Puerto Príncipe, 22/6/19 (Prensa Latina) Haití se mantiene en una suerte de pausa, dos semanas después de la masiva movilización antigubernamental que sumó a cientos de miles de personas, mientras las diversas fuerzas políticas aún no se ponen de acuerdo.
En la calle crecieron las protestas populares, que por momentos desembocaron en actos vandálicos como el ataque a los centros docentes, estaciones de radio y televisión o las instituciones públicas.
También aumentó el número de sectores que dan la espalda al actual mandatario Jovenel Moise, indexado por el Tribunal de Cuentas como parte de un ‘esquema de corrupción’ para manejar fraudulentamente los fondos públicos, acusación que negó de manera enfática.
‘Su presidente, el que usted votó, no es corrupto y nunca lo será’, dijo el mandatario durante su comparecencia a propósito del aniversario 24 de la Policía Nacional de Haití el 12 de junio, y pidió dejar que el sistema de justicia haga su trabajo y lleve a cabo la investigación para responsabilizar a través de un juicio justo a aquellos que usaron mal el tesoro nacional.
El gobernante aún cuenta con el respaldo de la comunidad internacional y varios organismos y asociaciones apelan a una concertación entre todos los sectores, en aras de superar la crisis.
Recientemente, la Comunidad del Caribe (Caricom) reiteró su llamado a solucionar de forma pacífica la crisis política y abogó por el diálogo, mientras señaló que el largo retraso en la instalación de un nuevo Gobierno ha privado a la administración de los muy necesarios recursos prometidos por sus socios financieros y de desarrollo internacionales.
La declaración de Caricom sucedió a los pronunciamientos de otras asociaciones como el controvertido Core Group, compuesto por representantes de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), así como los embajadores de Brasil, Canadá, Francia, Alemania, España, la Unión Europea y Estados Unidos, los mismos que integraron la polémica Misión ONU para la Estabilidad de Haití (2004-2017).
Nuevamente, en el contexto de las repetidas crisis sociopolíticas que desde hace un año sacuden a la nación caribeña, el Core Grop insta a un amplio debate nacional, sin condiciones previas, que reuniría al sector político, privado y a la sociedad civil.
También el 19 de junio, dos representantes de la OEA llegaron al país a petición del Gobierno y se reunieron con algunos actores involucrados en la crisis haitiana para identificar posibles soluciones a esta situación.
Los encuentros del organismo internacional dejaron fuera al ala más radical de la oposición y al sector privado que demandan la renuncia del presidente sin miramientos, según revelaron medios de prensa. A su salida sugirieron a Moise que debía gobernar y a los inconformes echarse a un lado.
Como era de esperar, la visita suscitó una gran polémica, y muchos actores la catalogaron de intromisión en los asuntos internos de la nación.
‘El pueblo de Haití no quiere esta injerencia, no quiere una solución fabricada en Washington, y no quiere aceptar que la OEA nos diga lo que tenemos que hacer con nuestros países’, dijo a Prensa Latina Camille Challmers, portavoz de la Plataforma Haitiana para el Desarrollo Alternativo.
El también académico y economista indicó que la política general de la OEA es perseguir y aislar a los gobiernos progresistas, lo que cada vez más la convierte en una oficina ‘para ejecutar los planes más vergonzosos del imperialismo’.
Otras organizaciones como la Red Nacional de Derechos Humanos señalaron la agudización en los últimos años de los casos de violaciones de los derechos civiles en las masacres cometidas, así como el repunte de corrupción.
La organización feminista Solidarite fanm ayisyèn fue más crítica y señaló a países como Estados Unidos, ‘conocidos como amigos de Haití’, que obligan a aceptar las prácticas que condenan en casa.
En un giro inesperado, y cuando aún las calles de esta capital constituían un hervidero por las protestas, el gobierno norteamericano redujo el nivel de alerta de viaje a sus ciudadanos, que desde febrero pasado se mantenía en similar estado que en las zonas de conflicto.
Para algunos expertos, la nueva estrategia intenta minimizar la crisis haitiana y levanta recelos que esta medida no se tomara en los últimos cuatro meses, mientras el país permanecía estable.
No obstante, la disposición puede ayudar a despegar a la industria turística, una de las más afectadas por los disturbios sociales, en un momento en que la nación enfrenta grandes pérdidas económicas por la ralentización de las actividades en Puerto Príncipe y otras ciudades.
De hecho, el ministro de Hacienda, Ronald Decembre, esbozó un sombrío panorama para la economía nacional, y culpó también a la desestabilización social de los bajos indicadores en la materia.
‘Los acontecimientos sociopolíticos que ha vivido el país desde octubre de 2018 hasta la actualidad han tenido un impacto muy negativo en la salud económica del país’, indicó Decembre.
Señaló que, desde principios de junio, la Dirección General de Impuestos no recauda ninguna contribución debido a la huelga que protagonizaron los empleados de la institución en las últimas semanas, y actualmente también es disfuncional la Administración General de Aduanas, lo que hace preguntarse cómo puede funcionar un Estado sin recaudaciones.
A esto se suma la depreciación del 24,3 por ciento en relación al dólar estadounidense, que sufrió la moneda nacional en los últimos siete meses, lo cual además afecta los precios de bienes y servicios y reduce el poder adquisitivo de los ciudadanos.
De acuerdo con el financista, el incremento global de los precios provoca un aumento inflacionario en torno al 17,7 por ciento, por lo que el haitiano con los mismos ingresos se vuelve cada vez más pobre.
Y esa es una de las principales denuncias de los miles de ciudadanos que desde 2018 salen masivamente a criticar al Gobierno, y que además de la canasta básica deben pagar precios astronómicos por servicios básicos como la salud y la educación, cuando más del 60 por ciento de la población permanece desempleada.
Para completar el panorama, la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas estimó que 2,6 millones de personas padecen inseguridad alimentaria en Haití, y de ellas unas 571 mil se encuentran en ‘fase de emergencia’.
El organismo no es optimista y augura que la situación pueda empeorarse en los próximos meses, lo que posiblemente impulsará una nueva desestabilización social en el país.
arb/ane
*Corresponsal de Prensa Latina en Haití.