Honduras debe respetar el derecho de las víctimas indígenas a participar en las causas judiciales que les afecten.

(English below)

Las organizaciones abajo firmantes instamos al Estado de Honduras a garantizar y respetar los derechos de las victimas indígenas lencas y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) del proceso penal “Fraude sobre el Gualcarque” en Honduras.

Las audiencias contra 16 funcionarios, acusados de haber otorgado ilegalmente la concesión para operar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) sobre el sagrado río Galcarque se están celebrando sin la participación de personas y comunidades lencas afectadas directamente y su representación legítima, el COPINH.

Berta Cáceres, como fundadora y coordinadora del COPINH denunció las ilegalidades incurridas al otorgar las licencias y permisos. Después de las debidas investigaciones, en marzo de 2019, la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad (UFECIC, ahora UFERCO) presentaron requerimiento contra de 16 funcionarios, entre ellos David Castillo, por delitos contra la administración pública para lograr la explotación del Río Gualcarque, entre estos: delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado.

Aunque al inicio del proceso, el COPINH participó como víctima y como acusación privada, a solicitud de la defensa de los imputados, fue excluido por la Corte de Apelaciones Penal Nacional en materia de Corrupción. En Noviembre de 2019, COPINH presentó amparo para garantizar sus derechos constitucionales de participar en el proceso penal, fue admitido el 23 de enero de 2020 por la Sala de lo Constitucional sin embargo no ha sido resuelto. Ahora, el caso judicial ha avanzado considerablemente y las audiencias de pruebas se desarrollan sin dicha resolución y por ende si participación de las víctimas.

Las demoras del Poder Judicial en responder a las acciones legales en un plazo oportuno están teniendo un impacto negativo para las víctimas y sus derechos constitucionales acceso a la justicia, al debido proceso y derechos fundamentales contemplados en convenciones internacionales en materia de pueblos indígenas para participar en la búsqueda de la justicia.

Requerimos que el Estado de Honduras tome todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, y, en particular, llamamos a resolver prontamente el recurso pendiente y a permitir la participación directa del COPINH y la comunidad de Río Blanco en el caso “Fraude sobre el Gualcarque”.

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Honduras must respect the right of Indigenous Lenca victims to participate in legal cases that affect them
The undersigned organizations demand the reintegration of the Lenca Indigenous victims and the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (COPINH) in the “Fraud on the Gualcarque” criminal proceedings in Honduras.

The hearings against 16 public functionaries, accused of having illegally granted the concession to Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) to operate the Agua Zarca hydroelectric project on the sacred Galcarque River are being held without the participation of the Lenca People from Rio Blanco, who are directly affected by the project, and their legitimate representation, COPINH.

Berta Cáceres, as founder and coordinator of COPINH, denounced the illegalities incurred when the license was granted. After due investigations, in March 2019, the Mission of Support against Corruption and Impunity in Honduras (MACCIH) and the Special Fiscal Unit against Corruption and Impunity (UFECIC, now UFERCO) presented an indictment against 16 public officials, among them David Castillo, for crimes against the public administration to obtain the concession on the Gualcarque River. They were charged with fraud, abuse of authority, violation of the duties of officials, negotiations incompatible with the exercise of public functions, and falsification of documents to the detriment of the State.

Although COPINH began the process as a victim and participated through a private accusation, at the request of the defense, the organization was excluded by the Special Court for Corruption. In November 2019, COPINH presented an injunction (amparo) to guarantee its constitutional and international rights to participate in the criminal process, but it was not until September 2020 that the Constitutional Chamber admitted the legal action. Now, the judicial case has advanced considerably and the evidentiary hearings have proceeded without the participation of the victims due to the lack in response regarding the amparo.

The delays by the judiciary in responding to legal actions in a timely manner are having a negative impact on the victims and their guaranteed rights of access to justice, due process, and fundamental rights under international conventions regarding Indigenous Peoples to participate in the pursuit of justice.

We demand that the State of Honduras take all necessary measures to guarantee the rights of the victims to truth and justice, and in particular, we call for the prompt resolution of the pending amparo and to immediately allow the direct participation of COPINH and the community of Río Blanco in the case “Fraud on the Gualcarque”.

Fuente: COPINH

HONDURAS. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, LA OTRA PANDEMIA

Desde el 15 de marzo, fecha en que se estableció toque de queda por la pandemia de Covid-19, en Honduras fueron asesinadas 94 mujeres. Desde el inicio del año fueron más de 65 mil las llamadas al 911 para denunciar violencia doméstica, intrafamiliar y sexual.

El más reciente informe del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) arroja datos extremadamente preocupantes sobre el impacto que la cuarentena ha tenido en la vida de las mujeres hondureñas.

