Perú es condenado por contaminación minera y marca un precedente favorable para pueblos de América Latina

Foto: Giuliano Koren / AIDA

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado peruano por violar el derecho al ambiente sano. Es por el caso del Complejo Metalúrgico de La Oroya, que estaba en manos de la empresa estadounidense Doe Run. La sentencia marca un antecedente jurídico importante para otras comunidades y podría aplicarse a todos los países de América Latina y el Caribe.

La sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado peruano —por violar el derecho al medioambiente sano y a la salud de la población de La Oroya— sienta un precedente importante para toda la región en caso de que alguna población perciba que se están vulnerando esos derechos. En el fallo, dado el viernes 22 de marzo, la Corte responsabilizó a las autoridades de Perú por no haber supervisado la contaminación por metales pesados emitidos desde un complejo metalúrgico que opera en La Oroya, considerada una de las ciudades más contaminadas del mundo.

La sentencia señala que la falta de fiscalización de las autoridades originó que el complejo metalúrgico minero genere altos niveles de contaminación que dañaron severa e irreversiblemente la salud de los ciudadanos. Entre los derechos violados por el Estado peruano, además del ambiental, se incluyen los de protección a la vida, la salud —especialmente de la niñez— al acceso a la información y la protección judicial. Este último porque los pobladores llevan más de dos décadas exigiendo justicia ante los tribunales.

El Estado deberá indemnizar económicamente a las víctimas y proporcionarles un plan de reubicación y tratamiento médico, incluyendo apoyo psicológico.

Hasta el cierre de esta información, el gobierno de Perú no se había pronunciando sobre el fallo aunque en la práctica dispone de un año para entregar un informe al Tribunal de la Corte explicando las medidas adoptadas para cumplir con la sentencia.

Foto: Martín Mejía / AP

Más de un siglo de contaminación

El Complejo Metalúrgico de La Oroya tiene más de 100 años. Empezó en 1922 bajo la administración de una empresa norteamericana que procesaba metales altamente contaminantes como plomo y dióxido de azufre, lo que originó múltiples enfrentamientos con los campesinos de la zona. En 1974 pasó a manos del Estado y en 1997 la administración de Alberto Fujimori lo vendió a Doe Run, una empresa propiedad del estadounidense Ira Rennert.

En 2006, los pobladores organizados en el Movimiento por la Salud de La Oroya elevaron sus reclamos a tribunales internacionales porque las afectaciones a la salud eran evidentes. Por ejemplo, los niños presentaban altos niveles de plomo en la sangre que les ocasionaban diversos problemas en sus habilidades psicomotrices y cognitivas.

Al mismo tiempo, la empresa Doe Run continuaba operando sin un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, el cual siguió prorrogando hasta que en 2009 se declaró insolvente. Tras el proceso de liquidación, el año pasado el complejo fue entregado a sus trabajadores, quienes integraron la empresa Metalúrgica Business Perú.

Sin embargo, las personas que se unieron al Movimiento por la Salud fueron hostigadas por sus propios familiares, quienes muchas veces son trabajadores del complejo metalúrgico y ven amenazada su fuente de ingreso por las acciones de las activistas.

Yolanda Zurita Trujillo, quien forma para de la comunidad y el Movimiento por la Salud de La Oroya, explica que sus denuncias no son en contra del complejo metalúrgico. “Toda actividad privada que es fuente de trabajo, bienvenido, porque también el derecho al trabajo es un derecho de una vida digna. Pero también nosotros pensamos, esta actividad económica no puede ser a costa del sufrimiento de una población, de la degradación de la salud de sus trabajadores”, añade.

Rosa Peña, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), que ha acompañado la denuncia de las víctimas en La Oroya, explica que la sentencia de la Corte obliga al estado peruano a vigilar y fiscalizar a las empresas mineras para garantizar el derecho al medioambiente sano. Además, la decisión añade que el derecho al ambiente sano está relacionado con el acceso a la información y participación de la ciudadanía.

La sentencia de la Corte Interamericana es aplicable a todos los países que forman parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por lo cual establece un precedente de los derechos que puede exigir cualquier comunidad afectada por un proyecto minero en el continente, explica Peña.

“Una población que sepa que hay inicios de un proyecto minero tiene derecho a la información. Hay un deber de transparencia activa y es a que el Estado empiece no solamente a exigir la información a la empresa, sino a generar información”, explica la abogada.

Foto: Milton López Tarabochia

Alimentos contaminados

Una reciente revisión de literatura científica da cuenta que la contaminación con metales y metaloides parece ser una constante en el país. Diversas investigaciones han registrado en productos alimenticios la presencia de metales como plomo, cadmio y arsénico en concentraciones por encima de los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El estudio también encontró altas concentraciones de otros tipos de metales –como aluminio, mercurio, cromo y níquel– en comparación con las encontradas en otros países. Sin embargo, para la mayoría de ellos la OMS no ofrece ninguna regulación.

