Perú: La nueva ley General de Minería profundiza el modelo extractivo y generación de más deudas al país

Por Comunicación Red Jubileo Sur/Américas

El extractivismo es uno de las más concretas manifestaciones del orden mundial: Acumulación de ganancias con graves impactos sociales, ambientales y territoriales a nivel local y nacional.

Lourdes Contreras Vásquez, de la organización Circulo de Acciones Feministas de Lambayeque y articuladora de la organización de la Marcha de las Mujeres de Macroregion Norte Perú, integrantes de la Red Jubileo Sur/Américas nos comenta al respecto:

“Nosotras ponemos el cuerpo y nuestras organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres diversas, pueblos, vida, mentes, agua, tierra y territorio.”

En 1992, el gobierno dictador de Alberto Fujimori nos impuso una constitución que abrió las puertas al extractivismo, el art. 58 dice que el Perú es una economía social de libre mercado y su desarrollo es orientado en esa línea. La madre tierra y los recursos naturales son puestas a merced de las trasnacionales, para asegurar eso, Fujimori promulga el decreto legislativo N°109 (Ley General de Minería) que hasta la fecha nos sigue rigiendo, en dicha ley indica que Todos los recursos minerales del subsuelo incluso los geotérmicos, pertenecen al estado, cuya propiedad es inalienable e imprescindible, con esto quito derechos a las comunidades campesinas, indígenas, rurales de decidir sobre su tierra y territorio,  dando el control al neoliberalismo y su propuesta de muerte sobre la vida de las mujeres, los pueblos y biodiversidad”.

Antes de 1992 la minería ocupaba un aproximado de 2 millones de hectáreas, hacia 1997 se había extendido a más 15 millones, según IGEMMET (Instituto Geológico Minero y Metalúrgico) para el 2016 se estaba hablando de aproximadamente 19 millones de hectáreas. Esto ha significado, el desalojo, expropiación de territorios agrícolas, rurales, indígenas, militarización, persecución y asesinato de líderes/as medioambientales, desaparición de la biodiversidad, desertificación de colchones acuíferos, además de contaminaciones por actividad minera y pasivos mineros, en más de 21 ríos según informes de la ANA (Autoridad Nacional del Agua).

De acuerdo al ministerio de energía y minas actualmente se tiene 26 proyectos mineros ejecutados a nivel de exploración, existen además otros 23 proyectos en vías de ser autorizados y para el 2021 se consolidará 10 proyectos mineros grandes:  3 son de cobre en el sur, 3 de oro en el norte, 2 de hierro en lima y 2 de estaño en puno, en definitiva, quieren dar mayor poder y libertades extractivista a las trasnacionales y esto está muy relacionado con el endeudamiento externo del Perú.

El país vive inmerso en la dependencia del capital extranjero, la monopolización de la economía y endeudamiento externo, según cifras del Banco Central de Reserva (BCR), el gobierno de Martín Vizcarra-PPK recibió una deuda pública de alrededor de S/ 142,000 (julio 2016) y la ha incrementado a casi S/ 197,000 millones en el 2019, esto viene acompañado de la desprotección de los derechos civiles , el incremento de los costos de vida y precarización de la misma,  la tasa de desempleo asciende a  8, 2%, la más alta en los últimos años.

Es importante además mencionar que en noviembre del 2019 realizo un préstamo de 85 millones de dólares al Banco Mundial, con la justificativa de propiciar acciones que permitan mejorar el acceso a la justicia, este contexto genera dos condiciones: primero- el incremento de la deuda externa y segundo- el condicionamiento de la flexibilización en las normas a beneficio de las trasnacionales mineras, petroleras.

La Respuesta del Pueblo no se hace esperar

Este año 2020 es decisivo para el país, se debatirá la ley minera, no precisamente con el objetivo de controlar el extractivismo desmedido, por el contrario, se busca profundizarlo.

Las mujeres y los pueblos han estado de pie históricamente y lo siguen estando en defensa del territorio, agua, vida y existencia de una vida digna para las futuras generaciones, estos procesos de resistencias han desencadenado en conflictos medio ambientales como conga, tambogrande, rio Blanco, Kañariaco.

