¿Qué es el Contrato Ley Minero 92? [Conflicto minero en Cañazas y La Mesa de Veraguas]

Conflicto minero en Cañazas y la Mesa de Veraguas

Es la ley que otorga a la sociedad Vera Gold Corporation una concesión para la extracción de minerales metálicos, oro, plata y otros, en un área de 2,549.17 hectáreas en los corregimientos de Cañazas y San Marcelo (en Cañazas) y Bisvalles (en La Mesa); ambos distritos de la provincia de Veraguas.

Esta concesión aprobada por la Asamblea panameña en 2013 revive la antigua mina Santa Rosa, que operó entre fines de la década de los 80 e inicio de los 90. Su operación y posterior abandono causó daños a las fuentes hídricas por los derrames de las tinas de lixiviación, impactó negativamente los ecosistemas, afectó la salud de los trabajadores y las comunidades y profundizó la desigualdad social.

El contrato es por 20 años inicialmente, con una prórroga por 20 años más. 

Los cánones y regalías son irrisorios en comparación al daño ambiental y social que la actividad volvería a causar, efectos negativos a cuyo daño no se le puede poner precio.  

El modus operandi de la concesión sufre de los mismos males de corrupción, falta de transparencia, nula rendición de cuentas e imposición que caracterizan estos proyectos.

Vera Gold Corporation estima una reserva de 1.1 millón de onzas de oro. Para obtenerlo será necesario procesar a diario 4 mil toneladas métricas de tierra a fin de obtener un gramo de oro por tonelada durante los 14 años que duraría la extracción. 

El contrato no deja claro qué tipo de Plan de Restauración se ejecutará para los ecosistemas afectados. El año de su aprobación (2013) marcó serias circunstancias adversas por las condiciones climáticas y la degradación ambiental, lo que garantiza un mayor debilitamiento y duración más prolongada de recuperación de los ecosistemas.

Según el proyecto, Vera Gold Corporation cuenta con tres estudios de impacto ambiental aprobados por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) actualmente Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE) para el transporte, prestación, exploración y explotación de oro y otros minerales metálicos. El proyecto también tiene un contrato ley otorgado por el gobierno de Panamá que le permite obtener concesiones adicionales en un radio de 50 km alrededor de Santa Rosa. Veragold afirma que utiliza tecnologías de flotación y engrosamiento de pasta para reducir el impacto ambiental de sus operaciones y mejorar la recuperación de los metales.

Minería y corrupción

El proyecto minero Santa Rosa sus activos financieros pasaron por varias empresas: primero fue Silver Global, S.A., una sociedad creada en 2007 y que cinco años después cambió su nombre a Vera Gold Corporation,.

Pero fue Navin Bhakta, un empresario cercano al presidente Ricardo Martinelli, quien pactó en 25 millones de dólares la venta de la concesión de oro que obtuvo su sociedad, por la cual supuestamente pagó al Estado unos pocos miles de dólares. (Fuente: Contra Viento y Marea).

Silver Global (actualmente Vera Gold Corporation) cedió en septiembre de 2011 las concesiones y derechos de la antigua mina Santa Rosa a cambio de 20.5 millones de dólares en efectivo y 4.5 millones de dólares en acciones a Golden Phoenix, una minera de Estados Unidos con operaciones en Estados Unidos, Canadá y Perú.

Para entonces, Silver Global, S.A. era presidida por el estadounidense Antonio Bonilla; Bhakta era su vicepresidente y secretario, así como director, mientras que el tesorero era Juvenal Monteza.

Con el contrato ley 92 de noviembre de 2013 Antonio Bonilla es el representante legal de la sociedad sociedad Vera Gold Corporation.

Contaminación y justicia ambiental

El sábado 6 de junio de 1998 se registró un grave desastre cuando las tinas de lixiviación de la mina cedieron ante la presión de la intensa lluvia. El agua de la tina contenía cianuro, se desbordó y llegó a los ríos y quebradas vecinas, provocando la muerte de media tonelada de peces y camarones tan solo en las quebradas de La Mina y El Corozal. Las consecuencias del derrame fueron confirmadas por el director provincial del SINAPROC, Alejandro López y por su director nacional, Roberto Velásquez. Otros derrames de cianuro se dieron en julio y diciembre de 1999 ocurridos en las tinas de tratamiento del oro de la mina. Nunca se dio una investigación rigurosa y reparaciones al respecto.

Huelga y condiciones laborales 

Además de los daños ambientales, el sector obrero también fue víctima de las malas administraciones y el descenso del precio del oro en el mercado internacional, la cual desembocó en una huelga en mayo de 1999.

Tras ello, la compañía de origen canadiense Greenstone Resources redujo alrededor de 75 por ciento sus actividades en enero y despidió unos 400 trabajadores de la mina Santa Rosa.

Pero unos 100 trabajadores de la subcontratista Brown y Root que aún se mantenían en ese entonces trabajando en mina Santa Rosa se declararon en huelga para reclamar 250.000 dólares en prestaciones que le adeudaba dicha compañía, la que a su vez demandó a Greenstone Resources por supuesto incumplimiento de contrato.

Tanto los 100 trabajadores como Brown y Root, que reclama 1.6 millones de dólares, pidieron y lograron un secuestro de los bienes que Greenstone Resources mantenía en la mina Santa Rosa para asegurar el pago de sus prestaciones (Fuente: IPS-Inter Press Service).

Actualidad

En el marco de la crisis en Panamá 2023, el contrato ley minero 92 de 2013 para explotar, extraer y exportar oro y otros metales en el distrito de Cañazas y La Mesa resurge generando un gran debate y rechazo, por lo cual diversas comunidades y organizaciones socioambientales se organizaron y presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia CSJ el 14 de noviembre de 2023. La acción legal fue admitida, el número de expediente es 120445-2023 y la magistrada ponente es Miriam Yadira Cheng Rosas. Y que fue sometida a consulta la Procuraduría de la Nación confirmando su inconstitucionalidad.

¿Por qué es importante este caso? Porque la reactivación de esta mina ES UN PELIGRO LATENTE Y REAL, no fue descartada con la Ley de Moratoria 407.

Exigimos que se declare inconstitucional esta concesión porque pone en peligro el agua, el derecho a la vida y a un ambiente sano que consagran tanto la Constitución como la reciente Ley 287 que reconoce los derechos de la naturaleza. 

 

Fuente: Radio Temblor

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