Perú ya no puede basarse en las regulaciones de la OMS para normar sus alimentos, sino que debe tener su propia reglamentación, para poder asegurar la salud de su población, dijo a Pablo García Chevesich, coautor de la investigación.

Para Teresa Tejada Purizaca, ingeniera alimentaria de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (Perú) y autora líder de la investigación, el estudio que realizaron viene “como anillo al dedo” para la sentencia de la CIDH.

Poner fin a la contaminación a nivel nacional

Tejada Purizaca cree que con la sentencia de la CIDH ha llegado el momento de evitar que la contaminación por metales siga haciendo estragos en la población peruana. Subraya que en su estudio está “la base prácticamente a nivel nacional de todos aquellos alimentos contaminados que están ubicados por zonas. Se puede retomar toda esta información”, y agrega que podría ser un punto de partida para comenzar a regular dentro de Perú, complementando los estándares de la OMS

Sin embargo, para Eloisa Domínguez Mariani, hidroquímica de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, quien no participó de esa investigación, la interferencia de la industria minera en el proceso legislativo podría llegar a ser un reto.

Aunque considera que los resultados de la investigación de Purizaca y la sentencia de la Corte son prometedores, advierte que en México “las empresas interesadas tienen abogados contratados 24/7. Están todo el tiempo en el cabildeo, y entonces lo que ocurre es que las normas no logran ser tan estrictas”.

*Edición: Tierra Viva. Título original: «La Oroya crea precedente contra contaminación minera para la región».

Publicado originalmente en Agencia Tierra Viva

 

Fuente: Desinformemonos

El valor del agua y la lucha por su protección: el caso del Río Blanco en Piura

Alrededor de 3 millones de peruanas y peruanos no tienen acceso a agua potable! (1)

Perú, siendo el octavo país con mayor volumen de agua dulce en el mundo y el tercero en América Latina, exhibe una distribución desigual en todo su territorio. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el 97 por ciento del agua dulce disponible se concentra en la Región Hidrográfica Amazónica, habitada por menos de un tercio de la población peruana. En contraste, la Región Hidrográfica del Pacífico, donde reside el 65 por ciento de la población y se desarrollan las principales actividades económicas, apenas genera el 1,77 por ciento del agua dulce del país. (2)

Este desequilibrio se acentúa en Lima, situada en la Región Hidrográfica del Pacífico, donde el agua escasea. El crecimiento poblacional ha exacerbado la situación, con un aumento de poco más del 50 por ciento en los últimos 25 años, según cifras del INEI y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. En 2018, el consumo de agua per cápita en Lima alcanzó los 163 litros al día, superando ampliamente los 100 litros diarios recomendados por la Organización Mundial de la Salud. (3)

Por otro lado, las mujeres son protagonistas de un desafío crítico en relación al acceso al agua. En muchas comunidades rurales y marginadas, donde no llega el agua, son las encargadas principales de la recolección y gestión, una responsabilidad que conlleva múltiples implicaciones en su vida diaria. Esta carga adicional no solo impacta en su salud y bienestar, sino que también puede limitar su acceso a oportunidades educativas y actividades productivas. Además, la falta de acceso a agua limpia y segura aumenta la vulnerabilidad de las mujeres a enfermedades y afecta de manera significativa su salud reproductiva.

Fomentar la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones no solo es un imperativo de justicia, sino también una estrategia para aprovechar su compromiso, conocimientos y habilidades en beneficio de la sociedad en su conjunto. (4)

Entre los desafíos más urgentes que el Perú enfrenta y que representan un alarmante escenario de vulnerabilidad hídrica destacan: la destrucción de acuíferos, bofedales y bosques húmedos en cabeceras fluviales a causa de la minería a gran escala. Además, las graves consecuencias de esta actividad impactan negativamente en la regulación de los caudales fluviales. La desaparición de los glaciares aumenta la vulnerabilidad de la población que reside en la franja costera del Pacífico. Esto se traduce en mayores riesgos de sequía e inundación para las comunidades. (5)

Sumándose a estos desafíos, emerge la dramática realidad de contaminación que, según datos del Ministerio de Salud, impacta más del 31% de la población, es decir más de 10 millones de peruanas y peruanos enfrentan diariamente el riesgo de contaminación por metales pesados, metaloides y otras sustancias tóxicas. (6)

Las fuentes de contaminación provienen tanto de operaciones mineras legales e ilegales en activo, como de derrames de petróleo frecuentes, entre otras fuentes contaminantes. Además, se suma la presencia de 7,668 pasivos ambientales mineros y 3,231 pasivos del sector de hidrocarburos identificados hasta la fecha. Esta situación representa un proceso de envenenamiento sistemático que afecta a una gran parte de la población, especialmente a las comunidades campesinas e indígenas. Todo esto ocurre mientras el cambio climático plantea un futuro hidrológico preocupante para el país. (7)

Desde un punto de vista de los derechos humanos, la criminalización de quienes reclaman sus derechos al agua potable y saneamiento es sumamente alarmante. Según los datos recolectados por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, además de los casos de represión violenta de protestas pacíficas y de asesinatos de líderes comunitarios, un alto número de testimonios enfrentan cientos de procedimientos judiciales por haber denunciado abusos e irregularidades o haber participado en protestas pacíficas. (8)

Piura en defensa del agua y la vida

Una de las regiones que está sufriendo mayormente la creciente vulnerabilidad climática que está afectando el país es Piura. En particular, se trata de una de las zonas donde las concesiones mineras se han incrementado y la falta de medidas legales para proteger sus ecosistemas de páramos y bosques de neblina están poniendo en grave peligro los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas.

