Organización alerta que acuerdo mercantiliza el conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad

A continuación explicamos qué es el Protocolo de Nagoya, de dónde surge, cuántos países lo han ratificado, cómo se aplicaría en el país y los principales cuestionamientos que se le han planteado.

El acuerdo internacional conocido como Protocolo de Nagoya abre la posibilidad a mecanismos como contratos o acuerdos que permitirían que empresas, universidades e institutos de investigación puedan obtener derechos de propiedad intelectual sobre conocimiento tradicional que tienen las comunidades indígenas o campesinas sobre plantas, animales, hongos o bacterias, explica la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB).

Se trata de conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad, como la tinta de moluscos que se usa para teñir tejidos, los saberes sobre plantas medicinales o incluso conocimiento asociado a cultivos como pejibayes o cacao.

Silvia Rodríguez Cervantes, de la RCB, dijo a UNIVERSIDAD que la Red se opone, “junto con un buen número de integrantes de comunidades campesinas y pueblos indígenas” a la aprobación del Protocolo de Nagoya porque su normativa “remite a la privatización legal de recursos y conocimiento a favor de quienes los contratan y en demérito de la biodiversidad y de su conocimiento así aprisionados”.

El pasado 17 de enero, una mayoría de diputados aprobó en primer debate el proyecto “Aprobación del Protocolo de Nagoya sobre participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al convenio sobre diversidad biológica y su anexo”, a pesar de cuestionamientos planteados por el Frente Amplio en cuanto a que el proyecto no ha sido consultado a los pueblos indígenas.

El expediente fue trasladado a consulta preceptiva a la Sala Constitucional.

El Poder Ejecutivo firmó el Protocolo de Nagoya en 2011; pero la Asamblea Legislativa aún no lo ha ratificado.

A continuación explicamos qué es el Protocolo, cómo surge, cuántos países lo han ratificado, cómo se aplicaría en el país y los principales cuestionamientos que se le han planteado.

¿De dónde sale el Protocolo de Nagoya?

El “Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización” es un acuerdo complementario al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD).

Fue adoptado el 29 de octubre de 2010 en la ciudad japonesa de Nagoya y entró en vigor el 12 de octubre de 2014.

Como ha explicado la RCB, en los años ochentas, la llamada Revolución Verde causaba estragos en el mundo, con una agricultura de semillas estandarizadas, híbridas o mejoradas, monocultivos, plaguicidas, maquinaria agrícola y ganadería extensiva. Se había arrasado con áreas tropicales y bosques, en su mayoría cuidados por pueblos originarios y comunidades campesinas.

En ese momento, empresas y centros de investigación, con ayuda de ONGs internacionales, anunciaron que querían avanzar en propuestas para detener los estragos, además de que en esas áreas podrían surgir nuevos productos industriales, medicamentos, perfumes y jabones derivados de plantas y animales.

Querían “guardar al menos parte de esa biodiversidad que ellos mismos estaban desapareciendo o acaparando, sobre todo en las áreas tropicales donde se halla el origen de la mayor parte de las plantas que sirven de alimento a todo el mundo y sus parientes silvestres”, resume el cuaderno “Convenio de Diversidad Biológica y Protocolo de Nagoya”, elaborado por la RCB y la organización GRAIN.

Así surge la idea de regular todas esas actividades con el Convenio de Diversidad Biológica, firmado en 1992 y que entró en vigencia en 1994.

Pero como se insistía en que se debía retribuir algo por esos beneficios, inventaron el Protocolo de Nagoya, sobre “distribución justa y equitativa de beneficios”.

Hasta la fecha ha sido firmado y ratificado por 139 países, según información del Convenio de Diversidad Biológica. Aún no lo han ratificado Australia, Colombia, El Salvador, Irlanda, Italia, entre otros; y ni siquiera lo han firmado Estados Unidos, Canadá, Chile, Paraguay ni Israel y varios más.

¿Cómo funcionaría en el país?

