Carta a los pueblos por la integración de América Latina y el Caribe

Compartimos la Declaración Final de la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos, llevada a cabo en Foz de Iguazú, Brasil, durante los días 22 y 23 de febrero.
 
Un espacio de vital importancia para renovar y fortalecer el campo de acción popular, y avanzar en la integración desde los pueblos que luchan.
 
La Vida antes que la Deuda.
 
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Cinco claves para lograr la “paz con la naturaleza” en la COP16 de Biodiversidad

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Cinco claves para lograr la “paz con la naturaleza” en la COP16 de Biodiversidad

Por: Linda González, Johana Peña y Daniela Mendoza – Área de Selvas y Biodiversidad

La realización de la COP16 de Biodiversidad en Colombia marca un hito crucial en la agenda ambiental del país, posicionándose como un escenario central para abordar los desafíos globales en materia de biodiversidad, llevando a la definición y evaluación de estrategias y planes de acción que garanticen su protección.

Este encuentro internacional no solo representa una oportunidad para poner sobre la mesa preocupaciones y propuestas ante la crisis ambiental, sino que también ofrece una plataforma única para que Colombia, como anfitrión, demuestre su compromiso con la protección de la naturaleza, desde el reconocimiento de prácticas y saberes de los territorios donde comunidades étnicas y campesinas han jugado un rol importante para ello. En esa medida, es menester empezar a establecer las bases sobre las cuales este espacio debería desarrollarse para lograr acuerdos y compromisos que, coherentes con la realidad del país y del mundo, dialoguen con la necesidad de lograr “la paz con la naturaleza”, como lo ha anunciado el presidente Gustavo Petro

Evaluación de políticas y orientaciones adoptadas

La COP16 se proyecta como un escenario para evaluar los avances de la implementación del nuevo Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica, acordado en 2022 durante la COP15, teniendo en cuenta que  el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi no fueron alcanzadas en metas medibles, y no hubo una efectiva protección de la biodiversidad. El Informe de la Evaluación Mundial sobre la Diversidad Biológica y los Servicios de los Ecosistemas, elaborado por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), ya indicaba en 2019 que no se lograrían los objetivos proyectados, ya que el “rápido declive de la diversidad biológica” sólo podría ser detenido mediante “cambios transformadores en las esferas económica, social, política y tecnológica” (p.15). 

La insuficiencia de la efectividad de directrices y acciones internacionales también se ha evidenciado en el ámbito climático, teniendo como referencia el Acuerdo de París que dio continuidad al Protocolo de Kioto en 2015, donde se asumió el compromiso global de limitar a 1.5°C el aumento de la temperatura global. Esta directriz se sustenta en mecanismos de mercado que, en lugar de posibilitar la reducción efectiva de emisiones, le permite a las empresas contaminantes seguir contaminando. En el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) se demostró que, por el contrario, ha habido un aumento constante de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), significando que “El ritmo y la escala de las medidas adoptadas hasta el momento, así como de los planes actuales, son insuficientes para hacer frente al cambio climático”. 

Por ende, es crucial reflexionar sobre la efectividad de las políticas, estrategias y orientaciones adoptadas para detener la pérdida de biodiversidad, pues a pesar de los esfuerzos realizados durante los últimos 30 años, la pérdida de biodiversidad sigue en aumento, buscando garantizar la división equitativa de beneficios y el reconocimiento de los sistemas de conocimiento tradicional para el cuidado de los territorios.

Garantizar la protección de todos los ecosistemas

Si bien se ha puesto énfasis en la protección del 30% de las áreas de especial importancia ecológica como una estrategia para conservar la biodiversidad al año 2030, es esencial reconocer la importancia de todos los ecosistemas, y principalmente de  la conectividad ecológica entre ellos. Esto quiere decir que la protección del 30% de las zonas terrestres, de aguas continentales, costeras y marinas no debe relegar al 70% restante como «ecosistemas de sacrificio». La conciencia sobre la conectividad de ecosistemas, permite entender entonces que, biomas como la Amazonía, no existirían sin los Andes, el Caribe o la Orinoquía y, en esa medida, todos deben recibir atención y protección de forma equitativa. Lo anterior, teniendo en cuenta que este principio de conectividad de la Andinoamazonía, fue una consigna preparada por el Gobierno Colombiano durante la Reunión Técnico-Científica de la Amazonía en Leticia, y presentada en la Cumbre de Presidentes en el 2023, celebrada en Belém do Pará.