Las comunidades campesinas de Segunda y Cajas (Huancabamba) y Yanta (Ayabaca), junto con las poblaciones en Piura, se enfrentan a tres problemas principales debido al conflicto relacionado con el proyecto minero Río Blanco.

En primer lugar, el ingreso ilegal de la minera Río Blanco de capitales chinos (anteriormente conocida como empresa Majaz) en los territorios de las comunidades afecta sus derechos individuales y colectivos. La empresa minera nunca ha obtenido la autorización de las comunidades para acceder a los territorios comunales, como lo exige la Ley General de Comunidades Campesinas (n. 24656), la Ley de Tierras (n. 26505) y la Constitución Política del Perú.
En segundo lugar, la presencia del proyecto minero Río Blanco en la zona afectaría los páramos y bosques de neblina en el corredor biológico entre Ecuador y Perú, así como el área de extensión del Santuario Tabaconas Namballe. Esto pondría en serio riesgo de daño ambiental las aguas superficiales y subterráneas, afectando la calidad y disponibilidad del agua para el consumo humano y la economía agraria.

Finalmente, la realización del proyecto implicaría un aumento significativo de la actividad minera en la región, con la concesión de nuevas áreas para su exploración y explotación. Esto tendría repercusiones adversas no solo en nuestros ecosistemas y en las comunidades de Ayabaca y Huancabamba, sino también en toda la región de Piura.

Los páramos y bosques de neblina juegan un papel vital como reservorios de agua para la formación de las cuencas del río Quiroz en Piura y del río Chinchipe en Cajamarca. Estos frágiles ecosistemas de montaña tienen la capacidad de abastecer de agua a las cuencas más bajas y se sitúan en una región conocida como «deflexión Huancabamba», caracterizada por su biodiversidad endémica y primordial de gran valor.

El área en riesgo abarca una extensión de 3,894 km2 e incluye los distritos El Carmen de la Frontera, Ayabaca, Pacaipampa en Piura, y Namballe en San Ignacio, Cajamarca. Dado que el proyecto minero se desarrollaría en un entorno de páramos y bosques de neblina, sus efectos negativos no se limitarían a la contaminación, al uso del agua subterránea, al desmonte y la pérdida de cobertura vegetal ocasionada por más de 50 millones de toneladas de desechos y residuos anuales. También se vería afectada la disponibilidad de agua para la agricultura y la subsistencia de las poblaciones en Ayabaca, Huancabamba, el valle de San Lorenzo y el valle del río Chira.

El polvo, las vibraciones y el ruido generados por las detonaciones o explosiones en la mina afectan los ecosistemas forestales y la biodiversidad de especies endémicas, provocando la huida irreversible de la fauna. Incluso se plantea la posibilidad de que el depósito de relaves pueda colapsar, dada la naturaleza del suelo y la influencia de las precipitaciones.

Además, Majaz S.A. (1999-2007) y Río Blanco Copper S.A. (2007-actualidad) han sido responsables de violaciones a los derechos humanos de trabajadores, miembros de comunidades locales y defensores del medio ambiente durante la fase de exploración del proyecto. Hasta la fecha, el conflicto ha dejado un saldo trágico con la pérdida de diez personas: cuatro miembros de una comunidad local, tres trabajadores cuya muerte en circunstancias misteriosas tuvo lugar en el campamento de Río Blanco, y tres trabajadores más que desaparecieron y perdieron la vida durante una operación de exploración en 2015. Además, 33 residentes de estas comunidades fueron sometidos a secuestro, tortura y posterior enjuiciamiento.

A lo largo de 21 años, las comunidades han sostenido una lucha incesante y movilizaciones sociales en defensa del agua y los páramos. Han dirigido críticas tanto al gobierno central como al regional de Piura por su respaldo al proyecto Río Blanco. El año 2023 fue testigo de dos grandes manifestaciones en Ayabaca (mayo) y Huancabamba (junio), en las cuales participaron activamente más de 5 mil residentes. Estas protestas expresaron un claro rechazo al proyecto minero Río Blanco y denunciaron lo que se percibe como una «permisología minera», así como la flexibilización de los estándares ambientales por parte de los ministerios de Energía y Minas, y Economía y Finanzas.

Las movilizaciones y la resistencia de las comunidades locales reflejan un clamor unánime por la protección de los recursos naturales y la preservación de su forma de vida. Estas manifestaciones son un recordatorio poderoso del papel activo que desempeñan los ciudadanos y las ciudadanas en la defensa de sus derechos y el medio ambiente.