Se desarrollan además un conjunto movilizaciones y resistencia frente a los proyectos mineros en diferentes territorios: Cajamarca frente al proyecto minero Conga, Lambayeque frente al proyecto minero Cañaryacu, Piura frente a los proyectos mineros, rio blanco y Tambogrande,  en el corredor sur, frente a los proyectos mineros “Tía María” en el valle del Tambo en Arequipa y “las bambas” en Cotabamba Apurímac, entre otros que ha conllevado a un estallido del conflicto medioambiental y un cuestionamiento a la ley general de minería, frente a ello 28 de julio de 2019 el gobierno central  plantea cambiar la “Ley General de Minería”.

El Estado no pretende cambiar la estructura de la ley, más bien precisar algunos elementos, por ejemplo, la conformación de un fondo de garantía que compense los posibles impactos ambientales, la creación de un organismo independiente para la evaluación de los EIA, que dependerá del presidente de la república, quien se encargará, de la supervisión y monitoreo de las minas.

Los presidentes de algunos gobiernos regionales del sur están planteando propuestas, entre las que se encuentran la solicitud de trasladar a ellos, la fiscalización medioambiental de las empresas mineras. Otras posiciones plantean el ordenamiento territorial del país, para así, asegurar la protección de derechos de las comunidades y ambientales en cabeceras de cuencas, aguas subterráneas, así como, la protección de territorios indígenas.

No se está debatiendo sobre la orientación de “desarrollo”, mismo que nosotras lo entendemos como el ¨buen vivir¨ pensamos que es necesario enfocar ese buen vivir en nuestros pueblos y el país en general, sabemos que la minería lo único que traes es destrucción para nuestros territorios y pueblos.

Tomando en cuenta que las principales actividades en el país son: La agricultura, la pesca, el turismo planteamos que es clave que actores sociales como las mujeres, las comunidades indígenas campesinas rurales, quienes estamos en defensa de nuestros territorios, agua, vida, seamos clave para orientar a la elaboración de una propuesta que nos represente.

La dificultad que se tiene para generar una propuesta viable con el interés de las mujeres, pueblos y comunidades indígenas y nativas es que primero: EL gobierno no lo está planteando como una propuesta consultada. segundo:  La ciudadana no conoce la propuesta y aun no se está debatiendo y llegando a acuerdos concretos para ser trasformadas en propuestas, que luego deben ser elevados al congreso para su debate, en tanto ya sabemos que la propuesta del gobierno peruano está enmarcado a flexibilizar la normativa a favor de las trasnacionales. Tercero:  La ley de minería se debatirá en el congreso y sabemos que el nuevo congreso está compuesto por una diversidad de posiciones, muchas de ellas posiciones neoextractivista. Cuarto: La necesidad de generar una estrategia de incidencia para que la voz de los/las ciudadanos/as sean escuchadas y respetadas.

Los sectores involucrados

Quienes se han pronunciado inmediatamente y han sugerido al gobierno cambios favorables luego del anuncio del gobierno, ha sido la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas – CONFIEP-, espacio que agrupa a diferentes empresas mineras y otras. Pero creemos que la deuda externa que tiene el país frente al FMI, BM, BID, condiciona al país para establecer este tipo de medidas.

La propuesta de ley que se ha generado desde el gobierno aún no es conocida en su totalidad por la ciudadanía, en tal sentido presumimos, que hay negociaciones debajo de la mesa y nos quieren sorprender, por ello es que exigimos se consulte y se debata la ley de minería, que las voces de las mujeres y los pueblos que ahora están resistiendo y luchando en los diferentes territorios sean escuchadas consultadas y respetadas. Muy al margen de ello están apareciendo iniciativas de las sociedades civiles referentes a esta ley.   

Afectaciones a las Mujeres

Si la ley es aprobada sin consulta,  sin escuchar y respetar nuestras voces, lo que están haciendo es sentenciando nuestras muertes, en tanto  comprendemos que no protegerá nuestros derechos como mujeres, comunidades indígenas, rurales, nativas y probablemente se inicie una cacería sobre todo de defensoras medioambientales, dado que somos las mujeres las primeras en salir a poner nuestros cuerpos y organizaciones para defender nuestros territorios, vida, agua y el futuro de nuestras generaciones venideras, saldremos a decir NO A LA MINERIA en nuestros territorios, aquí producimos el agua que tu bebes, el alimento que tu comes y defendemos el hábitat donde tú vives y vivirás. 

Las acciones desde la Articulación Macrorregional

Lo primero que estamos fortaleciendo es la articulación macroregional, con el objetivo de ir a un encuentro para debatir la propuesta de ley y nuestras propuestas sean presentadas al congreso de la republica de Perú. Paralelo a ello desarrollar un conjunto de estrategias de incidencia en nuestros diferentes territorios.

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