Reconocimiento del papel de las comunidades locales

Considerando que los pueblos indígenas y comunidades locales han protegido el 80% de la biodiversidad mundial, es fundamental reconocer que las prácticas de gestión colectivas no solo permiten mantener una diversidad importante de especies animales y vegetales en el planeta, sino que también mantienen viva la herencia cultural, espiritual e histórica de los pueblos. Por ende, para hacer efectiva la afirmación del presidente en el anuncio de la sede de la COP16 (“tenemos dos enormes potencias que tenemos que saber articular: la potencia de la biodiversidad cultural humana y la potencia de la biodiversidad natural”) es clave reivindicar el papel de las comunidades locales, sus conocimientos y prácticas ancestrales en la continuidad de la vida.

El compromiso de Colombia en esta COP, además de señalar los valores intrínsecos de los territorios, debe destacar el rol activo que han desempeñado las comunidades en la preservación de la vida a pesar de las condiciones desfavorables. En el caso colombiano, es importante considerar el contexto histórico, político, social y económico que ha marcado al país y sus habitantes, especialmente en la ruralidad. En el 2023 se reconoció al campesinado  como sujeto de especial protección, lo que demanda garantías de derechos humanos, y de acceso y uso de la tierra, la biodiversidad y los bienes comunes. En ese sentido, la COP16 debería propiciar un escenario de participación amplia y efectiva, en donde se visibilice el rol que poblaciones en la ruralidad han tenido en el cuidado de la vida, desde pueblos indígenas, comunidades campesinas, afrocolombianas, entre otras.

Promoción de la participación comunitaria efectiva

Considerando algunas lecciones aprendidas de Censat Agua Viva junto a otras organizaciones sociales y de base que participaron en la cumbre y pre-cumbre de presidentes en el 2023, se identificó la necesidad de promover una participación efectiva y no accesoria de las comunidades locales. En ese sentido, la COP16 debe ser más que una reunión de altas esferas de toma de decisión, proyectándose como un espacio donde diversas comunidades tengan voz y voto. Además, se debe garantizar no solo el reconocimiento de estas, sus saberes y prácticas de cuidado territorial en ese tipo de escenarios, sino también la financiación adecuada que permita contar con una participación diversa.

Es crucial desarrollar metodologías participativas que permitan una verdadera inclusión y empoderamiento de las comunidades en las decisiones que afectan sus vidas y entornos. Es importante que en ese escenario, efectivamente, se permita que las propias comunidades locales sean quienes hablen sobre sus visiones del mundo, con énfasis en lo rural, pero también desde lo urbano, más si se presenta a Cali como sede de la COP16, por la necesidad de “reivindicar una ciudad que padeció recientemente la violencia extrema y que necesita ser reivindicada desde el punto de vista social”. 

Llamado a la urgencia y coherencia en las acciones. Anteponer la vida, por encima de intereses financieros

Se esperaría una mayor coherencia por parte del Gobierno Nacional que ha liderado a nivel internacional una posición más contundente frente a la crisis climática y ambiental. Ha promovido el reconocimiento de las responsabilidades compartidas, pero diferenciadas de la crisis y sus efectos, intentando vincular propuestas que surgen desde los territorios, y que finalmente ponen a la vida en en el centro y no el dinero que representa. Todo esto, al menos, desde un plano discursivo. 

La COP16 es un escenario susceptible de alojar ejercicios de presión para que las decisiones que se tomen contemplen necesidades del sector empresarial, que cada vez más se está viendo abocado a rendir cuentas sobre sus emisiones o acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, incluyendo acciones para evitar la pérdida de biodiversidad. 

En esa dinámica se ha observado en las diversas COP intereses de los empresarios en mostrarse como actores que buscan la “ganancia neta”, que promueven la “naturaleza positiva” (en donde se han impuesto modelos de valoración monetaria de las funciones ecológicas, que ignoran funciones poco visibles y dinámicas de interdependencia, y se promocionan acciones de compensación permitiendo la destrucción con promesas de restauración) o las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), y para ello buscan estrategias de cabildeo que permiten influenciar agendas y procesos en materia de biodiversidad.