Hasta el 31 de agosto, el CDM registró 163 muertes violentas de mujeres, 94 de las cuales durante el periodo de aislamiento social. Entre julio y agosto se reportaron 33 femicidios y 15 violaciones sexuales. Mayo, con 29 femicidios, fue el mes más violento para las mujeres.

El Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” señaló que, entre enero y julio de este año, casi 25 mil mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar y más de 33 mil de violencia doméstica.

Asimismo, registró 327 violaciones, 331 intentos de violación y 439 casos de acoso sexual. Abril y mayo fueron los meses más duros para las mujeres hondureñas: 18.578 actos de violencia, es decir casi el 32 por ciento del total (58.688).

Entre enero y agosto, el Sistema Nacional de Emergencias (911) recibió casi 65 mil llamadas para denunciar casos de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual. Durante la cuarentena hubo un aumento del promedio mensual del 16 por ciento.

Aún más alarmantes son los datos que brindó la semana pasada el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).

Según sus estadísticas serían al menos 224 los femicidios en lo que va del año, es decir 28 víctimas mensuales y una damnificada cada 25 horas.

En 2019 fueron 406 las mujeres víctimas de femicidio. El 94 por ciento de las muertes violentas de mujeres quedan en la impunidad.

“El ‘quédate en casa’ nunca fue seguro para la mayoría de mujeres de este país. El Estado debió y debe garantizar medidas de seguridad en contextos de emergencia.

Lamentablemente, frente a un Estado fallido como el de Honduras, el resultado es más violencia y más muertes para las mujeres”, manifiesta el CDM en su informe.

“La violencia intrafamiliar no ha tenido cuarentena y lo que era una problemática ahora es una verdadera emergencia. Es la otra pandemia, de la que nadie habla”, asegura el Movimiento ‘Visitación Padilla’.

Por: Giorgio Trucchi | Rel UITA

Fotografía: Gerardo Iglesias (Artista Efraín Recinos, Guatemala)

 

Fuente: Radio Temblor

COPINH: Defensores de Guapinol y Berta Cáceres reciben nominación por premio Sakharov

Por: Redacción CRITERIO.HN

El Grupo de Izquierda del Parlamento Europeo ha propuesto a la fallecida activista hondureña Berta Cáceres y a los defensores del agua de Guapinol para el Premio Sakharov a la Libertad de Expresión que otorga anualmente el Parlamento Europeo.

Berta Cáceres era una valiente ecologista y defensora de los derechos humanos de la comunidad indígena lenca de Honduras antes de ser asesinada en marzo de 2016. Cáceres fue cofundadora del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras). Durante más de dos décadas se resistió a la apropiación de tierras, a la tala ilegal y a los megaproyectos como los proyectos hidroeléctricos de Agua Zarca, por los que fue asesinada.

Los defensores del medio ambiente de Guapinol*, miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, llevan más de un año detenidos sin cargos y en espera de juicio por protestar contra las acciones de una empresa minera que contaminó los ríos Guapinol y San Pedro. Su proceso judicial ha estado plagado de irregularidades y hay preocupación por su bienestar debido a las condiciones de hacinamiento durante la pandemia.

El eurodiputado Miguel Urbán (Anticapitalistas, España) dijo que la nominación puede llamar la atención sobre sus casos, el imperativo de un trato justo y la necesidad de justicia para las luchas que representan:

«Berta Cáceres y los presos políticos de Guapinol representan a todos los defensores de la tierra y los territorios y los pueblos indígenas. Ejemplifican cómo un Estado y los poderes económicos utilizan redes de complicidad para criminalizar a organizaciones de base como el COPINH y la COPA (Coordinadora de Organizaciones Populares de Guapinol) y asesinar a activistas como Berta Cáceres, en beneficio del capital transnacional.

«Defender la tierra y los territorios es luchar contra las políticas extractivas que el capitalismo internacional ha asignado a Centroamérica. Actuar contra el cambio climático es apoyar y proteger a quienes luchan por su conservación», concluyó Urbán.

*Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, Orbin Naún Hernández, Kevin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Daniel Márquez y Jeremías Martínez Díaz.

fuente: https://criterio.hn/defensores-de-guapinol-y-berta-caceres-reciben-nominacion-por-premio-sakharov/

 

Fuente: COPINH

INFORME: Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética de Honduras: Un Perfil de Roberto David Castillo Mejía

AQUI SE PUEDE DESCARGAR EL INFORME COMPLETO EN INGLES

RESUMEN DEL INFORME:

Roberto David Castillo Mejía es un empresario hondureño, ex funcionario público, graduado de la academia militar estadounidense de West Point y oficial de inteligencia militar hondureña en condición de retiro. “Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética Hondureña: Un perfil de Roberto David Castillo Mejía”, reúne información sobre sus actividades comerciales y casos legales relacionados, incluyendo acusaciones por el asesinato de la defensora de los derechos de los pueblos indígenas, internacionalmente reconocida, Berta Cáceres, y acusaciones de corrupción. En el informe se describen actividades delictivas, incluyendo graves  violaciones de derechos humanos y  actos significativos de corrupción mientras servía como funcionario público. 

Las actividades delictivas descritas en Un Perfil de David Castillo se llevaron a cabo presumiblemente para promover los intereses de las empresas con las que Castillo estaba asociado.   Por lo menos seis compañías fueron constituidas en Honduras, donde los registros corporativos se encuentran repartidos por todo el país en aproximadamente 30 registros distintos. Y al menos dos compañías asociadas con Castillo fueron registradas en Panamá, donde el anonimato de sus accionistas está protegido.  Las dificultades para obtener acceso a los archivos de algunas de las corporaciones, y las leyes que permiten el anonimato de la propiedad en Panamá, hacen extremadamente difícil identificar a los propietarios.  Esto contribuye a que la impunidad sea un obstáculo para la investigación de la responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos.

Aunque múltiples corporaciones aparentemente se han beneficiado de supuestos delitos, aquellos que habrían beneficiado a Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), y a empresas relacionadas, son particularmente graves. Antes de su asesinato el 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres dirigió el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y apoyó a las comunidades indígenas que denunciaron la implementación ilegal del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de DESA en su territorio. Castillo fue gerente general de la empresa DESA en el momento del asesinato y aparentemente continúa en ese cargo a la fecha.

El 2 de marzo de 2018, Castillo fue capturado por el asesinato de Cáceres.  Las pruebas presentadas por los fiscales ante los tribunales hondureños sugieren que Castillo participó en el asesinato de Berta Cáceres como autor intelectual, presuntamente coordinando y proporcionando fondos a los autores materiales y  con el fin de llevar a cabo el asesinato.  Castillo ha sido acusado y el caso sigue en la fase preliminar del proceso; no se ha detenido a ningún otro autor intelectual del crimen.

La evidencia sugiere que el asesinato de Berta Cáceres fue parte de un patrón de violencia, corrupción, intimidación, enjuiciamiento malicioso e impunidad orquestado por Castillo junto a otros en DESA, quienes parecen haber funcionado como una estructura criminal.  La evidencia admitida en Honduras vs. Douglas Bustillo y otros sugiere que Castillo, sus asociados y empleados en DESA obtuvieron el apoyo de instituciones clave del gobierno hondureño, utilizando influencias indebidas en el Ministerio de Seguridad, la policía, las fuerzas armadas y el poder judicial hondureño, aparentemente para avanzar en los esfuerzos de intimidar, perseguir y neutralizar a Berta Cáceres y a la oposición del COPINH al proyecto Agua Zarca.

Un Perfil de David Castillo destaca la preocupación por las aparentes conexiones entre Producción de Energía Solar y Demás Renovables S.A. de C.V. (PRODERSSA) y la organización narcotraficante y violenta conocida como Los Cachiros.  Aunque es imposible determinar quién es el propietario de PEMSA (Panamá), PEMSA asumió la propiedad de una compañía de energía hondureña, PRODERSSA, fundada por abogados que según los fiscales hondureños, administraban los activos de Los Cachiro en ese momento.  La transferencia de la propiedad de PRODERSSA a PEMSA ocurrió pocos meses antes de que los líderes de Los Cachiros se rindieran a la DEA, lo que despierta la preocupación de que PEMSA pudiera actuar como un holding para ocultar los activos de Los Cachiro.  Castillo era el representante legal de PEMSA,empresa propietaria de una gran parte de DESA.

El Acuerdo de Compra de Energía (PPA) de PRODERSSA con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) fue adjudicado apenas 12 días antes de que el presidente hondureño Porfirio Lobo dejara su cargo. Un líder de los Cachiros testificó ante cortes de los Estados Unidos que sobornó a Lobo a cambio de contratos favorables a las compañías que poseía.  Esto eleva la preocupación de que el PPA de PRODERSSA pueda haber sido otorgado mediante actos de corrupción. 

Las empresas de reciente creación vinculadas con Castillo recibieron contratos de instituciones  estatales para las que Castillo trabajó.  Al parecer, estas empresas tenían poca o ninguna experiencia pertinente o capital de origen transparente.  Esto incluye un PPA en poder de DESA que según los fiscales hondureños, fue negociado fraudulentamente con la ENEE para proporcionar condiciones indebidamente favorables para DESA.

Instituciones financieras internacionales parcialmente propiedad de gobiernos extranjeros como Noruega, Holanda y Finlandia, así como bancos multilaterales de desarrollo como el Banco Mundial, en el que Estados Unidos tiene una participación significativa han financiado estos proyectos.  Algunos de estos bancos e inversionistas internacionales continúan beneficiándose de inversiones en compañías con licencias y contratos estatales cuestionables.  En el caso de DESA, algunos bancos de desarrollo cancelaron el financiamiento, sin embargo, DESA aparentemente sigue teniendo licencias y contratos para el desarrollo del Proyecto Agua Zarca.

