INFORME: Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética de Honduras: Un Perfil de Roberto David Castillo Mejía

AQUI SE PUEDE DESCARGAR EL INFORME COMPLETO EN INGLES

RESUMEN DEL INFORME:

Roberto David Castillo Mejía es un empresario hondureño, ex funcionario público, graduado de la academia militar estadounidense de West Point y oficial de inteligencia militar hondureña en condición de retiro. “Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética Hondureña: Un perfil de Roberto David Castillo Mejía”, reúne información sobre sus actividades comerciales y casos legales relacionados, incluyendo acusaciones por el asesinato de la defensora de los derechos de los pueblos indígenas, internacionalmente reconocida, Berta Cáceres, y acusaciones de corrupción. En el informe se describen actividades delictivas, incluyendo graves  violaciones de derechos humanos y  actos significativos de corrupción mientras servía como funcionario público. 

Las actividades delictivas descritas en Un Perfil de David Castillo se llevaron a cabo presumiblemente para promover los intereses de las empresas con las que Castillo estaba asociado.   Por lo menos seis compañías fueron constituidas en Honduras, donde los registros corporativos se encuentran repartidos por todo el país en aproximadamente 30 registros distintos. Y al menos dos compañías asociadas con Castillo fueron registradas en Panamá, donde el anonimato de sus accionistas está protegido.  Las dificultades para obtener acceso a los archivos de algunas de las corporaciones, y las leyes que permiten el anonimato de la propiedad en Panamá, hacen extremadamente difícil identificar a los propietarios.  Esto contribuye a que la impunidad sea un obstáculo para la investigación de la responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos.

Aunque múltiples corporaciones aparentemente se han beneficiado de supuestos delitos, aquellos que habrían beneficiado a Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), y a empresas relacionadas, son particularmente graves. Antes de su asesinato el 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres dirigió el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y apoyó a las comunidades indígenas que denunciaron la implementación ilegal del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de DESA en su territorio. Castillo fue gerente general de la empresa DESA en el momento del asesinato y aparentemente continúa en ese cargo a la fecha.

El 2 de marzo de 2018, Castillo fue capturado por el asesinato de Cáceres.  Las pruebas presentadas por los fiscales ante los tribunales hondureños sugieren que Castillo participó en el asesinato de Berta Cáceres como autor intelectual, presuntamente coordinando y proporcionando fondos a los autores materiales y  con el fin de llevar a cabo el asesinato.  Castillo ha sido acusado y el caso sigue en la fase preliminar del proceso; no se ha detenido a ningún otro autor intelectual del crimen.

La evidencia sugiere que el asesinato de Berta Cáceres fue parte de un patrón de violencia, corrupción, intimidación, enjuiciamiento malicioso e impunidad orquestado por Castillo junto a otros en DESA, quienes parecen haber funcionado como una estructura criminal.  La evidencia admitida en Honduras vs. Douglas Bustillo y otros sugiere que Castillo, sus asociados y empleados en DESA obtuvieron el apoyo de instituciones clave del gobierno hondureño, utilizando influencias indebidas en el Ministerio de Seguridad, la policía, las fuerzas armadas y el poder judicial hondureño, aparentemente para avanzar en los esfuerzos de intimidar, perseguir y neutralizar a Berta Cáceres y a la oposición del COPINH al proyecto Agua Zarca.

Un Perfil de David Castillo destaca la preocupación por las aparentes conexiones entre Producción de Energía Solar y Demás Renovables S.A. de C.V. (PRODERSSA) y la organización narcotraficante y violenta conocida como Los Cachiros.  Aunque es imposible determinar quién es el propietario de PEMSA (Panamá), PEMSA asumió la propiedad de una compañía de energía hondureña, PRODERSSA, fundada por abogados que según los fiscales hondureños, administraban los activos de Los Cachiro en ese momento.  La transferencia de la propiedad de PRODERSSA a PEMSA ocurrió pocos meses antes de que los líderes de Los Cachiros se rindieran a la DEA, lo que despierta la preocupación de que PEMSA pudiera actuar como un holding para ocultar los activos de Los Cachiro.  Castillo era el representante legal de PEMSA,empresa propietaria de una gran parte de DESA.

El Acuerdo de Compra de Energía (PPA) de PRODERSSA con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) fue adjudicado apenas 12 días antes de que el presidente hondureño Porfirio Lobo dejara su cargo. Un líder de los Cachiros testificó ante cortes de los Estados Unidos que sobornó a Lobo a cambio de contratos favorables a las compañías que poseía.  Esto eleva la preocupación de que el PPA de PRODERSSA pueda haber sido otorgado mediante actos de corrupción. 

