al actual gobierno a sentarse a negociar diversos temas de calidad de vida y políticas económicas (precio del combustible, alimentos, medicamentos, etc.), emergieron para oponerse a la aprobación del

contrato minero que se ecnontraba en la fase final de discusión del primer debate en la asamblea nacional de diputados. Dirigentes ngäbe de distintas regiones del país dieron ultimátum de 8 días para retirar el contrato o realizarían bloqueos nacionales. Representantes del gobierno consideraron retirar el proyecto-ley de contrato minero para incluir modificaciones. La comisión de comercio y asuntos económicos de la asamblea nacional, en donde se discute el contrato, suspendió el debate y emitió una resolución al ejecutivo para retirar el proyecto.

Por otro lado, la migración en la frontera entre Panamá y Colombia, en la región biogeográfica neotropical húmeda Chocó-Darién, fue adquiriendo mayor notoriedad, tanto por las cifras como por sus efectos y crisis humanitariassocialesambientalespolíticoseconómicos, diplomáticos y de seguridad. Este drama humano del siglo XXI mantiene importantes repercusiones en territorios y comunidades locales indígenas en Darién y algunas comarcas, por ejemplo, en la contaminación de cursos altos de importantes ríos de los que dependen su subsistencia y estilos de vida, pero también en la transformación de las comunidades. La junta directiva de COONAPIP se reunió y trató este fenómeno migratorio, sobre las necesidades de atención humanitaria y de seguridad de las comunidades y los territorios colectivos.

Leyes nacionales transcendentales que garantizan los derechos de los pueblos indígenas, como la Ley N° 88 de 2010 sobre Educación Bilingüe Intercultural y la Ley N° 37 de 2016 sobre consentimiento libre, previo e informado se encontraban en fases de reglamentación, y los documentos borradores estaban en procesos de revisión. El BID es una de las entidades que financió estos procesos, así como también el Plan de Empoderamiento Económico de las Mujeres Indígenas de Panamá (PEMIP 2025), aprobado bajo Decreto Ejecutivo N° 18 de septiembre de 2023. No obstante, sus acciones serían ejecutadas desde distintos programas de los ministerios de gobierno, y no desde los congresos o consejos indígenas.

En la conmemoración del Centenario del Primer Congreso Nacional Feminista en Panamá se realizó un reconocimiento importante a 100 mujeres del país por sus contribuciones en la defensa y protección de los derechos de las mujeres, dentro de las cuales estaba la coordinadora del Componente de Género del actual proyecto COONAPIP-PRODESO-TF, Yanel Venado Jiménez.

La bestia minera cobra vida en OCTUBRE y el pueblo la enfrenta

Dada la compleja y crítica situación en que se encentraba el país como resultado de la veloz aprobación del contrato minero bajo la Ley N° 406, cualquier intento de síntesis con intenciones de reflexionar sobre lo que acontecía siempre corrió el riesgo de no dar cuenta de todo el proceso de lucha del pueblo panameño contra la minería a cielo abierto. Como a fines de septiembre el proyecto de contrato ley minero ⸻bajo un procedimiento erróneo⸻, fue devuelto por la asamblea al órgano ejecutivo, con una serie de observaciones (la asamblea sólo podía aprobar o rechazar el contrato, no brindan recomendaciones o devolverlo), el consejo de gabinete vuelvió a aprobar el proyecto de contrato ley modificado el 10 de octubre, y el ministro de comercio e industrias lo entregó para su discusión en la asamblea el 16 de octubre. En esta nueva “discusión” legislativa, la participación de los gremios, organizaciones y el público en general fue limitada, la transmisión pública por el canal de la asamblea fue interrumpida, y en 48 horas la asamblea nacional aprobó la Ley N° 406, y para

la tarde del 20 de octubre el presidente Laurentino Cortizo la sancionó y se publicó en la gaceta oficial.

Los gremios, sindicatos, pueblos indígenas y organizaciones se encontraban en protestas en las calles cuando todo esto ocurrió, y a partir de allí, las manifestaciones nacionales fueron masivas en todo el territorio nacional, varios paros huelgas indefinidas docentes y obreras declaraban su inicio, mientras que las clases fueron suspendidas al nivel nacional. Hasta por mar se produjeron manifestaciones, muy cerca al puerto de Punta Rincón en el Caribe panameño, desde donde la empresa minera ha exportado millones de toneladas de concentrado de cobre, oro, plata y molibdeno.

