La FIDH y sus organizaciones en Ecuador llaman al cese inmediato del estado de excepción

El pasado viernes 17 de junio, el presidente de Ecuador Guillermo Lasso decretó un estado de excepción en las provincias de Pichincha (Quito), Cotopaxi e Imbabura que responde a las alteraciones de orden público derivadas del paro nacional indígena, según el Gobierno. A esta decisión también se suma la orden emitida por la Fiscalía para allanar la Casa de la Cultura en Quito, horas antes de que llegaran los indígenas marchando a la ciudad para descansar allí.

(París, Ecuador – 20 de junio) El paro nacional, que inició el pasado 13 de junio, con el respaldo de las principales organizaciones sociales del Ecuador, responde a la grave situación derivada del aumento generalizado del costo de la vida, el avance de las fronteras extractivas y los impactos socioambientales, la vulneración de derechos colectivos de pueblos y nacionalidades indígenas, la precarización laboral, la amenaza de privatización de bienes y servicios públicos, el irrespeto a la producción campesina, el abandono en que se encuentra la salud y la educación, y los dramáticos niveles de violencia existentes.

La FIDH y sus organizaciones miembro denuncian la declaración del estado de excepción que busca impedir el derecho de los pueblos indígenas a expresar sus reivindicaciones y a manifestarse. Esto se vio amplificado con la criminalización del líder indígena Leónidas Iza y el allanamiento a la Casa de la Cultura, bajo el falso pretexto de incautar explosivos -que no fueron encontrados- y con el objetivo de militarizar un espacio que históricamente ha albergado a la población indígena cuando llega a Quito. Por eso, solicitamos al Gobierno y a la Corte Constitucional que se revierta el estado de excepción, a través del cual se han generado 39 hechos de vulneraciones a los derechos humanos y 79 detenciones; en este mismo contexto, una persona falleció y otras 55 personas resultaron heridas, según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

El estado de excepción, notificado a través del Decreto No. 455, y el posterior No. 459 que amplía el estado de excepción en las provincias de Chimborazo, Pastaza y Tungurahua, pone en riesgo los derechos socio políticos, económicos y culturales de toda la población, al restringir su derecho a la libertad de asociación y reunión. Este Decreto, además, avala la movilización y participación de las Fuerzas Armadas en el restablecimiento del orden público y la posibilidad de llevar a cabo requisiciones de bienes o servicios, como ocurrió durante el allanamiento a la Casa de la Cultura.

La FIDH y sus organizaciones miembro están sumamente preocupadas por la violencia desproporcionada que se pueda ejercer en contra de los pueblos indígenas que están caminando hacia Quito. Llamamos a que no se ejerza violencia hacia ellos y que se abra un espacio de diálogo entre iguales que tome en cuenta las reivindicaciones que demandan las organizaciones y movimientos sociales.

Organismos firmantes:
- Acción Ecológica
- CEDHU – Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
- INREDH – Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos
- FIDH

 

Fuente: FIDH

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