La revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, en 2023, abre la oportunidad de revertir deudas históricas. El tema es el centro de la articulación del Cono Sur, en Jubileo Sur Américas.
Seis de las 14 compuertas del vertedero de la Central de Itaipú, en Foz do Iguaçu, Paraná, están abiertas para drenar el exceso de agua provocado por el gran volumen de lluvias de los últimos días en la región sur. El domingo (18), el caudal alcanzó los 4,5 millones de litros de agua por segundo, una cantidad equivalente a tres cataratas de Iguazú. Foto: Rubens Fraulini / Itaipu Binacional.
Paulo Victor Melo | Especial para JSB
La historia en torno a la segunda mayor central hidroeléctrica del mundo -la binacional Itaipú- es uno de los ejemplos más emblemáticos de la tesis de que Brasil ejerce, en diversas cuestiones políticas y económicas, una lógica neocolonialista en relación con otros países latinoamericanos. En una entrevista con la Deutsche Welle, Oliver Stünkel, profesor de la Fundación Getúlio Vargas, dijo que “en muchos aspectos, los países [de la región] ven a Brasil con una visión similar a la que Sudamérica tenía de Estados Unidos. Es una mezcla de admiración y rechazo”.
Cuando el tema es Itaipú y la relación Brasil-Paraguay, no podemos hablar de admiración. Al contrario.
Más de 4 millones de dólares. Ese es el monto de la deuda ilegal que Itaipú generó para Paraguay, según un informe de la Contraloría General de ese país. Publicado en julio de este año, el documento señala que al suministrar energía eléctrica a menor costo a Brasil entre 1985 y 1997 (con excepción de 1991), las autoridades de Itaipú violaron claramente el tratado entre los dos países, provocando un aumento indebido e ilegal de la deuda de Paraguay.
En una conferencia de prensa ofrecida para presentar el informe, el Contralor General de la República de Paraguay, Camilo Benítez, declaró que “Itaipú aplicó tarifas por debajo del costo del servicio eléctrico, a pedido de los representantes brasileños, alegando dificultades económicas, y con la complacencia de los representantes paraguayos, en clara violación del Anexo C del Tratado de Itaipú, perdiendo así US$ 1.757.128.833, y generando una deuda ilegal de US$ 4.193.500.000 en contra de sus propios intereses y a favor de Eletrobrás”.
Este Anexo C, comentado por Benítez, que establece las bases financieras y de prestación del servicio eléctrico entre los dos países, será revisado en 2023, cuando el Tratado de Itaipú cumpla 50 años de vigencia.
Central hidroeléctrica de Itaipú, en la frontera de Brasil y Paraguay
Ingeniero industrial y experto en hidroelectricidad, el paraguayo Ricardo Canese entiende que la revisión del Anexo C es una oportunidad para “terminar para siempre con la confiscación de la energía paraguaya, a precio vil, por parte de Brasil”.
Para ello, Canese, que es uno de los miembros de su país en el Parlamento del Mercosur, cree que es fundamental un cambio de rumbo del presidente paraguayo.
En una reciente entrevista con el diario Última Hora, Canese recordó que, en diferentes momentos, el gobierno de Mario Abdo Benítez ha abdicado de la soberanía hidroeléctrica, “en una reiteración de la política de sumisión a los intereses de Brasil, liderada por Jair Bolsonaro”. Si el jefe del Ejecutivo paraguayo vuelve a optar por esta vía en relación con Itaipú, “Paraguay perderá una oportunidad histórica de obtener lo que nos corresponde”, considera.
Ikaro Chaves, director de la Asociación de Ingenieros y Técnicos del Sistema Eletrobrás (AESEL), tiene un entendimiento similar, y defiende el destino de la energía producida por Itaipú en medidas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de ambos países.
“A partir del momento en que se amortice la central, cuando no haya más deuda relacionada con la construcción de esa obra, ambos países tendrán una gran oportunidad de beneficiar a sus poblaciones con la energía producida, porque hoy la mayor parte de los recursos de las facturas de energía de la población se utilizan para pagar la deuda y los intereses de la deuda de Itaipú”, argumenta.
Ikaro cree, sin embargo, que la apuesta tanto del gobierno de Bolsonaro como del de Benítez es la mercantilización del sector eléctrico y el favorecimiento del capital financiero, en detrimento de la población.
