Perú vuelve a las calles contra el gobierno de Boluarte y el Congreso

Foto: Movilización en Perú el 28 de julio, día de las Fiestas Patrias. (Susanna de Guio)

Este 28 de julio, fecha de celebración de las Fiestas Patrias en Perú, se cargó de fuertes expectativas a raíz de las convocatorias nacionales para protestar en contra del Gobierno de Dina Boluarte.

La actual mandataria, encargada por el Congreso después del fallido autogolpe del presidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre, dio un discurso a la Nación de más de tres horas, mientras en la capital la policía nacional empezaba a reprimir a los manifestantes reunidos para pedir su renuncia.

La Defensoría del Pueblo registró seis heridos, pero en las redes sociales se acumularon durante toda la jornada las denuncias de los atropellos de la policía: heridas de perdigones, golpes injustificados y detenciones arbitrarias, incluso por parte de policías vestidos de civiles, y un uso desproporcionado de gases lacrimógenos contra manifestantes pacíficos en distintas ocasiones durante la movilización en Lima, denunciado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Se registraron disparos directos al cuerpo de los protestantes, hubo ataques a la delegación de la región de Puno, hostigamiento y golpes a por lo menos siete periodistas y fotógrafos en Lima, a quienes se les exigió identificarse como colegiados, pedido que constituye censura según establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace casi 40 años. 

La Defensoría del Pueblo registró seis heridos, pero en las redes sociales se acumularon durante toda la jornada las denuncias de los atropellos de la policía: heridas de perdigones, golpes injustificados y detenciones arbitrarias

Las señales de que la represión y el amedrentamiento son la única respuesta de las instituciones estatales a las protestas se venían repitiendo ya en los últimos días: un caso emblemático ha sido la detención del joven estudiante Oscar Bellido, durante la marcha del pasado 22 de julio en Lima, con la acusación del delito de disturbios. Fue dejado en libertad recién el 27, después de numerosas irregularidades, por falta de medios probatorios y por las contradicciones entre las versiones de Policía y Fiscalía.

Las movilizaciones en contra del Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso se realizaron en todo el país. En Ayacucho las marchas sumaron el rechazo a la mandataria y también al gobernador regional Wilfredo Oscorima. En Arequipa los manifestantes trataron de interrumpir el desfile civico militar de las Fiesta Patrias. En Juliaca la parada fue adelantada al día 26 e intervenida por los familiares de las víctimas de la masacre del 9 de enero, que reclaman respeto por el duelo que vive la ciudad. “No hay nada que celebrar” es la consigna que se sumó al pedido de renuncia de Boluarte.

Además de las movilizaciones en las distintas provincias de Cusco, en la antigua capital incaica un contingente policial desmesurado rodeó los manifestantes en la plaza Tupac Amaru, donde era prevista la concentración con un efecto intimidatorio que los participantes solo han experimentado bajo este gobierno. En la ciudad de Puno se reunieron miles de manifestantes de las provincias rurales quechua y aymara, cientos de comuneros de Acora se apostaron en las carreteras y en el departamento hubo once bloqueos de rutas de los 14 registrados a nivel nacional. Los puentes Internacional y Colonial, en Ilave, fueron cerrados en los días anteriores al 28, el distrito de Atuncolla se había manifestado en Puno ya una primera vez el día 24 junto con su ronda campesina y el sindicato docente en preparación de las movilizaciones nacionales y para el 28 bloqueó el camino hacia Juliaca. 

“La región de Puno está de duelo, por esto saldremos a la calle el 28”, ha anunciado Yolanda Crisisto, expresidenta del distrito de Acora, preparandose para ir a Lima con una delegación aymara. “Desde las comunidades tenemos muchos reclamos, en el campo los problemas se están agudizando con el cambio climático y no hay ayuda estatal, además desde Lima nos estigmatizan. Nosotros queremos defender nuestra patria, pero no a este gobierno que es ilegitimo”, agrega Yolanda. “Ya no se respeta la autonomía de las instituciones, la fiscal está a favor de Dina Boluarte y del Congreso, dicen democracia pero esto no lo es, estamos luchando por el estado de derecho, aquí matan y se violan los derechos humanos”.

