Ambiente, extractivismos y desarrollo: las premisas erradas para debatir alternativas

Cualquier institucionalidad ambiental organizada desde juicios errados entorpece o hace imposible atender adecuadamente los impactos socioambientales y las demandas ciudadanas. Es por eso que a la ciudadanía no le queda otra alternativa que movilizarse.

La discusión sobre la gestión de los recursos naturales aunque siempre presente en Argentina, se ha acentuado después de las protestas ciudadanas contra la minería en el sur o frente a la intención de explotar petróleo en la costa atlántica. En ese contexto, dos académicos, Roy Hora y Juan Carlos Hallak, publicaron en el periódico La Nación de Buenos Aires, una columna sobre cómo “conciliar” la “explotación” de los recursos naturales con el “cuidado” del ambiente. Ese aporte, desde la academia, y específicamente desde la economía y la historia, es bienvenido en tanto demostraría una mayor atención a la problemática ambiental desde el mundo universitario.

Sus conclusiones, tales como señalar la carencia de credibilidad institucional, también son atendibles. Esos señalamientos no son novedosos, porque han sido repetidos desde por lo menos la década de 1980, mientras que las oposiciones entre fines económicos y preservación ambiental son todavía anteriores, desde los años sesenta.

Sin embargo, el modo por el cual estos autores abordan los conflictos sobre desarrollo y ambiente expresan varias limitaciones que merecen analizarse. Algunas tal vez se deban a que desconocen la evidencia e información acumulada en las últimas décadas en el campo de las políticas ambientales, en tanto estos autores provienen de otras disciplinas.

Pero lo preocupante es que su abordaje no es inusual sino que expresa concepciones que, en vez de contribuir a un mejor manejo de los recursos naturales, alimentan y repiten los problemas actuales que desembocan en conflictos socioambientales.

Es así que los autores plantean una interrogante inicial que condiciona las respuestas. Se preguntan si las personas están conscientes de las pérdidas de empleo, ingresos fiscales y divisas que ocurrirían cuando se cancelan proyectos extractivos mineros o petroleros. En esa pregunta se da como un hecho verdadero que esas actividades tienen esos beneficios netos en empleo y dinero. Sin embargo, esa es una premisa errada. 

A medida que se acumula más información, sea en Argentina como en otros países, se encuentra que los balances económicos de los extractivismos son modestos o incluso negativos. Las esperadas ganancias en la práctica se reducen e incluso se anulan por los subsidios explícitos o implícitos que el Estado otorga a esas empresas, o cuando se contabilizan sus impactos ecológicos y sociales. Argentina está repleta de ejemplos en ese sentido.

Desde aquella postura, Hora y Hallak afirman que las granjas de salmón o la megaminería en la Patagonia no sólo son posibles, sino que además son “deseables”. Redoblan su apuesta porque ellos ya sabrían que pueden llevarse adelante con “sólidas salvaguardas ambientales”. Otra vez hay juicios previos anclados en asumir que esas actividades son ventajosas económicamente, que existe tecnología que puede manejar o anular sus impactos, y que ello aseguraría el desarrollo. Pero en todo eso aún no hay certezas ni conclusiones finales.

En efecto, la experiencia de actividades similares en Argentina o en la región muestra que los beneficios económicos son limitados como ya se indicó, que los riesgos de impactos son altos, que los accidentes se repiten, y que los efectos terminan siendo sufridos o financiados por la sociedad y el ambiente.

¿Para salir del “subdesarrollo” hay que apostar a más extractivismo? 

El artículo avanza con otro juicio previo: “Argentina está muy lejos del desarrollo” y, por esa razón, sus necesidades de bienestar y empleo obligarían a exportar sus recursos naturales. O sea, que para salir del “subdesarrollo” se debería ser más extractivista –una idea ya muy conocida en varios países latinoamericanos. 

Otra vez debe señalarse que para muchos la vinculación es exactamente la inversa: seguir exportando materias primas acentúa la pobreza, el subdesarrollo y la subordinación a la globalización. Disponemos ahora de información recopilada en las últimas décadas sobre las desigualdades ecológicas en el comercio global, de cómo los países del sur global terminan padeciendo desproporcionadamente más impactos sociales y ambientales. 