Es evidente que el modelo de desarrollo basado en la explotación minera representa una amenaza directa para el medio ambiente y la salud de las poblaciones locales.
Es imperativo que las autoridades adopten políticas concretas para proteger los derechos humanos, los derechos de las comunidades y el entorno natural, especialmente en un escenario como el que estamos viviendo de colapso climático, priorizando alternativas de desarrollo sostenible que no comprometan el futuro de las generaciones venideras.

Anexos:
(1) Plataforma digital única del Estado Peruano. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/sunass/noticias/781301-el-10-la-poblacion-peruana-no-tiene-agua-potable-y-23-no-accede-al-alcantarillado
(2) “Recursos hídricos en Perú: el estado actual”. Disponible en: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/467536b0-es/index.html?itemId=/content/component/467536b0-es#abstract-d1e1639
(3) Ibid.
(4) Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo. Disponible en: https://enterateconlesly.com/wp-content/uploads/2023/09/Informe-sobre-relator-a-peru.pdf
(5) Ibid.
(6) Ibid.
(7) Ibid.
(8) Ibid.

*Área Socio-ambiental
Red Muqui

Publicado originalmente en Red Muqui

 

Fuente: Desinformemonos

Desplazados climáticos en aumento, advierte ONU

Los efectos del cambio climático alrededor del mundo se han convertido en una de las principales razones por las que millones de personas deciden migrar, ya sea al interior de su país de origen o a alguna nación vecina. Por ejemplo, en el estudio ‘Amicus Brief of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees to the Inter-American Court of Human Rights regarding the request for an Advisory Opinion on the Climate Emergency and Human Rights from the Republic of Colombia and the Republic of Chile’, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR, por sus siglas en inglés) apunta lo siguiente: 

“Cada año desde 2008, se estima que un promedio de 24.5 millones de desplazamientos han sido provocados por peligros repentinos relacionados con el clima, como inundaciones, tormentas, incendios forestales y temperaturas extremas”. 

Y añaden que “casi dos tercios de todos los solicitantes de asilo recientemente desplazados y los refugiados en 2022 provienen de 15 países que son altamente vulnerables a los impactos del cambio climático. Además, casi el 60 por ciento de los refugiados y personas desplazadas internamente por conflictos ahora viven en países que se encuentran entre los más vulnerables al cambio climático”. 

Sin embargo, subraya la UNHCR, aunque el promedio anual es de 24.5 millones, sus oficinas estiman que durante el 2022 –https://www.unrefugees.org/news/how-climate-change-impacts-refugees-and-displaced-communities/ – este tipo de refugiados se incrementó a 32 millones y advirtió: 

“En 2023, las temperaturas globales alcanzaron nuevos máximos históricos y el año estuvo marcado por decenas de incendios, inundaciones e intensas tormentas en todo el mundo. El cambio climático es la crisis definitiva de nuestro tiempo y sus impactos los experimentan de manera desproporcionada las personas en situaciones vulnerables”.

Escenario catastrófico

Para el Centro de Investigación de Política Económica (CEPR, por sus siglas en inglés), “dependiendo del escenario, el cambio climático obligará a desplazarse entre 210 y 320 millones de personas, la mayoría dentro de sus propios países”. La cifra podría aumentar o disminuir, señalan los investigadores del estudio – https://cepr.org/voxeu/columns/climate-migration-frightens-climate-poverty-frightening – en función de las medidas que se tomen en el corto y mediano plazo para combatir la crisis climática. 

Además, el problema podría empeorar hasta provocar un mayor número de desplazados, ya que de acuerdo a su análisis: “centrándonos en el escenario intermedio, el cambio climático reducirá el ingreso por trabajador en un 15% en los países cercanos al ecuador y lo aumentará en un 10% en latitudes más altas. Por tanto, la brecha de ingresos entre los países más ricos y más pobres aumentará un 25% en el transcurso del siglo XXI. El cambio climático aumenta en 0,5 puntos porcentuales la proporción de la población mundial que vive con menos del 2% del nivel medio mundial de ingresos”.

La Organización Internacional para las Migraciones indica que, según sus cálculos, de no implantarse acciones que combatan el cambio climático, en América Latina y el Caribe cerca de 113.5 millones de personas estarán expuestas a los efectos más severos del cambio en los patrones de clima para 2090. 

Poca preparación

Para Amparo Martínez Arroyo, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, las migraciones siempre han sido parte de la historia de la humanidad, no obstante lo que se vive actualmente es una problemática mayúscula que debe ser atendida a la brevedad. “La migración es un mecanismo de adaptación al cambio climático, sólo cuando han fallado todos los demás”, explica la especialista. 

Aunque, argumenta la investigadora, la problemática no está sólo ligada al cambio climático: “las tendencias sí parecen estar incrementándose, pero no es culpa del cambio climático, es una cuestión que está directamente relacionada con la preparación frente a los riesgos que hay en cada zona, lo que implica el conocer cuáles son, por un lado, los riesgos climáticos y ambientales a los que están expuestos. Debemos ver cuáles son las condiciones que tienen para enfrentarlos y hacer una estrategia para reducir esa vulnerabilidad y no estar tan expuestos a los daños y así poder estar protegidos”. 