Principales grupos de cabildeo empresarial activos en el CBD

Fuente: La naturaleza de los negocios: La influencia empresarial en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Marco Mundial de la Diversidad Biológica. https://www.foei.org/wp-content/uploads/2022/12/La-naturaleza-de-los-negocios-informe-ATI.pdf

Con ese panorama, hay un llamado de alerta frente a la propuesta del gobierno colombiano por promover un “canje de deuda” , que presupone el reconocimiento de una deuda ilegítima adquirida con países del norte global, y la posibilidad de liberar este recurso para el desarrollo de acciones climáticas de mitigación y adaptación, que viabilizan que un sector empresarial e industrial pueda seguir contaminando. Lo anterior, es un contrasentido para la conservación ya que, así como otras propuestas basadas en la lógica de la compensación como los bonos de carbono o los proyectos REDD+, no han representado la reducción real de emisiones de GEI, ni tampoco la mejora de condiciones económicas o sociales de países y comunidades “beneficiadas”. Así mismo, en materia de biodiversidad, la promoción de áreas protegidas, como medida de conservación, ha viabilizado la restricción y criminalización de comunidades locales y sus prácticas, evidenciado con mayor fuerza en nuestro contexto social y político nacional.

En resúmen, la COP16 es un escenario que hace un llamado urgente a la acción, reconociendo la insuficiencia de los marcos existentes, y la necesidad de impulsar medidas concretas y contextualizadas. Es crucial que el gobierno colombiano, como anfitrión de la COP16, demuestre coherencia entre su discurso, que apela a la “justicia ambiental”, y sus acciones, y promueva soluciones que pongan la vida en el centro, en lugar de priorizar intereses económicos que han promovido la destrucción. Esto implica reconocer y apoyar las iniciativas locales que han garantizado la conservación de la naturaleza y sus funciones. Partir de que la solución ante la crisis se encuentra en los territorios y en sus formas de manejo, inclusive porque se ha sabido y se ha reconocido que las áreas más conservadas y biodiversas en el mundo se encuentran hoy en día donde comunidades locales habitan. 

Entonces ¿por qué no reconocer y apoyar este papel, y por qué seguir creyendo que la soluciones vienen de fuera y de esferas económicas?

Fuente: CENSAT Agua Viva

Esperanza en tiempo de crisis climática: cuatro iniciativas que luchan contra la inminente escasez de agua dulce

Los efectos del aumento de la temperatura global son cada vez más evidentes. Olas de calor, sequías prolongadas, lluvias torrenciales e inundaciones afectan con mayor frecuencia al planeta. La región tropical, donde se encuentra gran parte de América Latina, es una de las más vulnerables a eventos naturales como estos que, cada vez, son más frecuentes e intensos. En un contexto así, el agua dulce se presenta como el gran protagonista que no ha sido valorado en su justa dimensión. Y eso es urgente cambiarlo.

Científicos y organizaciones ambientales, por ejemplo, llevan varios años alzando la voz para que se le preste atención a ríos, lagos y humedales. “Perdemos la biodiversidad de agua dulce tres veces más rápido que en otro tipo de ecosistemas. Desde 1970, las especies de agua dulce han perdido un 84 % de sus poblaciones y esto es muy grave porque una buena parte de la población depende de la pesca continental para su seguridad alimentaria. Varios peces de importancia comercial ya están en peligro de extinción”, comenta Laura Piñeiros, oficial del Programa de Agua para América del Sur de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Ante este panorama, la especialista recuerda que la adaptación al cambio climático sólo puede darse a través de una gestión adecuada del agua, “entendida no sólo como recurso hídrico para los seres humanos, sino también como un elemento vital para los ecosistemas que sostienen la vida”.

En su último reporte, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) indicó que “aproximadamente la mitad de la población mundial sufre actualmente una grave escasez de agua durante al menos una parte del año” y agregó que “el cambio climático ya ha causado impactos generalizados, pérdidas y daños conexos en los sistemas humanos, y ha alterado los ecosistemas terrestres, de agua dulce y oceánicos en todo el mundo”.

De hecho, poblaciones campesinas e indígenas en Latinoamérica ya enfrentan las consecuencias negativas de la pérdida de biodiversidad y la escasez de agua dulce. Algunas de esas comunidades ya están poniendo manos a la obra para mitigar el impacto del cambio climático en la disponibilidad del agua o están implementando acciones que les ayuden a prepararse para escenarios que, en caso de no limitar el calentamiento global a menos de 1,5 grados centígrados, parecen no ser muy alentadores.

En este especial, Mongabay Latam presenta cuatro historias en Perú, Colombia, Ecuador y México donde comunidades rurales y científicos desarrollan proyectos para disminuir los efectos negativos del cambio climático y les permitan contar con agua en zonas de glaciares, humedales y alta montaña.