Castillo ha sido objeto de sanciones administrativas por acciones que podrían ser consideradas corrupción criminal.  El Tribunal Superior de Cuentas de Honduras determinó que la empresa de informática propiedad de Castillo vendía equipos a las Fuerzas Armadas a precios inflados y que Castillo también recibía ilegalmente un doble salario del gobierno mientras era oficial militar y empleado de la ENEE.

La Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) ha iniciado una investigación sobre posibles sobornos vinculados a las negociaciones de la ENEE con la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht. La prensa hondureña informa que Castillo formó parte del equipo que negoció los contratos con Odebrecht, incluso viajando a Brasil, en representación del estado hondureño.

Las investigaciones detalladas en Un Perfil de David Castillo abren una ventana sobre las actividades de personas presuntamente involucradas en actividades delictivas y violaciones de los derechos humanos que benefician a las empresas, que al parecer han recibido apoyo de inversores internacionales y bancos multilaterales de desarrollo.

El informe destaca la precaria situación de los derechos humanos en Honduras y muestra cómo las concesiones para explotar los recursos naturales – especialmente cuando se hacen a empresas con conexiones a redes criminales peligrosas – a menudo impactan profunda y negativamente a las comunidades circundantes. Esto a menudo conduce a conflictos que ponen a los defensores comunitarios de los derechos humanos en un riesgo extremo.

El Perfil de David Castillo insta a la comunidad internacional a hacer un llamado al gobierno hondureño para que proteja a los defensores de los derechos humanos, luchar contra la corrupción y la impunidad, e insta a que se impida la participación de actores estatales en violaciones de derechos humanos. También establece una serie de recomendaciones relativas a la financiación internacional para el desarrollo.

Fuente: COPINH

Las que no olvidan: mujeres y organizaciones que buscan a desaparecidas en Honduras

Más de 3037 mujeres fueron reportadas como desaparecidas en Honduras en los últimos 12 años, según datos del Ministerio Público (MP). Del estado de las denuncias se conoce poco, pero los datos revelan que las mujeres son blanco de delitos como trata de personas, secuestro y explotación sexual comercial, que pueden estar ligados a su desaparición. Ante la ausencia de información y protocolos, mujeres organizadas en el país se dedican a buscar y presionar a las instituciones para obtener respuestas y que las desaparecidas no queden en el olvido.

TextoVienna Herrera

Ilustraciones: Margarita Figueroa

Visualización de datos: Carmen Quintela/ Agencia Ocote

Las familias que han reportado a mujeres desaparecidas en Honduras han acudido a Martha antes de buscar a las autoridades competentes para poner la denuncia. 

Cuando Martha no está vendiendo frutas y verduras, está ayudando a personas de su comunidad desde el comité de familiares de migrantes de desaparecidos del que forma parte desde hace 20 años. Vive en una aldea del departamento de Francisco Morazán, en la zona centro de Honduras. Ahí no solo recibe denuncias de mujeres que perdieron contacto con sus familias en su ruta migratoria, también ha acompañado casos de mujeres víctimas de otros delitos, como la trata de personas.

Hablamos con Martha afuera de su casa. Tiene miedo de contar públicamente los casos que ha acompañado, por eso no la llamamos por su verdadero nombre. «A veces me siento bien dañada psicológicamente porque no es fácil, he tenido casos muy difíciles que no les puedo contar ni a mi familia porque no los puedo involucrar también», dice casi en un susurro cuando su nieta se aparece en silencio durante la entrevista. Pide que se la lleven, no quiere que escuche las historias que tiene para contar.

Martha ha buscado a mujeres secuestradas, a víctimas de trata de personas y de explotación sexual comercial. Por esto ha recibido amenazas y asegura no sentirse segura de denunciarlo a las autoridades. 

«A veces quisiera tener la capacidad de poder ir y hacer la búsqueda completa por mi cuenta. Uno a veces les entrega toda la información (a las autoridades) para localizar a las víctimas porque a veces mandan pistas de dónde están, pero ni así», dice Martha. Hasta ahora, ha trabajado alrededor de 70 casos de desaparición de mujeres en su comunidad. 

En Honduras el Estado no habla de desapariciones, no existe una institución específica que atienda este tema y todas las denuncias se concentran en la fiscalía y la Policía Nacional.