Es un punto en el que coincidió Úrsula Oswald Spring, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, ya que los números apuntan que alrededor del mundo se han hecho los preparativos necesarios para evitar mayores afectaciones. 

“La aseguradora Swiss Re, calcula que en los últimos 30 años ha aumentado anualmente un siete por ciento el gasto de seguros por huracanes y tormentas. En 2023, la misma reaseguradora estimó que en los últimos cinco años se han gastado cerca de 32 mil millones de dólares, el doble de los últimos 10 años, por daños ocasionados por tormentas violentas. Y esto, claro, en países vulnerables como el norte de Centroamérica y el sur sureste de México, ha provocado desde 2020 una enorme migración hacia Estados Unidos, a pesar de cerrar su frontera”. 

“Las migraciones pueden pueden ser ordenadas y programadas”, sugiere Martínez Arroyo, “para que tanto la población que recibe como la que migra tengan protegidos sus derechos y no se complique todo cuando sea en la última instancia”. 

¿Por qué no se han tomado más medidas?

Hechos recientes, como el huracán Otis en Guerrero, argumenta Oswald Spring, muestran la poca preparación que se tiene para atender este tipo de desastres ambientales y sus consecuencias:

“Para México Otis es realmente un llamado de atención. En 12 horas, una depresión tropical se convirtió en huracán categoría 5. Es uno de los más veloces que hemos tenido en la historia del mundo, con una velocidad de 330 kph. El océano es un absorbente enorme del excedente de energía generada por el calentamiento global y cuando se conjunta con un fenómeno de El Niño, como el que tenemos actualmente, se puede pensar en que tendremos en el Pacífico otros fenómenos como Otis”. 

La universitaria añade que es difícil encontrar soluciones debido a los intereses económicos, un buen ejemplo de esto es la pasada COP28 cuyo objetivo es organizar las acciones de los países participantes alrededor del cambio climático, pero el evento se realizó Dubái, una de las ciudades más importantes de los Emiratos Árabes Unidos, a su vez una de las naciones con mayores cifras de contaminación gracias a su industria petrolera. 

“Hay que tomar en cuenta que las industrias más contaminantes son las petroleras, la cementeras, las de construcción y el transporte de carros, entonces cómo trabajamos en contra de enormes intereses transnacionales, que hacen lobby en el Congreso de Estados Unidos para impedir que, por ejemplo, se controle el fracking. La pasada COP sucedió en un país petrolero, así que hay una presión enorme en contra de la reducción de gases de efecto invernadero”, comenta. 

Al respecto, Amparo Martínez Arroyo añade: “ha habido grandes avances, que se van dando poco a poco y que no se notan tanto, aunque no son suficientes y no son todos los que se necesitan, porque nos estamos enfrentando a una serie de intereses creados”. 

“Hay en algunos países una falta de confianza en el conocimiento y lo que plantea, por lo que se piensa que tal vez la tecnología, no el conocimiento científico, se va a poder encontrar salidas que lo resuelvan. Le están apostando a eso en algunos países desarrollados, porque las industrias no quieren disminuir ni sus ganancias, ni arriesgar, cuando está más que los cambios se tienen que hacer que hacer ya”, suma la investigadora y advierte: “Es un problema social muy ligado a nuestra forma de desarrollo económico, muy ligado al mercado y a pequeños grupos con intereses económicos, que a su vez son los que están provocando la mayor parte de las emisiones del mundo y poniéndolo en completo riesgo. Ante esto no queda más que la organización de la gente y las demandas de los países que más lo padecen, porque la reacción está siendo mucho más lenta de lo que debería ser”.

Por: Rafael Paz/ Ilse Valencia/ Diego Álvarez

Este material se comparte con autorización de UNAM Global

Tomado de: desinformemonos.org

 

Fuente: Radio Temblor

La inclusión de Berta Cáceres en el nuevo billete de 200 lempiras ¿le hace justicia a su legado?

La presencia del rostro de Berta Cáceres en el nuevo billete de 200 lempiras simboliza un momento histórico en la búsqueda de justicia y reconocimiento para la lucha de los pueblos indígenas. Berta Cáceres fue mucho más que una lideresa indígena; fue una defensora de los derechos de los pueblos indígenas, una voz incansable en la lucha contra la privatización de los recursos naturales. Su vida y su legado están intrínsecamente ligados a la lucha por la justicia social y ambiental en Honduras y más allá.

Berta Cáceres será la primera mujer en la historia de Honduras en figurar en un billete, esto es un hito histórico que no debe pasarse por alto. Representa un reconocimiento a las mujeres que han desempeñado roles destacados en la historia y la cultura de nuestro país. 