“Ya no se respeta la autonomía de las instituciones, la fiscal está a favor de Dina Boluarte y del Congreso, dicen democracia pero esto no lo es, estamos luchando por el estado de derecho, aquí matan y se violan los derechos humanos”

A su vez, la lideresa Angela Chislla declaró a Noticias Ser: “Como mujeres nos sentimos indignadas, en la región Puno no reconocemos a la señora Dina como presidenta, ella no nos representa, no es presidenta, por la forma y actitud como llegó al cargo. Ella debía de pensar en el pueblo y no lo ha hecho, se hizo la que no entiende la realidad que vivimos en el país, y por esto seguimos en pie de lucha”.

Desde Puno, las comunidades aimara anunciaron que seguirán su huelga en los próximos días, rechazando el mensaje que la mandataria entregó a la Nación en la mañana del 28 de julio.

Efectivamente, en el largo discurso oficial de Dina Boluarte, no se pudieron rastrear respuestas a los pedidos que la sociedad civil está reclamando desde su asunción. Si bien pidió perdón “en nombre del Estado, a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares y también los heridos” en las protestas de inicio de este año, su gesto está llegando tarde y queda vacío ya que no estuvo acompañado del anuncio de nuevas elecciones —el principal pedido de las manifestaciones— ni del reconocimiento de las responsabilidades políticas personales y de su gabinete por los excesos de la represión que provocó la muerte de casi setenta personas en los primeros meses de su gestión. 

El adelanto de elecciones fue planteado al Congreso a principio de año en tres ocasiones y fue rechazado por los parlamentarios, determinados a quedarse hasta el 2026, al igual que la presidenta, que en ningún momento consideró renunciar al cargo, a pesar de la escasa legitimidad que tiene actualmente su gobierno.

Boluarte propuso un pacto de reconciliación sin hablar de justicia, y acto seguido pasó a lamentar las pérdidas económicas dejadas por las protestas, que según su lectura habrían sido “una grave convulsión social cuyo objeto, ahora sin duda alguna, fue derrocar al nuevo Gobierno y reemplazar nuestra democracia por una dictadura”. Tildó al Gobierno de Castillo como incapaz y corrupto olvidando que ella fue parte relevante de ese ejecutivo. Además, criticó que se hayan organizado nuevas manifestaciones en estos días, sin rescatar ni siquiera el mensaje del arzobispo de Lima, Carlos Castillo, que durante la misa y Te Deum por el 202 aniversario de la independencia del Perú afirmó: “Parece que no se dieran cuenta que nuestro pueblo existe, sufre y demanda cambios urgentes” e hizo referencia a las muertes que esperan aún justicia y reparación”. El arzobispo hizo referencia a las encuestas, que “detectan la más grave separación y distanciamiento entre las capas dirigenciales, sobre todo las políticas, y la vida del pueblo sencillo y sus graves sufrimientos y demandas” y exhortó a ensanchar la participación y la democracia en vez de restringirla.

Que se haga justicia es el reclamo más sentido del ciclo de movilizaciones que empezó el pasado 19 de julio, junto con la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el llamado a una Asamblea Constituyente

Que se haga justicia es el reclamo más sentido del ciclo de movilizaciones que empezó el pasado 19 de julio, junto con la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso —que llevaría a nuevas elecciones— y con el llamado a una Asamblea Constituyente.

“Vamos a buscar justicia, queremos que los asesinos, los responsables de toda esta masacre no estén en el poder, porque estando en el poder lo único que van a buscar es la impunidad” explicó a El Salto Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Familiares de Mártires y Víctimas del 9 de enero, que viajó de Juliaca a Lima para manifestarse el 28 de julio. Es hermano de Marco Antonio Samillán, medico de 30 años que el 9 de enero pasado fue al aeropuerto de Juliaca para atender a la cantidad de heridos que ya había a principio de la tarde. “Lo único que él quería era que no se pierdan vidas, pero lamentablemente lo mataron, le dispararon por la espalda cuando él atendía a un muchacho. Yo quisiera saber quién es la persona que le quitó la vida a mi hermano, incluso me atrevería a preguntarle por qué lo ha hecho” cuenta Raúl. Hay que exigir que se juzguen a los responsables ahora, insiste, para que los familiares no terminen sus vidas sin alcanzar a obtener justicia para sus seres queridos, para que no toque a los hijos continuar lo que empezaron.