Los datos del MP registran que se presentaron 3037 denuncias de mujeres reportadas como desaparecidas entre 2008 y 2019. Aún así, no hay mucha información al respecto sobre el seguimiento de los casos. «En cuanto al estado de las denuncias referidas no es pertinente la entrega de la misma por encontrarse en etapa investigativa, considerada bajo reserva», señala el MP en la respuesta a una solicitud de acceso a la información realizada por Contracorriente. La vocería del MP tampoco atendió a una entrevista sobre el tema.

Los registros de la Policía y la lucha contra los estereotipos

Es común que a las mujeres se les culpe de sus propias desapariciones. El Foro de Mujeres por la Vida, una plataforma de organizaciones que da acompañamiento a casos de violencia contra las mujeres (violencia doméstica, femicidios y desapariciones), cuenta que han encontrado casos en los que las autoridades se niegan a darle seguimiento a las denuncias.

Aunque sean menores de edad, en algunos lugares se normaliza que las niñas se vayan con un adulto que dice ser su pareja. Así fue uno de los casos que llevó el Foro. «Hay toda una normalización de esta situación, aunque la mamá y el papá denunciaron que (ese hombre) se la había llevado y reportaron que no es la primera niña que se lleva, las instituciones dijeron que no podían hacer nada porque ella había decidido irse», dice Karol Bobadilla, representante del Foro de Mujeres por la Vida.

Este delito se conocía como rapto en el Código Penal de 1983 y se sancionaba con 3 a 6 años de prisión. El nuevo Código que entró en vigencia en junio de 2020 no menciona este delito o uno similar. Entre 2009 y 2019, ingresaron al Poder Judicial 285 casos por el delito de rapto. Casi todos los imputados eran hombres y las víctimas, mujeres. 

Bobadilla, asegura que incluso cuando conocen información del paradero de las víctimas, la Policía se ha negado a seguir el caso. «Descubrimos que la niña estaba en un pueblo de Santa Bárbara, la Policía no quiso moverse. Interpusimos la denuncia formal y aún después de mucho tiempo, la niña no ha regresado y se sabe dónde está. Los papás han querido acercarse, la familia también y ella no habla, no dice nada. Ellos (la Policía) dicen que como no dice nada, ella quiere estar ahí. Son las trabas con las que nos encontramos porque como institución no podemos ir a allanar una casa», añade.

Los registros de denuncias de desapariciones en la Policía Nacional desde 2011 hasta 2020 revelan que la mayoría de los casos son menores de edad y en aquellos en que los familiares dieron información sobre lo que creían que les había pasado, su principal sospecha era que se habían ido con alguna pareja, en muchos casos un hombre mayor.

La base de datos de la Policía Nacional registró 383 denuncias por desapariciones de mujeres desde 2011 hasta abril de 2020, la mayoría son de Francisco Morazán. Todas las denuncias aparecen activas, inician y finalizan a la hora que se colocó la denuncia en el sistema, además señala que la mayoría de las desaparecidas se encuentran entre 13 a 17 años.

Este es el relato de los hechos de acuerdo a una de las denuncias de la base de datos de la PNH: «Manifiesta la denunciante que el día 04-02-2016 a las 19:30:00 me encontraba en mi casa de habitación, cuando mi hija xxxx de 13 años salió a comprar a la pulpería y mi otra hija de 10 años me dijo que la última vez que la vio estaba con xxxx de 22 años, el cual es un joven que enamoraba a mi hija, y desde ese día hasta hoy 06-02-02-2016 a las 12:07:00, no sé nada de ella por lo que interpongo la denuncia para su investigación».

De 2671 casos a nivel mundial registrados en Interpol hasta la publicación de este texto, 444 son de mujeres hondureñas. Este registro se conoce como notificaciones amarillas y se publica para localizar a víctimas de rapto por uno de los progenitores, retenciones, secuestros o desapariciones inexplicadas.

Contracorriente contactó al comisario de Policía Héctor Caballero Velásquez, quien es jefe de la división de Interpol Honduras y también es parte de la Dirección Policial de Investigación (DPI) para profundizar sobre cómo reciben las denuncias y por qué no hay un registro del seguimiento de los casos, pero este no respondió.

Crearon su propio protocolo para buscar desaparecidas

La falta de información sobre las denuncias por desaparición de mujeres no permite saber con precisión las causas. Actualmente el único protocolo que existe para las denuncias de desaparición en Honduras es la Alerta Amber, que solo contempla localizar a menores secuestrados o desaparecidos. La ley que contiene esta alerta fue aprobada en 2015, pero aún no se ha implementado por la falta de un reglamento.

Para Martha, la ausencia de un protocolo representa una dificultad, pues las denuncias solo son recibidas por las autoridades y pocas veces han tenido un seguimiento. Esto ha provocado que las mismas familias se dediquen a buscar a las mujeres por su cuenta. Por ejemplo, cuando conocen casos de mujeres que salieron de Honduras en la ruta migratoria, explica Martha, han logrado ubicarlas con la ayuda de organizaciones en otros países. Pero también ha llevado casos en donde las mujeres han sido víctimas de explotación sexual comercial y laboral dentro del país, después de ser engañadas con ofertas de trabajo. 

