Itaipú: Décadas después de la construcción de la central, siguen prevaleciendo los intereses económicos y las violaciones sociales y ambientales

La revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, en 2023, abre la oportunidad de revertir deudas históricas. El tema es el centro de la articulación del Cono Sur, en Jubileo Sur Américas.

Seis de las 14 compuertas del vertedero de la Central de Itaipú, en Foz do Iguaçu, Paraná, están abiertas para drenar el exceso de agua provocado por el gran volumen de lluvias de los últimos días en la región sur. El domingo (18), el caudal alcanzó los 4,5 millones de litros de agua por segundo, una cantidad equivalente a tres cataratas de Iguazú. Foto: Rubens Fraulini / Itaipu Binacional.

Paulo Victor Melo | Especial para JSB

La historia en torno a la segunda mayor central hidroeléctrica del mundo -la binacional Itaipú- es uno de los ejemplos más emblemáticos de la tesis de que Brasil ejerce, en diversas cuestiones políticas y económicas, una lógica neocolonialista en relación con otros países latinoamericanos. En una entrevista con la Deutsche Welle, Oliver Stünkel, profesor de la Fundación Getúlio Vargas, dijo que “en muchos aspectos, los países [de la región] ven a Brasil con una visión similar a la que Sudamérica tenía de Estados Unidos. Es una mezcla de admiración y rechazo”.

Cuando el tema es Itaipú y la relación Brasil-Paraguay, no podemos hablar de admiración. Al contrario.

Más de 4 millones de dólares. Ese es el monto de la deuda ilegal que Itaipú generó para Paraguay, según un informe de la Contraloría General de ese país. Publicado en julio de este año, el documento señala que al suministrar energía eléctrica a menor costo a Brasil entre 1985 y 1997 (con excepción de 1991), las autoridades de Itaipú violaron claramente el tratado entre los dos países, provocando un aumento indebido e ilegal de la deuda de Paraguay.

En una conferencia de prensa ofrecida para presentar el informe, el Contralor General de la República de Paraguay, Camilo Benítez, declaró que “Itaipú aplicó tarifas por debajo del costo del servicio eléctrico, a pedido de los representantes brasileños, alegando dificultades económicas, y con la complacencia de los representantes paraguayos, en clara violación del Anexo C del Tratado de Itaipú, perdiendo así US$ 1.757.128.833, y generando una deuda ilegal de US$ 4.193.500.000 en contra de sus propios intereses y a favor de Eletrobrás”.

Este Anexo C, comentado por Benítez, que establece las bases financieras y de prestación del servicio eléctrico entre los dos países, será revisado en 2023, cuando el Tratado de Itaipú cumpla 50 años de vigencia.

Central hidroeléctrica de Itaipú, en la frontera de Brasil y Paraguay

Ingeniero industrial y experto en hidroelectricidad, el paraguayo Ricardo Canese entiende que la revisión del Anexo C es una oportunidad para “terminar para siempre con la confiscación de la energía paraguaya, a precio vil, por parte de Brasil”.

Para ello, Canese, que es uno de los miembros de su país en el Parlamento del Mercosur, cree que es fundamental un cambio de rumbo del presidente paraguayo.

En una reciente entrevista con el diario Última Hora, Canese recordó que, en diferentes momentos, el gobierno de Mario Abdo Benítez ha abdicado de la soberanía hidroeléctrica, “en una reiteración de la política de sumisión a los intereses de Brasil, liderada por Jair Bolsonaro”. Si el jefe del Ejecutivo paraguayo vuelve a optar por esta vía en relación con Itaipú, “Paraguay perderá una oportunidad histórica de obtener lo que nos corresponde”, considera.

Ikaro Chaves, director de la Asociación de Ingenieros y Técnicos del Sistema Eletrobrás (AESEL), tiene un entendimiento similar, y defiende el destino de la energía producida por Itaipú en medidas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de ambos países.

“A partir del momento en que se amortice la central, cuando no haya más deuda relacionada con la construcción de esa obra, ambos países tendrán una gran oportunidad de beneficiar a sus poblaciones con la energía producida, porque hoy la mayor parte de los recursos de las facturas de energía de la población se utilizan para pagar la deuda y los intereses de la deuda de Itaipú”, argumenta.

