¿En verdad necesitamos el fracking?

En diciembre pasado, en plenas épocas decembrinas, el gobierno anunció el borrador de decreto para reglamentar los proyectos piloto de investigación integral (PPII) de fracking. La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, la élite política y los empresarios y gremios del gas lo avalaron arguyendo la urgencia de incorporar nuevas reservas para evitar la importación de este hidrocarburo. De otro modo, dentro de cuatro años, tendrían que incrementarse las tarifas del gas domiciliario. El otro argumento de quienes defienden el fracking es que el gas de yacimientos no convencionales es indispensable para la transición energética. Promueven la idea de que lo único que salvará al país de un “apocalíptico futuro” es la explotación del gas, sea en lutitas o en mantos de carbón. Parece una sin salida: condenados por seguir quemando fósiles y condenados si los dejamos de quemar.

Con respecto al primer argumento, la autosuficiencia energética fue un objetivo abandonado por los gobiernos desde principios de este siglo, y así sigue siendo. Se facilitó la inversión extranjera para ampliar la frontera extractiva en busca de nuevas reservas de gas y petróleo, sin mayor éxito, y se explotaron al máximo los viejos yacimientos de hidrocarburos hasta casi agotarlos. El propósito principal de la política pública de hidrocarburos ha sido incrementar al máximo su producción para aumentar así mismo sus exportaciones. De esa manera, se consolidó un modelo de desarrollo basado en el extractivismo, se agotaron las pocas reservas de hidrocarburos con que contaba el país y la economía se hizo dependiente de los ingresos de las exportaciones de hidrocarburos y carbón.

Y como no es posible extracción sin consumo energético, en la actualidad la mayor parte del consumo nacional del gas natural lo hace el propio sector extractivo, que hoy requiere más energía y obtiene una menor tasa de retorno energético. En el Cesar, el gas metano que extrae la empresa Drummond se usa en sus operaciones mineras, como lo confirma la Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME: el consumo residencial solo representa el 18 %, y los vehículos de transporte utilizan el 4 %. El resto, lo consumen la industria (incluido el sector extractivo), el sector petrolero y las termoeléctricas.

Sobre el segundo argumento, aunque se quiere promover el gas natural como combustible puente para la transición energética, lo cierto es que este energético, además de dejarnos anclados a los combustibles fósiles, acrecienta los problemas de orden local y global que acarrea su extracción. De acuerdo con el reporte estadístico de BP-2019, el consumo global de energía primaria de 2018 se incrementó en 2,9 % y este aumento se atribuye en esencia al gas natural, que se elevó en 40 %. En este crecimiento fue determinante el gas de esquito de los Estados Unidos. Además, a la extracción de gas natural están asociadas las fugas de metano, ventilación y quema del mismo. Según el Banco Mundial, la actividad de quema de gas en este país aumentó un 48 % de 2017 a 2018 y alcanzó 1,4 billones de pies cúbicos, lo que equivale al consumo de gas total de América Central y Suramérica en un año. Gran parte de estas quemas de gas se hicieron en las cuencas de donde se extrae gas de lutitas.

La crisis ambiental global, en particular la climática, exige actuar con sensatez. Es tiempo de una transición energética que nos implique, además de cambiar la matriz energética, hacer transformaciones culturales. La energía debe volver a estar bajo el control de la gente, con proyectos energéticos comunitarios y ciudadanos. Debemos comprometernos a transformar nuestras vidas y abandonar el derroche energético. Con un planeta en llamas, debemos exigir a las corporaciones del petróleo y a los y a los gobiernos compromisos reales para enfrentar estas crisis.

Fuente: #JusticiaRural

 

Fuente: CENSAT Agua Viva

Carbón Tóxico. Daños y riesgos a la salud de trabajadores mineros y población expuesta al carbón

El informe Carbón Tóxico presenta los primeros resultados para Colombia de estudios en biología molecular que prueban daños celulares generados por la exposición al carbón de la mina a cielo abierto El Cerrejón, en La Guajira. Se realizó en asocio con el Comité de Salud de Sintracarbón, el sindicato mayoritario de los trabajadores del carbón en Colombia.