Otra dificultad conceptual análoga ocurre cuando esos autores sostienen expresiones como “prohibicionismo” o “extractivismo” implican una banalización. Es difícil saber a qué se refieren con la etiqueta de “prohibir”, porque hay muchas actividades que por sus impactos están sujetas a regulaciones que las limitan. Por ejemplo, prohibir arrojar residuos tóxicos en un arroyo es legítimo o necesario; nada hay de banal ni extremista en ese tipo de regulaciones.

Pero es todavía más sorpresivo que se diga que usar la palabra “extractivismo” es una polarización o una banalización. Esa palabra corresponde a modos específicos de apropiación de recursos naturales; la megaminería, la explotación petrolera o el monocultivo de soja son extractivismos, y esa es la calificación adecuada. No usarla, rechazarla o cuestionarla, puede deberse a manías académicas o maniobras políticas para disimularlos, pero no anula sus severos impactos ambientales ni la subordinación global. 

El pedido de Hora y Hallak de una nueva institucionalidad ambiental tambalea si se funda en impedir que se utilicen ciertos términos o se anula la posibilidad que existan actividades que deban ser prohibidas por sus impactos sociales o ambientales. Al mismo tiempo, parecería que el artículo por momentos no tiene en cuenta informaciones acumuladas en los últimos veinte años en ecología política. Es como si nos regresaran a posiciones de fines de la década de 1990. 

¿Conciliar con las comunidades locales o con las empresas extractivistas?

Llegar a la conclusión que las instituciones públicas tienen un déficit de credibilidad en su capacidad de control es obvio. Eso se viene denunciando en Argentina y en los demás países desde hace décadas. Distintos arreglos institucionales se han ensayado, desde ministerios de ambiente a agencias autónomas. De organismos de contralor a tribunales, y más. Pero ninguna de ellas ha resuelto los problemas de fondo ni evitado los conflictos. La cuestión es, por lo tanto, ¿por qué se repiten esos fracasos bajo todo tipo de ideologías políticas?

Ante esas situaciones, lo que asoma en estos años es que eso se debe a que la política convencional aunque puede producir distintos arreglos institucionales, a la vez los limita o condiciona. Se los blinda por medio de posturas previas y metas que se dan como obvias o válidas, con componentes que no están dispuestas a cuestionar, y asuntos que sistemáticamente se evitan. De ese modo, las contradicciones entre ambiente y desarrollo se repiten, y eso hace que una y otra vez estallen los conflictos ambientales.  

Toda esta explicación sirve para mostrar que el artículo de Hora y Hallak demanda una alternativa, pero lo hacen desde juicios previos que son funcionales a la explotación de la naturaleza e impiden alternativas de desarrollo. Entre ellos está el de indicar que hablar de extractivismo es un extremismo banalizador, que deben aprobarse proyectos de salmoneras o mineras, que hay tecnología que anula los impactos, que hay beneficios económicos indudables, y así sucesivamente.

Esa mirada hace que ese intento de “conciliar” muchas veces caiga en el extremo de habilitar la depredación ecológica y excluir a las comunidades locales. El drama es que la conciliación puede terminar operando como un apaciguamiento de la protesta local. Aquel es un reclamo de alternativas condicionado por ideas previas, muchas de las cuales son causantes de los problemas ambientales actuales.

De ese modo, cualquier institucionalidad ambiental organizada desde aquellos juicios previos entorpece o hace imposible atender adecuadamente los impactos sociales y ambientales, y muchas demandas ciudadanas. Entonces a esos actores no les queda otra salida que movilizarse. .

Una verdadera alternativa no solo debe permitir, sino que debe poner en discusión todo el espectro de ideas, llegando a las bases conceptuales que sostienen al desarrollo y el papel de los extractivismos. Cualquiera de sus componentes debe revisarse, desde los justificativos económicos al papel de las soluciones tecnológicas, y así sucesivamente. Habrá, por lo tanto, opciones conciliables y otras que no lo serán. En ese esfuerzo deben participar todos los interesados, también sin exclusiones. 

Por: Eduardo Gudynas. Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES)

Fotografía del proyecto Minero Cobre Panamá.