Para COPINH, este gesto es un acto de memoria histórica. Es un reconocimiento merecido a su legado de resistencia y lucha en la defensa de los derechos humanos, la tierra y el medio ambiente. Su inclusión en el billete de 200 lempiras no solo perpetúa su memoria sino que difunde sus ideas.Berta fue una luchadora incansable que difundió con la palabra y el ejemplo el compromiso con su país por contra la privatización de los servicios básicos, que defendió a las mayorías olvidadas por el Estado, especialmente a las personas empobrecidas.

Sin embargo, mientras reconocemos este hito histórico, reiteramos la necesidad urgente de reivindicar y dignificar aún más la figura y el legado de Berta Cáceres. Esto incluye la confirmación de las sentencias de las 8 personas involucradas en su asesinato y la búsqueda de justicia para aquellos responsables materiales de su asesinato. Solo mediante la confirmación de las sentencias y la rendición de cuentas podemos verdaderamente honrar su legado y continuar su lucha por la justicia y la igualdad en Honduras.

Es fundamental destacar que el tiempo transcurrido desde el inicio del proceso ha alcanzado un punto crítico, y la demora en resolver el caso está teniendo un impacto negativo en las víctimas y en la búsqueda de justicia. La tardanza en resolver este caso envía un mensaje preocupante a nivel nacional e internacional, poniendo en duda la capacidad del sistema de justicia hondureño para actuar de manera efectiva y garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales.

 

Fuente: COPINH

Comuneros de Puerto Madero ganan demanda contra OCP y Petroecuador por derrames petroleros

Los comuneros que llegaron a la Defensoría del Pueblo mostraron las enfermedades de piel que tienen debido al río contaminado. Piden reparación inmediata.

La mañana de este 5 de abril, comuneros de Puerto Madero, ubicada en Sucumbíos, llegaron a la Defensoría del Pueblo, en Quito, para exigir que se cumpla la demanda ganada a la empresa OCP y a Petroecuador por los derrames petroleros que generaron contaminación y muerte en sus territorios.

«Este momento es muy importante, una comunidad ubicada en las orillas del río Coca gana la demanda contra el daño y la contaminación que causan los derrames petroleros», comentó Alexandra Almeida, del colectivo Acción Ecológica.

Ella indica que hace más de 20 años, OCP llegó a Ecuador con promesas de progreso y bienestar para las comunidades amazónicas aledañas a sus instalaciones, pero que con el paso del tiempo se evidenció que no fue así.

Denuncia que en aquella época, se hizo campañas para rechazar la construcción del oleoducto que estaba pasando por zonas de comunidades, zonas sísmicas y volcánicas, además de que en el sector ya existía otra empresa petrolera que causaba derrames a los ríos.

«Dijimos no se debe construir ahí, pero el Gobierno de esa época dijo: eso es desarrollo, progreso, es inversión extranjera», recuerda.

Rosita es una comunera de más de 80 años. Durante el plantón en la Defensoría tuvo que alzar su blusa a la altura de las axilas para mostrar su piel, que presenta una especie de alergia, es decir, intensos, granos rojos producidos por el agua contaminada.

Lo único que pide es reparación no solo para ella, sino para todos los comuneros que viven situaciones similares, también por consumir alimentos contaminados. Denuncia que hay varias personas con cáncer.

El abogado, del caso, Diego Neira, indicó que, mediante los argumentos presentados, las petroleras deberán remediar varios aspectos de la comunidad como la salud. «El derrame se dio en 2020, contaminando 360 kilómetros, donde están perjudicados miles de habitantes que se ubican al margen del río Coca, dice.

Resalta que llegaron a la Defensoría con el fin de que esta institución dé seguimiento a los elementos de la resolución como el cumplimiento de las decisiones que ha tomado el juez. Una de ellas es hacer un avalúo de los daños ocasionados en terrenos y personas del sector.

 

Fuente: Radio Pichincha

La Transición energética y el Jubileo

Diálogo 2000 fue invitado a participar en este II Simposio: Transición Energética Justa por el Cuidado de la Casa Común, en representación de Jubileo Sur/Américas y el espacio de articulación SICSAL-ConVIDA20. Fue un intercambio muy enriquecedor, de experiencias y perspectivas diversas pero confluyentes como se expresa en el Manifiesto redactado a posteriori, por las organizaciones y redes convocantes, camino a la COP28.

A continuación compartimos la intervención, a cargo de nuestra coordinadora, Beverly Keene. El PDF puede descargarse aquí.

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Anular la Deuda para Cuidar la Vida:

Soberanía Financiera para una Transición Energética Justa

Quiero agradecer la invitación y la confianza brindada, por las redes de SICSAL-Convida20 y Jubileo Sur/Américas. Hemos podido escuchar una riqueza increíble de aportes, y es una gran ocasión para reflexionar sobre el mundo que vivimos y el mundo que queremos, esa vida en abundancia que nos llena de esperanza y que buscamos que orienta nuestro caminar. 