Las empresas de reciente creación vinculadas con Castillo recibieron contratos de instituciones  estatales para las que Castillo trabajó.  Al parecer, estas empresas tenían poca o ninguna experiencia pertinente o capital de origen transparente.  Esto incluye un PPA en poder de DESA que según los fiscales hondureños, fue negociado fraudulentamente con la ENEE para proporcionar condiciones indebidamente favorables para DESA.

Instituciones financieras internacionales parcialmente propiedad de gobiernos extranjeros como Noruega, Holanda y Finlandia, así como bancos multilaterales de desarrollo como el Banco Mundial, en el que Estados Unidos tiene una participación significativa han financiado estos proyectos.  Algunos de estos bancos e inversionistas internacionales continúan beneficiándose de inversiones en compañías con licencias y contratos estatales cuestionables.  En el caso de DESA, algunos bancos de desarrollo cancelaron el financiamiento, sin embargo, DESA aparentemente sigue teniendo licencias y contratos para el desarrollo del Proyecto Agua Zarca.

Castillo ha sido objeto de sanciones administrativas por acciones que podrían ser consideradas corrupción criminal.  El Tribunal Superior de Cuentas de Honduras determinó que la empresa de informática propiedad de Castillo vendía equipos a las Fuerzas Armadas a precios inflados y que Castillo también recibía ilegalmente un doble salario del gobierno mientras era oficial militar y empleado de la ENEE.

La Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) ha iniciado una investigación sobre posibles sobornos vinculados a las negociaciones de la ENEE con la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht. La prensa hondureña informa que Castillo formó parte del equipo que negoció los contratos con Odebrecht, incluso viajando a Brasil, en representación del estado hondureño.

Las investigaciones detalladas en Un Perfil de David Castillo abren una ventana sobre las actividades de personas presuntamente involucradas en actividades delictivas y violaciones de los derechos humanos que benefician a las empresas, que al parecer han recibido apoyo de inversores internacionales y bancos multilaterales de desarrollo.

El informe destaca la precaria situación de los derechos humanos en Honduras y muestra cómo las concesiones para explotar los recursos naturales – especialmente cuando se hacen a empresas con conexiones a redes criminales peligrosas – a menudo impactan profunda y negativamente a las comunidades circundantes. Esto a menudo conduce a conflictos que ponen a los defensores comunitarios de los derechos humanos en un riesgo extremo.

El Perfil de David Castillo insta a la comunidad internacional a hacer un llamado al gobierno hondureño para que proteja a los defensores de los derechos humanos, luchar contra la corrupción y la impunidad, e insta a que se impida la participación de actores estatales en violaciones de derechos humanos. También establece una serie de recomendaciones relativas a la financiación internacional para el desarrollo.

Fuente: COPINH

Las que no olvidan: mujeres y organizaciones que buscan a desaparecidas en Honduras

Más de 3037 mujeres fueron reportadas como desaparecidas en Honduras en los últimos 12 años, según datos del Ministerio Público (MP). Del estado de las denuncias se conoce poco, pero los datos revelan que las mujeres son blanco de delitos como trata de personas, secuestro y explotación sexual comercial, que pueden estar ligados a su desaparición. Ante la ausencia de información y protocolos, mujeres organizadas en el país se dedican a buscar y presionar a las instituciones para obtener respuestas y que las desaparecidas no queden en el olvido.

TextoVienna Herrera

Ilustraciones: Margarita Figueroa

Visualización de datos: Carmen Quintela/ Agencia Ocote

Las familias que han reportado a mujeres desaparecidas en Honduras han acudido a Martha antes de buscar a las autoridades competentes para poner la denuncia. 

Cuando Martha no está vendiendo frutas y verduras, está ayudando a personas de su comunidad desde el comité de familiares de migrantes de desaparecidos del que forma parte desde hace 20 años. Vive en una aldea del departamento de Francisco Morazán, en la zona centro de Honduras. Ahí no solo recibe denuncias de mujeres que perdieron contacto con sus familias en su ruta migratoria, también ha acompañado casos de mujeres víctimas de otros delitos, como la trata de personas.

Hablamos con Martha afuera de su casa. Tiene miedo de contar públicamente los casos que ha acompañado, por eso no la llamamos por su verdadero nombre. «A veces me siento bien dañada psicológicamente porque no es fácil, he tenido casos muy difíciles que no les puedo contar ni a mi familia porque no los puedo involucrar también», dice casi en un susurro cuando su nieta se aparece en silencio durante la entrevista. Pide que se la lleven, no quiere que escuche las historias que tiene para contar.

Martha ha buscado a mujeres secuestradas, a víctimas de trata de personas y de explotación sexual comercial. Por esto ha recibido amenazas y asegura no sentirse segura de denunciarlo a las autoridades. 