Información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) señala que el 64 % de las personas de la comunidad donde reside Martha, viven en pobreza. También indica que en este lugar la principal actividad laboral es la agricultura y ganadería. Martha, por ejemplo, se dedica a vender frutas y verduras en frente de su casa, pero dice que no ha podido hacerlo desde que inició la cuarentena por la pandemia por COVID-19. Muchas familias intentan sobrevivir en una crisis económica ahora agravada. 

La mayoría de las denuncias por desapariciones de mujeres registradas en la fiscalía se encuentran en la zona norte del país. Solo en el departamento de Cortés, el MP registró 1216 casos. Los demás departamentos no llegan ni a la mitad de esa cifra.

En esa zona se encuentra el Foro de Mujeres por la Vida. Esta plataforma es la que más experiencia ha tenido con las desapariciones en el país. Su caso más emblemático es el de Norma Hernández, en 2010. Norma formaba parte de una de las organizaciones que pertenecen al Foro. Tenía una hija de apenas 40 días de nacida, a quien se encontraba amamantado, cuando varios hombres con pasamontañas y armados se la llevaron argumentando que lo hacían bajo orden del MP.

Hoy nadie conoce de su paradero, pero su caso y las diferentes negligencias investigativas documentadas en el proceso hicieron que el Foro de Mujeres por la Vida realizara un protocolo para atender casos de desaparición forzada de mujeres. El protocolo lleva el nombre de Norma y esperan que algún día se apruebe y se comience a utilizar oficialmente. 

El documento detalla aspectos que analizan las posibilidades de que la desaparición de una mujer esté ligada a su género. También explica cómo se debe reaccionar según el posible delito que las víctimas podrían estar sufriendo, así como el lugar y el contenido que deben registrar todas las denuncias. Este documento también menciona las acciones legales y de investigación que deben seguir las autoridades, especialmente si la mujer es encontrada muerta o no se ha dado con su paradero, además de cómo abordar a los familiares para evitar la revictimización. 

Karol Bobadilla explica que en Honduras «no hay una institución o fiscalía de desaparecidos, como sucede en otros países, donde van todos esos casos y que ahí sepan cómo proceder, cómo investigar, como hacer en ese primer momento, cuando llega una persona a denunciar por su familiar desaparecido. La mayoría de los casos se diluyen en bastantes instituciones y utilizan criterios bastante vagos para poder hacerlo».

Bobadilla señala que la revictimización es una de las mayores dificultades que enfrentan en estos casos. «A la hermana de Norma le ha tocado dar el mismo testimonio 4 veces porque la fiscalía lo ha perdido, el año pasado, que se capturó a una persona por el caso, tocó que la familia volviera a revivir todo para volver a apuntar lo que sucedió». 

Añade que también existe otro vacío de ley, identificado a raíz del caso de Norma, que tenía hijas menores de edad al momento de la desaparición. «No hay procedimientos para establecer que una persona se encuentra desaparecida en trámites civiles para la patria potestad, o un seguro de vida. La única opción es declarar una muerte presunta, lo que es revictimización. En países como México hay una ley especial donde establecen un protocolo distinto porque el estar desaparecida es como un estado civil», explica.

Las redes de trata de personas, un riesgo mayor para las mujeres

La situación de desigualdad y pobreza en la que vive la mayoría de las comunidades en Honduras provoca que muchas mujeres decidan emprender la ruta migratoria. Y desaparecen en el camino. En otros casos han sido víctimas de explotación sexual comercial y laboral, después de ser engañadas con ofertas de trabajo. 

«Una joven a la que tuvimos la posibilidad de recuperar, (los tratantes) ya sabían todo de ella y cuando se escapó, la vinieron a buscar. La perseguían y no sé qué más ha pasado, la familia quizás por temor no me puede decir dónde está, solo que anda huyendo. Sé que otras no han podido escapar de la red de trata», cuenta Martha.

La mujer explica que ha acompañado a familiares de mujeres que se encontraban retenidas en redes de trata en Tegucigalpa, luego de que en las comunidades cercanas las fueran a reclutar bajo la idea de conseguirles trabajo. «Ya estando allá, las prostituyen. La situación en el país está difícil y muchas veces pasa que los padres dejan que sus hijas vayan a trabajar y al final resulta que lo que buscan es venderlas. Ocurren bastantes casos cerca de estas zonas», señala. 

Aunque no hay información oficial sobre las investigaciones en casos de desapariciones de mujeres, existen algunos delitos que involucran la desaparición previa o momentánea. Información del Ministerio Público recopilada por el Foro de Mujeres por la Vida señala que entre 2016 y 2018 hubo 1707 mujeres víctimas de rapto, secuestro, trata y tráfico de personas, tortura y bajo privación injusta de la libertad. La mayoría de estas mujeres eran menores de edad. 