Llego motivada muy especialmente por el marco en que se sitúa el evento: el marco de una serie de acciones que buscan INCIDIR en la opinión pública para que los Gobiernos asuman sus responsabilidades relacionadas con la emergencia climática. Me atrajo, sobre todo, la propuesta de unir fuerzas para lograr que los gobiernos tomen decisiones AUDACES, frente a la gravedad del momento. Creo que esa INCIDENCIA y más aún, esa AUDACIA, son justamente bienes comunes que estamos necesitando. INCIDENCIA y AUDACIA sobre todo para romper con el modelo de muerte que nos consume. 

Un Jubileo para abordar la crisis climática y la transición energética

Muy en concreto, el tiempo ya es más que corto, lo que quiero proponer es que sumemos fuerzas para INCIDIR hacia la AUDACIA de un JUBILEO. Un Jubileo que empieza con la anulación o condonación de las deudas financieras reclamadas a nuestros países, para liberarnos del condicionamiento y la dominación que ejercen y recuperar la soberanía financiera para poder encarar los desafíos de la emergencia climática, de la emergencia social y ecológica, de la emergencia también democrática y de género. Un Jubileo en todas sus dimensiones, que asume la urgencia de poner fin a la desigualdad acumulada y restituir a los pueblos sus tierras y territorios, sus medios de vida, reparando el daño hecho. Un Jubileo integral que respeta y promueva los tiempos y las necesidades de la naturaleza en su conjunto, permitiendo descansar y renovarse a la Madre Tierra.

¿Por qué? No hace falta manejar todos los números para reconocer que uno de los impedimentos más importantes para la acción que aquí se ha planteado, es justamente el SISTEMA DE DEUDA PERPETUA que desde hace ya 50 años expande velozmente en contra de nuestros derechos y necesidades. En nuestra América, como en otras partes del Sur global, los niveles de deuda pública han sido aumentados dramáticamente; extraen la riqueza, dejan mayor pobreza y drama climático, y debilitan la capacidad de acción de los Estados. Ese genio de nuestra literatura latinoamericana, Eduardo Galeano, lo describió de maravillas cuando resumió: “más pagamos, más debemos y menos tenemos”. 

Construido sobre la base de 500 años de saqueo y sometimiento, es un verdadero sistema de esclavitud moderna que da continuidad a ese proceso de conquista y colonización. Una de las características salientes de esta deuda eterna es su elevado índice de especulación y de concentración, nutrido por los dogmas y las exigencias de un modelo de acumulación y exclusión que reivindica un llamado “libre mercado”, la mercantilización y la financiarización de la vida entera, y la primacía de las ganancias y los intereses privados por sobre los derechos y las necesidades de las personas, de los pueblos, de nuestros países y del planeta. Combina eficazmente lo público con lo privado, siempre a favor de estos últimos que, vale la pena resaltar, están cada vez más enfocados en la emergencia climática como escenario de nuevas ganancias. 

Esta semana misma, una de las agencias financieras más grande del mundo publicó un dossier sobre el desafío del cambio climático en América latina y el Caribe, mientras el Fondo Monetario Internacional lanzó una nueva nota sobre la importancia del papel que busca cumplir frente a este reto a la estabilidad económica, pero, sobre todo, a la capacidad de nuestros países de seguir sirviendo las deudas cuyo pago nos exigen. 

Deuda ilegítima y odiosa que condiciona este modelo de muerte

Vemos que son los mismos actores de la crisis de deuda quienes se posicionan para aplicar el mismo sistema de muerte al reto climático, y sobre todo a las inversiones planteadas para una transición energética. O sea, intereses concentrados como los de los grandes países imperialistas y sus instituciones financieras como el FMI o el Banco Mundial, o de sus fondos de inversión como Black Rock, que presionan con los reclamos de deuda que tienen, para favorecer sus inversiones en la extracción de hidrocarburos y minerales estratégicos y a la vez, posicionarse como controladores de la energía renovable. 

Este cúmulo de deuda las más de las veces ha sido contraído de manera ilegítima y odiosa y con la colusión, sin duda, de las elites y poderes hegemónicos de nuestros países que reproducen el mismo modelo de extracción, desigualdad y sometimiento. Socava nuestra soberanía y torna prácticamente imposible, las políticas reparadoras que aquí se han planteado.  

De muestra vale un botón. El movimiento Jubileo del Reino Unido –ahora llamado Justicia por la Deuda- publicó hace poco una investigación mostrando que, durante el año 2021, los 34 países de renta medio o baja estudiados, gastaron un promedio de entre 4 y 5 veces más en el “servicio” de las deudas externas reclamadas que en la acción climática. Para el año 2025, estimaron que la cifra será en torno a 7 veces más.  

Pero el desafío de esta supuesta deuda no se limita a la carga insoportable del “servicio” pagado. Conseguir las divisas para realizar los pagos suele implicar reforzar modelos económicos de producción y de consumo que priorizan la sobreexplotación de las personas y de la naturaleza. Las recetas del Fondo Monetario Internacional y las prioridades de los bancos multilaterales, de los Estados que los controlan y de los grandes capitales y fondos de “inversión” que se benefician del sistema de deuda perpetua se conjugan para imponer – a través de sus exigencias para prestar y para cobrar – el saqueo y la entrega extractivista, en especial de los hidrocarburos, la agroindustria y los minerales. 