En Costa Rica, la Ley de Biodiversidad (7788) impide que el conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad (sobre plantas, animales, hongos o bacterias) sea objeto de propiedad intelectual.

En este momento, la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad (Conagebio) regula los mecanismos de acceso a empresas, universidades e institutos de investigación, para investigar y elaborar productos; pero solo a partir de elementos de la biodiversidad. La misma Ley de Biodiversidad también contempla mecanismos de distribución de beneficios, como ha explicado la RCB.

Por ejemplo, se permite que se investigue si una planta de un bosque de Costa Rica tiene algún uso particular para un fármaco, o si hay una planta que se puede usar para elaborar tejidos.

Pero la misma Ley de Biodiversidad prohíbe estos mecanismos de acceso y de propiedad intelectual si se trata de un conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad.

Si se aprobara el Protocolo de Nagoya, estaría por encima de la Ley de Biodiversidad y permitiría que se establezcan mecanismos de propiedad intelectual sobre estos conocimientos tradicionales. Estos mecanismos pueden ser contratos acuerdos Estado-empresa-comunidad, acuerdos comunidad-empresa o inclusive patentes.

¿Desde cuándo están tratando de aprobarlo?

El proyecto entra por primera vez a la corriente legislativa en el 2012, bajo el número de expediente 18.372; pero se archiva en el 2018, según una recopilación hecha por el Observatorio de Bienes Comunes del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Hay un segundo intento de aprobación del convenio en el 2019, bajo el expediente 21.212, el cual es presentado por algunos diputados de la fracción Partido Acción Ciudadana (PAC); sin embargo, el procedimiento queda viciado y se dictamina de forma negativa porque como es un instrumento internacional, solo el Poder Ejecutivo puede presentarlo en la Asamblea Legislativa.

El expediente actual, 21.550, fue presentado el 9 de agosto de 2019 por el Poder Ejecutivo. El 10 de septiembre de 2020 se vota afirmativo en subcomisión de Asuntos Internacionales. En febrero 2021 se votan mociones que procuran introducir algunos cambios.

Según ha denunciado la fracción del Frente Amplio, el texto original no fue consultado de forma adecuada a los pueblos indígenas, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y el texto final, con cláusulas interpretativas que se agregaron, no fue consultado de ninguna forma.

¿Cuáles son los cuestionamientos?

Además de lo señalado al inicio, Silvia Rodríguez Cervantes, de la RCB, dijo a este medio que el Protocolo de Nagoya da un “valor subordinado y equivocado” al conocimiento tradicional, “tratándolo como una mercancía que se puede vender al mejor postor, poniéndole además el cerco de la propiedad intelectual totalmente opuesta a la esencia del conocimiento en general y en especial del conocimiento tradicional”.

“La enorme biodiversidad existente en nuestro país y la presencia de comunidades y pueblos indígenas hace que el conocimiento de muchas plantas y animales sean utilizados por sus múltiples cualidades para la salud y la alimentación. Basta con ir a los mercados locales para constatarlo. ¿A quien le pertenece ese conocimiento? ¿Quién puede argumentar ser su propietario y automáticamente cercarlo e impedir su utilización a miembros de otras comunidades y hasta de otros países?”, destacó la investigadora.

“Actualmente en Costa Rica no hay intentos de privatizar legalmente el conocimiento tradicional, de lo que nos congratulamos por lo absurdo e imposible que sería tratar de hacerlo”, reconoció Rodríguez; pero resaltó que “nos duele que en ese desequilibrio de poderes sean solo empresas e investigadores los que se aprovechen de esa situación por medio de contratos entre desiguales sin cuestionamientos por parte del Estado ni de la misma Conagebio”.

Rodríguez también enfatizó que no es necesaria la aprobación del Protocolo, porque la Ley de Biodiversidad «cubre la mayor parte del Protocolo de Nagoya de manera que nacionalmente ya estamos dando respuesta a casi todos los asuntos tratados en el protocolo».