El retroceso de los glaciares y las sequías en montaña

Si existen lugares en donde se aprecie en toda su dimensión la huella del cambio climático, esos son los glaciares. “Los impactos en algunos ecosistemas se están acercando a la irreversibilidad, como el caso de los cambios hidrológicos resultantes del retroceso de los glaciares, o los cambios en algunos ecosistemas montañosos”, indica el último informe de IPCC.

Laura Piñeiros comenta que los glaciares, que en muchos casos son la principal recarga de los arroyos, están retrocediendo como lo demuestran las imágenes satelitales y estudios históricos.

La comunidad de Santa Fe, en la región sur andina de Ayacucho, en Perú, es testigo de cómo el nevado Ritipata pierde su nieve año tras año. “La nieve más perpetua que vimos fue en 2005, y sólo en la parte más alta. Lo que queda aquí son hielos que se derriten en pocas semanas”, dice Tulia García, directora del Centro de Desarrollo Agropecuario (CEDAP), que trabaja con las comunidades rurales de la zona.

El nevado Ritipata forma parte de la cordillera Chonta, una de las 18 cadenas montañosas del país que concentran el 70 % de los glaciares tropicales del planeta. Un estudio publicado en 2020 por el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) muestra que la cordillera ya ha perdido el 95 % de su cobertura glaciar.

Jesús Gómez López, director de investigación en glaciares del INAGEM, explica que las altas temperaturas derivadas del cambio climático han provocado la desaparición de más de la mitad de la superficie glaciar que tenía Perú sólo en un periodo de 54 años y que, de acuerdo con sus estudios, se estima que el nevado Ritipata será declarado extinto en unos diez años.

En Santa Fe nacen los ríos y acuíferos que se canalizan para llevar el agua potable a los más de 280 000 habitantes de la capital de Ayacucho, Huamanga, pero los comuneros de la zona no cuentan con redes de agua segura.  Ante la escasez del líquido y la aridez del suelo donde viven, las 62 familias de Santa Fe se organizaron para construir diques en las lagunas que captan el agua de lluvia y así lograron regar sus pastos y reducir la muerte de sus alpacas por hambre y sed. Hoy cuentan con 41 reservorios, aunque siguen enfrentándose a sequías cada vez más intensas.

Los reservorios, conocidos como qochas, permiten almacenar el agua de lluvia y soltarla sobre los pastos en tiempos de sequía. Así evitan que ésta se diluya en los cauces y erosione el suelo en los meses de abundancia, y se promueve la recarga subterránea que permite el afloramiento de manantiales y bofedales. Este sistema tradicional es conocido como siembra y cosecha de agua.

“Es muy difícil vivir aquí porque ningún cultivo crece. Nuestros animales mueren de frío y de hambre, antes más todavía. Con las qochas logramos que tenga algo de agua y comida en los meses más difíciles. Sin estos diques todo estaría seco”, asegura Gregorio Ccorahua, alpaquero de Santa Fe.

Piñeiros también menciona que el cambio climático ha alterado los patrones de precipitación y la lluvia que se esperaba en ciertas épocas del año sucede antes o después de lo habitual, “sólo por dar un ejemplo, en alguna zona donde llovía de noviembre hasta abril, ahora puede estar lloviendo de enero hasta agosto”.

Las sequías y las inundaciones se han vuelto más extremas. El IPCC ha advertido que las emisiones continuas de gases de efecto invernadero afectarán aún más a todos los componentes principales del sistema climático. “Se prevé que el calentamiento global continuo cambiará aún más el ciclo global del agua, incluida su variabilidad, las precipitaciones globales y las temporadas muy húmedas y muy secas”, se lee en el reporte de 2023.

De lo anterior puede dar fe la comunidad de Catacocha, del cantón Paltas en la provincia de Loja, sur de Ecuador. Allí han visto cómo las sequías cada vez son más intensas y, según sus habitantes, las lluvias pueden concentrarse en uno o dos meses —usualmente entre enero y febrero— y son descargas violentas.

El calor provocaba que las reservas de agua se consumieran pronto y hacia agosto ya casi no había agua. Llegaron al extremo de tener líquido apenas una hora al día. Gracias a unas lagunas inspiradas en los paltas — comunidad indígena que habitó esta zona hace más de mil años, en la era preincaica— logran una infiltración subterránea tan controlada y efectiva que el agua que se capta durante los escasos meses de lluvia alcanza para todo el año.

En el cerro Pisaca, la comunidad de Catacocha ha recreado, desde el 2005, un sistema de captación y dotación de agua hecho a base de 250 lagunas artificiales para almacenar el agua lluvia, lo que ha permitido que los habitantes de esta ciudad desértica tengan agua todo el tiempo, obtengan mejores y más abundantes cultivos, y mejor producción en sus animales.

