HONDURAS. ¡No olvidamos! ¡Aparición con vida ya!

A seis meses de la desaparición forzada de los jóvenes activistas garífunas.

Este 18 de enero se cumplieron 6 meses de la desaparición forzada de cuatro activistas de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, entre ellos el presidente del patronato Alberth Sneider Centeno, y de una quinta persona.

El 18 de julio del año pasado, hombres fuertemente armados vistiendo uniformes policiales irrumpieron en dicha comunidad. Además de Centeno, los uniformados se llevaron de sus casas a Milton Martínez, Suami Mejía y Gerardo Róchez.

Los cuatro son miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y del Comité de Defensa de las Tierras Triunfeñas. Junior Juárez, la otra persona secuestrada y desaparecida, es un allegado de la comunidad.

De inmediato, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigió a Honduras adoptar todas las medidas necesarias para determinar el paradero de los jóvenes y presentar un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución.

También instó a proteger los derechos a la vida e integridad personal de los habitantes de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.

Por su lado, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas exigió a las autoridades hondureñas “establecer una estrategia integral que incluya un plan de acción para la búsqueda exhaustiva e inmediata y para la investigación imparcial de las desapariciones forzosas”.

El 27 de noviembre, 57 europarlamentarios enviaron una carta al presidente Juan Orlando Hernández y a otras autoridades hondureñas, exigiendo la inmediata aparición con vida de los jóvenes garífunas.

También pidieron el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, que en 2015 ordenó al Estado de Honduras devolver a las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra los territorios sustraídos ilegalmente a raíz de la expansión de monocultivos y la instalación de megaproyectos turísticos.

Seis meses después, los resultados son prácticamente nulos y en Honduras se multiplican los casos de desaparición forzada. Según el Cofadeh[1] son al menos 16 los casos reportados durante el periodo de suspensión de garantías constitucionales por la pandemia de Covid-19.

Impunidad y desprecio

“El Estado de Honduras sigue sin brindar informaciones fehacientes y veraces sobre el paradero de nuestros compañeros.

Los informes que ha presentado son ridículos. No sólo muestran el desinterés de las autoridades ante esta barbaridad, sino que evidencian su complicidad y responsabilidad”, dijo a La Rel, Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh.

Durante una actividad que se realizó este lunes frente a las oficinas del Ministerio Público en Tegucigalpa, la organización garífuna denunció “el desprecio, el racismo y el plan genocida del actual narco-gobierno en contra del pueblo garífuna”[2].

Son al menos 40 los miembros de comunidades garífunas asesinados en los últimos dos años. Otra gran cantidad tuvo que abandonar sus comunidades por las amenazas, la criminalización y la persecución.

Asimismo, son centenares las y los garífunas que se han sumado a las caravanas que a menudo emprenden camino hacia Estados Unidos, huyendo de la miseria, la violencia, la crisis climática y la falta de futuro.

Complicidad del Estado

“Hay toda una política que impulsa el Estado, en contubernio con el gran capital nacional y transnacional, para exterminar a los pueblos indígenas, adueñarse de sus territorios y saquear los bienes comunes.

La desaparición de nuestros compañeros responde a este plan de violencia sistemática y de vaciamiento de territorios. No vamos a parar hasta conocer la verdad y ver castigados a los responsables”, apuntó Miranda.

En este sentido, la Ofraneh demandó la instalación de un Comité independiente de investigación y búsqueda, para dar con el paradero de los jóvenes activistas, llevar los responsables ante la justicia y brindar atención y acompañamiento a los familiares.

“Tenemos derecho a quedarnos en nuestras tierras, a desarrollar nuestra cultura, a construir un mejor futuro”, concluyó la lideresa garífuna.

Notas

[1] Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
[2] Pronunciamiento público Ofraneh https://app.box.com/s/tx1f9igcreojp5vo10rp555nf6h1kpcm

Texto y Fotografía: Por Giorgio Trucchi

Fuente: Rel UITA http://www.rel-uita.org/honduras/no-olvidamos-aparicion-vida-ya/

Fuente: Radio Temblor

Honduras. ¡Aparición con vida, verdad y justicia YA!

En ocasión del Día de los derechos humanos, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) realizó el foro virtual “Desaparición Forzada en Honduras: el caso Triunfo de la Cruz”.