«A veces quisiera tener la capacidad de poder ir y hacer la búsqueda completa por mi cuenta. Uno a veces les entrega toda la información (a las autoridades) para localizar a las víctimas porque a veces mandan pistas de dónde están, pero ni así», dice Martha. Hasta ahora, ha trabajado alrededor de 70 casos de desaparición de mujeres en su comunidad. 

En Honduras el Estado no habla de desapariciones, no existe una institución específica que atienda este tema y todas las denuncias se concentran en la fiscalía y la Policía Nacional.

Los datos del MP registran que se presentaron 3037 denuncias de mujeres reportadas como desaparecidas entre 2008 y 2019. Aún así, no hay mucha información al respecto sobre el seguimiento de los casos. «En cuanto al estado de las denuncias referidas no es pertinente la entrega de la misma por encontrarse en etapa investigativa, considerada bajo reserva», señala el MP en la respuesta a una solicitud de acceso a la información realizada por Contracorriente. La vocería del MP tampoco atendió a una entrevista sobre el tema.

Los registros de la Policía y la lucha contra los estereotipos

Es común que a las mujeres se les culpe de sus propias desapariciones. El Foro de Mujeres por la Vida, una plataforma de organizaciones que da acompañamiento a casos de violencia contra las mujeres (violencia doméstica, femicidios y desapariciones), cuenta que han encontrado casos en los que las autoridades se niegan a darle seguimiento a las denuncias.

Aunque sean menores de edad, en algunos lugares se normaliza que las niñas se vayan con un adulto que dice ser su pareja. Así fue uno de los casos que llevó el Foro. «Hay toda una normalización de esta situación, aunque la mamá y el papá denunciaron que (ese hombre) se la había llevado y reportaron que no es la primera niña que se lleva, las instituciones dijeron que no podían hacer nada porque ella había decidido irse», dice Karol Bobadilla, representante del Foro de Mujeres por la Vida.

Este delito se conocía como rapto en el Código Penal de 1983 y se sancionaba con 3 a 6 años de prisión. El nuevo Código que entró en vigencia en junio de 2020 no menciona este delito o uno similar. Entre 2009 y 2019, ingresaron al Poder Judicial 285 casos por el delito de rapto. Casi todos los imputados eran hombres y las víctimas, mujeres. 

Bobadilla, asegura que incluso cuando conocen información del paradero de las víctimas, la Policía se ha negado a seguir el caso. «Descubrimos que la niña estaba en un pueblo de Santa Bárbara, la Policía no quiso moverse. Interpusimos la denuncia formal y aún después de mucho tiempo, la niña no ha regresado y se sabe dónde está. Los papás han querido acercarse, la familia también y ella no habla, no dice nada. Ellos (la Policía) dicen que como no dice nada, ella quiere estar ahí. Son las trabas con las que nos encontramos porque como institución no podemos ir a allanar una casa», añade.

Los registros de denuncias de desapariciones en la Policía Nacional desde 2011 hasta 2020 revelan que la mayoría de los casos son menores de edad y en aquellos en que los familiares dieron información sobre lo que creían que les había pasado, su principal sospecha era que se habían ido con alguna pareja, en muchos casos un hombre mayor.

La base de datos de la Policía Nacional registró 383 denuncias por desapariciones de mujeres desde 2011 hasta abril de 2020, la mayoría son de Francisco Morazán. Todas las denuncias aparecen activas, inician y finalizan a la hora que se colocó la denuncia en el sistema, además señala que la mayoría de las desaparecidas se encuentran entre 13 a 17 años.

Este es el relato de los hechos de acuerdo a una de las denuncias de la base de datos de la PNH: «Manifiesta la denunciante que el día 04-02-2016 a las 19:30:00 me encontraba en mi casa de habitación, cuando mi hija xxxx de 13 años salió a comprar a la pulpería y mi otra hija de 10 años me dijo que la última vez que la vio estaba con xxxx de 22 años, el cual es un joven que enamoraba a mi hija, y desde ese día hasta hoy 06-02-02-2016 a las 12:07:00, no sé nada de ella por lo que interpongo la denuncia para su investigación».

De 2671 casos a nivel mundial registrados en Interpol hasta la publicación de este texto, 444 son de mujeres hondureñas. Este registro se conoce como notificaciones amarillas y se publica para localizar a víctimas de rapto por uno de los progenitores, retenciones, secuestros o desapariciones inexplicadas.

Contracorriente contactó al comisario de Policía Héctor Caballero Velásquez, quien es jefe de la división de Interpol Honduras y también es parte de la Dirección Policial de Investigación (DPI) para profundizar sobre cómo reciben las denuncias y por qué no hay un registro del seguimiento de los casos, pero este no respondió.

