BRUMADINHO: UN CRIMEN QUE DUELE PROFUNDAMENTE

Por Comunicación Jubileo Sur/Américas

Conversamos con el sociólogo Luis Fernando Novoa Garzón, integrante de la Red Jubileo Sur Brasil, especialista en los impactos socioambientales de las megaempresas en la Amazonía, quien profundizo elementos significativos sobre el crimen socio-ambiental en Brumadinho (estado de Minas Gerais).

Esta es una de las mayores tragedias mineras en Brasil, una herida abierta que aún lloran familiares y amigos de las víctimas. No sonaron las alarmas cuando se rompió la represa de la mina, nadie estaba preparado, fueron 13 millones de metros cúbicos de lodo que arrasarón  y arrastrarón la vida de cada una de las personas, una gran cantidad de las víctimas fuerón trabajadores de la misma empresa.

La catástrofe de Brumadinho es la séptima en enlutar al estado en apenas 13 años, una media superior a una ruptura cada dos años.

Sobre el contexto de la presencia  de la industria extractiva en Brasil

La rotación de los desastres en un capitalismo basado en el expolio permanente y la “irresponsabilidad organizada” , está propicia la frecuencia de los desastres sociales y ambientales producidos por los grandes proyectos agrícolas, mineros y de infraestructura. Lo que expresa el crimen de Brumadinho es el resultado de una economía a gran escala, que dispone obligatoriamente su territorio a una dinámica exógena, que expone además a la población y al medio ambiente a desastres en serie.

El patrón de especialización regresiva adoptada por Brasil en las últimas décadas, está vinculado al hecho de que el país se ha convertido en un objetivo diferenciado de las estrategias de abastecimiento mundial (global sourcing). En medio de la tabla rasa de la desindustrialización promovida en los años 90, a través de la liberalización y del intercambio comercial, quedaron las reservas de recursos naturales demandados por las llamadas “cadenas globales de valor”, término utilizado para ocultar la dinámica de reproducción ampliada de las burguesías imperialistas en disputa y/o composición.

Las plantas de extracción y procesamiento de recursos naturales (soya, ganado, mineral de hierro, celulosa, etanol, acero, metalurgia, petroquímica, cemento, etc.) son implementadas y ampliadas en Brasil como una derivación de acuerdos con el sector privado a escala mundial, con pleno apoyo político-institucional interno para ello. La premisa, experimentada aquí en este capitalismo de los desastres, es que los procesos de implantación de empresas basadas en los recursos naturales dependen de ciudadelas de poder irrestricto, de “no lugares” políticos en zonas cada vez más depuradas de cualquiera contrato social.

Las implicaciones del crimen de Brumadinho

¿Quiénes son los actores involucrados y cuáles son las dimensiones del impacto socioambiental?

El expolio y la privatización de tanta riqueza territorializada (agua, tierra, subsuelo, bosques, redes urbanas y redes de infraestructura) no podrían hacerse viables sin un consorcio multiescalar entre capitales y organismos públicos y semipúblicos; en este caso, el Estado brasileño en sus tres instancias y niveles. La relación del sector minero  y la VALE en particular, con el Estado es ejemplar en este sentido, más aún en Minas Gerais, sede de la multinacional “brasileña” y zona original de exploración mineral en el país (oro y luego mineral de hierro).

La aprobación de un Código Mineral maleable y la flexibilización de la concesión de licencias ambientales así como la inspección de actividades, se convirtió en una “condición necesaria” para la contribución de nuevas inversiones y para el establecimiento de la lealtad de las empresas, los representantes políticos y los técnicos comisionados. Las crisis internacionales, con sus amenazas internas, siempre sirven de escenario para nuevos chantajes de inversores privados con el Gobierno del Estado y los Municipios implicados. 