Este saqueo contribuye directamente a la destrucción ecológica y la desigualdad que aquí nos convocan. Pero provoca además nuevos procesos de endeudamiento así como también nuevas injerencias de parte de esas instituciones financieras, gobiernos e intereses privados. La reciente creación del Fondo Fiduciario del FMI para la Resiliencia y la Sostenibilidad es un solo ejemplo. Así, el sistema de deuda perpetua sigue generando cada vez mayor deuda climática, social, ecológica y también financiera, reforzando el carácter ilegítimo y odioso que ostenta como deuda eterna por sus orígenes históricos, sus términos y condiciones, sus usos e impactos y por haber sido pagado ya con creces.

Ante esta realidad, precisamos de verdad que los gobiernos de América latina y el Caribe actúen con AUDACIA y con UNIDAD para recuperar nuestra soberanía financiera y territorial y salir de este círculo vicioso. El poder hegemónico, el poder del gran capital, ofrece migajas para mantenernos entrampad@s en el sistema de la deuda eterna. A veces ofrece alivios, pero con nuevas condiciones.  Últimamente se ha puesto de moda ofrecer canjes, pero donde el diseño y control de la conservación o las acciones climáticas prometidas permanece en manos de los mismos prestamistas. Obviamente el sistema ofrece también nuevos créditos y a veces incluso ofrece donaciones, pero siempre con el objetivo de asegurar que no rompamos con la lógica de los tributos que reclaman ni con la impunidad que los protege.  

Anulación de las Deudas que no debemos, Soberanía Financiera, Reparaciones 

Por eso la experiencia nos señala que es otro el camino que necesitamos: un JUBILEO; la ANULACIÓN, CONDONACIÓN, o REPUDIO de las deudas reclamadas para todos los países que lo precisan y por todos los prestamistas, la REPARACIÓN de los daños y el NUNCA MÁS a los nuevos endeudamientos ilegítimos. 

Esto cobra especial importancia si miramos el financiamiento que hoy por hoy se ofrece para la acción climática, desde el Norte hacia el Sur y en reconocimiento de sus responsabilidades históricas y actuales en la generación de la emergencia climática. Las cifras son elocuentes: hasta la fecha no se ha logrado nunca cumplir con la suma ínfima de 100.000 millones de dólares de financiamiento anual nuevo y adicional, acordada en la COP de 2009; y del financiamiento registrado, un 71% actualmente está en la forma de nueva deuda. Revertir esta situación y reparar sus daños resulta indispensable. Pero sin AUDACIA y UNIDAD de parte de los gobiernos, esta tendencia se consolidará como única alternativa, junto a los nuevos espejitos de colores de la llamada “economía verde”.

El Acuerdo de París entronó la buena voluntad como vara de acción y enterró las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Ajustó las “soluciones” a la emergencia climática a lo que el precio justo del carbono o el “mercado” puedan ofrecer. Desde entonces, vemos cómo los grandes responsables empaquetan sus intereses en papel verde para vendérnoslos con mayor facilidad. Bonos verdes, inversiones verdes, todo parece brillar pero no para las necesidades de quienes consumen con respeto y en armonía con la naturaleza, sino para el apetito de las grandes empresas y financieras de apropiarse de la biodiversidad, la capacidad de absorber carbono, el agua y, sobre todo, los minerales que se precisan para transitar en el Norte global, a costa siempre del Sur, la transición energética que se propone sin cuestionar la desigualdad, ni el sobreconsumo, ni la mercantilización de todo, ni la incapacidad del mercado de proveer justicia, ni las nuevas teorías del derrame. 

Es sólo con la AUDACIA y UNIDAD de nuestros movimientos y organizaciones, las iglesias y la academia, la sociedad toda del Sur hasta el Norte, que vamos a mover la opinión pública y los gobiernos para revertir este escenario y lograr el JUBILEO que precisamos. Por eso, quiero terminar invitando a unir fuerzas durante la SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL POR LA JUSTICIA CLIMÁTICA, ECONÓMICA Y DE DEUDA, del 9 al 16 de octubre. Será un próximo momento para seguir sumando acciones de concientización, movilización e incidencia en esta dirección.  

Precisamos apuntar no sólo a la ANULACIÓN, CONDONACIÓN o REPUDIO y de las deudas eternas, ilegítimas e impagables, y la PROVISIÓN DE FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO REPARADOR y sin nuevo endeudamiento, sino también una profunda transformación del sistema que sigue basándose en la extracción y la exclusión, concentrando el poder y la impunidad corporativa-financiera y mercantilizando las “soluciones climáticas”. Juntas, juntos y juntes podemos sentar las bases de un futuro posible y urgente de buen vivir para todos los pueblos y la naturaleza, construyendo además una nueva arquitectura de cooperación mundial. 

-Beverly Keene, Bs. As., 7/9/23

Diálogo 2000-Jubileo Sur/Américas

II Simposio por el Cuidado de la Casa Común

 

Fuente: Dialogo 2000