Crearon su propio protocolo para buscar desaparecidas

La falta de información sobre las denuncias por desaparición de mujeres no permite saber con precisión las causas. Actualmente el único protocolo que existe para las denuncias de desaparición en Honduras es la Alerta Amber, que solo contempla localizar a menores secuestrados o desaparecidos. La ley que contiene esta alerta fue aprobada en 2015, pero aún no se ha implementado por la falta de un reglamento.

Para Martha, la ausencia de un protocolo representa una dificultad, pues las denuncias solo son recibidas por las autoridades y pocas veces han tenido un seguimiento. Esto ha provocado que las mismas familias se dediquen a buscar a las mujeres por su cuenta. Por ejemplo, cuando conocen casos de mujeres que salieron de Honduras en la ruta migratoria, explica Martha, han logrado ubicarlas con la ayuda de organizaciones en otros países. Pero también ha llevado casos en donde las mujeres han sido víctimas de explotación sexual comercial y laboral dentro del país, después de ser engañadas con ofertas de trabajo. 

Información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) señala que el 64 % de las personas de la comunidad donde reside Martha, viven en pobreza. También indica que en este lugar la principal actividad laboral es la agricultura y ganadería. Martha, por ejemplo, se dedica a vender frutas y verduras en frente de su casa, pero dice que no ha podido hacerlo desde que inició la cuarentena por la pandemia por COVID-19. Muchas familias intentan sobrevivir en una crisis económica ahora agravada. 

La mayoría de las denuncias por desapariciones de mujeres registradas en la fiscalía se encuentran en la zona norte del país. Solo en el departamento de Cortés, el MP registró 1216 casos. Los demás departamentos no llegan ni a la mitad de esa cifra.

En esa zona se encuentra el Foro de Mujeres por la Vida. Esta plataforma es la que más experiencia ha tenido con las desapariciones en el país. Su caso más emblemático es el de Norma Hernández, en 2010. Norma formaba parte de una de las organizaciones que pertenecen al Foro. Tenía una hija de apenas 40 días de nacida, a quien se encontraba amamantado, cuando varios hombres con pasamontañas y armados se la llevaron argumentando que lo hacían bajo orden del MP.

Hoy nadie conoce de su paradero, pero su caso y las diferentes negligencias investigativas documentadas en el proceso hicieron que el Foro de Mujeres por la Vida realizara un protocolo para atender casos de desaparición forzada de mujeres. El protocolo lleva el nombre de Norma y esperan que algún día se apruebe y se comience a utilizar oficialmente. 

El documento detalla aspectos que analizan las posibilidades de que la desaparición de una mujer esté ligada a su género. También explica cómo se debe reaccionar según el posible delito que las víctimas podrían estar sufriendo, así como el lugar y el contenido que deben registrar todas las denuncias. Este documento también menciona las acciones legales y de investigación que deben seguir las autoridades, especialmente si la mujer es encontrada muerta o no se ha dado con su paradero, además de cómo abordar a los familiares para evitar la revictimización. 

Karol Bobadilla explica que en Honduras «no hay una institución o fiscalía de desaparecidos, como sucede en otros países, donde van todos esos casos y que ahí sepan cómo proceder, cómo investigar, como hacer en ese primer momento, cuando llega una persona a denunciar por su familiar desaparecido. La mayoría de los casos se diluyen en bastantes instituciones y utilizan criterios bastante vagos para poder hacerlo».

Bobadilla señala que la revictimización es una de las mayores dificultades que enfrentan en estos casos. «A la hermana de Norma le ha tocado dar el mismo testimonio 4 veces porque la fiscalía lo ha perdido, el año pasado, que se capturó a una persona por el caso, tocó que la familia volviera a revivir todo para volver a apuntar lo que sucedió». 

Añade que también existe otro vacío de ley, identificado a raíz del caso de Norma, que tenía hijas menores de edad al momento de la desaparición. «No hay procedimientos para establecer que una persona se encuentra desaparecida en trámites civiles para la patria potestad, o un seguro de vida. La única opción es declarar una muerte presunta, lo que es revictimización. En países como México hay una ley especial donde establecen un protocolo distinto porque el estar desaparecida es como un estado civil», explica.

Las redes de trata de personas, un riesgo mayor para las mujeres

La situación de desigualdad y pobreza en la que vive la mayoría de las comunidades en Honduras provoca que muchas mujeres decidan emprender la ruta migratoria. Y desaparecen en el camino. En otros casos han sido víctimas de explotación sexual comercial y laboral, después de ser engañadas con ofertas de trabajo. 

«Una joven a la que tuvimos la posibilidad de recuperar, (los tratantes) ya sabían todo de ella y cuando se escapó, la vinieron a buscar. La perseguían y no sé qué más ha pasado, la familia quizás por temor no me puede decir dónde está, solo que anda huyendo. Sé que otras no han podido escapar de la red de trata», cuenta Martha.

