EL SALVADOR: LEY GENERAL DE AGUAS… LA LUCHA CONTRA EL MODELO PRIVATIZADOR

Por Comunicación Jubileo Sur/Américas

Las dificultades sobre el acceso al agua en El Salvador se pueden agudizar con la privatización del ente de control, prevista en un proyecto de ley impulsado por una coalición de derecha.

Según la ONU, El Salvador posee el mayor grado de deterioro ambiental en América Latina, después de Haití, con solo un 3 % de bosque natural intacto, suelos degradados por prácticas agrícolas inadecuadas y con más del 90 % de las aguas superficiales contaminadas.

Adela Bonilla, integrante de la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador (RACDES) nos comparte acerca de las estrategias y perspectivas sobre las que se han venido abordando dicha ley, desde que se presentó en la Asamblea Legislativa.

Contexto general sobre la privatización: Ley General de Agua

La primera propuesta de ley se presentó ante la Asamblea Legislativa en 2006 bajo la figura de “propuesta ley general de agua”, abarcaba el ámbito administrativo y contenía un enfoque de cuenca; a este proyecto de ley se sumaron otras propuestas en la que los representantes de la empresa privada decidieron contrarrestar y elaboran su propia propuesta de ley que fue presentada ante la asamblea legislativa un par de años después.

El sector de la industria de los agro-tóxicos, también presentó otras propuestas de ley, conocida como los “Regante”, esto desató un conflicto entre las tres leyes expuestas, las cuales han sufrido reformas en artículos específicos.

A finales de febrero e inicios de marzo del 2018, se crea la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, espacio conformado por más de 80 organizaciones en la que se cuentan organismos sociales, ambientales, sector de sindicatos, UCA (Universidad Centroamericana), Universidad de El Salvador, así como el sector iglesias y organizaciones de mujeres, entre otros.

Esta articulación es el resultado de la necesidad de unión para darle impulso al proceso de ley y de esta forma potenciar la propuesta y crear presión Ante la Asamblea Legislativa para la aprobación de dicha ley.

Contexto en la actualidad

El 6 de febrero del 2020 se presentó una nueva propuesta de ley, esta recoge todos los articulados específicos, los cuales están enmarcado en los cinco puntos NO negociables, contiene además el espíritu y el articulado de las propuestas anteriores, excepto las de la empresa privada y los regantes.

 Los cinco puntos son:

  • Declarar que el agua es un bien público y que dicha ley tenga carácter de orden público.
  • Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento.
  • Participación efectiva de la sociedad civil en la gestión pública del agua; esto quiere decir que dentro de la administración existan representantes de: organizaciones ambientales, organizaciones de mujeres y las academias.
  • Una gestión sustentable de la cuenca hidrográfica del país, ¡Enseñarle a la gente desde ya!, que el agua no viene de los chorros (grifos) de nuestras casas, sino que viene de nuestras cuencas, sub cuencas y microcuencas hidrográficas.
  • Que el régimen económico sea justo y equitativo para la ciudadanía.

Hay posiciones ambiguas sobre este tema, como la presentada por el partido de derecha  Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) quienes afirman que no quieren perjudicar al pueblo, al contrario,  están a favot de las necesidades de él, pero contradictoriamente  también han  presentado una hoja de ruta en la cual se establece que la discusión de esta ley no será pública,  sino  privada  y que  estará a cargo de los/as asesores de sus fracción y de todas las fracciones que pertenecen a esta comisión.

Antecedentes o justificaciones para el proceso privatizador

Una de las justificantes promovida desde el sector que apoya la privatización, es afirmar la incapacidad de ANDA, “Administración Nacional de Acueducto y Alcantarillados” quien es hasta ahora el ente responsable por las administraciones y la potabilización del líquido.

Dichos argumentos han sido permanentes y tienen el objetivo de seguir debilitando esta figura pública, debido a su autonomía, disponibilidad para administrar un presupuesto general de la nación, de forma directa, mismo que a partir de ese año ha sufrido un recorte considerable, esto ha sido el falso argumento  fjustificante para que las empresas privadas, transnacionales embotelladoras de agua, entren al proceso de la distribución del agua.

Otro elemento a destacar es que en el marco administrativo del país, no hay un control específico del proceso de distribución, existe la industria llamda CONSTANSA, es una empresa transnacional y ellos tienen pozos privados dentro de sus fábricas en los cuales los funcionarios de ANDA no pueden ingresar para desarrollar los procedimiento que les corresponden como: controlar cuantos metros cúbicos han sido explotados y extraídos de estos pozos, es está misma empresa la que envía un registro a ANDA, lo cual es arbitrario, ya que hasta ahora no se tiene un dato real y verídico de cuántos metros cúbicos consumen y cuántos son comercializado

¿Qué implica la privatización?

  • Antes que nada, es un retroceso a la democracia, el país ha suscrito convenios internacionales, en los que se reconoce el derecho humano al agua, desde las organizaciones sociales se viene solicitando la ratificación del artículo 69 de la constitución, para que se incluya el derecho al Agua y a la Alimentación como derecho humano, pues esto no consta en la actual constitución. Hasta ahora la Asamblea Legislativa tiene una deuda con el pueblo salvadoreño al no ratificar dicha reforma.
  • Otra de las implicaciones, es el costo económico-dado los incrementos en la canasta básica-porque se tendría que pagar por un alcantarillado diferente, pagar por una distribución diferente, pagar por una aparentemente mejoría en el servicio del agua, que se sabe no sería de esta forma.
  • Otra implicación, es el pago de los contadores (medidores de agua), en el caso de que las personas no dispongan de uno, tendrían que adquirirlo de forma obligatoria, y esto es un costo que, al compararlo con el salario mínimo, no tiene posibilidades de ser asumido.

En el país hay aproximadamente unas 1500 Juntas de Aguas (Agrupaciones comunitarias para la distribución del agua) mismas que distribuyen el líquido a millón y medio de personas, estas juntas no están administradas por ANDA, algunas son autónomas y otras son municipales; al concretarse una ley que privatice el agua, estas desaparecerían y pasarían a ser administradas y reguladas por la empresa privada, imponiendo los costos que este sector estime conveniente; además de la falta de control sobre la explotación y la mercantilización del líquido.

La propuesta que la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua mantiene, es que el ente rector sea eminentemente público y esté integrado por el Presidente de la República, ministros y ministras del Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático, de Agricultura, de Salud, de Obras Públicas, Economía y el Fondo de Inversión Social de Desarrollo Local que se denomina (FISDL.)

La Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua afirma que estarán vigilantes de las discusiones que se realicen en la Asamblea Legislativa en torno a la ley de aguas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend