Justicia integral para Berta: verdad, reparación y no repetición

Este martes, 61 meses después del crimen, Roberto David Castillo Mejía se sentará en el banquillo, acusado de ser coautor del asesinato de Berta Cáceres. 

Castillo fue presidente de Desarrollos Energéticos SA (Desa), empresa titular de la concesión para la explotación del río Gualcarque y promotora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, contra el cual la lideresa indígena lenca y el Copinh lucharon durante años.

Para la familia de Berta y el Copinh, este juicio no sólo es clave para demostrar la responsabilidad de Castillo en el crimen, sino también para evidenciar la participación de otros autores que continúan en la impunidad.

En un comunicado, el Copinh, la familia de Berta Cáceres y el equipo legal recordaron que el juicio contra Castillo sólo es una primera etapa del “proceso de juzgamiento de las personas involucradas en el crimen”.

“Las pruebas que existen en contra del señor David Castillo Mejía están en poder del sistema de administración de justicia desde hace cinco años. Son pruebas contundentes e irrebatibles para comprobar su participación como coautor, es decir como enlace entre los autores materiales y los ejecutivos de la empresa Desa (familia Atala Zablah). 

Nosotros, junto a la familia y al Copinh, estamos listos para que el juicio inicie, se desarrolle y finalice. De esta manera podremos pasar a otra fase de la causa Berta Cáceres”, dijo Víctor Fernández, miembro del equipo legal.

Para el ex fiscal, la persecución a los verdaderos actores intelectuales, que al igual que Castillo están perfectamente identificados, debe ser una prioridad.

“Esperamos que el sistema de administración de justicia tenga la independencia, la determinación y el valor de investigarlos, enjuiciarlos y condenarlos. Esto es otro de los desafíos que nos esperan”, manifestó Fernández. 

Sistema financiero culpable

Hay otro elemento de suma importancia que retoma el Copinh en su comunicado y que el equipo legal subraya.

“Nada de lo que le pasó a Berta hubiese sido posible si el sistema financiero nacional e internacional no hubiese financiado el proyecto Agua Zarca. Más aún, muchos de los crímenes ocurridos en nuestro país no se hubiesen producidos si el sistema financiero nacional, internacional y multilateral no siguiera apoyando ese tipo de proyectos.

Hacer justicia en la causa Berta Cáceres es hacerle entender al sistema financiero, a los bancos nacionales e internacionales, a la banca multilateral, a todo este sistema que dice promover el desarrollo, que financiar el proyecto Agua Zarca desencadenó una escalada de violencia en el pueblo Lenca, generó una ola de corrupción e instaló en el país una verdadera asociación ilícita para delinquir.

En este sentido -continuó Fernández- otro desafío que plantea la causa Berta Cáceres es justamente traer al banquillo de los acusados tanto al sistema financiero como a aquellos funcionarios públicos que participaron, por acción u omisión, de este crimen”.

Un paso más

En diciembre de 2019, los autores materiales del asesinato fueron sentenciados a entre 30 y 50 años de cárcel, entre ellos ex dirigentes y miembros de la seguridad de Desa, ex militares y militares activos. 

Ahora la tarea es perseguir a los autores intelectuales y al sistema financiero y revertir la corrupta y nefasta concesión del río Gualcarque que, después de cinco años del asesinato de Berta Cáceres, aún sigue vigente.

“Nuestro objetivo es la justicia integral, que implica verdad, reparación y no repetición de los crímenes que se cometieron aquí”, concluyó Fernández.

Por: Giorgio Trucchi | LINyM

 

Fuente: COPINH

COPINH se pronuncia ante el juicio contra David Castillo

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El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, la familia de Berta Cáceres y el equipo legal de la causa, ante el inicio del juicio contra el imputado David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, hace del conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

  1. El juicio contra David Castillo debe ser tan solo el inicio del proceso de juzgamiento de las personas involucradas en el crimen, que debe proseguir para quienes son sus jefes, los señores Daniel Atala Midence, Jacobo Atala, Pedro Atala y José Atala.
  2. El asesinato de Berta Cáceres tuvo su origen en los actos de corrupción con los cuales fue otorgada la concesión del sagrado Río Gualcarque. Actos que se exponen en el caso Fraude sobre el Gualcarque del cual el COPINH sigue estando excluido.
  3. La prueba que existe en contra del imputado David Castillo es contundente e irrebatible para comprobar su participación en el crimen contra Berta y otros delitos.
  4. En juicio se comprobarán los ataques y agresiones sistemáticas en contra de Berta Cáceres, la comunidad Lenca y el COPINH como represalia a su labor en la defensa y reivindicación de derechos.
  5. Confiamos en que el resultado de este juicio será una sentencia condenatoria en un proceso que cumpla con todos los estándares del debido proceso.
  6. La búsqueda de justicia para Berta Cáceres es parte del Pacto de la Verdad al que estamos comprometidos y comprometidas ante la existencia de un pacto de impunidad en Honduras.
  7. La verdad que se conocerá contribuirá a romper la barrera de la impunidad sobre los casos de crímenes contra pueblos indígenas, activistas sociales y defensores y defensoras de los bienes de la naturaleza.
  8. Denunciamos, una vez más, la falta de voluntad política del Ministerio Público para el avance en la búsqueda de la justicia integral de la Causa Berta Cáceres.
  9. Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a seguir fortaleciendo las alianzas para la lucha por un sistema de justicia independiente en Honduras y que la Causa Berta Cáceres sea un precedente de verdad y reparación para los pueblos.

Dado a los 6 días del mes de abril de 2021 en la ciudad de Tegucigalpa

TWITAZO Justicia para Berta

🌿Este 2 de Marzo, te invitamos a ser parte de nuestro #Twitazo en exigencia y conmemoración a nuestra compañera #BertaCáceres. 5 años exigiendo la verdadera justicia para Berta y los pueblos.

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🌸#5AñosJuntoABerta

 

Fuente: COPINH

HONDURAS. ¡No olvidamos! ¡Aparición con vida ya!

A seis meses de la desaparición forzada de los jóvenes activistas garífunas.

Este 18 de enero se cumplieron 6 meses de la desaparición forzada de cuatro activistas de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, entre ellos el presidente del patronato Alberth Sneider Centeno, y de una quinta persona.

El 18 de julio del año pasado, hombres fuertemente armados vistiendo uniformes policiales irrumpieron en dicha comunidad. Además de Centeno, los uniformados se llevaron de sus casas a Milton Martínez, Suami Mejía y Gerardo Róchez.

Los cuatro son miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y del Comité de Defensa de las Tierras Triunfeñas. Junior Juárez, la otra persona secuestrada y desaparecida, es un allegado de la comunidad.

De inmediato, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigió a Honduras adoptar todas las medidas necesarias para determinar el paradero de los jóvenes y presentar un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución.

También instó a proteger los derechos a la vida e integridad personal de los habitantes de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.

Por su lado, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas exigió a las autoridades hondureñas “establecer una estrategia integral que incluya un plan de acción para la búsqueda exhaustiva e inmediata y para la investigación imparcial de las desapariciones forzosas”.

El 27 de noviembre, 57 europarlamentarios enviaron una carta al presidente Juan Orlando Hernández y a otras autoridades hondureñas, exigiendo la inmediata aparición con vida de los jóvenes garífunas.

También pidieron el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, que en 2015 ordenó al Estado de Honduras devolver a las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra los territorios sustraídos ilegalmente a raíz de la expansión de monocultivos y la instalación de megaproyectos turísticos.

Seis meses después, los resultados son prácticamente nulos y en Honduras se multiplican los casos de desaparición forzada. Según el Cofadeh[1] son al menos 16 los casos reportados durante el periodo de suspensión de garantías constitucionales por la pandemia de Covid-19.

Impunidad y desprecio

“El Estado de Honduras sigue sin brindar informaciones fehacientes y veraces sobre el paradero de nuestros compañeros.

Los informes que ha presentado son ridículos. No sólo muestran el desinterés de las autoridades ante esta barbaridad, sino que evidencian su complicidad y responsabilidad”, dijo a La Rel, Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh.

Durante una actividad que se realizó este lunes frente a las oficinas del Ministerio Público en Tegucigalpa, la organización garífuna denunció “el desprecio, el racismo y el plan genocida del actual narco-gobierno en contra del pueblo garífuna”[2].

Son al menos 40 los miembros de comunidades garífunas asesinados en los últimos dos años. Otra gran cantidad tuvo que abandonar sus comunidades por las amenazas, la criminalización y la persecución.

Asimismo, son centenares las y los garífunas que se han sumado a las caravanas que a menudo emprenden camino hacia Estados Unidos, huyendo de la miseria, la violencia, la crisis climática y la falta de futuro.

Complicidad del Estado

“Hay toda una política que impulsa el Estado, en contubernio con el gran capital nacional y transnacional, para exterminar a los pueblos indígenas, adueñarse de sus territorios y saquear los bienes comunes.

La desaparición de nuestros compañeros responde a este plan de violencia sistemática y de vaciamiento de territorios. No vamos a parar hasta conocer la verdad y ver castigados a los responsables”, apuntó Miranda.

En este sentido, la Ofraneh demandó la instalación de un Comité independiente de investigación y búsqueda, para dar con el paradero de los jóvenes activistas, llevar los responsables ante la justicia y brindar atención y acompañamiento a los familiares.

“Tenemos derecho a quedarnos en nuestras tierras, a desarrollar nuestra cultura, a construir un mejor futuro”, concluyó la lideresa garífuna.

Notas

[1] Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
[2] Pronunciamiento público Ofraneh https://app.box.com/s/tx1f9igcreojp5vo10rp555nf6h1kpcm

Texto y Fotografía: Por Giorgio Trucchi

Fuente: Rel UITA http://www.rel-uita.org/honduras/no-olvidamos-aparicion-vida-ya/

Fuente: Radio Temblor

Honduras. ¡Aparición con vida, verdad y justicia YA!

En ocasión del Día de los derechos humanos, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) realizó el foro virtual “Desaparición Forzada en Honduras: el caso Triunfo de la Cruz”.

Dentro de pocos días se cumplirán cinco meses de la desaparición forzada de cuatro activistas de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, entre ellos el presidente del patronato Alberth Sneider Centeno, y de una quinta persona.

El 18 de julio, hombres fuertemente armados vistiendo uniformes de la Policía Militar y de la Dirección Policial de Investigaciones irrumpieron en dicha comunidad. Además de Centeno, los uniformados se llevaron de sus casas a Milton Martínez, Suami Mejía y Gerardo Róchez.

Los cuatro son miembros de la Ofraneh y del Comité de Defensa de las Tierras Triunfeñas. Junior Juárez, la otra persona secuestrada y desaparecida, es un allegado de la comunidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigió a Honduras adoptar todas las medidas necesarias para determinar el paradero de los jóvenes y presentar un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución. También instó a proteger los derechos a la vida e integridad personal de los habitantes de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.

Por su lado, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas exigió a las autoridades hondureñas “establecer una estrategia integral que incluya un plan de acción para la búsqueda exhaustiva e inmediata y para la investigación imparcial de las desapariciones forzosas”.

El 27 de noviembre, 57 europarlamentarios enviaron una carta al presidente Hernández ya otras autoridades hondureñas, exigiendo la inmediata aparición con vida de los jóvenes garífunas desaparecidos y el fin de la violencia sistemática e intencional contra el pueblo garífuna.

También pidió el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, que en 2015 ordenó al Estado de Honduras devolver a las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra los territorios sustraídos ilegalmente.

Los resultados son prácticamente inexistentes.

“Vivimos en un país donde hablar de derechos humanos y defender nuestros territorios significa ponerse una soga al cuello. Sneider (Centeno) estaba siendo perseguido y amenazado de muerte. Fue hasta Tegucigalpa a denunciar estos hechos, pero nadie le hizo caso.

Ahora está desaparecido junto a otros compañeros. Nosotros queremos justicia, queremos que nos devuelvan a los muchachos, que se castiguen a los responsables materiales e intelectuales de todas las violaciones, asesinatos y desapariciones.

Basta ya de secuestros, de persecución, de asesinatos por el lucro personal de unos cuantos y el saqueo de la naturaleza”, dijo Pablo ‘Pitio’ Centeno, padre de Sneider Centeno.

De acuerdo con las organizaciones que en octubre pasado, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) al que el Estado de Honduras fue sometido, presentaron un informe alternativo ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, al menos 140 personas defensoras de la tierra y los bienes comunes fueron asesinadas entre 2010 y 2019. También se documentaron 2.137 ataques entre 2016 y 2017.

Asimismo, son 6.265 las mujeres asesinadas entre 2001 y 2018, más de 360 las personas LGBTI que perdieron la vida de forma violenta en la última década, y 86 los periodistas y comunicadores asesinados desde 2001. La impunidad supera el 90% de todos estos casos.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) registró al menos 16 casos de desaparición forzada durante el período de suspensión de garantías constitucionales por la pandemia de Covid-19.

“Reitero lo que siempre he dicho: hay un plan genocida en contra del pueblo garífuna. Se trata de un plan sistemático de represión que se ha venido implementando en los últimos años desde el Estado, con el objetivo de expulsarnos de nuestros territorios y beneficiar a las mafias que controlan y gobiernan Honduras.

Quieren desaparecer a los pueblos para seguir adueñándose de territorios y saqueando bienes comunes. El resultado es que miles de familias siguen yéndose del país. Y es lo que quieren estas mafias: que la gente se vaya y que deje sus territorios en manos de grupos criminales y explotadores extranjeros”, dijo Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh.

La lideresa garífuna recordó que Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos al mundo para quienes defienden la tierra y los bienes comunes.

“Para llevar a cabo este plan sistemático de represión y expulsión, estas mafias (económicas y políticas) necesitan de un sistema judicial colapsado y coludido. Esto explica la total impunidad de tantos crimines y el silencio sobre el paradero de nuestros compañeros.

La Ofraneh sigue siendo criminalizada, perseguida y judicializada porque defendemos los derechos humanos y la vida del pueblo garífuna. Han pasado cinco años de la sentencia de la Corte IDH y no hicieron nada.

Necesitamos transformar este país. Necesitamos construir un país diferente, con futuro para la juventud, donde la gente pueda quedarse a vivir dignamente, y no bajo el yugo de una clase política asesina y saqueadora de las arcas del estado”, agregó Miranda.

Para el doctor Juan Almendares Bonilla no hay que olvidarse un elemento fundamental que caracteriza este contexto de persecución, que es el racismo.

“Aquí en Honduras, estos gobiernos, estas transnacionales, estos imperialismos son racistas. El poder político y económico es racista, excluyente y discriminatorio contra los pueblos originarios”, concluyó.

Por: Giorgio Trucchi |  LINyM

 

Fuente: Radio Temblor