La evidencia proviene de cuatro estudios realizados por universidades colombianas e internacionales en La Guajira, en los resguardos de Provincial, San Francisco y Hato Nuevo, así como en las comunidades de Chancleta y Media Luna. Algunos de los resultados clave son:
– Presencia de daños celulares en personas expuestas al carbón que aumentan el riesgo de desarrollo de cáncer, incluyendo daños en el ADN, inestabilidad cromosomal, cambios celulares.
– Efectos genotóxicos, es decir, daños en el material genético humano, en este caso en trabajadores de la mina El Cerrejón expuestos al carbón y sus residuos.
-Doble riesgo para trabajadores del carbón de desarrollar lesiones en cromosomas que aumentan el riesgo de cáncer y otras enfermedades.
– Aumento de los valores de silicio y aluminio en sangre, así como de los biomarcadores de daño celular en poblaciones expuestas.

Los nuevos datos que aporta este estudio evidencian que el monitoreo actual de material particulado es insuficiente para vigilar la calidad del aire que afecta y pone en riesgo a trabajadores del carbón y comunidades, incluida amplia población del pueblo indígena Wayuu.

Al final del informe se ofrecen recomendaciones de política pública para proteger la salud de trabajadores y comunidades de manera inmediata, así como para construir un horizonte sin carbón en Colombia, que sea planificado, participativo y socioambientalmente justo.

Descargue el archivo.

pdf  Tipo: pdf. Tamaño: 19.9 MB

Fuente: CENSAT Agua Viva

Desafíos feministas para enfrentar el conflicto del capital contra la vida – las mujeres seguimos en lucha!

Los textos reunidos en esa publicación pretenden actualizar nuestra visión sobre el neoliberalismo y dar pistas para la construcción de luchas feministas. El primer de ellos es un texto político sobre la resistencia de las mujeres a la ola conservadora y a la contraofensiva neoliberal. Ha sido elaborado como un documento de la Marcha Mundial de las Mujeres, parte de nuestra contribución al proceso de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo.

El segundo texto también fue producido en ese contexto, a partir de un esfuerzo colectivo de elaboración que tuvo como objetivo reflexionar sobre las dinámicas actuales del neoliberalismo y, particularmente, sobre las propuestas de los acuerdos de comercio e inversiones.

El texto es de Clarisse Paradis, militante de la MMM de Brasil, Viviana Barreto y Natalia Carrau, integrantes de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay, organización con la cual compartimos procesos de alianzas anticapitalistas orientadas por el feminismo y la justicia ambiental. Compartiendo nuestros debates y reflexiones, queremos contribuir para que el feminismo se fortalezca como un de los pilares de los procesos actuales de construcción de alianzas en la lucha por la democracia y contra el neoliberalismo.

Nalu Faria y Tica Moreno

Descargue el archivo.

pdf  Tipo: pdf. Tamaño: 777.8 kB

 

Fuente: CENSAT Agua Viva

AlterNativas comunitarias en épocas de crisis capitalista

Fotografía: http://veredasogamoso.blogspot.com/2017/10/rios-vivos-santander-exposicion-de.html

Los procesos comunitarios que defienden la vida construyen las alterNativas para sembrar esperanzas en medio de las crisis multidimensionales que desarrolla el sistema capitalista. El manejo dado a la pandemia por los gobiernos neoliberales -en particular el de Colombia- ha permitido profundizar las raíces mismas que la provocan y lanzar un salvavidas a las grandes industrias que la soportan, con el sector financiero a la cabeza, menoscabando los derechos fundamentales de la población y profundizando la desigualdad.

En este contexto y con la necesidad de fortalecerse, los procesos organizativos en los territorios construyen, desarrollan o se consolidan como alterNativas comunitarias desde la diversidad que les caracteriza. Enfatizamos en estas trochas de esperanza que se construyen desde lo propio, desde el fogón, la vereda, la plaza, el parque, la esquina, el barrio, lo cercano; desde los procesos de configuración histórica, ecológica, cultural y geográfica de cada territorio. Caminos que se contraponen a la virtualización e individualización propias del sistema capitalista anteponiendo y construyendo deseos otros y sentires desde poéticas, estéticas y éticas del cuidado de lo común: la vida.

Corazonamos (pensar con el corazón) que esta crisis da la razón a las comunidades campesinas, indígenas, afros y urbano populares y los procesos organizativos que defendemos los territorios. Nos pone los pies sobre la tierra al recordarnos que la vida (que vale la pena ser vivida) se construye en comunidad, enraizando memorias, cuidando la salud, sembrando alegría, tejiendo autonomías y salvaguardando la diversidad cultural y ecológica que hemos construido como pueblos en procesos de larga duración. Por eso, más que hurgar reflexiones o prácticas “novedosas” para enfrentar la crisis, invitamos a un breve recorrido por tres territorios donde se recrean estos caminos.