 

Fuente: Radio Temblor

Pronunciamiento Público “Sistema de Protección en Honduras vulnera derechos y eleva riesgos de ataques en contra de las personas defensoras de derechos humanos”

Sistema de Protección en Honduras vulnera derechos y eleva riesgos de ataques en contra de las personas defensoras de derechos humanos”

Nosotros y nosotras, pertenecientes a las organizaciones territoriales de base ubicadas en distintas zonas del país, beneficiarios y beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante los evidentes abusos cometidos por el Sistema Nacional de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, ante la comunidad nacional e internacional, nos pronunciamientos de la manera siguiente:

Primero: Es de conocimiento general que debido a la situación de emergencia permanente de Derechos Humanos que vive nuestro país, y en razón de nuestro ejercicio de promoción de los derechos humanos y defensa de nuestros territorios hemos tenido que enfrentar diversas y constantes violaciones a nuestros derechos, como procesos de criminalización, agresiones, persecución y asesinatos contra líderes de nuestras organizaciones, por tanto, el Sistema Interamericano nos ha otorgado medidas cautelares de protección de carácter colectivo.

Segundo: Es precisamente en este escenario de graves violaciones a derechos, que se crea el Sistema Nacional de Protección para defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia, entre cuyos objetivos se encuentra reconocer y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas en nuestra Constitución y convenios internacionales. Sin embargo, a más de 6 años de su creación, el actuar del Mecanismo de Protección ha sido un fracaso frente a las empresas extractivas y palmeras que se insertan violentamente en nuestros territorios.

Tercero: Ante esta realidad, nos hemos reunido para analizar el abordaje que el Mecanismo Nacional realiza en cada una de nuestras medidas, coincidiendo en que dentro de nuestras organizaciones existe una alarma por el manejo perverso e irregular que el Mecanismo Nacional a través de sus funcionarios les ha dado, demostrando el fracaso del sistema, que lejos de hacernos sentir protegidos ha aumentado nuestra situación de riesgo.

Cuarto: Denunciamos la implementación de una estrategia de intervención por parte del Mecanismo Nacional a los colectivos de beneficiarios y beneficiarias, que incluye la violación a los principios de voluntariedad y secretividad de nuestros procesos, lo que consecuentemente nos ha colocado en una mayor situación de riesgo y vulnerabilidad ya que la información de nuestras medidas ha sido compartida con los distintos actores que promueven y ejecutan las agresiones.

Quinto: Comparecemos y denunciamos para que lo conozca la comunidad internacional que apoya y financia al Mecanismo Nacional, para que lo conozca el Sistema Interamericano, el Sistema Universal y la institucionalidad en general para que revisen el comportamiento de esta instancia y la recurrente insatisfacción de los colectivos beneficiarios de medidas cautelares, por el reprochable papel que ha desarrollado al perpetuar y aumentar el riesgo de las personas defensoras. El Mecanismo Nacional no puede continuar con el discurso de responsabilidad para con la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos.

Sexto: Hacemos un llamado al Mecanismo Nacional de Protección a que tenga un comportamiento coherente para con su obligación institucional y mandato de proteger la vida e integridad de las personas y/o colectivos beneficiarios de medidas cautelares. Que detenga toda práctica abusiva y arbitraria en las comunidades de nuestras organizaciones, y que respete las decisiones que emanan de nuestros colectivos que a falta de respuesta por parte del Estado a través del Sistema de Protección, buscamos implementar medidas de sobrevivencia para seguir la labor en defensa de nuestros territorios.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, a los 09 días del mes de noviembre de 2021.

.

Suscriben:

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)

Bufete Estudios para la Dignidad (BED)

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (COPINH)

Plataforma Agraria del Bajo Aguán

Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA)

Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH)

Movimiento Independiente Indígena Lenca de la Paz Honduras ( MILPAH).

Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA)



 

Fuente: COPINH

Diálogo 2000 presente en Tribunal popular sobre la CMNUCC en Glasgow

Tras la marcha en Glasgow del sábado, donde a pesar de las fuertes lluvias más de 110.000 personas salieron a la calle gritando “System Change, not Climate change” (cambio de sistema, no cambio climático), el 7 de noviembre se dio comienzo a la Cumbre de los Pueblos hacia la Justicia Climática con un tribunal popular contra la

Convención Marco de las Naciones Unidas.