Ikaro cree, sin embargo, que la apuesta tanto del gobierno de Bolsonaro como del de Benítez es la mercantilización del sector eléctrico y el favorecimiento del capital financiero, en detrimento de la población.

“¿Qué quiere el gobierno brasileño? Llevar el excedente paraguayo para vender en Brasil, a través de las empresas comercializadoras. Y esto lo vimos claramente en el escándalo del caso Leros, en el que la delegación brasileña ha sido capaz de llevar a un empresario del sector de la comercialización de energía, que resulta ser hoy un senador de la República, Alexandre Giordano, MDB/SP, para tratar de hacer negocios y llevar la energía paraguaya para ser vendida en Brasil por empresas privadas que operan en el mercado libre, sin generar ni transmitir un kilowatt, pero haciendo dinero con la especulación. Tenemos que desenmascarar este plan del gobierno brasileño confabulado con el gobierno paraguayo, que es cómplice de este proceso”, critica.

Lea aquí sobre el caso de Leros, mencionado por Ikaro.

Comercialización de la energía

Para Ikaro, estas intenciones en relación a Itaipú deben ser analizadas dentro del “gran proceso de remodelación del sector eléctrico brasileño, que comenzó bajo el gobierno de Temer” y que tiene como objetivo aumentar el libre mercado, el margen de beneficio de las empresas comercializadoras y la transformación de la electricidad en mercancía, haciéndola objeto de todo tipo de especulación.

“El proceso de expansión del mercado libre, que traerá consigo un aumento de la demanda de esta energía liberalizada, tiene también como contrapartida el aumento de la oferta de energía. ¿Y cuál es la estrategia del gobierno brasileño? La privatización de Eletrobrás, que tomará toda la energía que está en el sistema de cuotas y la pondrá en el mercado libre. Por otro lado, lanzará una cantidad de energía al mercado libre, para ser vendida a un precio más alto y aumentar el margen de beneficio del sistema financiero. Esto aumentará la factura de la luz y, al mismo tiempo, incrementará en gran medida la rentabilidad de los accionistas del sector eléctrico, especialmente del sistema financiero, tanto en el control de la privatizada Eletrobrás como en el de las empresas comercializadoras de energía, lo que ya está ocurriendo en la actualidad”, señala algunas de las consecuencias.

El miembro de AESEL también explica cómo afecta a Itaipú este proceso: “Hoy, Itaipú vende su energía bajo el sistema de cuotas. El coste de explotación y mantenimiento de la planta más el coste financiero de la deuda, que es muy elevado. En cuanto se pague la deuda, el coste de Itaipú bajará mucho. Y eso sería una oportunidad para rebajar la factura de la luz de los brasileños. Pero, ¿cuál es el objetivo del gobierno brasileño? No se trata de bajar la factura de la luz, sino de coger esa energía, ponerla en el mercado libre, venderla a través de empresas comercializadoras, aumentando el margen de beneficio de estas empresas. Y entonces la factura de la luz será aún más cara.

Una historia de negociaciones entre élites y robos

La preponderancia de los intereses económicos privados en Itaipú, casi cuatro décadas después de su inauguración, aún tiene su origen en el Tratado firmado el 26 de abril de 1973, que permitió su construcción. Vale la pena recordar que, en ese momento, ambos países estaban gobernados por dictaduras militares-empresariales (Médici, en Brasil, y Stroessner, en Paraguay).

En un documento sobre la historia de la central, Ricardo Canese señala que “Itaipú fue concebida por la oligarquía brasileña para su enriquecimiento, en unión con la dictadura de Alfredo Stroessner” y que “grandes robos fueron cometidos por los ‘barones de Itaipú’ de ambos países”.

El coste final de la obra, unos 14.000 millones de dólares, muy superior a las previsiones iniciales, es un dato que apunta a esta perspectiva.

“No sólo se robó mucho con la construcción de Itaipú, sino también con su financiación. El capital financiero transnacional establecido en Brasil, principalmente durante la dictadura militar, obtuvo un enorme negocio financiero: prestó menos de 10 mil millones de dólares y terminará recibiendo más de 60 mil millones, seis veces más”, denuncia Canese.