Otros cuestionamientos son, primero, la ausencia de una verdadera consulta a los pueblos indígenas del país. Segundo, que no se establecen formas de regular los beneficios, no se sabe cuáles son, quién decide cuánto y cómo se da, ni a quiénes se los dan. Y tercero, las prácticas de negociación de estas empresas y si verdaderamente pueden haber acuerdos en relaciones desiguales.

Por: Fabiola Pomareda García

Fuente: Semanario Universidad

 

Fuente: Radio Temblor

Artigo: Yanomami ontem, hoje e amanhã

No artigo, os missionários do Cimi, entidade membro da Rede Jubileu Sul Brasil, trazem à memória o histórico de violência do povo Yanomami

Encontro Yanomami em frente à maloca Watoriki, em 2018. Foto: Adriana Huber Azevedo/Cimi Norte 1

Por Roberto Antônio Liebgott e Ivan Cesar Cima*

Os Yanomami – não somente hoje, ou ontem, mas durante décadas – são vítimas de um Estado que se estruturou para não deixá-los viver em seu território.

No início da década de 1970 – do século passado – os militares brasileiros inventaram e disseminaram mentiras de que a Amazônia Brasileira seria invadida por comunistas e guerrilheiros e que, diante disso, o país deveria se preparar para combatê-los por meio da militarização das fronteiras, especialmente em Roraima e no Amazonas.

Os militares, além de levarem um contingente enorme de soldados à Região Amazônica, promoveram a sua colonização, arregimentando milhares de pessoas para os ofícios de desmatar, plantar pasto, soja e criar bois. Concomitante a isso, o governo ditatorial desencadeou um movimento de construção de estradas, rodovias, financiou obras de hidroelétricas, de expansão da mineração e exploração madeireira.

Quem eram as pessoas que migraram para a Amazônia? Em geral pobres, sem-terras, filhos de pequenos agricultores e tantos homens e mulheres ‘sem eira nem beira’, utilizados como peões de empresários ou especuladores de terras. Foram dezenas de milhares de pessoas que, a pretexto de encontrarem o “eldorado dos sonhos” e ficarem ricas, ocuparam as terras e nelas colocaram cercas. E, para além dos colonos, os militares incentivaram o garimpo, especialmente de ouro e diamantes, em Roraima, Pará, Mato Grosso e Rondônia. Nesse contexto, as invasões de terras e a devastação foram indescritíveis. Houve, por exemplo, no Amazonas, a abertura da BR 174, ligando Manaus, Amazonas, a Boa Vista, Roraima. Durante a sua construção e pavimentação a violência foi tamanha que desencadeou-se um intenso processo de dizimação de mais de 30 comunidades indígenas, dentre elas do povo Waimiri Atroari.

Na década de 1980 os militares consolidaram o plano estratégico de ocupação da Amazônia por meio do Projeto Calha Norte, estruturado nas margens dos Rios Solimões, Rio Negro e Amazonas. Uma das razões para o estabelecimento de pelotões nas fronteiras vinculava-se à ideia de que o Brasil estaria sob ameaça, tanto de agentes externos, como dos próprios indígenas, já que estes, em associação com guerrilheiros da Colômbia, Venezuela, Peru e Bolívia, poderiam formar nações independentes e  tomarem conta de todas as riquezas. Ou seja, os povos indígenas foram caracterizados como inimigos a serem combatidos e aniquilados.

No ano de 1985, era do governo Sarney, o Calha Norte assumiu forma de programa de estado e os militares se tornam os agentes de “proteção” da Amazônia.  Naquele período, mais de 60 mil garimpeiros invadiram o território Yanomami. Estupros, assassinatos, incêndios, contaminação das águas, malária, tuberculose, fome, miséria e extermínio. Há documentações, relatórios e estudos de que num período, de dois anos, morreram mais de 2.500 indígenas Yanomami. Há nessa história, uma personagem central, a Funai (Fundação Nacional do Índio), presidida na época por militares e depois por nada mais, nada menos do que Romero Jucá. Jucá tornou-se o negociador e agenciador dos garimpeiros, dando-lhes guarida.

