A cinco años del femicidio de Berta Cáceres, el Estado de Honduras sigue legitimando y protegiendo a las élites políticas y económicas implicadas en el crimen

El año era 2016. En la madrugada del dos de marzo, 2 días antes que la activista más reconocida de Honduras, hubiera cumplido 46 años, fue asesinada a tiros en su propia casa. La mujer, madre de 4 y líder lenca era nuestra hermana de lucha Berta Cáceres.

Reconocida un año antes como una de las militantes más importantes del mundo por la justicia social y ambiental y galardonada con del Premio Ambiental Goldman en 2015, Berta siempre fue más que una ciudadana hondureña. A 59 meses de su siempre, sigue siendo nuestro referente en la defensa de la protección del medio ambiente y de los derechos de los pueblos y comunidades tradicionales en toda América Latina.

La impunidad del femicidio de Berta, no desmoviliza a las organizaciones y movimientos sociales quienes siguen exigiendo justicia y exigiendo al gobierno hondureño castigo y condena a todos los autores intelectuales del crimen, que, según diversas pruebas presentadas a lo largo de los años, tuvo una clarísima motivación política.

En esta perspectiva de movilización permanente por la justicia, el 11 de enero el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se presentó por novena vez consecutiva a las autoridades hondureñas para presentar pruebas contra el sicario, David Castillo, señalado como coautor del asesinato de Berta Cáceres pero que, según varios colectivos y entidades, es protegido por el Estado de Honduras.

“La posición del actual gobierno hondureño está a favor de los asesinos de la compañera Berta. Es evidente que no hay voluntad por parte del Estado de Honduras de acelerar la justicia y aclarar quiénes son los autores intelectuales y materiales del asesinato de Berta”,

denuncia Rode Murcia, Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras (CONAMINH).

En una Nota Pública difundida también en enero, el Jubileo Sur / Américas afirmó que el asesinato de Berta y la posición del Estado hondureño que la persiguió son expresiones de:

“…un modelo racista, patriarcal y extractivista que sigue perpetuando la criminalización de las defensoras de los espacios colectivos vivos”. Este modelo se apoya también en las estructuras que garantizan el pago de las deudas ilegítimas e inmorales cobradas a los países del Sur, e implica naturalmente la profundización de la deuda histórica y ecológica, por lo que es necesario unir las fuerzas de los pueblos y territorios en la lucha por la vida y la justicia socioambiental”.

En el documento citado, se recuerda que Berta Cáceres denunció la construcción de una presa por parte de la empresa DESA, que pretendía realizar diferentes proyectos en los territorios del pueblo lenca ignorando los derechos de la comunidad. Según se destaca en la Nota, “a partir de ese momento, los principales interesados llevaron a cabo un plan de persecución y agresión que terminó con el vil asesinato de Berta”.

La violencia que permanece en América Latina y el Caribe

Media década después del asesinato de Berta, no sólo Honduras sino toda la región de América Latina y el Caribe, sigue siendo un lugar peligroso para los pueblos indígenas y las personas que, como Berta, se indignan contra la injusticia, la explotación y la opresión.

Vivimos secuestros de un compañero, asesinatos de otros, persecución constante. El Estado de Honduras impulsa proyectos de supuesto desarrollo que sacan a los pueblos de sus territorios, beneficiando sólo a un Estado ladrón y asesino. Es una realidad precaria, donde no tenemos derechos, vivimos una violencia constante contra los pueblos originarios, obligándonos a abandonar nuestras tierras”, explica Rode Murcia.

La violencia que Murcia critica, se sustenta en las profundas desigualdades que caracterizan a América Latina y el Caribe y que se consolidan incluso durante la pandemia. Los indicadores en este sentido son, por un lado, el aumento de la fortuna de 73 multimillonarios en la región para 2020, según un informe publicado por Oxfam; y por otro la negligencia de los gobiernos nacionales con las poblaciones campesinas, indígenas y quilombolas.

“Estamos en completo abandono de la acción gubernamental. En la pandemia, tenemos que tomar nuestras propias medidas de seguridad, higiene, volver a nuestras raíces ancestrales para asegurar la protección y hacer nuestra lucha”, señala Murcia.

El relato del miembro de la CONAMINH se asemeja a la realidad que enfrentan los pueblos y comunidades tradicionales de Brasil, que son víctimas constantes de la necropolítica del Gobierno Federal, y se materializa en la negación de la gravedad de la pandemia, en discursos cargados de odio contra estos pueblos, en la adopción de políticas públicas que agravan los conflictos socioambientales, y en la implementación y fomento de proyectos que promueven la destrucción del medio ambiente y de los territorios en los que viven estas comunidades.

Rode Murcia considera que la violencia política en contra de las mujeres que se dedican a denunciar a las élites políticas y económicas es otro punto en común entre Honduras y Brasil, y los asesinatos de Berta Cáceres y Marielle Franco son representativos en este sentido.

“Berta y Marielle siempre estaban denunciando y acosando los intereses de las élites. Sus muertes tienen la misma raíz. La lucha de estas dos mujeres fue emblemática para nosotros que actuamos en la defensa de los derechos humanos y en defensa y protección de los bienes naturales. Eran como impedimentos de los poderosos, que decidieron quitarlas del camino”, subraya.

Texto en portugués: https://n9.cl/wqign

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