La mujer explica que ha acompañado a familiares de mujeres que se encontraban retenidas en redes de trata en Tegucigalpa, luego de que en las comunidades cercanas las fueran a reclutar bajo la idea de conseguirles trabajo. «Ya estando allá, las prostituyen. La situación en el país está difícil y muchas veces pasa que los padres dejan que sus hijas vayan a trabajar y al final resulta que lo que buscan es venderlas. Ocurren bastantes casos cerca de estas zonas», señala. 

Aunque no hay información oficial sobre las investigaciones en casos de desapariciones de mujeres, existen algunos delitos que involucran la desaparición previa o momentánea. Información del Ministerio Público recopilada por el Foro de Mujeres por la Vida señala que entre 2016 y 2018 hubo 1707 mujeres víctimas de rapto, secuestro, trata y tráfico de personas, tortura y bajo privación injusta de la libertad. La mayoría de estas mujeres eran menores de edad. 

Por otro lado, información que el Poder Judicial le entregó a Contracorriente revela que de 2008 a 2020 se abrieron 12 casos por tráfico de personas, 58 por privación injusta de la libertad y 103 por secuestro, en donde las víctimas eran mujeres. La información añade que los acusados también fueron juzgados por delitos como violación, actos de lujuria, robo, amenazas y posesión ilegal de armas.

Alex Mairena, investigador de la Dirección Policial de Investigación (DPI), asignado a la Unidad de Delitos Especiales, lleva 8 años trabajando contra la trata de personas. En su experiencia, dice que muchas veces estas bandas de trata son internacionales y se interconectan con grupos que operan en otros países. 

Mairena recuerda haber llevado un caso de 8 mujeres que fueron engañadas con una oferta de trabajo en Belice donde supuestamente serían meseras, pero en realidad las llevaban para explotación sexual comercial. Una de las víctimas logró escapar y denunciar. «Identificamos una banda que operaba en Honduras y un tratante que operaba en Belice. Ellos las reclutaban aquí y las trasladaban. Entre las rescatadas había 2 menores de edad», señala Mairena, añadiendo que su unidad comenzó a investigar a los tratantes en Honduras y que fueron sentenciados. «La mayoría de ellas (las mujeres rescatadas) eran personas que estaban con necesidad de un trabajo, decepcionadas de un sistema colapsado», añade Mairena. 

Esta información también la señala la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (Cicesct). En su informe de 2019, explican que la mayoría de las víctimas nacionales proviene de contextos de desigualdad, pobreza y de entornos de alta vulnerabilidad social. «Honduras es un país de origen y tránsito para los delitos de trata de personas y explotación sexual comercial. Se han encontrado víctimas hondureñas en Belice y en España que llegaron bajo ofertas fraudulentas de trabajo o en busca de mejores condiciones de vida», señalan.

«La mayoría son víctimas de explotación sexual, captadas a través de redes sociales, medios de comunicación escritos con falsas promesas de trabajo, falsas amistades, falsos noviazgos, mediante el uso de amenazas y aprovechando la vulnerabilidad de personas desempleadas», añade el informe.

La Cicesct dice que ha rescatado a 582 mujeres víctimas de trata entre 2015 y 2019. La mayoría era víctima de explotación sexual y pornografía infantil. Entre 2015 y 2017, los 3 años que los informes revelan datos de la ubicación donde fueron rescatadas, mencionan que la mayor parte ocurrió en los departamentos de El Paraíso y Francisco Morazán, pero no indican los lugares de procedencia de las víctimas. 

«Para poder documentar los casos pueden pasar hasta un año en el proceso de recolección de pruebas porque para poder desarticular una red de trata hay que demostrar con documentos los delitos, con técnicas especiales de investigación. Lo que lo dificulta es que muchas veces las víctimas no quieren declarar», añade Mairena. 

Por este tipo de casos, Martha ha tenido que cambiar de celular al menos 3 veces. Explica que una de las mayores dificultades es que quienes están detrás de secuestrar a las mujeres tienen mucho conocimiento previo de la zona, de dónde viven y de sus familias. Por eso las mujeres que lograron escapar no pueden volver a sus comunidades.

En otra comunidad no muy lejana a la de Martha, vive Fidelina Ávila. Esta mujer ha dedicado 20 años de su vida a la Red de Mujeres Contra la Violencia en Marcala, La Paz, dando acompañamiento a mujeres víctimas de diferentes violencias, sobre todo las relacionadas con delitos sexuales. Ávila es una mujer indígena lenca, como la mayoría de mujeres que atiende en la red, y cuenta que ha tenido que trabajar desde abajo, en contra del machismo tan arraigado culturalmente en sus comunidades. 

«Por el patrón cultural a ellas les cuesta denunciar también. Antes ellas tomaban normal que el hombre las sometiera a cualquier tipo de violencia y poco a poco muchas mujeres han logrado salir», explica. 