El atroz crimen que tuvo lugar el 25 de enero de 2019, en Brumadinho, provocó la muerte de 270 personas y la contaminación de miles de kilómetros de cursos de agua en la cuenca del río Paraopeba, y fue precedido por otro crimen que tuvo lugar en Mariana el 5 de noviembre de 2015, con decenas de muertos y la afectación irreversible de toda la cuenca del río Doce, que corresponde a una superficie equivalente a los territorios de Alemania e Inglaterra juntos. En las dos tragedias inducidas, la empresa protagonista fue VALE, una compañía estatal privatizada en los años 90, que luego fue fuertemente financiada e incubada por bancos , capitales estadounidenses y canadiense  y  finalmente potencializada con recursos públicos por el BNDES en la última década.

Las asociaciones con VALE se alternan en un caso y en otro: Samarco (con una importante participación japonesa) y BHP Biliton (anglo-australiana) en el segundo y el consultor alemán Tüv Süd en el primero.

Lo que se cuestiona es una práctica criminal sistemática por parte de estas empresas mineras y asociadas, autores de genocidio y ecocidio continuado. No se trata de un hecho aislado, sino de un método que reorganiza el proceso de producción bajo el impulso de la máxima rentabilidad al exigir la síntesis de pueblos y territorios en forma de costos y riesgos financieros.

¿Qué ha acontecido en este primer año?

Poco más de un año después de la matanza socio-ambiental de Brumadinho, se ha consolidado el método de normalizar los daños y borrar la responsabilidad. Desde la ruptura de la presa de Fundão en Mariana en 2015, la VALE y su red de cómplices institucionales en el Gobierno Federal y los gobiernos estatales, el Parlamento y el poder judicial han estado determinando qué personas y zonas se ven afectadas y cuáles no. En el país los delincuentes socioambientales definen su propio “castigo”, es decir, el nivel adecuado de reparaciones e indemnizaciones al medio ambiente y a la población.

El mismo dinero que falta para mitigar los efectos de los megadesastres mineros no falta para captar a los técnicos y científicos para evaluar sólo lo que se les ordena. En el plano jurídico-institucional, a pesar de los meritorios esfuerzos del Ministerio Público del Estado de Minas Gerais (el Ministerio Público Federal se ha sumido en la red de complicidades), se han multiplicado los instrumentos de negociación extrajudicial (TAC), además de los acuerdos individuales rebajados, que implican una renuncia previa por parte de los demandantes a la plena responsabilidad de las empresas mineras por los daños indecibles perpetrados. Daños que durarán generaciones, debido a todas las pérdidas humanas, sociales y ambientales que conlleva.

El río Paraopeba, un año después, se convirtió en un vasto territorio condenado, asfixiado y contaminado con lodo tóxico con grandes concentraciones de hierro, aluminio y mercurio. Docenas de ciudades han perdido su fuente de agua; a los pescadores y agricultores se les ha imposibilitado sus actividades a lo largo del río. Además de crear zonas de sacrificio alrededor de los grandes proyectos de extracción y procesamiento de recursos naturales, el caso de Brumadiho abre una nueva y macabra fase que impone sacrificios humanos a gran escala.

Si bien no parece haber habido un aprendizaje de la esfera empresarial y político-institucional, la industria de las tragedias que ha transformado la minería en el Brasil, se ha establecido un nuevo marco cognitivo y organizativo por parte de las poblaciones y los movimientos sociales afectados. Las movilizaciones se dirigen cada vez más no a fortalecer las posiciones de negociación sino a exigir espacios autónomos para la investigación, el dimensionamiento y la inspección de las reparaciones.

Frente a la concentración de poder de la VALE y las empresas afiliadas, es inocuo recurrir a las instituciones de ruta y captura. La reparación integral del medio ambiente y la compensación justa para los familiares de los muertos y desaparecidos y otras familias afectadas no es sólo una ecuación contable. Esas medidas deberían indicar a la sociedad en su conjunto y a los sectores empresariales que siguen haciendo del desastre su negocio, que esas prácticas ya no se tolerarán.

Luis Fernando Novoa Garzón

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