Hacia una justicia climática con derechos humanos en Panamá

Mientras en Sharm-el-Sheikh, Egipto, los representantes de los gobiernos en la Conferencia XXVII de las Partes de la convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP 27), debatían las probables soluciones ante los efectos del cambio climático, en distintas latitudes del planeta, las comunidades debatían si emigrar o ser víctimas de esos efectos como las inundaciones o sequías.

Este dilema se aborda por doquier, desde la academia hasta en las comunas, desde sus causas y desde sus consecuencias. En sus últimos lustros, ha crecido un posicionamiento más enérgico con una visión crítica sobre las propuestas de las diferentes COP basadas en la especulación financiera como eje matriz en las soluciones climáticas con pocos o nulos resultados hacia la mitigación y adaptación al cambio climático debido a que siguen aumentando las políticas extractivas de recursos naturales y el uso de hidrocarburos.

Por ejemplo, los datos indican que la deforestación no se ha detenido. Así lo señala el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), institución que aglutina diversas universidades e institutos de investigación de España. Según los estudios de este centro, el aumento de la tasa de deforestación de los bosques tropicales en el Sur y es directamente proporcional al consumo desenfrenado de los países del Norte; por lo que el CREAF reclama la urgencia de detener esa deforestación a través de los cambios de consumo y destaca el papel clave de esos bosques en la regulación del clima del planeta entero.

La dinámica comercial de los acuerdos precipitados de último momento de la COP27 desfavorece el camino hacia una justicia climática, pues concentran todo su esfuerzo en optar por mecanismos de financiamiento a partir de la sociedad civil y gobiernos. Pero con la participación de instituciones y bancos internacionales provocando otro dilema: la deuda climática histórica, tal como se presentan en documentos desarrollados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) que destacan modalidades como “canjes de deuda por naturaleza”, “cláusulas de desastres naturales”, “bonos de catástrofe” y “bonos verdes, sociales y de sostenibilidad”.

La crisis climática seguirá aumentando con medidas basadas en los mismos mecanismos de siempre de especulación financiera y el complemento de carácter obligatorio de quienes sostienen acuerdos comerciales y préstamos financieros internacionales. Ahora se instrumentaliza el clima como objeto de negocio a través de la economía verde y sus falsas soluciones como son los bonos de carbono, el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y el programa Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD). Este último catalogado como un fracaso de forma y fondo en un documento presentado por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM).

Para Panamá, además del debate mencionado, las organizaciones socioambientales y rurales, han manifestado su desacuerdo ante las políticas ambientales que promulga el gobierno de turno, sin excluir a otras administraciones; cuyas incongruencias han sido evidentes: por un lado, están las concesiones otorgadas para minería, hidroeléctricas y el tráfico de madera y, por otro lado, planes y actividades de reforestación, conservación y educación ambiental.

Sin embargo, este planteamiento o voz de alerta, poca incidencia tiene ante el extractivismo minero en nuestro país con 56,037 hectáreas concesionadas para la extracción de metales según el Ministerio de Comercio e Industria (MICI). Esta actividad la encabeza la empresa Minera Cobre Panamá en el distrito de Donoso, provincia de Coclé, la cual ha vulnerado el Corredor Biológico Mesoamérica (CBM) representando un daño ambiental irreversible y ha seguido funcionando pese a que su contrato Ley 9 del 25 de febrero de 1997 fue declarado inconstitucional en septiembre de 2018 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En cuanto a la generación energética, la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) en septiembre de 2022, indica que el 97% de generación de energía eléctrica del país proviene de fuentes “limpias”. De este porcentaje total, un 91,09% corresponde a hidroeléctricas que, han demostrado afectaciones al sector productor, altamente vulnerable ante el cambio climático. Una muestra la tomamos de los afluentes y cuencas hidrográficas de la provincia de Chiriquí que paulatinamente han sufrido profundos cambios ambientales, producto de las numerosas represas a lo largo del mismo cause y donde se han generado inundaciones y pérdidas humanas.

Entre los casos relacionados con la deforestación, destaca el tráfico de árboles de cocobolo y otras especies de maderas preciosas, cuya actividad en el mercado internacional representa exorbitantes ganancias económicas. Según un reporte del 2018 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, el precio por metro cúbico de cocobolo ilegal proveniente de Panamá́ se ha cotizado hasta en $10 mil dólares. A esta actividad ilícita la acompaña el tráfico de influencias y la corrupción a todo nivel, por lo que representa un reto para las autoridades del ambiente lograr cambiar las estrategias y dinamizar su política de conservación hacia las áreas protegidas de dónde se extraen estas especies, como el Darién y el parque Soberanía.