“La zona, de por sí, es una de las más secas de la provincia. Siempre hemos tenido que batallar con la sequía. Pero, si no se siguen tomando las medidas que estamos tomando, lo que sí puede hacer el cambio climático es radicalizar todo. Por eso, es clave el manejo y la protección del sistema que hemos recreado en el Pisaca”, dice José Romero, integrante de la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional.

Un arduo trabajo por los humedales

Con cada nuevo informe, los científicos del IPCC lanzan más alarmas. A pesar de las cumbres internacionales de cambio climático y los compromisos políticos de los países, la meta de no sobrepasar un calentamiento global de 1,5 grados centígrados parece más difícil de alcanzar. El problema no es menor ya que, por encima de este valor, “ecosistemas como algunos arrecifes de coral de aguas cálidas, humedales costeros, bosques tropicales y ecosistemas polares y montañosos habrán alcanzado o superado sus límites estrictos de adaptación y, como consecuencia, algunas medidas de adaptación basadas en ecosistemas también perderán su eficacia”, menciona el panel de expertos en su último reporte.

En 2020, un grupo de científicos y expertos en política, en colaboración con UICN y el World Wildlife Fund (WWF), prepararon el Plan de Emergencia para la Recuperación de la Biodiversidad de Agua Dulce, publicado en la revista científica BioScience. En él indicaron que se trata de una crisis que ha sido olvidada por muchos y en la que, desde 1970, se ha perdido o deteriorado el 30 % de los ecosistemas de agua dulce en el mundo.

Además, mencionan que desde 1700 han desaparecido el 87 % de los humedales continentales y “a pesar de que existen importantes figuras para la protección de estos hábitats, como es la designación de humedales de importancia internacional o sitios RAMSAR, los resultados de estas designaciones no siempre han sido sinónimo de protección y es necesario mejorar los mecanismos de gobernanza, articulación intersectorial y los programas de incentivos que permitan alcanzar buenos resultados de conservación para estos ecosistemas”.

Los autores del artículo consideran que existen varias opciones que pueden ayudar a mitigar estos impactos y reducir los riesgos futuros: la designación de tramos fluviales o humedales bajo figuras de conservación y uso sostenible, el manejo integrado de cuencas hidrográficas, la implementación de programas ambiciosos de restauración ecológica de ríos y humedales, y una mayor aplicación de enfoques comunitarios para conservar especies de valor cultural, comercial o ecológico.

En Colombia y en México se encuentran dos proyectos que le apuestan a esta última opción.

El país sudamericano tiene a La Mojana, un complejo entramado de más de 500 000 hectáreas que forma distintos tipos de humedales y que se ha deteriorado de manera drástica en las últimas décadas. Allí, miles de campesinos adelantan distintos esfuerzos por recuperar sus modos de vida y restaurar las ciénagas, zapales y caños que habitan. De esta manera esperan que las inundaciones y sequías, más impredecibles y fuertes por el cambio climático, los afecten cada vez menos.

Ronald Ayazo, investigador del Instituto Humboldt, menciona que La Mojana ha sido víctima de la degradación de los ecosistemas por inundación y la explotación excesiva de los recursos naturales. Según Ayazo, a lo anterior se suma el cambio climático, que hace que fenómenos como el de La Niña o El Niño sean cada vez más fuertes e impredecibles. Esto “ha reducido la capacidad de la zona para amortiguar las aguas durante las inundaciones y mantener la disponibilidad de este recurso durante las sequías”, señalaba el Instituto Humboldt hace dos años en el libro Territorios anfibios en transición.

En la zona rural de varios municipios mojaneros, a los nombres de las fincas los antecede la sigla ABIF, que significa Agroecosistemas Biodiversos Familiares, y que llegaron hace algunos años de la mano de la Asociación de Pescadores Campesinos Indígenas y Afrodescendientes para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú (Asprocig), el Instituto Humboldt, el Fondo de Adaptación y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). Esta última entidad calcula que hay algo más de 4100 agroecosistemas a lo largo de la región y que, en promedio, cada uno tiene una extensión de 2500 metros cuadrados.

Los ABIF son parte de una serie de estrategias que están encaminadas a mejorar la adaptación al cambio climático de los habitantes de esta zona y a la restauración de los humedales. Allí se utilizan semillas criollas que están adaptadas a las sequías y a las inundaciones.