Depois de uma intensa repercussão internacional acerca dos massacres e da vulnerabilidade dos Yanomami, em 1992, o governo Collor de Mello decidiu demarcar a Terra Yanomami em área contínua. Seu ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, tornou-se o responsável pela consolidação do procedimento demarcatório.

Naquele contexto foram criadas campanhas e desenvolveram-se programas sanitários de proteção à vida. Os garimpeiros foram sendo expulsos, as pistas de pouso e as infraestruras destruídas, assim como combatidos os donos de postos de combustíveis que, em parceria com os empresários do garimpo forneciam gasolina que abasteciam aviões, dragas, balsas, barcos e outros motores.

No ano de 1993 houve o Massacre do Haximu. Dezenas de Yanomami perderam as vidas depois de ataques dos garimpeiros. A repercussão do fato tomou as páginas dos jornais e novamente os organismos internacionais exigiram medidas de combate ao garimpo em Roraima.

Até o advento do mal fadado governo Bolsonaro, parecia ter havido um refluxo das invasões na Terra Yanomami. Mas as invasões nunca cessaram. Os dados das equipes de saúde, ligadas ao Distrito Sanitário Yanomami, as informações das organizações indígenas, ou da própria Funai e de outros pesquisadores, antropólogos, ambientalistas, indigenistas, missionários e missionárias apontavam e denunciavam que os Yanomami eram vítimas contínuas dos garimpeiros. Ou seja, o Estado, suas forças de segurança, nunca priorizaram ações e medidas de proteção, fiscalização dos territórios e das vidas, muito menos agiu no sentido de promover a responsabilização dos criminosos garimpeiros, dos empresários e das empresas que patrocinam e executam os negócios sujos do ouro, extraído, de forma criminosa, das terras da União. É importante esclarecer que as Terras Indígenas são bens da União, destinados ao usufruto exclusivo dos povos indígenas – previsão nos artigos 231 e 20, XI, da CF/1988.

Bolsonaro, genocida, ao assumir a governança do Brasil, ano de 2019, retomou as práticas anti-indígenas dos anos de 1970 e 1980. Ele promoveu a desterritorialização, a desconstrução dos direitos, a integração ou dizimação dos indígenas, bem como anunciou o novo “eldorado garimpeiro”, agora sob seu comando e controle.

As invasões, neste ambiente, voltaram a ser massivas, não tão somente em Roraima, mas em todas as regiões da Amazônia.

Os indígenas, como se designou na concepção do projeto Calha Norte, são aqueles que devem morrer. Eis, portanto, o genocídio contínuo, cantado em prosa e verso entre milicos e políticos das bases de sustentação do ex-presidente Bolsonaro.

O governo Lula, desde logo, adotou como prioridade, e não poderia ser diferente, a defesa dos Yanomami, desenvolvendo ações para combater a desnutrição e atuando no sentido de reestruturar a assistência em saúde naquele território. Mas faltam, ainda, os anúncios de medidas administrativas, políticas e jurídicas que busquem enfrentar os males do garimpo, dos garimpeiros e dos empresários, todos criminosos, que agem como tentáculos do genocida.

Há a necessidade urgente, nestes tempos de esperanças num novo governo, de que sejam desencadeadas ações que ponham um fim nas invasões, para que o amanhã dos Yanomami não se torne o retrato de hoje.

Artigo, escrito em 30 de janeiro de 2023.

*Membros do Conselho Indigenista Missionário – Cimi, Regional Sul

 

Fuente: Rede Jubileu Sul Brasil

Honduras. Bajo Aguán, una tragedia infinita

Tres dirigentes campesinos asesinados en menos de dos semanas, un conflicto producto de la expansión sin control del monocultivo de palma africana y de la minería que devasta territorios y contamina fuentes hídricas, la colusión de políticos, militares, policías y guardias privadas, son los elementos que han vuelto a incendiar una de las zonas más conflictivas de Honduras.