“¿Qué quiere el gobierno brasileño? Llevar el excedente paraguayo para vender en Brasil, a través de las empresas comercializadoras. Y esto lo vimos claramente en el escándalo del caso Leros, en el que la delegación brasileña ha sido capaz de llevar a un empresario del sector de la comercialización de energía, que resulta ser hoy un senador de la República, Alexandre Giordano, MDB/SP, para tratar de hacer negocios y llevar la energía paraguaya para ser vendida en Brasil por empresas privadas que operan en el mercado libre, sin generar ni transmitir un kilowatt, pero haciendo dinero con la especulación. Tenemos que desenmascarar este plan del gobierno brasileño confabulado con el gobierno paraguayo, que es cómplice de este proceso”, critica.
Lea aquí sobre el caso de Leros, mencionado por Ikaro.
Comercialización de la energía
Para Ikaro, estas intenciones en relación a Itaipú deben ser analizadas dentro del “gran proceso de remodelación del sector eléctrico brasileño, que comenzó bajo el gobierno de Temer” y que tiene como objetivo aumentar el libre mercado, el margen de beneficio de las empresas comercializadoras y la transformación de la electricidad en mercancía, haciéndola objeto de todo tipo de especulación.
“El proceso de expansión del mercado libre, que traerá consigo un aumento de la demanda de esta energía liberalizada, tiene también como contrapartida el aumento de la oferta de energía. ¿Y cuál es la estrategia del gobierno brasileño? La privatización de Eletrobrás, que tomará toda la energía que está en el sistema de cuotas y la pondrá en el mercado libre. Por otro lado, lanzará una cantidad de energía al mercado libre, para ser vendida a un precio más alto y aumentar el margen de beneficio del sistema financiero. Esto aumentará la factura de la luz y, al mismo tiempo, incrementará en gran medida la rentabilidad de los accionistas del sector eléctrico, especialmente del sistema financiero, tanto en el control de la privatizada Eletrobrás como en el de las empresas comercializadoras de energía, lo que ya está ocurriendo en la actualidad”, señala algunas de las consecuencias.
El miembro de AESEL también explica cómo afecta a Itaipú este proceso: “Hoy, Itaipú vende su energía bajo el sistema de cuotas. El coste de explotación y mantenimiento de la planta más el coste financiero de la deuda, que es muy elevado. En cuanto se pague la deuda, el coste de Itaipú bajará mucho. Y eso sería una oportunidad para rebajar la factura de la luz de los brasileños. Pero, ¿cuál es el objetivo del gobierno brasileño? No se trata de bajar la factura de la luz, sino de coger esa energía, ponerla en el mercado libre, venderla a través de empresas comercializadoras, aumentando el margen de beneficio de estas empresas. Y entonces la factura de la luz será aún más cara.
Una historia de negociaciones entre élites y robos
La preponderancia de los intereses económicos privados en Itaipú, casi cuatro décadas después de su inauguración, aún tiene su origen en el Tratado firmado el 26 de abril de 1973, que permitió su construcción. Vale la pena recordar que, en ese momento, ambos países estaban gobernados por dictaduras militares-empresariales (Médici, en Brasil, y Stroessner, en Paraguay).
En un documento sobre la historia de la central, Ricardo Canese señala que “Itaipú fue concebida por la oligarquía brasileña para su enriquecimiento, en unión con la dictadura de Alfredo Stroessner” y que “grandes robos fueron cometidos por los ‘barones de Itaipú’ de ambos países”.
El coste final de la obra, unos 14.000 millones de dólares, muy superior a las previsiones iniciales, es un dato que apunta a esta perspectiva.
“No sólo se robó mucho con la construcción de Itaipú, sino también con su financiación. El capital financiero transnacional establecido en Brasil, principalmente durante la dictadura militar, obtuvo un enorme negocio financiero: prestó menos de 10 mil millones de dólares y terminará recibiendo más de 60 mil millones, seis veces más”, denuncia Canese.
El hecho de que la tarifa actual sea seis veces superior a la proyectada y la opción de las dictaduras militares de no pagar la deuda desde el inicio de las operaciones de Itaipú, entre 1985 y 1986, son otras señales de los favores entre gobiernos e iniciativa privada.