Dentro de pocos días se cumplirán cinco meses de la desaparición forzada de cuatro activistas de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, entre ellos el presidente del patronato Alberth Sneider Centeno, y de una quinta persona.

El 18 de julio, hombres fuertemente armados vistiendo uniformes de la Policía Militar y de la Dirección Policial de Investigaciones irrumpieron en dicha comunidad. Además de Centeno, los uniformados se llevaron de sus casas a Milton Martínez, Suami Mejía y Gerardo Róchez.

Los cuatro son miembros de la Ofraneh y del Comité de Defensa de las Tierras Triunfeñas. Junior Juárez, la otra persona secuestrada y desaparecida, es un allegado de la comunidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) exigió a Honduras adoptar todas las medidas necesarias para determinar el paradero de los jóvenes y presentar un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución. También instó a proteger los derechos a la vida e integridad personal de los habitantes de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.

Por su lado, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas exigió a las autoridades hondureñas “establecer una estrategia integral que incluya un plan de acción para la búsqueda exhaustiva e inmediata y para la investigación imparcial de las desapariciones forzosas”.

El 27 de noviembre, 57 europarlamentarios enviaron una carta al presidente Hernández ya otras autoridades hondureñas, exigiendo la inmediata aparición con vida de los jóvenes garífunas desaparecidos y el fin de la violencia sistemática e intencional contra el pueblo garífuna.

También pidió el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH, que en 2015 ordenó al Estado de Honduras devolver a las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra los territorios sustraídos ilegalmente.

Los resultados son prácticamente inexistentes.

“Vivimos en un país donde hablar de derechos humanos y defender nuestros territorios significa ponerse una soga al cuello. Sneider (Centeno) estaba siendo perseguido y amenazado de muerte. Fue hasta Tegucigalpa a denunciar estos hechos, pero nadie le hizo caso.

Ahora está desaparecido junto a otros compañeros. Nosotros queremos justicia, queremos que nos devuelvan a los muchachos, que se castiguen a los responsables materiales e intelectuales de todas las violaciones, asesinatos y desapariciones.

Basta ya de secuestros, de persecución, de asesinatos por el lucro personal de unos cuantos y el saqueo de la naturaleza”, dijo Pablo ‘Pitio’ Centeno, padre de Sneider Centeno.

De acuerdo con las organizaciones que en octubre pasado, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) al que el Estado de Honduras fue sometido, presentaron un informe alternativo ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, al menos 140 personas defensoras de la tierra y los bienes comunes fueron asesinadas entre 2010 y 2019. También se documentaron 2.137 ataques entre 2016 y 2017.

Asimismo, son 6.265 las mujeres asesinadas entre 2001 y 2018, más de 360 las personas LGBTI que perdieron la vida de forma violenta en la última década, y 86 los periodistas y comunicadores asesinados desde 2001. La impunidad supera el 90% de todos estos casos.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) registró al menos 16 casos de desaparición forzada durante el período de suspensión de garantías constitucionales por la pandemia de Covid-19.

“Reitero lo que siempre he dicho: hay un plan genocida en contra del pueblo garífuna. Se trata de un plan sistemático de represión que se ha venido implementando en los últimos años desde el Estado, con el objetivo de expulsarnos de nuestros territorios y beneficiar a las mafias que controlan y gobiernan Honduras.

Quieren desaparecer a los pueblos para seguir adueñándose de territorios y saqueando bienes comunes. El resultado es que miles de familias siguen yéndose del país. Y es lo que quieren estas mafias: que la gente se vaya y que deje sus territorios en manos de grupos criminales y explotadores extranjeros”, dijo Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh.

La lideresa garífuna recordó que Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos al mundo para quienes defienden la tierra y los bienes comunes.

“Para llevar a cabo este plan sistemático de represión y expulsión, estas mafias (económicas y políticas) necesitan de un sistema judicial colapsado y coludido. Esto explica la total impunidad de tantos crimines y el silencio sobre el paradero de nuestros compañeros.

La Ofraneh sigue siendo criminalizada, perseguida y judicializada porque defendemos los derechos humanos y la vida del pueblo garífuna. Han pasado cinco años de la sentencia de la Corte IDH y no hicieron nada.