Para Ávila lo más difícil de su trabajo es enfrentar a las autoridades, que muchas veces alargan los procesos y esto implica que los familiares de las víctimas «denuncian, pero desisten porque no hay un sistema que les dé una respuesta rápida. Siempre miran los problemas de las mujeres como en último grado».

Cerca de la zona donde Fidelina trabaja, hace 4 años las autoridades detuvieron a una persona que se encargaba de una red de trata de menores que operaba como un «buscador de talentos» mayormente en zonas rurales y escuelas. Eso le permitió tener acceso a muchas menores. Una persona que se dedicó a investigar el caso, que prefirió no dar su nombre, dijo a este medio que al acusado le encontraron pruebas en vídeo de más de 100 menores abusadas.

«Él estaba documentando, era como para verificar si pasaba o no la prueba, les decía “vamos a hacer este vídeo y vamos a ver qué tal va”, más para justificarle a las víctimas que realmente estaban haciendo un trabajo. Las autoridades le dieron seguimiento a una conexión vía nacional o internacional con una red, pero el caso quedó ahí porque se judicializó, no lo investigaron más a fondo», menciona el investigador, quien pidió anonimato.

«Si es así como se trabaja, es bastante complicado llegar realmente a parar esta situación de la violencia y trata de personas en el país», añade la persona que se dedicó a investigar el caso. Este trabajo tuvo repercusiones en su vida: «Fui amenazado, perseguido, secuestrado. Fui perseguido por unos 3 años, fue un momento bastante difícil».

La abogada Elsy Liliana Reyes, delegada de la Región Centro-Oriente del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), manifiesta que muchas familias que presentan denuncias tienen temor de dar información porque hay alguna amenaza previa y solicitan medidas de protección de la Secretaría de Seguridad. Datos de Conadeh indican que del 2014 a la fecha, recibieron 32 quejas interpuestas por mujeres. De estas, 11 tienen como víctima desaparecida a una mujer o niña.

«En la mayoría de los casos de mujeres es desaparición a secas que puede ser privación injusta de la libertad, pero por parte de terceros. Rara vez hemos registrado casos de mujeres víctimas de desaparición forzada, que es cuando hay participación de elementos de seguridad del Estado, que la persona fue detenida y luego no aparece», añade Reyes.

Reyes explica que en casos de desapariciones de mujeres se les hace seguimiento a las investigaciones de las autoridades competentes: «solicitamos registros migratorios, verificamos si ingresó a algún hospital, si la han encontrado en la morgue…». 

De la desaparición al femicidio

Isa Alvarado, vocera de la Dirección General de Medicina Forense del Ministerio Público, dice que, en un país tan violento como Honduras, las familias que llegan a buscar a desaparecidos primero buscan su cuerpo y por último denuncian a la Policía o hacen la búsqueda en hospitales. 

Para poder realizar la búsqueda en La Morgue, las personas deben portar su identidad original y copia, llevar foto reciente de la persona desaparecida y recordar la última vez que fue vista y la ropa y pertenencias que portaba ese día. 

En varias ocasiones las desapariciones de mujeres también están ligadas a femicidios. El Foro de Mujeres por la Vida, a través de un monitoreo de medios, identificó que en 2019 el 15 % de las mujeres fueron reportadas desaparecidas antes de encontrarlas asesinadas. 

Un caso muy conocido se dio en 2014 cuando desapareció María José Alvarado, quien era Señorita Honduras Mundo, junto a su hermana Sofía. Los cuerpos de ambas fueron encontrados 6 días después en una tumba clandestina en Santa Bárbara.

«Este hecho sacudió a toda la sociedad hondureña, sobre todo porque, posteriormente, la investigación reflejó detalles sobre la dinámica de los hechos. Además de identificar al novio de Sofía Alvarado como autor intelectual y material de los hechos (…), dada la presión internacional y de las organizaciones de derechos humanos de mujeres, el sistema judicial respondió con relativa eficacia», señala un informe del Foro de Mujeres por la Vida.

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Martha dice que para ella lo más difícil de tener que atender a familiares desesperados y que a veces solo puede ayudar, dándoles apoyo emocional y darles fuerzas. «Esa mamá está pendiente esperando una llamada de su hija y me dicen “a veces no apago el celular porque me parece que va a llamar” y no es tan fácil. A veces sus mismos familiares les dicen que dejen de intentar, que si no se comunica es porque no quiere y eso es muy difícil para quienes sí las buscan». 

Si algo digno ha brotado de esta situación es la articulación de mujeres que están dispuestas a no darse por vencidas. A pesar de todas las dificultades Martha dice: «Pienso que la lucha no está perdida, ya 20 años en esto y sé que no ha sido todo en vano, seguiremos luchando por lograr lo que queremos: que las familias se encuentren o al menos, que tengan una respuesta».

