Campesinos de Veraguas realizan consulta sobre el Plan de Acción del Acuerdo de Escazú

La comunidad de Las Mendozas que conforman la Red Ecológica, Social y Agropecuaria de Veraguas RESAVE y el Colectivo Voces Ecológicas COVEC en la permanente misión de proteger la naturaleza y la efectiva participación ciudadana realizó una consulta el pasado 16 de diciembre del 2023 sobre el Plan de Acción del Acuerdo de Escazú. Las Mendozas ubicada en el distrito de San Francisco, provincia de Veraguas, junto a otras comunidades campesinas de la Cuenca del Río Santa María, desde hace más de 10 años han intensificado su accionar por sostener su vida en equilibrio con la ecología. 

En el marco de la normativa ambiental y los derechos humanos, el Acuerdo Escazú ratificado por el estado panameño por medio de la Ley 125 del 4 de febrero de 2020 tiene como objetivo garantizar los derechos de todas las personas y comunidades a un medio ambiente sano como parte de su soberanía de los pueblos. La cual se fundamenta en el acceso a la información pública, la participación pública y el acceso a la justicia en materia ambiental.

En esta ocasión la convocatoria se compuso de cuestionarios y recopilación de manera organizada sobre los comentarios del borrador del Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Cuyos resultados luego de su sistematización se presentarán en el en la Tercera Conferencia de las Partes (COP3) a celebrarse del 22 al 24 de abril del 2024 en CEPAL, Santiago de Chile. Consulta que fue impartida y compartida con el Colectivo Voces Ecológicas COVEC.

El objetivo del Plan de Acción es poner en marcha un conjunto de ejes prioritarios y acciones estratégicas para avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 del Acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe. La cual se refiere a que los Estados deben garantizar que las personas o comunidades que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales tengan el reconocimiento y la protección necesaria para el desarrollo de sus actividades. Ninguna persona que trabaje por los derechos humanos ambientales deberá sufrir amenazas, limitación al derecho de asociación o de libertad de opinión y expresión. Cuando así ocurra, el Estado deberá investigar oportunamente y castigar a las y los responsables.

Por: Redacción Radio Temblor Internacional

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