Ecuador: Piratas de carbono buscan despojar tierras de las comunidades

Foto: Nicoletta Marinelli, ALDEA, 2023

Comunidades afectadas exigen la anulación de la escritura fraudulenta de las empresas corruptas UCPEIN – RFEE y alertan a los GAD municipales para que no permitan su registro.

Servindi, 25 de mayo, 2023.- Familias comuneras de Selva Alegre y Quichinche (Otavalo, Imbabura) y San José de Minas (Quito, Pichincha) denuncian a la empresa ‘Rainforest de Ecuador’ (RFEE) por la amenaza de despojo de tierras a más de 200 familias de ocho comunidades.

Ellos manifiestan que se mantendrán en resistencia frente a los despojos y llaman a unir esfuerzos con la sociedad civil, academia, medios de comunicación para impedir la corrupción de tierras por parte de las empresas piratas de carbono.

De manera específica demandan la anulación de la escritura falsa de 9.190 hectáreas de la empresa UCPEIN transferida a Rainforest de Ecuador (RFEE)

También se alerte a los gobiernos autónomos (GAD) municipales para no permitir el catastro de escrituras fraudulentas por parte de empresas piratas del carbono.

Del mismo modo, rechazan el uso abusivo del derecho penal contra las personas defensoras de las comunidades, quienes son criminalizadas sistemáticamente por defender su derecho a la tierra.

Origen del problema

En 2005 la compañía UCPEIN S.A. adquirió una propiedad de 80 hectáreas en la parroquia Selva Alegre de Imbabura, pero inscribió una escritura fraudulenta “ampliatoria y aclaratoria” que modifica la extensión pasando de 100 hectáreas a 9.190 hectáreas.

Ello lo hizo UCPEIN mediante la manipulación de inspecciones judiciales, la corrupción de peritos, notarios y registradores de la propiedad, informe la Fundación Aldea.

Con la escritura fraudulenta la empresa pretendió despojar a propietarios y propietarias locales de por lo menos 162 predios, quienes cuentan en su mayoría con escrituras legalizadas e inscritas en los registros de propiedad en Otavalo y Quito.

La empresa ha perjudicado no solo a las comunidades, sino también al Estado ecuatoriano pues con base en esta falsa “escritura” la empresa cobró más de $150 000 de dinero público del Programa Socio Bosque (PSB) entre 2009-2014.

En 2020 la compañía Rainforest de Ecuador (RFEE) “compró” la propiedad a pesar de haber sido advertida de estos problemas.

Actualmente, RFEE inició una campaña de criminalización, acusando a las familias comuneras de ‘invasoras’, persiguiendo a las personas defensoras de las comunidades e impulsando el desprestigio mediático y judicial a sus legítimos propietarios y propietarias.

Las empresas piratas del carbono

Ponencia de Racheal Knight, consultora internacional, en el foro Derecho Campesino a la Tierra y Mercados de Carbono (23 de mayo, Universidad Andina Simón Bolívar). a ponente expone el contexto internacional de las estrategias de acaparamiento de tierras por parte de empresas vinculadas a las élites económicas y políticas en el contexto de un mal manejo de los mercados de carbono.

El caso de UCPEIN S.A. y ‘Rainforest de Ecuador’ (RFEE) ocurre en el contexto de un mal manejo de los mercados de carbono, que se presentan como elementos clave en la lucha contra el cambio climático.

a atracción de inversión extranjera sin una adecuada regulación abre la puerta al acaparamiento de tierras por las denominadas “empresas piratas del carbono”

Sin embargo, la atracción de inversión extranjera sin una adecuada regulación abre la puerta al acaparamiento de tierras por las denominadas “empresas piratas del carbono” en perjuicio de personas y comunidades campesinas, e inclusive del Estado.

Según Racheal Knight, experta internacional, la corrupción de tierras está vinculada a los más altos niveles de poder de las élites “a pesar de ser abusos severos de derechos humanos, quedan usualmente impunes”.

Añade: “Solo los esfuerzos que coloquen al Estado en una posición de incomodidad inevitable, vergüenza pública o dificultades económicas pueden afectar la voluntad política para evitar y sancionar la corrupción de tierras”.

Knight resalta el papel relevante de los medios de comunicación y de la sociedad civil en señalar y denunciar estos casos de corrupción de tierra a nivel nacional e internacional.

Cristian Nogales, del GAD de Selva Alegre.

Cristian Nogales, del GAD de Selva Alegre, señala que “Las estrategias de acaparamiento de tierras no serían posibles sin la complicidad y corrupción de funcionarios y funcionarias de las instancias locales”.

Desde el año pasado la Asamblea Nacional del Ecuador (ANE) está trabajando en la reforma al Código Ambiental con la perspectiva de generar beneficios ambientales y socioeconómicos.

Ello será posible mediante la creación de servicios ambientales como los créditos de carbono, con el fin de atraer inversión extranjera, bajar los índices de deforestación y contribuir a mitigar el cambio climático.

Gustavo Redin, de la Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA) dijo que “la reforma del Código Ambiental, sobre todo del artículo 85, nos preocupa porque no refleja la realidad de los territorios”.

Agrega que se “estaría vulnerando el derecho a la consulta previa y podría abrir la puerta a incentivos perversos que legitimen el acaparamiento de tierras”.

Exposición de Carmen Mariscal (Fundación Cambugán) en el foro Derecho Campesino a la Tierra y Mercados de Carbono (23 de mayo, Universidad Andina Simón Bolívar en Quito).
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Fuente: Con información de la Fundación Aldea: http://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/selvaalegreboletin

Fuente: Servindi

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