“Las dictaduras militares decidieron no pagar la deuda y ampliar el negocio financiero. Por eso la tarifa hoy es de 22,6 US$/kW-mes y no de 17,1 US$/kW-mes, como se calculó en 1986 para ser constante hasta 2023 y pagar toda la deuda con una tarifa constante (…) El objetivo era ampliar el negocio financiero. El capitalismo financiero transnacional y privado brasileño, que proporcionó la mayor parte de la financiación a Itaipú a través de Eletrobrás, ganó más de seis veces por un solo préstamo”, señala.
Una historia de destrucción ambiental y genocidio
Más allá de las cifras financieras, y como parte del deseo de lucro, la historia de la construcción de Itaipú es también una historia de genocidio de varios pueblos indígenas y de profunda devastación ambiental.
Un informe de 2019 de la Procuraduría General de la República, elaborado a lo largo de tres años, confirmó que se cometieron graves violaciones a los derechos de los pueblos originarios, incluso con la manipulación de los procedimientos para subestimar el número de indígenas que habitaban la región.
Cabe recordar que para la construcción de Itaipú se inundaron cerca de 135.000 hectáreas de tierra y se reubicó a más de 40.000 personas -entre indígenas y no indígenas- “en condiciones peores que las que enfrentaban antes”, según describe el documento de la PGR.
El estudio concluyó que sólo una pequeña parte de la comunidad indígena de Ocoy fue reconocida como indígena por la Funai, que en ese momento estaba dirigida por un general del Ejército. Como se destaca en un extracto del informe, “todas las demás localidades entre Foz de Iguazú y Guaíra fueron completamente ignoradas y las familias indígenas que vivían allí fueron tratadas como ocupantes ilegales e invasores (porque no tenían documentos de la tierra), siendo expulsadas de ellas sin ninguna compensación.
Sólo en relación al pueblo Avá-Guaraní, se estima que 38 comunidades del lado paraguayo y 36 del lado brasileño fueron desplazadas con gravísimas violaciones de derechos y sin ninguna reparación digna.
Al analizar mapas y registros cartográficos divulgados apenas el año pasado, Paulo Tavares, investigador de la Universidad de Brasilia, destacó que hubo una intención de la dictadura militar y de los organismos del Estado de aplicar “una estrategia perversa para expulsar a las familias avá-guaraníes de sus tierras y dar paso a la central y a la colonización de la zona, atropellando a la comunidad y su cultura”.
Los documentos forman parte de un Atlas realizado a petición del Ministerio Público Federal, después de que el sucesor de Raquel Dodge en la Fiscalía General de la República, Augusto Aras, pidiera al Tribunal Supremo la presentación de una demanda para reparar los datos de la Avá-Guarani, que ascienden a 150 millones de reales al año desde la construcción de Itaipú.
“Cuando presenté la acción, entendí que no era nominal, sino a favor de los guaraníes. Los indígenas no tenían acceso a la justicia para tener derecho a una indemnización. Sus derechos fueron sucesivamente negados como pueblo, comunidad, habitantes y como brasileños”, dijo Raquel Dodge, en una entrevista con el portal Uol.
Para Mercedes Canese, integrante del Frente Guasu, tanto Itaipú como la otra represa hidroeléctrica binacional de su país, Yacyretá (Argentina-Paraguay) tienen deudas históricas con los pueblos de Sudamérica. “Es una deuda odiosa que perjudica a los pueblos paraguayo, argentino y brasileño, porque seguimos pagando una deuda que debería ser cero”, destacó.
Deudas sociales y ambientales
La ex viceministra paraguaya de Minas y Energía, Mercedes, reforzó que las deudas de Itaipú y Yacyretá son también sociales y ambientales, por los impactos en la naturaleza y en las comunidades tradicionales. “Todo un ecosistema se inundó, se destruyeron bosques y tierras fértiles que estaban protegidas. Muchas personas de los tres países, especialmente campesinos e indígenas, fueron desplazados y perdieron su forma de vida al ser ubicados en territorios con características diferentes a las de su origen. Se estima que sólo entre los indígenas, más de 70 personas fueron desplazadas y sus territorios con las mismas características no fueron restituidos”, dijo Mercedes, durante el Ciclo de Debates sobre las luchas y desafíos del Cono Sur, realizada en abril de este año por la Red Jubileo Sur Américas.
Traducción: Jubileo Sur Américas
Fuente: Jubileu Sul Brasil