El hecho de que la tarifa actual sea seis veces superior a la proyectada y la opción de las dictaduras militares de no pagar la deuda desde el inicio de las operaciones de Itaipú, entre 1985 y 1986, son otras señales de los favores entre gobiernos e iniciativa privada.

“Las dictaduras militares decidieron no pagar la deuda y ampliar el negocio financiero. Por eso la tarifa hoy es de 22,6 US$/kW-mes y no de 17,1 US$/kW-mes, como se calculó en 1986 para ser constante hasta 2023 y pagar toda la deuda con una tarifa constante (…) El objetivo era ampliar el negocio financiero. El capitalismo financiero transnacional y privado brasileño, que proporcionó la mayor parte de la financiación a Itaipú a través de Eletrobrás, ganó más de seis veces por un solo préstamo”, señala.

Una historia de destrucción ambiental y genocidio

Más allá de las cifras financieras, y como parte del deseo de lucro, la historia de la construcción de Itaipú es también una historia de genocidio de varios pueblos indígenas y de profunda devastación ambiental.

Un informe de 2019 de la Procuraduría General de la República, elaborado a lo largo de tres años, confirmó que se cometieron graves violaciones a los derechos de los pueblos originarios, incluso con la manipulación de los procedimientos para subestimar el número de indígenas que habitaban la región.

Cabe recordar que para la construcción de Itaipú se inundaron cerca de 135.000 hectáreas de tierra y se reubicó a más de 40.000 personas -entre indígenas y no indígenas- “en condiciones peores que las que enfrentaban antes”, según describe el documento de la PGR.

El estudio concluyó que sólo una pequeña parte de la comunidad indígena de Ocoy fue reconocida como indígena por la Funai, que en ese momento estaba dirigida por un general del Ejército. Como se destaca en un extracto del informe, “todas las demás localidades entre Foz de Iguazú y Guaíra fueron completamente ignoradas y las familias indígenas que vivían allí fueron tratadas como ocupantes ilegales e invasores (porque no tenían documentos de la tierra), siendo expulsadas de ellas sin ninguna compensación.

Sólo en relación al pueblo Avá-Guaraní, se estima que 38 comunidades del lado paraguayo y 36 del lado brasileño fueron desplazadas con gravísimas violaciones de derechos y sin ninguna reparación digna.

Al analizar mapas y registros cartográficos divulgados apenas el año pasado, Paulo Tavares, investigador de la Universidad de Brasilia, destacó que hubo una intención de la dictadura militar y de los organismos del Estado de aplicar “una estrategia perversa para expulsar a las familias avá-guaraníes de sus tierras y dar paso a la central y a la colonización de la zona, atropellando a la comunidad y su cultura”.

Los documentos forman parte de un Atlas realizado a petición del Ministerio Público Federal, después de que el sucesor de Raquel Dodge en la Fiscalía General de la República, Augusto Aras, pidiera al Tribunal Supremo la presentación de una demanda para reparar los datos de la Avá-Guarani, que ascienden a 150 millones de reales al año desde la construcción de Itaipú.

“Cuando presenté la acción, entendí que no era nominal, sino a favor de los guaraníes. Los indígenas no tenían acceso a la justicia para tener derecho a una indemnización. Sus derechos fueron sucesivamente negados como pueblo, comunidad, habitantes y como brasileños”, dijo Raquel Dodge, en una entrevista con el portal Uol.

Para Mercedes Canese, integrante del Frente Guasu, tanto Itaipú como la otra represa hidroeléctrica binacional de su país, Yacyretá (Argentina-Paraguay) tienen deudas históricas con los pueblos de Sudamérica. “Es una deuda odiosa que perjudica a los pueblos paraguayo, argentino y brasileño, porque seguimos pagando una deuda que debería ser cero”, destacó.