Necesitamos transformar este país. Necesitamos construir un país diferente, con futuro para la juventud, donde la gente pueda quedarse a vivir dignamente, y no bajo el yugo de una clase política asesina y saqueadora de las arcas del estado”, agregó Miranda.

Para el doctor Juan Almendares Bonilla no hay que olvidarse un elemento fundamental que caracteriza este contexto de persecución, que es el racismo.

“Aquí en Honduras, estos gobiernos, estas transnacionales, estos imperialismos son racistas. El poder político y económico es racista, excluyente y discriminatorio contra los pueblos originarios”, concluyó.

Por: Giorgio Trucchi |  LINyM

 

Fuente: Radio Temblor

JUNTAS SOMOS MÁS FUERTES: IMAGINARIOS COLECTIVOS Y PRÁCTICAS COMUNITARIAS DESDE EL BUEN VIVIR

Modera: Judith Muñoz Saavedra (investigadora y docente chilena, residente en Barcelona)

Participan: Ivonne Ramos (Acción Ecológica – Ecuador) Dunia Maheli Sánches (COPINH – Honduras) Bárbara Astudillo (Ecofeminista – Provincia de Petorca – Chile) Mª Ángeles Fernández (Pikara Magazine – Estado español)

Dunia Sánchez Las mujeres del COPINH llevamos un proceso largo de empoderamiento dentro de la organización y seguimos defendiendo los ríos y territorios con nuestras comunidades frente al extractivismo

ENCUENTROS INTERNACIONALES Diálogos feministas y ecologistas: justicia social y ambiental para (re)conocer saberes, acciones y experiencias que garanticen vidas dignas 1, 2 y 3 de diciembre de 2020

Fuente: COPINH

Honduras. “Firmes en la lucha por la vida, la verdad y la justicia”

Este 30 de noviembre, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) cumplió 38 años de lucha incansable e indeclinable por la verdad, la justicia, la no repetición y contra la impunidad.

“Estos 38 años representan la esencia de la permanencia constante en esa búsqueda colectiva de verdad y justicia, articulándonos para organizar y empoderar a la población en la defensa de sus derechos humanos y convertirla en implementadora y demandante de los mismos. Como Cofadeh tenemos la autoridad moral para decir que nos hemos mantenido firmes y en resistencia desde que nacimos, fieles a nuestros principios, apuntando siempre nuestro dedo hacia los responsables de los crímenes de lesa humanidad”, dijo a La Rel, Bertha Oliva, coordinadora de Cofadeh.

La histórica defensora de derechos humanos recordó que la lucha es contra “un sistema de injusticia que es estructural”, y que solamente “articulando la colectividad” se podrá sacar a Honduras a flote.

“Cofadeh surge y hunde sus raíces en el pueblo, en el dolor por las violaciones de derechos humanos, por la práctica oprobiosa de la desaparición forzada como política de estado, por las ejecuciones sumarias de la oposición y los liderazgos políticos y sociales.

Cofadeh está enraizado en la legitimidad de sus demandas y en la acción junto al pueblo, consciente que trabajar por la verdad y la justicia siempre ha significado enfrentarse a un poder político y económico criminal, con articulaciones internacionales diseñadas desde Washington”, aseguró Oliva.

Son varios los desafíos a los que se enfrenta Cofadeh de cara al futuro.

“Uno de los grandes desafíos es mantener la relación y profundizar la articulación con las organizaciones y movimientos hermanos, tanto a nivel nacional como internacional.

Además, queremos tener más fortaleza y capacidad para denunciar el sistema de injusticia en que vivimos, y los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas bajo las órdenes de la dictadura”.
Pretenden reducir la historia a cenizas

Fortalecer cada vez más la memoria histórica es otro de los grandes desafíos que tiene Cofadeh.

“Los ataques contra la memoria histórica y la verdad son permanentes. Hace dos semanas, desconocidos saquearon y quemaron la ‘casa del terror’ de Amarateca[1], justo cuando nos aproximamos al proceso de rescate y restauración.

Lo que pretenden hacer es reducir la historia a cenizas. Esto demuestra que las estructuras de terror están intactas y siguen acechándonos”, advirtió la defensora de derechos humanos.

Oliva denunció también que, tanto ella como la presidenta de Cofadeh, sufrieron recientemente el incendio de algunas de sus propiedades.