El 7 de enero fueron asesinados los dirigentes campesinos Aly Domínguez y Jairo Bonilla, defensores ambientales de la comunidad de Guapinol y miembros del Comité municipal de defensa de los bienes comunes y públicos de Tocoa.

En los años pasados, al menos 32 personas fueron requeridas fiscalmente por defender el territorio y los ríos que bajan del Parque Nacional «Montaña de Botaderos», cuya zona núcleo está siendo amenazada por la empresa minera Inversiones Los Pinares/Ecotek (NE Holdings Inc y NE Holdings Subsidiary Inc) antes EMCO Mining Company.

Después de una larga lucha y casi tres años de injusta, ilegal y arbitraria prisión preventiva, los defensores fueron liberados.

En esta zona nacen alrededor de 34 fuentes de agua que abastecen ciudades y comunidades. En especial los ríos Guapinol y San Pedro son los que están sufriendo los principales impactos. Nunca las comunidades y poblaciones de la zona fueron consultadas antes de otorgar las concesiones.

Los holdings que administran Inversiones Los Pinares son controlados por Lenir Pérez Solís, ya involucrado en el pasado en otros conflictos mineros, y Ana Facussé Madrid, hija del tristemente famoso terrateniente palmero Miguel Facussé Barjum.

El nombre de Facussé está relacionado con el grave conflicto agrario del Bajo Aguán donde decenas de campesinos organizados perdieron la vida.

En años pasados, la Rel UITA denunció ampliamente este conflicto, visitando varias veces la zona y solidarizándose con las organizaciones campesinas en lucha.

El asesinato de los dos defensores ambientales ha sido condenado a nivel nacional e internacional, exigiendo justicia para las víctimas, castigo para los autores materiales e intelectuales, retiro de las concesiones y cierre inmediato de la actividad minera.

“Exigimos al gobierno de Xiomara Castro avanzar de manera seria, responsable y profesional en la cancelación de la concesión para la explotación de óxido de hierro, que amenaza la vida de la población”, se lee en un comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).

Más violencia

Once días después del asesinato de los defensores de Guapinol fue asesinado Omar Cruz Tomé, presidente de la cooperativa campesina Los Laureles e integrante de la Plataforma Agraria del Valle del Aguán.

Sicarios llegaron a su casa a plena luz del día y le dispararon unos doce balazos.

Oportunamente Cruz Tomé había denunciado la existencia de un plan de las empresas agroindustriales para asesinar a los principales liderazgos campesinos de la zona.

Una semana antes, junto a la Plataforma y al Bufete Estudios por la Dignidad, interpuso una denuncia en contra de Miguel Mauricio Facussé Saenz, hijo del fallecido terrateniente y actual presidente ejecutivo de Corporación Dinant, por considerarlo “actor y cómplice de una estructura criminal armada que opera para reprimir y violentar los derechos de las y los campesinos del Valle del Aguán”.

También había sido criminalizado y llevado a juicio, quedando absuelto del delito de usurpación agravada.

Entre diciembre y enero, la Plataforma Agraria ha registrado al menos 12 ataques violentos en contra de miembros de cooperativas campesinas.

En un amplio comunicado, el Bufete Estudios por la Dignidad exige al gobierno hondureño ejercer su función de liderazgo para parar la violencia en el Aguán, así como investigar y castigar a los responsables de todos estos ataques.

También que se impulse el acuerdo firmado con la Plataforma Agraria en febrero del año pasado, y que demuestre con hechos su compromiso con marcar la diferencia con el pasado, defendiendo los intereses del país antes que los intereses de grupos económicos.

“Estamos hartos de contar muertos en el Aguán y la tierra de nuestros compañeros y compañeras tienen sembradas más balas que granos básicos (…) El gobierno no puede permitir que la violencia se normalice, que se vuelva sistémica en contra de los defensores de la tierra y otros recursos naturales”, señala el comunicado.