Deudas sociales y ambientales

La ex viceministra paraguaya de Minas y Energía, Mercedes, reforzó que las deudas de Itaipú y Yacyretá son también sociales y ambientales, por los impactos en la naturaleza y en las comunidades tradicionales. “Todo un ecosistema se inundó, se destruyeron bosques y tierras fértiles que estaban protegidas. Muchas personas de los tres países, especialmente campesinos e indígenas, fueron desplazados y perdieron su forma de vida al ser ubicados en territorios con características diferentes a las de su origen. Se estima que sólo entre los indígenas, más de 70 personas fueron desplazadas y sus territorios con las mismas características no fueron restituidos”, dijo Mercedes, durante el Ciclo de Debates sobre las luchas y desafíos del Cono Sur, realizada en abril de este año por la Red Jubileo Sur Américas.

Traducción: Jubileo Sur Américas

Fuente: Jubileu Sul Brasil

Miradas a los Territorios ¡Resistir para Sanar!

Este especial periodístico retrata la realidad, los problemas y las soluciones de varios pueblos indígenas frente a la crisis climática que enfrentan México, países de Centroamérica y regiones del norte de Colombia. Miradas a los Territorios ¡Resistir para Sanar! se co-creó con periodistas y comunicadores indígenas y no indígenas de la Red Tejiendo Historias bajo la coordinación editorial del medio independiente Agenda Propia.

Invitamos a ingresar a este bello proyecto comunitario aquí:

Miradas a los Territorios ¡Resistir para Sanar!

 

Fuente: Radio Temblor

Inicia juicio Fraude Gualcarque violando los derechos de las víctimas.

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Ante el inicio del juicio oral y público del caso denominado “Fraude Sobre el Gualcarque” el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) comparte lo siguiente:

  1. La comunidad indígena de Río Blanco, organizada en el COPINH, una vez más ve violentados sus derechos. Ahora el Estado de Honduras niega la condición de víctima a quienes han sufrido de la violencia y muerte del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
  2. El artículo 17 del código procesal penal nos da el derecho de participar como víctimas en este proceso, al ser la comunidad y organización directamente afectadas por la corrupción de dicho proyecto.
  3. Los convenios y estándares internacionales reconocen a las víctimas de los casos de corrupción, el sistema de justicia de Honduras ha fallado una vez más a las comunidades indígenas.
  4. Los permisos y licencias fraudulentas que permitieron el funcionamiento del ilegal proyecto Agua Zarca, son el origen del asesinato de Berta Cáceres, los funcionarios públicos responsables deben ser condenados por estos crímenes.
  5. El COPINH demanda que sean enjuiciados y condenados los principales beneficiarios del fraude del proyecto Agua Zarca; la familia Atala Zablah.
  6. Las comunidades Lencas exigimos que el sagrado Río Gualcarque sea liberado, y que se cancele de manera inmediata y definitiva la concesión ilegal que lo ha oprimido por más de una década.

“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 23 días del mes de agosto de 2021.

 

Fuente: COPINH

A 5 años de su muerte ¿Quién asesinó a Macarena Valdés? [Video]

El 22 de agosto del 2016, Macarena Valdés fue encontrada muerta, colgada en la casa habitación, hecho ocurrido en su hogar en el sector Tranguil, comuna de Panguipulli, en presencia de su hijo menor de un año y medio de edad, descubierta por otro de sus hijos de 11 años.

Existen diversos testimonios que dan cuenta que previo a la muerte de Valdés hubo una serie de graves amenazas en contra de esta familia por parte de personas sindicadas como sicarios ligados a los intereses de empresas hidroeléctricos, incluso estas amenazas se extendieron a otras familias del territorio, cuya característica es: Ser opositoras a la imposición de centrales hidroeléctricas.

El principal conflicto desatado en el territorio ha sido por la imposición de una hidroeléctrica vinculada a la transnacional Austriaca RP Global, cuyo Director financiero y vínculo con Latinoamérica es el español, Jorge Rodríguez García, agregándose una serie de otros actos arbitrarios para la instalación por la fuerza de cableados vinculados a la conectividad de esta hidroeléctrica, incluso los días posteriores a la muerte de Macarena Valdés, la transnacional SAESA junto a fuerzas de Carabineros.

Un informe pericial independiente, gestionado por la familia, dio cuenta el 2017 sobre indicios de la participación de terceros en la muerte de Macarena Valdés, lo que inicialmente fue desestimado por la Fiscalía a tal punto, que en dos ocasiones existió la intención de cerrar la investigación.