Este juicio simbólico, inspirado en el Tribunal Internacional sobre Crímenes de la Guerra de Vietnam, estructuró su acusación contra los crímenes ecológicos permitidos y promovidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas en 6 cargos: No abordar las raíces del cambio climático, no afrontar las injusticias sociales y económicas mundiales, no proveer la financiación adecuada para la supervivencia social y planetaria, no construir las vías para una transición justa, permitir la falta de regulación y la apropiación de las corporaciones del proceso. 

Intervinieron diplomáticos, académicos y militantes de todo el mundo, algunes presentes en Glasgow y otres virtualmente. Desde Jubileo Sur/Américas, participaron Ivonne Yanez por Acción Ecológica de Ecuador, quien presentó el primer cargo, y Beverly Keene por Diálogo 2000 de Argentina, quien presentó el tercer cargo que a continuación reproducimos.

+++

Los pueblos y la naturaleza contra la CMNUCC: Un tribunal popular sobre la CMNUCC y las empresas como cómplices de crímenes contra la humanidad – Ecocidio 

Cumbre de los Pueblos por la Justicia Climática, Glasgow, 7 de noviembre de 2021

 

Tercer cargo – No haber conseguido una financiación climática adecuada para la supervivencia planetaria y social

Miembros del jurado y del panel de jueces, estamos aquí para acusar a la CMNUCC, a sus estados miembros y a las instituciones observadoras, de responsabilidad criminal por su fracaso en la implementación de la Financiación Climática necesaria para la supervivencia planetaria y social. 

 

Al no obligar y garantizar el cumplimiento de sus principios fundacionales, la CMNUCC ha contribuido en primer lugar al crecimiento exponencial de la financiación climática necesaria para garantizar el bienestar de la Madre Tierra y de todos sus habitantes.Ha crecido constantemente la deuda climática no saldada de aquellos países, corporaciones, instituciones e individuos, cuyo consumo históricamente desproporcionado del espacio de carbono disponible ha generado la emergencia climática. 

Esos mismos actores, cuyos niveles y formas de consumo siguen basándose en las prácticas de saqueo y pillaje, colonización y esclavitud, discriminación racial y de género y violencia, han fracasado además sistemáticamente en poner fin a estas prácticas, socavando la soberanía financiera y la capacidad de las y los “acreedores climáticos” para protegerse. Esto se refleja en el sistema de endeudamiento perpetuo que obliga a la austeridad, disminuyendo aún más la capacidad de los pueblos y países del Sur para responder a las consecuencias del calentamiento global o para reorientar sus economías, aumentando la demanda de financiación climática y generando un círculo vicioso de deuda adicional inducida por el calentamiento climático y emergencias climáticas inducidas por el endeudamiento. 

En segundo lugar, la CMNUCC no ha conseguido establecer objetivos y formas adecuadas de financiación climática ni garantizar compromisos firmes ni la aplicación de las promesas totalmente inadecuadas formuladas.En la práctica, no se respetan las responsabilidades históricas de “quien contamina paga”. Nunca se han adjudicado reparaciones por la deuda climática acumulada, ya sea para cubrir las “pérdidas y daños” y los costes de adaptación, o para compensar a los países empobrecidos del Sur por el espacio de carbono que ahora no pueden utilizar.  Los 100.000 millones de dólares anuales de financiación climática nueva y adicional prometidos en Copenhague hace 12 años recuerdan a la promesa incumplida durante décadas del 0,7% de ayuda al desarrollo. Ni siquiera la insuficiencia y ambigüedad de las promesas realizadas, ni la contabilidad “creativa” aplicada, han sido suficientes para que los países responsables se atribuyan su cumplimiento. También hay que alertar sobre las recientes propuestas de promover el canje de deuda por acción climática, trasladando de nuevo a los pueblos y ecosistemas más vulnerables y menos responsables, la carga de la financiación, así como la provisión del espacio de carbono. 