*Con reportes de Lizz Gabriela Mejía y fotografías de referencia de Martín Cálix

*“Estación del silencio” es un proyecto transnacional coordinado
por Agencia Ocote que investiga y reflexiona sobre las violencias contra
las mujeres en Mesoamérica. Este texto es parte de la primera entrega
sobre femicidios, en las que participan: 
Agencia Ocote (Guatemala), elFaro (El Salvador)y ContraCorriente (Honduras).

Con el financiamiento de Foundation for a Just Society, y el apoyo de Oak Foundation y Fondo Centroamericano de Mujeres

 

Fuente: Contra Corriente

COPINH: Boletín N° 9 Causa Berta Cáceres

La prisión preventiva de David Castillo no ha vencido. (HERE in English)

Hoy se realizará la audiencia de revisión de la medida de la prisión preventiva para el imputado David Castillo. Si bien el Código Procesal Penal hondureño contempla que transcurridos 2 años y medio el imputado deberá ser puesto en libertad, en su artículo 181 establece que 

“Dentro de dicho plazo, no se contará el tiempo que hayan durado las demoras producidas por gestiones de la defensa, que hayan sido declaradas sin lugar.” Código Procesal Penal Art. 181. Párr. 6

Esto implica que el conteo del tiempo que Castillo ha estado guardando prisión debe contemplar los múltiples retrasos ocasionados por su defensa en el proceso. Ejemplo de esto son las 4 ocasiones en las que fue suspendida la audiencia preliminar que finalmente culminó el pasado 21 de agosto. Suspensiones ocasionadas, por acciones dilatorias de la defensa. 

A esto deben sumarse otros como la suspensión de actividades en el sector público debido a la crisis sanitaria por COVID-19, las peticiones de suspensiones de audiencias y dilaciones permitidas por la jueza Vallecillo. El recurso de apelación interpuesto por la defensa el 15 de octubre de 2019 cuya resolución fue notificada hasta el pasado 3 de agosto, ha ocasionando un retraso de 10 meses por sí solo.

Con este último hecho, es claro que la prisión preventiva de Castillo no ha vencido. En un conteo real vencería mínimamente en julio de 2021.

Se avanza hacia el juicio contra Castillo.

La audiencia a desarrollarse el día de hoy, hace parte del procedimiento de preparación del debate, luego de esta audiencia se convocaría a la de proposición de prueba para el debate y posteriormente al debate mismo.

El debate es como técnicamente se identifica a lo que comúnmente conocemos como el juicio, donde las representaciones del victimario y de las víctimas presentarán las pruebas y argumentos para que el tribunal emita una sentencia.

El tribunal que tendrá a su cargo el proceso está compuesto por las juezas Delia Lizeth Villatoro quien preside, Esther Carolina Flores y el juez José Anaim Orellana.

Las víctimas exigen garantías y debido proceso.

El proceso de búsqueda de justicia para Berta Cáceres es una lucha del pueblo indígena lenca, del COPINH y del pueblo hondureño en general. Por esto que las hijas e hijo de Berta han solicitado reiteradamente la exigencia de garantías y debido proceso. Esto implica que las audiencias sean realmente públicas y las actuaciones transparentes. “No permitiremos maniobras que enturbien nuestro proceso de lucha por la verdadera justicia para Berta Cáceres” Expresó Bertha Zúniga Cáceres, coordinadora del COPINH.

La publicidad del juicio y la participación de las víctimas son derechos contemplados en la constitución de Honduras, sin embargo, el Poder Judicial los omite. Un verdadero proceso de justicia debe tener a las víctimas como centro y fin. En este proceso a las víctimas se les ha impedido asistir a las audiencias y se ha negado la observación.

En la última conferencia de prensa convocada por el COPINH, las víctimas y el equipo legal de la Causa, Joseph Berra, miembro de la misión de Observación calificada y representante del Instituto de la Promesa, Universidad de California afirmó “(…) las víctimas no han tenido la participación debida. La publicidad es un principio muy importante. Se está poniendo a prueba al sistema judicial en Honduras, hay mecanismos que podrían servir al derecho de la verdad no sólo para las víctimas sino para toda la sociedad”.

David Castillo, coautor del asesinato de Berta Cáceres.

En este juicio se va a juzgar a uno de los coautores del crimen contra Berta Cáceres, Roberto David Castillo Mejía, detrás del quien se esconde la estructura criminal. La familia Atala Zablah, utilizó a David Castillo para realizar el crimen contra Berta Cáceres, así lo demuestran sus comunicaciones. Ellos fueron los principales afectados y Castillo era su empleado. 