Por: Giorgio Trucchi | Rel UITA
Fuente: Rel UITA

Foto: Guapinol Resiste

 

Fuente: Radio Temblor

 

Vida pelas vidas: purificar o Rio e fazer justiça às vítimas

Na IV Romaria pela Ecologia Integral, comunidades indígenas e de matriz africana ecoaram seu canto em memória às 272 vidas perdidas pelo rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Vale em Brumadinho (MG) e ofereceram vida nova ao rio Paraopeba

Durante a caminhada os representantes das comunidades indígenas e de matriz africana ecoaram seu canto. Fotos: Rory Wesley e Franklim Drumond

Na data em que se completam 4 anos desde a tragédia-crime da Vale em Brumadinho (MG), os povos indígenas que vivem no entorno do município participaram da IV Romaria pela Ecologia Integral. A IV Romaria foi marcada pela memória, tristeza e sofrimento das famílias das 272 joias mortas durante o rompimento. As comunidades indígenas se uniram com cantos e orações para curar a terra e o rio. Representantes do povo Pataxó, atingidos na aldeia Naô Xohã, e dos povos Kamakã Mongoió e Xukuru Kariri participaram das atividades da Romaria com apoio do Conselho Indigenista Missionário – Regional Leste.

Em 25 de janeiro de 2019, a barragem B1, da Mina Córrego do Feijão, de propriedade da empresa Vale, se rompeu. A lama matou 272 pessoas e afetou completamente a bacia do Rio Paraopeba. Pesquisas mostram que o índice de metais como ferro, alumínio e manganês estão presentes em águas superficiais e subterrâneas da região, em níveis elevadíssimos. Para as comunidades indígenas a Vale matou uma divindade (Txopai – o Rio). Para tal crime não há reparação possível.

No início da programação, Célia Ãngoho Pataxó, Cacique da Aldeia Katurãma, protestou contra a impunidade da mineradora que nunca paralisou suas atividades na região e, inclusive mantém as operações mesmo neste dia tão triste. A Cacique Ãngoho criticou a morosidade da justiça e conclamou todos a se manterem na luta por justiça social e ambiental. A deputada federal Célia Xakriabá esteve presente, acompanhando seus parentes na manifestação e pedindo respeito à vida e aos povos originários.

Durante a caminhada, os representantes das comunidades indígenas e de matriz africana ecoaram seu canto. Para finalizar o ritual de cura, os indígenas ofereceram vida pelas vidas, ofereceram vida nova para o Rio doente. O Cacique Merong Kamakã discursou em favor do rio e contra os projetos de destruição da natureza. Em seguida, derramou água limpa no Rio Paraopeba, convocando todos a cuidar do Rio como obra do Criador que não deve ser explorada.

A Romaria foi encerrada com as atividades promovidas pela Associação dos Familiares de Vitimas e Atingidos da Tragégia do Rompimento da Barragem Mina Córrego Feijão Brumadinho (AVABRUM), que fizeram um abraço simbólico no memorial das vítimas.

Durante a Celebração Eucarística organizada pela Região Episcopal Nossa Senhora do Rosário e presidida por Dom Vicente Ferreira houve o lançamento do Relatório Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil – dados 2021. O exemplar do Relatório foi entregue ao bispo, que estava acompanhado de frei Rodrigo Perét, OFM e padre Dário Bossi, MCCJ ambos membros da Rede Igrejas e Mineração e da Comissão Especial da CNBB para a Mineração e a Ecologia Integral. O Cimi Regional Leste reafirma seu compromisso no apoio aos povos originários e aos atingidos por esse crime.

Fuente: Rede Jubileu Sul Brasil

Aceite de palma de la selva amazónica: no es ni ecológico, ni justo, ni sostenible

 

El aceite de palma de la empresa Agropalma, en Brasil, tiene diez certificados diferentes de ecológico, justo y sostenible. Empresas multinacionales como Ferrero, Kellogg’s y Nestlé lo compran. Pero, al parecer, en muchas tierras de las plantaciones proceden del comercio ilegal. La población denuncia violaciones de los derechos humanos.