El 25 de septiembre del 2017 se realizó la exhumación de los restos de Macarena desde el cementerio mapuche en el sector de Tranguil,  con el propósito de que se realicen las pericias pertinentes trasladándose sus restos en una camioneta del Servicio Médico Legal a Santiago.

Otro informe del médico forense británico John Clark, emitido el 12 de agosto del 2019, y titulado, “Comentarios sobre la muerte de Yudy Macarena Valdés Muñoz”, señala: “La marca de ligadura en el cuello, aunque no completamente incompatible con la de suicidio por ahorcamiento, es lo suficientemente inusual como para plantear preguntas sobre su causa. Lo más importante es considerar si la muerte podría haber sido el resultado del estrangulamiento con ligadura por otra persona o personas, es decir, un elemento apretado fuertemente alrededor del cuello que impida la respiración”, dice el forense.

A pesar de una serie de indicios, la investigación por asesinato sigue estancada en el Ministerio Público y la impunidad sobre este asesinato persiste, en medio de múltiples protestas y manifestaciones que siguen exigiendo verdad y justicia.

Macarena Valdés Muñoz, nació en Hualañé, Región del Maule el 23 de diciembre de 1983, tenía 32 años y vivía con su pareja Rubén Collío y sus cuatro hijos en la comunidad mapuche Newen-Tranguil, comuna de Panguipulli, en la región de Los Ríos, familia que cuenta con un amplio reconocimiento por su dedicación a la defensa del territorio, incluyendo a quien fuera el suegro de Macarena, Marcelino Collío, luchador mapuche incansable, quien luego de siete meses de complicaciones en su salud, falleció el 4 de febrero de este 2021.

Ver video Mini Documental “Mataron a la Negra”

Realización Cristóbal Saavedra

Por: Equipo Comunicaciones Mapuche 

Fuente: Radio Temblor 

Moira Millán, la guerrera mapuche que defiende a su pueblo del colonialismo

Moira Millán, indígena mapuche, es una de las voces que se oponen a la narrativa de blanquitud nacional que el presidente argentino Alberto Fernández reafirmó el pasado 9 de junio. Libra su lucha en varios frentes: combate caminando y denunciando frente al mundo la violación constante de los cuerpos y territorios de las mujeres de pueblos originarios.

El pasado 14 de marzo, mujeres indígenas de la Patagonia argentina empezaron una marcha contra lo que han llamado un terricidio. Desde el territorio recuperado Lof Mapuche Pillán Mahuiza (100 kilómetros al sur de la ciudad de Esquel, Provincia de Chubut) una columna de manifestantes empezó a caminar “para sanar”, según sus proclamas. El destino era Buenos Aires, adonde llegaron el 22 de mayo. Una de las inspiradoras de la actividad fue Millán, fundadora del Movimiento de Mujeres Indígenas para el Buen Vivir. Ella es weichafe, palabra que en el idioma mapundungun significa guerrera.

Este concepto, sin embargo, no tiene para los mapuches el carácter belicista que tiene para la cultura occidental. En la cultura mapuche, el weichan es un acto de autodefensa. Es más bien un defensor de su pueblo y su territorio. Moira habla desde el corazón de la Puelwillimpapu –hoy llamada Patagonia–, y cuenta por qué se realizó la marcha y cuál es su lucha y la de sus compañeras.

“Las mujeres se han convertido en una fuerza estructural en este proceso de lucha precisamente porque sobre ellas recae toda la violencia de la sociedad y reverbera todo el peso de la muerte, tanto humana como natural”, explica. “Este es el concepto básico de la Marcha contra el Terricidio, una caminata de 1.900 kilómetros desde la Patagonia hasta Buenos Aires para denunciar la violencia de este Estado colonial. Dentro de las cuerpas-territorios (sic) existe una memoria ancestral de lucha, resistencia y resiliencia que nos impulsa, guía y sostiene. Somos las herederas de mujeres valientes que vinieron antes de nosotras y estamos continuando la batalla”.