Producto de la presión ciudadana en las calles, el 24 de octubre, 27 de octubre 29 de octubre, el presidente Cortizo brindó declaraciones al país, siendo la última la más importante para los manifestantes y cierta tranquilidad en el país, pues la prohibición de la minería metálica al nivel nacional pasa de solo ser un decreto ejecutivo a discutirse y aprobarse como ley de la república, en sesiones extraordinarias, en la asamblea nacional de diputados.

En el proceso, varias demandas de inconstitucionalidad contra la Ley N° 406 fueron interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia. De tal manera, que los tiempos de protestas también transcurrieron a la espera de los fallos de la Corte. En el desarrollo de todos estos eventos, COONAPIP participó en las marchas y manifestaciones, con pronunciamientos oponiéndose a la aprobación del contrato minero, exigiendo la moratoria minera, la celeridad en el fallo de la Corte como la derogación del contrato minero. De hecho, influyó para que el Consejo Indígena de Centroamérica emitiera un pronunciamiento sobre la situación en Panamá. Por otro lado, durante el 12 de octubre, en ciudad de Panamá, organizó una gran marcha en memoria de la resistencia indígena. Al final de dicho evento, el ministro de gobierno, Roger Tejada, habló ante las autoridades de la ratificación del Convenio 169 de la OIT y de declarar este día como de Reflexión Nacional.

Heridas de muerte a la bestia minera en NOVIEMBRE

Aunque habituales desfiles de fiestas patrias fueron suspendidos en todo el país por las masivas y diversas manifestaciones antimineras, el 3 de noviembre la población panameña marchó y celebró la publicación en gaceta oficial de la Ley N° 407, que establece moratoria indefinida de la minería metálica en Panamá. Simultáneamente, medios de comunicación comercial hacían eco de la solicitud que formuló el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) al Ministerio de Trabajo para autorizar la suspensión de contratos de miles de trabajadores, justificando la acción en los efectos económicos producidos por los cierres de calles.

Grupos de poder políticoeconómico mediático exigían la suspensión de manifestaciones, cierres de calles y huelgas de los grupos organizados de indígenas, estudiantesjóvenesambientalistasdocentes, obreros, científicos, campesinos pescadores opuestos a la Ley N°

406. Dichos grupos organizados señalaban dos caminos para terminar con las protestas: 1) derogatoria o 2) inconstitucionalidad de la Ley N° 406. Adicional, denunciaban la parcialidad de los medios comerciales de comunicación y la manipulación de la información para criminalizar las protestas y cierres. Diversos medios alternativos fueron cruciales en la comunicación de redes sociales.

La crítica mediática fue tan excesiva, que una editorial contra el pueblo ngäbe provocó la indignación y réplicas de la población, incluyendo de las organizaciones, líderes y autoridades indígenas aglutinadas en COONAPIP, quienes se reunieron con el defensor del pueblo para tratar esta afrenta racista y otros temas de derechos humanos. La criminalización y ambiente de odio sembrado cobró sus lamentables frutos con el asesinato a sangre fría de dos manifestantes de gremios docentes. La Defensoría del Pueblo señaló que la lucha antiminera del pueblo dejó 5 personas muertas y varias con pérdida de visión.

Aunque gremios organizados de “Alianza Pueblo Unido por la Vida” insistían en el camino de la derogatoria de la Ley N° 406, y varios juristas avalaban esa posibilidad, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo la presión popular creciente instalada en sus inmediaciones, se ajustó a los tiempos procesales y brindó la esperanza de un fallo sobre la inconstitucionalidad del contrato-ley minero. Los cierres de vía se mantuvieron firmes en múltiples puntos del país, y en la memoria colectiva queda la gran lucha de los “guerreros del mar”, pescadores de Donoso que impedían actividades portuarias de la empresa minera, hasta impactar directamente sus acciones internacionales en la bolsa de valores.

COONAPIP participó en reiteradas marchas y acciones colectivas, incluyendo los cierres totales. Además, colocó carpas, banderas y pancartas frente a la CSJ para unirse a las vigilias y mítines junto a otros grupos organizados. El 28 de noviembre, en la conmemoración de la independencia de Panamá de España, COONAPIP marchó y celebró el fallo de inconstitucionalidad de la CSJ sobre la Ley N° 406, como día histórico de la gesta nacional del siglo XXI. Protestas y bloqueos casi han cesado, y el ministro de Comercio e Industrias ha renunciado a su cargo.

Por: Kevin Sánchez Saavedra. Director del Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Panamá.

Foto: Olmedo Carrasquilla Águila.

 

Fuente: Radio Temblor