El sueño de Catherine Toro, de la vereda Perú, en el municipio de Ayapel (Córdoba), es tener un banco de semillas pues está convencida de la importancia que tienen para los campesinos de la región. Recuerda que luego de una inundación en la vereda Boca de Pinto en agosto de 2021, los habitantes de Perú acordaron donar parte de sus cultivos de pancoger, así como de plántulas de distintas especies para que sus paisanos recuperaran lo más pronto posible sus cultivos.

Desde entonces, la comunidad  ha emprendido más viajes a otras veredas aledañas, no solo para aportar con sus cosechas, sino para llevar otro mensaje clave para la región: la necesidad de restaurar los humedales.

Mientras que en Colombia tratan de conservar uno de los ecosistemas de humedales más grandes del mundo, en México intentan recuperar Xochimilco, una zona de humedales ubicada al sur de Ciudad de México y declarada por la Unesco, en 1987, como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Allí, las chinampas, antiguos sistemas agrícolas desarrollados desde la época de los indígenas aztecas, han cambiado su esencia, afectando la calidad del agua y alterando el ecosistema al punto que el número de ajolotes, especie icónica de la zona, ha disminuido drásticamente.

Al avance del vertiginoso urbanismo de Ciudad de México después de la década del cincuenta se sumaron la introducción de especies exóticas —particularmente peces como carpas y tilapias— en la década de los sesenta, la aplicación de agroquímicos en algunas chinampas, la descarga de aguas residuales provenientes de viviendas cercanas, el cambio de uso de suelo, la cantidad y calidad de agua disponible y el reemplazo de canoas por lanchas motorizadas para trasladar personas.

Para conservar y reactivar la zona chinampera, desde hace 15 años, científicos del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y productores de la zona impulsan un programa integral de reactivación para conservar esta área de humedales y toda la vida que depende de ella.

Las chinampas-refugio son las protagonistas del proyecto. En 2008, el laboratorio comenzó a impulsar la transformación de estos terrenos flotantes con canales rehabilitados para mejorar la vida de los ajolotes y otras especies nativas. Son sitios especiales para promover la restauración del hábitat de estos anfibios y permitirles completar su ciclo de tres etapas: embrionaria, larvaria y adulta, en la que suele ocurrir el proceso de reproducción. Lejos de la amenaza de sus depredadores. Lejos de la mala calidad del agua.

“El resultado son aguas limpias, de muy buena calidad, donde viven ajolotes, ranas y otros animales muy pequeñitos, muy sensibles a contaminantes. Este es nuestro indicador de que estamos haciendo bien las cosas”, dice el chinampero Felipe Barrera.

La conservación de los ecosistemas de agua dulce es una necesidad imperiosa para América Latina, una región altamente vulnerable a la crisis climática. La UICN ha manifestado que frecuentmente se considera a estos ecosistemas como parte de los paisajes terrestres con los que están vinculados, pero que esto es un riesgo para su protección, “ya que se suele reducir su importancia a la provisión de agua fresca cuando, en realidad, entregan una serie de beneficios adicionales como soporte para las pesquerías, secuestro de carbono o reducción del riesgo de desastres”. Los proyectos conjuntos entre científicos y comunidades rurales de la región muestran que la apuesta por buscar soluciones va más allá de garantizar la disponibilidad del agua para consumo humano.

*Imagen principal: Se estima que la cordillera Chonta y su nevado Ritipata sean declarados extintos en unos diez años. Cortesía de @mullu.tv

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBERANÍA FINANCIERA: DEUDA, SAQUEO & RESISTENCIAS

✊🏿✊🏾Con mucha alegría compartimos el Video de la Conferencia Internacional Soberanía Financiera: Deuda, Saqueo y Resistencias, misma que se llevó a cabo en octubre 2023, São Paulo, Brasil.

📢 La conferencia estuvo convocada por Jubileo Sur/Américas, en conjunto con el Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM-AYNA) y el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL).

💚💚🔥Este momento de encuentro y debates entre organizaciones de activistas, académicos y comunidades afectadas de América Latina y el Caribe, posibilitó avanzar en la socialización y construcción conjunta de conocimientos, luchas y resistencias, sobre las formas y consecuencias de la deuda y la financiarización, además de debatir la construcción de alternativas para la soberanía, buen vivir y defensa de cuerpos y territorios.

¡No Debemos No Pagamos¡
¡Somos Los Pueblos Los Acreedores!