Ya pasaron casi siete meses de la masacre de Juliaca, donde fueron asesinadas 18 personas, y todavía no hay ningún efectivo policial indagado. “Esto nos preocupa porqué nosotros identificamos la cadena de mando y recabamos todas las pericias” afirma Wilmer Quiroz, uno de los abogados que sigue las causas judiciales de la Asociación, “pero vemos que no hay una voluntad de parte de la Fiscalía de querer investigar a la policía, al contrario de lo que ocurrió con las personas detenidas por disturbios ese mismo 9 de enero, donde ya se han formalizado los agravios.” 

Además, el recorrido para abrir las investigaciones ha sido lleno de obstáculos. “Primero este caso lo toma la Fiscalía de Crimen Organizado, que está solamente encargada de verificar la participación de  organizaciones criminales, más no de fallecidos por parte de agentes estatales”, sigue el abogado Quiroz. Cuando llegó a la Fiscalía de la Nación ya habían pasado dos meses. Con la Asociación fueron a Lima para pedir a la Defensoría del Pueblo la creación de una Fiscalía de Derechos Humanos. “Los 18 fallecidos y los más de 250 heridos que se han registrado aquí en Juliaca precisaban de una investigación especializada, esto no es un hecho común que se presenta todos los días, aquí el Estado ha vulnerado derechos fundamentales, han asesinado y heridos a ciudadanos con armas de guerra, la intención no fue dispersar a los manifestantes porque las heridas son en la cabeza, en el pecho, estas se llaman ejecuciones extrajudiciales”.

Ya pasaron casi siete meses de la masacre de Juliaca, donde fueron asesinadas 18 personas, y todavía no hay ningún efectivo policial indagado

La investigación se abrió en marzo con la nueva Fiscalía de Derechos Humanos en Juliaca, pero después el caso fue derivado a Lima: “Eso dificulta mucho a que las víctimas podamos aportar nuestras pruebas de manera directa, participar presencialmente en las declaraciones de la Fiscalía de la Nación, o de los efectivos de la Policía Nacional” sigue Quiroz, “además hace pocos días los fiscales a cargo del equipo especial fueron removidos, se han nombrado otros que estarán recién tomando conocimiento de los hechos, lo cual también representa una dilación”.

La responsable de extraer las investigaciones de los lugares donde ocurrieron las violaciones de los derechos humanos es la Fiscal General Patricia Benavides, quien además a mitad de julio abrió una investigación contra tres miembros de la Junta Nacional de Justicia. Se trata del órgano que vigila los magistrados y elige los presidente de dos de los tres organismos electorales. Es también el colegiado que está investigando la misma fiscal desde 2002 por tres distintas razones vinculadas a conflictos de interés y vínculos con una red de corrupción. 

Según el ex fiscal supremo Avelino Guillén, entrevistado por Público, el fujimorismo estaría tratando con estas medidas de consolidar su poder y controlar las próximas elecciones. Guillén es el juez que logró condenar Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad y afirma que “es una copia exacta de lo que ocurrió en el año 2000, para que el acto electoral sea un mero trámite de un resultado que aseguran tener desde antes”.

Nada nuevo se vislumbra en la clase política al poder, mientras el poder ejecutivo y legislativo avanzan en el copamiento de las instituciones estatales en la completa indiferencia de lo que en las calles del Perú se grita cada vez con más fuerza

Recién el pasado 24 de julio el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la investigación que el Congreso llevó adelante en contra del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, José Luis Salas Arenas por los supuestos fraudes electorales del 2021. Sin embargo, el titular de la entidad electoral ha manifestado que el riesgo de un juicio político en su contra queda abierto, ya que al Parlamento se le reconoció la potestad de investigar y procesar a los miembros del JNE.

Por último, el pasado 27 de julio se votó la nueva mesa directiva del Congreso para el año 2023-2024, con un pacto llamado “fujicerronista” entre el partido de derecha Fuerza Popular y Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón. Nada nuevo se vislumbra en la clase política al poder, mientras el poder ejecutivo y legislativo avanzan en el copamiento de las instituciones estatales en la completa indiferencia de lo que en las calles del Perú se grita cada vez con más fuerza.

Este material se comparte con autorización de El Salto

 

Fuente: Desinformemonos

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