Agropalma, el mayor productor de aceite de palma de Brasil, está considerado un modelo mundial en el sector. La empresa brasileña está certificada con diez sellos internacionales de cultivo “ecológico, justo y sostenible“ de palma de aceite: Entre ellas se encuentran el sello ecológica de la UE Reglamento ecológico de la UE), del Departamento de Agricultura de EE.UU. ( USDA Organicy  JAS de Japón,  la etiqueta de comercio justo IBD de Brasil, así como la certificación Roundtable for Sustainable Palm Oil ( RSPOPalm Oil Innovations Group ( POIG ).

Entre los clientes de aceite de palma de Agropalma figuran 20 comerciantes internacionales de aceite de palma y fabricantes de alimentos, como Alnatura, Danone, Ferrero (Nutella), Kellogg’s, Mars, Mondelez (Oreo), Nestlé, PepsiCo, Unilever (Langnese) y Upfield (Rama).

Según Agropalma, las 39.000 hectáreas de plantaciones certificadas de palma aceitera, de las que 4.000 son ecológicas, se talarib en la selva amazónica del estado de Pará entre 1982 y 2002. Además, la empresa reclama como suyas 64.000 hectáreas de “bosque protegido”, en las que Agropalma ejecuta supuestos proyectos de protección del clima (REDD+).

Gran parte de las tierras de Agropalma procederían al parecer de la apropiación ilegal de tierras estatales, de comunidades locales y de pequeños propietarios residentes, informa  PublicaAgropalma está acusada de acaparamiento de tierras y 58 mil hectáreas han sido anuladas por los tribunales, titula el  diario Ver O Fato en un detallado artículo de fondo sobre la empresa de aceite de palma.

Las personas afectadas se quejan también de la violencia, los bloqueos por parte de la empresa de carreteras y el acceso a lugares públicos como ríos y cementerios. Organizaciones como  Global Witness denuncian graves violaciones de los derechos humanos, y el  Colegio de Abogados de Brasil habla de pésimas condiciones de trabajo, explotación y contratos mordaza en las plantaciones de Agropalma.

FIRMÁ LA PETICIÓN

Fuente: Salva la Selva

 

Fuente: Radio Temblor

Pronunciamiento y llamado a la acción por Colombia

Fotografía: http://veredasogamoso.blogspot.com/2017/10/rios-vivos-santander-exposicion-de.html

Los procesos comunitarios que defienden la vida construyen las alterNativas para sembrar esperanzas en medio de las crisis multidimensionales que desarrolla el sistema capitalista. El manejo dado a la pandemia por los gobiernos neoliberales -en particular el de Colombia- ha permitido profundizar las raíces mismas que la provocan y lanzar un salvavidas a las grandes industrias que la soportan, con el sector financiero a la cabeza, menoscabando los derechos fundamentales de la población y profundizando la desigualdad.

En este contexto y con la necesidad de fortalecerse, los procesos organizativos en los territorios construyen, desarrollan o se consolidan como alterNativas comunitarias desde la diversidad que les caracteriza. Enfatizamos en estas trochas de esperanza que se construyen desde lo propio, desde el fogón, la vereda, la plaza, el parque, la esquina, el barrio, lo cercano; desde los procesos de configuración histórica, ecológica, cultural y geográfica de cada territorio. Caminos que se contraponen a la virtualización e individualización propias del sistema capitalista anteponiendo y construyendo deseos otros y sentires desde poéticas, estéticas y éticas del cuidado de lo común: la vida.

Corazonamos (pensar con el corazón) que esta crisis da la razón a las comunidades campesinas, indígenas, afros y urbano populares y los procesos organizativos que defendemos los territorios. Nos pone los pies sobre la tierra al recordarnos que la vida (que vale la pena ser vivida) se construye en comunidad, enraizando memorias, cuidando la salud, sembrando alegría, tejiendo autonomías y salvaguardando la diversidad cultural y ecológica que hemos construido como pueblos en procesos de larga duración. Por eso, más que hurgar reflexiones o prácticas “novedosas” para enfrentar la crisis, invitamos a un breve recorrido por tres territorios donde se recrean estos caminos.