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Jubileu Sul Brasil debate e articula mobilização social para Cúpula do G20

Objetivo é fortalecer organizações e movimentos populares nas discussões e incidência em torno do encontro G20, e denunciar as falsas soluções propostas pelos 20 países mais ricos do mundo para as múltiplas crises da atualidade

Por Redação – Jubileu Sul Brasil

A Rede Jubileu Sul Brasil (JSB) está engajada na mobilização para participação das organizações e movimentos populares na Cúpula de Líderes do G20, que ocorre nos dias dias 18 e 19 de novembro deste ano, reunindo no Rio de Janeiro chefes de Estado e países membro do “Grupo dos 20”,  formado pelas maiores economias do mundo. Entre 15 e 17 de novembro, também acontece a Cúpula Social para participação da sociedade civil nas discussões e formulações de políticas relacionadas ao G20. 

Ao longo do  ano, o JSB impulsiona uma série de ações, discussões e articulações visando aprofundar estratégias, fortalecer a organização popular para o G20, e denunciar as falsas soluções que os países membros do G20  propõem para as múltiplas crises da atualidade. 

A  busca pela apropriação do debate para qualificar a participação de organizações e movimentos na Cúpula do G20  também é central para o Jubileu Sul Brasil. Por isso, a  Rede acaba de lançar um primeiro boletim informativo, que explica qual o impacto das decisões do “Grupo dos 20” na vida da população, o que está em jogo na cúpula, os caminhos de incidência e resistência popular. 

O informativo traz ainda o alerta da  Rede JSB sobre as falsas soluções do G20, como a  questão da troca das dívidas públicas por saúde – na prática, uma “troca” por meio de privatizações e da mercantilização explorando o setor de saúde no Brasil, e também para a troca da dívida por natureza, com a exploração de recursos e do meio ambiente, proposta que vem sendo retomada pelos países do Norte global. 

A versão impressa será distribuída na primeira reunião de chanceleres do G20, que se realiza  entre os dias 21  e 22 de fevereiro, na Marina da Glória, na capital fluminense, tendo a “reforma” na governança global como uma das pautas. 

O encontro de chanceleres reúne membros da  chamada “Trilha de Sherpas”, comandada por emissários das lideranças do G20, que supervisionam e encaminham negociações, discutem agenda e debatem acordos até a cúpula final  O sherpa indicado pelo governo brasileiro é o embaixador Maurício Lyrio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty.

Na mesma semana, o boletim do Jubileu Sul Brasil  também será entregue por representantes da Rede JSB  que participam da Jornada Latino-americana e Caribenha de Integração dos Povos, de 22 até 24 de fevereiro, em Foz do Iguaçu (PR). 

Até a realização da cúpula, estão previstas mais de 100 reuniões, virtuais e presenciais, dos grupos de trabalho e forças-tarefa que compõem o G20, nas cidades-sede em todas as regiões do Brasil. 

Entre nações membros e países convidados, a Cúpula do G20 terá participação da África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia, além da União Africana e da União Europeia. 

Confira o boletim:

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EL CHOCÓ ANDINO SIGUE EN PELIGRO

Gobierno ecuatoriano incumple la Consulta Popular que declaró a las parroquias Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto libres de minería metálica.

A seis meses del plebiscito en donde se consultó a la población del Distrito Metropolitano de Quito si quería o no actividades mineras en el noroccidente de Pichincha, el futuro aún es incierto, debido a que se no se respeta la voluntad popular y se siguen vulnerando derechos.

El sí a la vida

La Consulta Popular realizada el 20 de agosto de 2023, compuesta por cuatro preguntas, todas ellas orientadas a la prohibición de la minería metálica dentro de Chocó Andino de Quito, obtuvo un respaldo contundente con más del 65% de los votos a favor. Esta consulta, se asienta en la premisa de conservar y salvaguardar este territorio crucial para la biodiversidad y el desarrollo ecológico de sus comunidades.

La resolución proferida por la Corte Constitucional a principios de 2023, en relación con el resultado esta Consulta Popular, emite una orden a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR) para depurar del catastro minero aquellas concesiones carentes de los documentos legales requeridos, además de abstenerse de registrar nuevas concesiones en las parroquias Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto. En el presente, estas disposiciones afectan al menos a seis concesiones en trámite en el Chocó Andino, las cuales, tras el respaldo mayoritario a la consulta popular, se ven imposibilitadas de obtener aprobación o inclusión en el registro del catastro minero.

La minería ilegal sigue

El Frente Antiminero Pacto por la Vida, el Agua y la Naturaleza denunció que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), aproximadamente desde el 11 de febrero del presente, comenzó el proceso de participación ciudadana para el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental de la concesión minera La Melina, ubicada en la parroquia Pacto, provincia de Pichincha.