“Hagan lo que hagan, no vamos a desistir de nuestros objetivos porque nuestro camino está diseñado desde hace 38 años. No hay forma de que retrocedamos.

Vamos a continuar con la reivindicación y construcción de la memoria histórica, para que sea el legado que le vamos a dejar a este pueblo”, concluyó.

Notas
[1] Uno de los lugares más tenebrosos donde cientos de personas fueron torturadas, ultrajadas, asesinadas, desaparecidas, y está siendo rescatado por Cofadeh para convertirlo en Museo de la Memoria.

Por: Giorgio Trucchi | Rel UITA

 

Fuente: Radio Temblor

Letter in Support of OFRANEH and the Garifuna Communities in Honduras / Carta en Apoyo de OFRANEH y las Comunidades Garífunas en Honduras

*Español abajo

— From the Honduras Solidarity Network, following the leadership of OFRANEH and Garifuna communities in Honduras, we call on international organizations to sign this statement demanding the return of Snider Centeno, Suami Mejía, Milton Martínez, Gerardo Rochez and Junior Juárez, disappeared over 3 months ago, and an end to violence against Garifuna communities in Honduras. This letter will be delivered to Honduran, U.S. and Canadian authorities, so we ask that you add your signature by midnight on Wednesday, November 4. —

It’s been over 3 months since the forced disappearance of 5 men – 4 Afro-indigenous Garifuna and another man visiting from Belize – from the community of Triunfo de la Cruz, Honduras. Their families, their communities, and the Black Fraternal Organization (OFRANEH) continue to demand information of their whereabouts and demand that the Honduran state comply with requests from the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) regarding information about the alleged state investigation and protection for the family members and Garifuna communities at risk.

In the early morning on July 18, 2020, a large number of armed men in Investigative Police Directorate (DPI) vests, kidnapped the men at gunpoint from their homes. The men were handcuffed then driven out of the community and never seen again.

For over three months, the Honduran regime has done next to nothing to find the missing men. To make matters even worse, the Honduran government has involved the DPI in the investigations, ignoring strong allegations that the DPI themselves were involved in the forced disappearances and have a history of serious human rights abuses. This has deepened fear in the Garifuna communities and the broader Honduran population, undermined any small attempts to carry out any sort of investigation into the disappearances, and made clear that the Honduran government is NOT taking this incident and its contextual factors, seriously.

The Honduran government is not interested in carrying out a thorough investigation or revealing the details of what happened on and after July 18, 2020. This is likely because the Honduran state has long been implicated not only in targeting land defenders, journalists, lawyers, and indigenous leaders, but also is controlled by interests of organized criminal structures that proliferate relentless corruption and wide-spread impunity. The US-backed 2009 coup d’état further entrenched this pattern, which for the Garifuna in Honduras, expanded systemic land dispossession, threats, murder, and institutional racism.

Since the July 18th forced disappearances in Triunfo de la Cruz, Juan Orlando Hernandez (JOH) has largely ignored the Inter-American Court of Human Rights resolutions regarding the forced disappearances and related contextual land issues. For example, the Honduran government ignored the September 28th deadline set by a September 2nd IACHR resolution requesting a “complete report” about the investigation of the forced disappearances, the results, and how the Garifuna communities’ rights are being protected. This state response comes in addition to the complete disregard and failure to comply with the IACHR final rulings issued on October 2, 2015 in favor of the Garifuna communities of Triunfo de la Cruz and Punto Piedra. This 2015 ruling required the government to implement a program of reparations and actions to correct the government violations of the territorial and indigenous rights of the Garifuna communities.

Instead of meeting their international obligations and implementing their pro-human rights rhetoric, the regime of JOH has instead stepped up the attacks on Garifuna communities and the Black Fraternal Organization of Honduras (OFRANEH). This latest escalation began in 2018 and intensified in 2019 with numerous assassinations of members of OFRANEH and Garifuna leaders across the coastal territories, and it continues today.

Responsibility for these attacks and the July 18th kidnapping lies squarely on the Honduran government and its security forces who are intertwined with organized crime and the agro-business and mega-tourism interests, all working towards the displacement of the Garifuna from their ancestral territory. It is the state’s responsibility to investigate and prosecute state and non-state actors involved in the forced disappearances as well as implement mechanisms to protect indigenous and communities’ rights, cultural and physical integrity, and ancestral land use and possession.