  

En tercer lugar, la CMNUCC ha fracasado sistemáticamente a la hora de cambiar la forma en que se concibe y se entrega la financiación climática, reforzando el papel del mercado y el dominio de la deuda.Reafirmado dramáticamente en París, ha defendido la noción no sólo de que se puede inducir al mercado a reducir las emisiones de carbono, sino también de que éste tiene la clave para la provisión de la financiación climática. Einstein solía decir que “si queremos cambiar el mundo tenemos que cambiar nuestra forma de pensar… ningún problema puede resolverse desde la misma conciencia que lo creó”. Sin embargo, la CMNUCC ha respondido hasta ahora a la necesidad de financiación climática tratando de renovar y relegitimar el propio sistema y las instituciones responsables en gran medida de esta crisis. 

La deuda, por ejemplo, ha sido utilizada habitualmente para dominar y controlar a los gobiernos, los pueblos y las riquezas naturales del Sur. Su ilegitimidad y carácter odioso se derivan de la financiación de proyectos y la promoción de políticas que contribuyen a la escalada del calentamiento global. Sin embargo, los programas relacionados con el cambio climático siguen estando financiados en su inmensa mayoría por préstamos y condicionados a la generación de beneficios para los inversores privados, a menudo a través de las mismas instituciones financieras internacionales que fomentaron este modelo destructivo en primer lugar, como el Banco Mundial ahora con su plan GRID. En este sentido, es especialmente preocupante que el FMI intente posicionarse como proveedor de financiación climática, dado su sórdido historial de crímenes económicos contra la humanidad y la naturaleza.

El financiamiento promovido por la CMNUCC se centra más en cómo sacar provecho del cambio climático que en responder a las causas fundamentales de la crisis y crear un nuevo sistema. Se siguen promoviendo falsas soluciones, como el mercado de carbono, el comercio de emisiones, las compensaciones, los agrocombustibles, las centrales hidroeléctricas, el carbón y la energía nuclear, y constantemente se ponen en marcha nuevos planes como el “cero-neto” y las “soluciones basadas en la naturaleza”. El comercio de carbono -que es fundamental para estas falsas soluciones- proporciona una financiación climática extremadamente limitada, al tiempo que permite a las empresas transnacionales y a los países del Norte seguir ocupando el espacio de carbono de los pueblos y países del Sur. Peor aún, el comercio de carbono ha generado nuevos y despreciables instrumentos de mercantilización y financiarización de la naturaleza, concentrando aún más la riqueza y el poder a nivel mundial, acentuando la especulación y la inestabilidad financiera sin producir ninguna reducción significativa de las emisiones de carbono ni la transferencia de recursos reales a quienes los necesitan y tienen derecho a ellos.

Encomendamos esta acusación con los testimonios escuchados, al jurado y jueces de este Tribunal popular para que se haga Justicia.

Beverly Keene, Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2021

 

Fuente: Dialogo 2000

No Más Deudas: por los Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza

En Glasgow se prepara para concluir una nueva COP, ya la 26va, nuevamente sin lograr conclusiones que permiten vislumbrar alguna voluntad, de parte de los gobiernos, corporaciones, instituciones  financieras e “inversionistas”,  de avanzar hacia el cambio de un sistema que muy literalmente, nos está matando.  ¡Cambiemos el sistema, no el clima! fue el grito lanzado desde las calles de Copenhague, en diciembre de 2009, frente a la inoperancia de otra COP, la 15va. 

La necesidad suena hoy igual, solo que cada vez más urgente. Por que en el ínterin, queda demasiado claro que lo que ha avanzado es la crisis, no las soluciones. Y en ese marco, canjes de deuda por acción climática, bonos verdes, más mercantilización y financialización de la naturaleza, no aportan más que confusión y mayor entrega de la vida al capital. ¡Basta de falsas soluciones gritamos entonces, como hoy.

Por eso, consideramos útil traer al presente este material de información y reflexión, que elaboramos en ese entonces desde la red de Jubileo Sur, con fuerte participación desde nuestra América junto a los movimientos y organizaciones de África y de Asia. Es demasiado actual para no usar hoy para seguir nutriendo los debates y los planes de acción pendientes. Por eso invitamos a consultarlo, a leerlo, a criticarlo y a actualizarlo –

https://bit.ly/NoMasDeudaJS2009

 

Fuente: Dialogo 2000