Iniciamos por Santander, donde las integrantes del Movimiento Social por la defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí nos plantean que la crisis no las tomó desprevenidas. Nos dicen que “en esta coyuntura, ellas sí saben qué hacer, porque conocen la ciencia maravillosa que es la naturaleza, cómo nace y cómo crece un árbol, cómo se reproduce la alimentación”. Nos recuerdan la importancia de recuperar y tejer memorias ambientales para enfrentar el olvido y fortalecer nuestros entramados comunales. Durante el 2017 realizaron un proceso de recuperación de memoria colectiva a través de diversos ejercicios del recordar y narrar entre niñas, niños, jóvenes, hombres, mujeres y adultos mayores de San Vicente de Chucurí, Zapatoca, Betulia, Lebrija, Sabana de Torres y Barrancabermeja. La arpillería les sirvió para plasmar sus experiencias frente al conflicto armado y el daño ambiental generado por la represa, además de tejer hilos de reconocimiento y apoyo mutuo.

En el Suroeste antioqueño el Cinturón Occidental Ambiental (COA) continúa con un trabajo pedagógico y comunicativo que les ha permitido reflexionar las causas, efectos y retos que deben asumir en la coyuntura actual. La Escuelas de Sustentabilidad “Polinizando el territorio”, las Escuelas Agroecológicas COA y las Cátedras del Territorio han servido para continuar abonando los pensamientos y las acciones intergeneracionales e interculturales. Mediante estos procesos de educación popular y comunicación alternativa han logrado consolidar mandatos populares y planes de vida comunitarios, propuestas con las que dialogan con alcaldías y concejos municipales para la instalación de la Mesa Plan de Vida Comunitario en perspectiva de incidir en los planes de desarrollo y esquemas de ordenamiento territorial.  Además, el tejido organizativo desde las familias, les permite avanzar en la comprensión de las crisis estructurales y ambientales, reafirmando la necesidad de confrontarlas mediante la articulación local y regional para avanzar en la construcción de Territorios Sagrados para la Vida.

En Cumaral, el Colectivo Ambiental Chambires, plantean que sembrar el alimento, cuidar la semilla, sanar-recomponer la relación con los ecosistemas y tejer comunidad desde la solidaridad, la amistad, el trueque y el diálogo de saberes, son formas de caminar las alterNativas que permitan hacerle frente a la actual crisis capitalista. Ante la mirada colonial del conocimiento proponen el diálogo de saberes desde las Escuelas Agroecológicas y la Bioescuela Semillas del Territorio (Educación Popular Ambiental con niñxs y jóvenes) y ante la hambruna y la destrucción de los ecosistemas avanzan en la agroecología comunal y familiar en la Reserva Natural y Centro Experimental El Conuco. En Villavicencio, la Red de Acueductos Comunitarios ACER Agua Viva, nos recuerda que es fundamental el cuidado intergeneracional del agua-territorio, que nos sirva para fortalecer la gestión comunitaria, las autonomías y la justicia hídrica como formas de incentivar la consciencia ambiental para el cuidado de la naturaleza y tejido comunal en torno al agua.

Las alterNativas al modelo minero energético impuesto toman cuerpo y palabra en el caminar de los procesos territoriales y entramados comunitarios que luchan por la reproducción de la vida. Es en la defensa de sus cuerpos territorios donde se teje la posibilidad de seguir soñando, recuperando los saberes y memorias ribereñas y campesinas; autoconstruyendo barrios y veredas ligados a la tierra, el agua y las semillas, sanando desde el alimento y comprendiendo el cuidado como ética de interacción comunal. Y es desde allí donde se construirá un mundo donde quepan muchos mundos, pues la salida a la crisis no se encuentra en el individuo alienado, desnaturalizado y artificializado sino en el florecimiento de seres y procesos comunitarios conscientes de la inter-eco-dependencia que se teje con la trama multicolor de la vida.

Fuente: CENSAT Agua Viva