We, the undersigned organizations, join with international and Honduran voices supporting OFRANEH and the Garifuna communities in Honduras. We condemn the outrageous violence and harassment against the communities and their leaders. We hold the Honduran regime of Juan Orlando Hernandez and the state’s security apparatus directly responsible for the crimes against humanity and violations of Afro-indigenous Garifuna rights.

We further hold responsible the governments of the United States and Canada for their strong support for the dictatorship in Honduras and for the companies and investors involved in the tourism, energy, and agro-business projects that are threatening the Garifuna people and their survival.

We support and demand:

1. The alive return of Alberth Sneider Centeno, Milton Martinez, Suami Mejia, and Gerardo Trochez, kidnapped and disappeared from Triunfo de la Cruz on July 18, 2020.
2. The formation of the Multidisciplinary Investigative Team proposed by OFRANEH in order to carry out a serious and thorough investigation of the forced disappearances and all contextual factors in order to bring to justice those who planned and authorized the crime as well as those who directly carried it out.
3. Compliance with the 2015 resolution of the Inter-American Court of Human Rights in the case of Garífuna Communities Triunfo de la Cruz and Punta Piedra vs. Honduras.
4. Compliance with the October 2020 order of the IACHR Secretariat that the Honduran government investigate the July 18th kidnappings and provide a complete report.
5. The immediate end to all harassment and violence against OFRANEH, Garifuna leaders, and all Garifuna communities in Honduras.
6. That the campaign and violence to dispossess the Garifuna communities from their lands end immediately, and their rights to their ancestral territory be respected.
7. An end to impunity for crimes against humanity, for all violence against the Garifuna people and justice for all victims.

– – – Español – – –

— Desde la Red de Solidaridad con Honduras, siguiendo el liderazgo de OFRANEH y de las comunidades Garífuna en Honduras, hacemos un llamado a organizaciones internacionales para que firmen esta declaración exigiendo la aparicion con vida de Snider Centeno, Suami Mejía, Milton Martínez, Gerardo Rochez y Junior Juárez, desaparecidos hace más de 3 meses por probables elementos de la policía hondureña, y el fin de la violencia contra las comunidades Garífunas en Honduras. Esta carta será entregada a las autoridades hondureñas, estadounidenses y canadienses, por lo que les pedimos que añadan su firma antes de la medianoche del miércoles 4 de noviembre. —

Han pasado más de 3 meses desde la desaparición forzada de 5 hombres – 4 afro-indígenas garífunas y otro hombre de visita de Belice – de la comunidad de Triunfo de la Cruz, Honduras. Sus familias, sus comunidades y la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) continúan exigiendo información sobre su paradero, demandan al Estado hondureño que cumpla con las solicitudes de información de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto a la supuesta investigación estatal, y a la protección de los familiares y comunidades garífunas en riesgo.

En la madrugada del 18 de julio de 2020, un grupo de hombres armados con chalecos de la Dirección de Policía de Investigaciones (DPI), secuestraron a los hombres a punta de pistola en sus casas. Los hombres fueron esposados, sacados de la comunidad y desaparecidos.

Durante más de tres meses, el régimen hondureño no ha hecho casi nada para encontrar a los hombres desaparecidos. Para empeorar las cosas, el gobierno ha involucrado a la DPI en las investigaciones ignorando las acusaciones que involucran a la institución en las desapariciones forzadas y su historial de graves abusos contra los derechos humanos. Esto ha profundizado el temor en las comunidades garífunas y en la población hondureña en general, ha socavado cualquier pequeño intento de llevar a cabo cualquier tipo de investigación sobre las desapariciones, y ha dejado claro que el gobierno hondureño NO está tomando en serio este incidente y sus factores contextuales.

El gobierno hondureño no está interesado en llevar a cabo una investigación exhaustiva ni en revelar los detalles de lo que ocurrió el 18 de julio de 2020 los días posteriores a esa fecha. Esto es probable porque el Estado ha estado implicado durante mucho tiempo no sólo en atacar a los defensores de la tierra, periodistas, abogados y líderes indígenas, sino que también ha estado controlado por los intereses de las estructuras del crimen organizado que proliferan la corrupción implacable y la impunidad generalizada. El golpe de Estado de 2009, respaldado por los Estados Unidos, afianzó aún más esta pauta que para los garífunas de Honduras profundizó el despojo sistemático de tierras, las amenazas, el asesinato y el racismo institucional.