Somos las herederas de mujeres valientes que vinieron antes de nosotras y estamos continuando la batalla

Una de las prácticas que combaten como hicieron sus antecesoras antes, cuenta la weichafe mapuche, es el chineo, que consiste en la violación de niñas indígenas que apenas han empezado a menstruar (10-12) años por parte hombres blancos que quieren marcar de ese modo un pasaje ritual en la sexualidad de la menor y reafirmar al mismo tiempo su propia virilidad. Esta atrocidad, asegura, no ha desaparecido con la colonia y se sigue realizando en muchos casos bajo el amparo o la complicidad de los caciques de las comunidades.

Las madres no hispanohablantes de estas niñas violadas encuentran muchas dificultades para denunciar los hechos, ya que muchas veces la aplicación de los derechos lingüísticos es vulnerada, elemento que les impide poder informar detalladamente las autoridades sobre lo sucedido.

Cuando las violaciones son denunciadas ante la justicia de los winkas (blancos en mapundungun) estos se dirigen al cacique que reduce todo a una práctica cultural encubriendo de esta manera al violador y garantizando su impunidad. “Por eso, pusimos en marcha en 2019 la campaña #bastadechineo, para pedirle al mundo que reconozca que el chineo tiene que ser declarado como un atroz delito y eliminado de una vez por todas”, relata Millán.

La misma Moira Millán, en un evento internacional el pasado 15 de mayo, en el que conversaba con la activista india Vandana Shiva, recordó que “la tierra llama a las mujeres indígenas a luchar”. Y explicó: “Las mujeres indígenas somos cuerpas-territorio (sic) y la tierra nos habita… Esto es lo que hacemos las mujeres indígenas con esta marcha: manifestamos las voces inaudibles de la naturaleza contra el terricidio promovido por el nuevo codicioso colonialismo. La fuerza telúrica espiritual de la Tierra está despertando a las mujeres y las mujeres lucharán por defender la Tierra, la verdadera fuente de su identidad más profunda. Yo llamo esto feminización cosmogónica. Además, para nosotras es importante afirmar que no le estamos disputando el poder a este sistema colonial, patriarcal y capitalista. Luchamos por restaurar la armonía”.

La frase pronunciada por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el pasado 9 de junio en una conferencia de prensa celebrada en Buenos Aires junto al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez ―“Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Eran barcos que venían de Europa”― confirmaron, dice, el mito de la blanquitud de la nación, en opinión de los indígenas.

Moira Millán, autora de El tren del olvido (Editorial Planeta), obra que cuenta lo que sucedió en Argentina a través de los ojos de la nación mapuche en una contra historia que se opone a la narrativa oficial del Estado, replicó las palabras del presidente con una carta, difundida el día siguiente.

“Ayer al escuchar la desafortunada frase presidencial, reafirmando una vez más el espíritu europeísta de este país, que desprecia lo indígena, porque le plantea umbrales epistemológicos incomprensibles para una lógica atrapada en el reduccionismo existencialista. ¿Cómo pueden entender nuestro mundo vinculado a raíces profundas en territorios milenarios, quienes tienen sus pies navegando en las aguas lejanas de otro continente? ¿Cómo pueden amar con la misma entrega que nosotras mujeres indígenas, la tierra que pisan? Si los argentinos vienen de los barcos, entonces tendrán derechos sobre los mares; y nosotras, las naciones indígenas, sobre los territorios. El negacionismo como política de Estado ha sido y es genocida. La omisión o negación de un conflicto no provoca su desaparición o resolución, solo genera que el conflicto se profundice. Argentina tendrá que replantearse su relación con las naciones indígenas a las cuales ha invadido, porque para sanar son necesarias la memoria, la verdad y la justicia”, manifestaba en la misiva.

Tras el fin de la marcha y regreso a su cotidianeidad, una de las peticiones que recientemente han realizado las activistas al gobierno de Fernández es la creación de centros de defensa territoriales de mujeres indígenas. “Simplemente entendimos que no podemos delegar la representación, administración y agencia de nuestros derechos a quienes son parte de la maquinaria de opresión”, remacha Millán.

Por: Diego Battistessa. Colombia

Fuente: El País

 

Fuente: Radio Temblor