La información recolectada de los teléfonos celulares de Daniel Atala, Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, así como la información de las comunicaciones del Mayor del ejército Mariano Díaz con los sicarios demuestran claramente la participación de Castillo y la familia Atala Zablah en el asesinato.

BOLETIN-7-SEPTDescarga

 

Fuente: COPINH

COPINH: Velatón por la memoria y justicia para Berta

Este 2 de Septiembre del 2020, acompáñenos, encendiendo una candela para nuestra compañera Berta, son 54 meses en los que seguimos exigiendo justicia.

Te invitamos a compartir de música, poesía, cuentos por la memoria y justicia para Berta.

Una vela por la justicia, una vela por las ancestras y ancestros que habitan en los ríos y moran en las montañas, una candela por la defensa de los bienes comunes y de la naturaleza

FBLive: Copinh Intibucá y en Youtube Comunicación COPINH

 

Fuente: COPINH

COPINH y el pueblo Lenca en Solidaridad con OFRANEH y el pueblo Garífuna

Desde COPINH nos solidarizamos y acuerpamos la lucha de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) en la exigencia de la aparición con vida de los líderes garífunas secuestrados hace más de un mes.

Albert Sneider Centeno, presidente del patronato del Triunfo de la Cruz, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Rochez Cálix y Milton Joel Martínez, dirigentes de la comunidad fueron secuestrados por hombres fuertemente armados y con vestimenta de la DPI el pasado 18 de julio. Hoy se cumplen 39 días del secuestro y aún no hay respuesta de su paradero.

Ante esto, la CIDH exigió, de manera urgente al Estado de Honduras, un informe que establezca una investigación real sobre este hecho, dando el plazo de un mes, mismo que venció hace dos días sin respuesta alguna de este Estado racista y criminal. 

Organizaciones sociales, nacionales e internacionales, jóvenes garífunas al rededor del mundo y distintas instituciones también han sido contundentes en demandar la aparición inmediata y con vida de los compañeros además de exigir el respeto a los derechos territoriales del pueblo garífuna.

Entendemos estos ataques como respuesta a la ardua lucha que ha realizado la OFRANEH, junto a las comunidades garífunas, por la defensa de su territorio, cultura y su espiritualidad. Este Narco Estado que impone con bala y sangre los intereses de proyectos inconsultos e ilegítimos que se quieren apoderar del territorio.

Con la emergencia de la crisis sanitaria, OFRANEH junto a las comunidades han venido fortaleciendo la medicina natural y ancestral, así como estrategias comunitarias para el resguardo de sus comunidades y así contener el contagio ante la incapacidad e inoperancia del Estado. Los y las jóvenes han tenido un protagonismo importante de difusión y fortalecimiento de crear, construir y aportando desde la organización y autonomía de las comunidades.

Estos ataques son un claro mensaje de este sistema de muerte que intenta imponer una cultura de miedo y desesperanza, sin embargo, los pueblos nos seguimos organizando para hacerle frente, luchando porque tenemos la convicción de que otros mundos son posibles.

Desde COPINH nos sumamos a las voces de todos los territorios y exigimos su pronta aparición con vida y exigimos al Estado de Honduras, realice una investigación diligente que dé con el paradero de nuestros compañeros.

Responsabilizamos al Estado de Honduras por la violencia que se vive en las comunidades del Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, al no cumplir con la sentencia emitida por la CIDH en donde establece y ordena al Estado que se devuelvan los territorios ancestrales a las comunidades garífunas.

Desaparición forzada: estrategia de terror ¡Honduras fascista, estado terrorista!

Dado en la ciudad de la Esperanza, el 26 de Agosto del 2020.

“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida justicia, libertad, dignidad y paz”

 

Fuente: COPINH

ALTO AL TERRORISMO RACIAL SOCIAL Y AL PLAN DE EXTERMINIO DEL PUEBLO GARÍFUNA

🤝 #AnteLaCrisis Nos unimos a la movilización por la denuncia #SusVidasNuestrasVidas para acuerpar y solidarizarnos con las comunidades #garífunas organizadas en la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) ante las múltiples agresiones y la estrategia de exterminio que históricamente han vivido y que se han agudizado con la crisis sanitaria. ❌ Durante la pandemia, + de 5 hechos violentos (secuestros, asesinatos, envenenamiento de lagunas), se han registrado en sus comunidades.

🔄 En Jubileo Sur/Américas apoyamos su trabajo por la autodeterminación de los pueblos y la defensa de territorios ancestrales porque es #LaVidaAntesQueLaDeudas 🌿💧

📍#OFRANEH En la actualidad lleva a cabo una importante labor de prevención del contagio de #COVID19 y de respuesta humanitaria frente a la falta de respuestas del estado #hondureño. #LasVidasGarifunasImportan #LaVidaAntesQueLaDeuda