Por otro lado, información que el Poder Judicial le entregó a Contracorriente revela que de 2008 a 2020 se abrieron 12 casos por tráfico de personas, 58 por privación injusta de la libertad y 103 por secuestro, en donde las víctimas eran mujeres. La información añade que los acusados también fueron juzgados por delitos como violación, actos de lujuria, robo, amenazas y posesión ilegal de armas.

Alex Mairena, investigador de la Dirección Policial de Investigación (DPI), asignado a la Unidad de Delitos Especiales, lleva 8 años trabajando contra la trata de personas. En su experiencia, dice que muchas veces estas bandas de trata son internacionales y se interconectan con grupos que operan en otros países. 

Mairena recuerda haber llevado un caso de 8 mujeres que fueron engañadas con una oferta de trabajo en Belice donde supuestamente serían meseras, pero en realidad las llevaban para explotación sexual comercial. Una de las víctimas logró escapar y denunciar. «Identificamos una banda que operaba en Honduras y un tratante que operaba en Belice. Ellos las reclutaban aquí y las trasladaban. Entre las rescatadas había 2 menores de edad», señala Mairena, añadiendo que su unidad comenzó a investigar a los tratantes en Honduras y que fueron sentenciados. «La mayoría de ellas (las mujeres rescatadas) eran personas que estaban con necesidad de un trabajo, decepcionadas de un sistema colapsado», añade Mairena. 

Esta información también la señala la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (Cicesct). En su informe de 2019, explican que la mayoría de las víctimas nacionales proviene de contextos de desigualdad, pobreza y de entornos de alta vulnerabilidad social. «Honduras es un país de origen y tránsito para los delitos de trata de personas y explotación sexual comercial. Se han encontrado víctimas hondureñas en Belice y en España que llegaron bajo ofertas fraudulentas de trabajo o en busca de mejores condiciones de vida», señalan.

«La mayoría son víctimas de explotación sexual, captadas a través de redes sociales, medios de comunicación escritos con falsas promesas de trabajo, falsas amistades, falsos noviazgos, mediante el uso de amenazas y aprovechando la vulnerabilidad de personas desempleadas», añade el informe.

La Cicesct dice que ha rescatado a 582 mujeres víctimas de trata entre 2015 y 2019. La mayoría era víctima de explotación sexual y pornografía infantil. Entre 2015 y 2017, los 3 años que los informes revelan datos de la ubicación donde fueron rescatadas, mencionan que la mayor parte ocurrió en los departamentos de El Paraíso y Francisco Morazán, pero no indican los lugares de procedencia de las víctimas. 

«Para poder documentar los casos pueden pasar hasta un año en el proceso de recolección de pruebas porque para poder desarticular una red de trata hay que demostrar con documentos los delitos, con técnicas especiales de investigación. Lo que lo dificulta es que muchas veces las víctimas no quieren declarar», añade Mairena. 

Por este tipo de casos, Martha ha tenido que cambiar de celular al menos 3 veces. Explica que una de las mayores dificultades es que quienes están detrás de secuestrar a las mujeres tienen mucho conocimiento previo de la zona, de dónde viven y de sus familias. Por eso las mujeres que lograron escapar no pueden volver a sus comunidades.

En otra comunidad no muy lejana a la de Martha, vive Fidelina Ávila. Esta mujer ha dedicado 20 años de su vida a la Red de Mujeres Contra la Violencia en Marcala, La Paz, dando acompañamiento a mujeres víctimas de diferentes violencias, sobre todo las relacionadas con delitos sexuales. Ávila es una mujer indígena lenca, como la mayoría de mujeres que atiende en la red, y cuenta que ha tenido que trabajar desde abajo, en contra del machismo tan arraigado culturalmente en sus comunidades. 

«Por el patrón cultural a ellas les cuesta denunciar también. Antes ellas tomaban normal que el hombre las sometiera a cualquier tipo de violencia y poco a poco muchas mujeres han logrado salir», explica. 

Para Ávila lo más difícil de su trabajo es enfrentar a las autoridades, que muchas veces alargan los procesos y esto implica que los familiares de las víctimas «denuncian, pero desisten porque no hay un sistema que les dé una respuesta rápida. Siempre miran los problemas de las mujeres como en último grado».

Cerca de la zona donde Fidelina trabaja, hace 4 años las autoridades detuvieron a una persona que se encargaba de una red de trata de menores que operaba como un «buscador de talentos» mayormente en zonas rurales y escuelas. Eso le permitió tener acceso a muchas menores. Una persona que se dedicó a investigar el caso, que prefirió no dar su nombre, dijo a este medio que al acusado le encontraron pruebas en vídeo de más de 100 menores abusadas.