¿Qué modelo de vida soñamos?

Ante esta persistente relación neoliberal con la naturaleza, voces y organizaciones provenientes de sectores sociales campesinos, indígenas hasta afrodescendientes del país, acudieron a la colectividad para proponer un modelo de vida al margen del discurso desarrollista que se mantiene desde el siglo pasado pero pintado “de verde”. Es necesario provocar un debate a partir de los saberes ancestrales y comunales actuales que atraviesan los distintos momentos de la trayectoria de la economía de mercado, tomando como base una necesaria sistematización de actividades productivas junto a la riqueza que posee el istmo panameño.

Son ejemplos de cambios reales, las iniciativas propias y autónomas, cuyas raíces se fundamentan en el intercambio de semillas y productos del trabajo de la tierra en el norte de la provincia de Veraguas y su auge con la implementación del cooperativismo rural. También las escenas que fortalecen la cuenca del río Santa María con actividades como el turismo ecológico, el senderismo y actividades agroforestales.

Un digno ejemplo de amor por este planeta que nos sostiene y acción directa ciudadana en pos del equilibrio ecológico, fue la organización y lucha de la Alianza en Defensa de la Cuenca del Río Santa María, constituida por el sector campesino, ecologistas y académicos que por más de 10 años vienen luchando por la aprobación de la Ley 339 del 16 de noviembre de 2022 que declara Patrimonio Natural Nacional y Área Protegida de Reserva Hidrológica a la Cuenca del Río Santa María.

Estos son ejemplos de modelo de vida, que se realizan también en otras comunidades de provincias, comarcas y tierras colectivas como un derecho humano a la vida, y que representan una contrapropuesta a los modelos importados, consumistas que no mitigan el cambio climático.

Esta “Economía Ecológica” y “Economía Solidaria y Popular” es la propuesta colectiva promovida en distintos medios de comunicación, tribunas públicas y gobiernos en Panamá, que ayudaría a reducir los efectos del cambio climático, sostener la seguridad alimentaria, preservar las fuentes hídricas y la cultura de nuestros pueblos.

Por: Olmedo Carrasquilla Aguila.

Imágenes de los sitios incididos por las inundaciones en la Península de Azuero causando afectaciones a viviendas, plantas potabilizadoras, interrupción de las vías de comunicación, al sector productivo agrícola y cambios en el entorno ambiental. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) realizó 25 rescates. Además las autoridades locales registraron decenas de casas bajo agua tanto en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, cuenca del río La Villa, provincia de Herrera y sur de Veraguas.

 

Alianza en Defensa de la Cuenca del Río Santa María, constituida por el sector campesino, ecologistas y académicos de Veraguas por más de 10 años luchando por la aprobación de la Ley 339 del 16 de noviembre de 2022 que declara Patrimonio Natural Nacional y Área Protegida de Reserva Hidrológica a la Cuenca del Río Santa María. Instrumento legal en Gaceta Oficial Digital Gaceta Oficial Digital No. 29667-A cuyo fin es conservar, restaurar, preservar y promover las condiciones de las principales zonas de recarga hídrica de la cuenca 132 y, a su vez, de reforzar la protección y conservación de las fuentes hídricas superficiales y subterráneas en la parte baja de la cuenca 132. Y el Artículo 9. Dentro de los límites del área protegida de la cuenca del río Santa María se establecen las siguientes prohibiciones de las actividades incompatibles con los objetivos establecidos en esta Ley: 1. Se prohíbe la extracción minera y construcción de hidroeléctricas y cualquier otra iniciativa que represente una ·amenaza o una barrera que fragmente la integridad de los ecosistemas de la cuenca del río Santa María.
Agradecimientos por la colaboración

Adriana Sautu
Dimas David Ríos Cedeño
Laureano Barría
Comunidades afectadas en Tonosí
Comunidades afectadas en la cuenca del Río La Villa
Sistema Nacional de Protección Civil SINAPROC – Herrera
Salva la Selva

 

 

Fuente: Radio Temblor

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