Desde las desapariciones forzadas del 18 de julio en Triunfo de la Cruz, Juan Orlando Hernández (JOH) ha ignorado en gran medida las resoluciones de la Corte IDH relativas a las desapariciones forzadas y las cuestiones contextuales relacionadas con la tierra. Por ejemplo, el gobierno hondureño ignoró el plazo del 28 de septiembre, establecido por una resolución de la Corte IDH del 2 de septiembre, en la que se solicitaba un informe completo sobre la investigación de las desapariciones forzadas, los resultados, y cómo se están protegiendo los derechos de las comunidades garífunas. La omisión del Estado se suma al total desconocimiento e incumplimiento de las resoluciones finales de la Corte IDH del 2 de octubre de 2015 a favor de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz y Punto Piedra. El fallo de 2015 exige al gobierno la implementación de un programa de reparaciones y acciones para corregir las violaciones gubernamentales de los derechos territoriales e indígenas de las comunidades garífunas.

En lugar de cumplir con sus obligaciones internacionales y aplicar su retórica a favor de los derechos humanos, el régimen de JOH ha intensificado los ataques contra las comunidades garífunas y OFRANEH. La última escalada de violencia comenzó en 2018 y se intensificó en 2019 con numerosos asesinatos de miembros de OFRANEH y dirigentes garífunas en los territorios costeros. Esta violencia continúa hasta el día de hoy.

La responsabilidad de estos ataques y de la desaparición forzada del 18 de julio recae directamente en el gobierno hondureño y sus fuerzas de seguridad, las cuales están entrelazados con el crimen organizado, y los intereses de agronegocios y el mega-turismo, todos ellos trabajando para el desplazamiento de los Garifunas de su territorio ancestral. Es responsabilidad del Estado investigar y enjuiciar a los agentes estatales y particulares implicados en las desapariciones forzadas, así como aplicar mecanismos para proteger los derechos de las comunidades afro-indígenas e indígenas, la integridad cultural y física, y el uso y la posesión ancestrales de la tierra.

Las organizaciones abajo firmantes nos unimos a las voces internacionales y hondureñas que apoyan a OFRANEH y a las comunidades garífunas de Honduras. Condenamos la escandalosa violencia y el acoso contra las comunidades y sus líderes. Responsabilizamos directamente al régimen hondureño de Juan Orlando Hernández y al aparato de seguridad del Estado por los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de los derechos de los garífunas afro-indígenas.

También responsabilizamos a los gobiernos de los Estados Unidos y el Canadá por su firme apoyo a la dictadura en Honduras, y a las empresas e inversores implicados en los proyectos turísticos, energéticos y agroindustriales que amenazan al pueblo garífuna y su supervivencia.

Apoyamos y exigimos:

1. La aparición con vida de Alberth Snider Centeno, Milton Martinez, Suami Mejía y Gerardo Trochez, secuestrados y desaparecidos en Triunfo de la Cruz el 18 de julio de 2020.
2. La formación del Equipo Multidisciplinario de Investigación propuesto por OFRANEH para llevar a cabo una investigación seria y exhaustiva de las desapariciones forzadas y de todos los factores contextuales para llevar ante la justicia a los que planearon y autorizaron el crimen, así como a quienes que lo llevaron a cabo directamente.
3. Cumplimiento de la resolución de 2015 de la CIDH en el caso de las Comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra vs. Honduras.
4. Cumplimiento de la orden de octubre de 2020 de la Secretaría de la Corte IDH que exige al gobierno hondureño la investigación de los secuestros del 18 de julio y proporcione un informe completo.
5. El cese inmediato de todo el acoso y la violencia contra OFRANEH, los líderes garífunas y todas las comunidades garífunas de Honduras.
6. Que la campaña y la violencia para despojar a las comunidades garífunas de sus tierras terminen inmediatamente, y que se respeten sus derechos sobre su territorio ancestral.
7. Que se ponga fin a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, a toda la violencia contra el pueblo garífuna y que se haga justicia a todas las víctimas.