«Él estaba documentando, era como para verificar si pasaba o no la prueba, les decía “vamos a hacer este vídeo y vamos a ver qué tal va”, más para justificarle a las víctimas que realmente estaban haciendo un trabajo. Las autoridades le dieron seguimiento a una conexión vía nacional o internacional con una red, pero el caso quedó ahí porque se judicializó, no lo investigaron más a fondo», menciona el investigador, quien pidió anonimato.

«Si es así como se trabaja, es bastante complicado llegar realmente a parar esta situación de la violencia y trata de personas en el país», añade la persona que se dedicó a investigar el caso. Este trabajo tuvo repercusiones en su vida: «Fui amenazado, perseguido, secuestrado. Fui perseguido por unos 3 años, fue un momento bastante difícil».

La abogada Elsy Liliana Reyes, delegada de la Región Centro-Oriente del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), manifiesta que muchas familias que presentan denuncias tienen temor de dar información porque hay alguna amenaza previa y solicitan medidas de protección de la Secretaría de Seguridad. Datos de Conadeh indican que del 2014 a la fecha, recibieron 32 quejas interpuestas por mujeres. De estas, 11 tienen como víctima desaparecida a una mujer o niña.

«En la mayoría de los casos de mujeres es desaparición a secas que puede ser privación injusta de la libertad, pero por parte de terceros. Rara vez hemos registrado casos de mujeres víctimas de desaparición forzada, que es cuando hay participación de elementos de seguridad del Estado, que la persona fue detenida y luego no aparece», añade Reyes.

Reyes explica que en casos de desapariciones de mujeres se les hace seguimiento a las investigaciones de las autoridades competentes: «solicitamos registros migratorios, verificamos si ingresó a algún hospital, si la han encontrado en la morgue…». 

De la desaparición al femicidio

Isa Alvarado, vocera de la Dirección General de Medicina Forense del Ministerio Público, dice que, en un país tan violento como Honduras, las familias que llegan a buscar a desaparecidos primero buscan su cuerpo y por último denuncian a la Policía o hacen la búsqueda en hospitales. 

Para poder realizar la búsqueda en La Morgue, las personas deben portar su identidad original y copia, llevar foto reciente de la persona desaparecida y recordar la última vez que fue vista y la ropa y pertenencias que portaba ese día. 

En varias ocasiones las desapariciones de mujeres también están ligadas a femicidios. El Foro de Mujeres por la Vida, a través de un monitoreo de medios, identificó que en 2019 el 15 % de las mujeres fueron reportadas desaparecidas antes de encontrarlas asesinadas. 

Un caso muy conocido se dio en 2014 cuando desapareció María José Alvarado, quien era Señorita Honduras Mundo, junto a su hermana Sofía. Los cuerpos de ambas fueron encontrados 6 días después en una tumba clandestina en Santa Bárbara.

«Este hecho sacudió a toda la sociedad hondureña, sobre todo porque, posteriormente, la investigación reflejó detalles sobre la dinámica de los hechos. Además de identificar al novio de Sofía Alvarado como autor intelectual y material de los hechos (…), dada la presión internacional y de las organizaciones de derechos humanos de mujeres, el sistema judicial respondió con relativa eficacia», señala un informe del Foro de Mujeres por la Vida.

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Martha dice que para ella lo más difícil de tener que atender a familiares desesperados y que a veces solo puede ayudar, dándoles apoyo emocional y darles fuerzas. «Esa mamá está pendiente esperando una llamada de su hija y me dicen “a veces no apago el celular porque me parece que va a llamar” y no es tan fácil. A veces sus mismos familiares les dicen que dejen de intentar, que si no se comunica es porque no quiere y eso es muy difícil para quienes sí las buscan». 

Si algo digno ha brotado de esta situación es la articulación de mujeres que están dispuestas a no darse por vencidas. A pesar de todas las dificultades Martha dice: «Pienso que la lucha no está perdida, ya 20 años en esto y sé que no ha sido todo en vano, seguiremos luchando por lograr lo que queremos: que las familias se encuentren o al menos, que tengan una respuesta».

*Con reportes de Lizz Gabriela Mejía y fotografías de referencia de Martín Cálix

*“Estación del silencio” es un proyecto transnacional coordinado
por Agencia Ocote que investiga y reflexiona sobre las violencias contra
las mujeres en Mesoamérica. Este texto es parte de la primera entrega
sobre femicidios, en las que participan: 
Agencia Ocote (Guatemala), elFaro (El Salvador)y ContraCorriente (Honduras).

Con el financiamiento de Foundation for a Just Society, y el apoyo de Oak Foundation y Fondo Centroamericano de Mujeres

 

Fuente: Contra Corriente