La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador ha cuestionado este proceso, argumentando que el plazo de 14 días para revisar documentación técnica compleja es insuficiente y que no se están cumpliendo los lineamientos de la Corte Constitucional emitidos a principios de 2023.

De igual forma, la Secretaría de Ambiente de Quito, en el Oficio Nro. GADDMQ-SA-2024-0303-O del 16 de febrero, destaca que la regulación del uso del suelo en el Distrito Metropolitano de Quito es competencia exclusiva del Gobierno Autónomo Descentralizado. En este sentido, se determina que los predios en la parroquia de Pacto y otras de la Mancomunidad del Chocó Andino no tienen asignado el uso de suelo «Recurso Natural No Renovable», necesario para actividades mineras. Sugiere considerar este factor en el proceso de licenciamiento ambiental de la concesión minera La Melina, debido al posible conflicto social que generaría en Pacto y la Mancomunidad del Chocó Andino. Además, solicita al MAATE pronunciarse sobre los resultados de la Consulta Popular de agosto de 2023.

Mientras que el 19 de febrero, el GAD Parroquial de Pacto emitió un comunicado, instando a proteger el ecosistema y solicita a las autoridades competentes pronunciarse sobre la legalidad de las actividades mineras en el territorio.

El MAATE y la empresa ECUAMIN S.A. propietaria de la concesión La Melina, programaron una Asamblea de Presentación Pública para el lunes 19 de febrero de 2024, pero fue suspendida por el MAATE con el siguiente argumento (Oficio Nro. MAATE-DRA-2024-0200-0): “En vista de los Decretos de estado de excepción y conflicto armado interno emitidos por la Presidencia de la República, y con el objetivo de salvaguardar la integridad y seguridad de todos los involucrados en los procesos de participación ciudadana, se anula el documento Oficio Nro. MAATE-DRA-2024-0005-0, del 4 de enero de 2024, relacionado con la asignación de facilitador ambiental”.

Por otro lado, se destaca que la mina Melina sigue operando sin licencia ambiental por más de 20 años, mientras que los pobladores de Pacto esperan desde hace 1 año y 8 meses una sentencia de la Corte Provincial de Pichincha sobre una Acción de Protección pendiente, que presentaron por las constantes vulneraciones a los derechos humanos y de la Naturaleza.

¿Qué está en peligro?

La Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha es un santuario natural que alberga una amplia variedad de vida. Más de 30 especies grandes de animales, como el oso de anteojos y los tigrillos, llaman a este lugar su hogar, mientras que más de 1900 especies de plantas añaden color y vitalidad a su paisaje. Estos bosques no solo protegen a cientos de personas de desastres naturales, sino que también son el sustento de actividades económicas como el turismo y la ganadería, proporcionando seguridad alimentaria para la región.

Además de su importancia ecológica, es una fuente vital de recursos para la población local, produciendo una gran variedad de alimentos, desde frutas tropicales hasta café de exportación, y los visitantes pueden maravillarse con la belleza de sus cascadas y ríos.

Este lugar también tiene un rico legado cultural, con vestigios de antiguas civilizaciones como los Yumbos, que habitaron la zona desde el año 800 D.C. Su herencia se refleja en los caminos antiguos, las historias de seres mitológicos y las tradiciones culinarias que aún perduran.

La gestión de este valioso territorio ha sido objeto de diversas estrategias para promover su conservación y desarrollo sostenible. Desde la creación de Áreas de Conservación y Uso Sustentable hasta la implementación de corredores ecológicos para proteger especies emblemáticas como el oso andino, se han tomado medidas para preservar este tesoro natural.

El reconocimiento más reciente de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha por parte de la UNESCO en 2019 destaca la importancia de estos esfuerzos de conservación. Sin embargo, la amenaza de la minería plantea desafíos ambientales que deben abordarse de manera urgente para proteger este valioso ecosistema y las cuencas hidrográficas.

Solicitud a las autoridades

Acción Ecológica hace un llamado a la Corte Constitucional para iniciar una etapa de supervisión y asegurar el cumplimiento del mandato popular que prohíbe la minería metálica en el Chocó Andino de Quito. Asimismo, insta a la apertura de procesos para determinar responsabilidades y, de ser necesario, la destitución de cualquier funcionario público que intente omitir los resultados de la Consulta Popular, la cual constituye un pronunciamiento de cumplimiento obligatorio e inmediato. De igual forma, a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR)que depure el catastro minero y se abstenga de registrar más concesiones mineras y en esta zona.