Iniciamos por Santander, donde las integrantes del Movimiento Social por la defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí nos plantean que la crisis no las tomó desprevenidas. Nos dicen que “en esta coyuntura, ellas sí saben qué hacer, porque conocen la ciencia maravillosa que es la naturaleza, cómo nace y cómo crece un árbol, cómo se reproduce la alimentación”. Nos recuerdan la importancia de recuperar y tejer memorias ambientales para enfrentar el olvido y fortalecer nuestros entramados comunales. Durante el 2017 realizaron un proceso de recuperación de memoria colectiva a través de diversos ejercicios del recordar y narrar entre niñas, niños, jóvenes, hombres, mujeres y adultos mayores de San Vicente de Chucurí, Zapatoca, Betulia, Lebrija, Sabana de Torres y Barrancabermeja. La arpillería les sirvió para plasmar sus experiencias frente al conflicto armado y el daño ambiental generado por la represa, además de tejer hilos de reconocimiento y apoyo mutuo.

En el Suroeste antioqueño el Cinturón Occidental Ambiental (COA) continúa con un trabajo pedagógico y comunicativo que les ha permitido reflexionar las causas, efectos y retos que deben asumir en la coyuntura actual. La Escuelas de Sustentabilidad “Polinizando el territorio”, las Escuelas Agroecológicas COA y las Cátedras del Territorio han servido para continuar abonando los pensamientos y las acciones intergeneracionales e interculturales. Mediante estos procesos de educación popular y comunicación alternativa han logrado consolidar mandatos populares y planes de vida comunitarios, propuestas con las que dialogan con alcaldías y concejos municipales para la instalación de la Mesa Plan de Vida Comunitario en perspectiva de incidir en los planes de desarrollo y esquemas de ordenamiento territorial.  Además, el tejido organizativo desde las familias, les permite avanzar en la comprensión de las crisis estructurales y ambientales, reafirmando la necesidad de confrontarlas mediante la articulación local y regional para avanzar en la construcción de Territorios Sagrados para la Vida.

En Cumaral, el Colectivo Ambiental Chambires, plantean que sembrar el alimento, cuidar la semilla, sanar-recomponer la relación con los ecosistemas y tejer comunidad desde la solidaridad, la amistad, el trueque y el diálogo de saberes, son formas de caminar las alterNativas que permitan hacerle frente a la actual crisis capitalista. Ante la mirada colonial del conocimiento proponen el diálogo de saberes desde las Escuelas Agroecológicas y la Bioescuela Semillas del Territorio (Educación Popular Ambiental con niñxs y jóvenes) y ante la hambruna y la destrucción de los ecosistemas avanzan en la agroecología comunal y familiar en la Reserva Natural y Centro Experimental El Conuco. En Villavicencio, la Red de Acueductos Comunitarios ACER Agua Viva, nos recuerda que es fundamental el cuidado intergeneracional del agua-territorio, que nos sirva para fortalecer la gestión comunitaria, las autonomías y la justicia hídrica como formas de incentivar la consciencia ambiental para el cuidado de la naturaleza y tejido comunal en torno al agua.

Las alterNativas al modelo minero energético impuesto toman cuerpo y palabra en el caminar de los procesos territoriales y entramados comunitarios que luchan por la reproducción de la vida. Es en la defensa de sus cuerpos territorios donde se teje la posibilidad de seguir soñando, recuperando los saberes y memorias ribereñas y campesinas; autoconstruyendo barrios y veredas ligados a la tierra, el agua y las semillas, sanando desde el alimento y comprendiendo el cuidado como ética de interacción comunal. Y es desde allí donde se construirá un mundo donde quepan muchos mundos, pues la salida a la crisis no se encuentra en el individuo alienado, desnaturalizado y artificializado sino en el florecimiento de seres y procesos comunitarios conscientes de la inter-eco-dependencia que se teje con la trama multicolor de la vida.

Fuente: CENSAT Agua Viva

El futuro de la biodiversidad está en los territorios, no en las cumbres mundiales

Balance de la COP 15 y del Nuevo Marco Mundial de Diversidad Biológica

Linda González, Diego Cardona

Luego de un proceso de cuatro años, con una primera parte virtual y la generación de elevadas expectativas, se llevó a cabo la XV Conferencia de las Partes de la Organización de las Naciones Unidas (COP15) del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) en Montreal, Canadá, entre el 7 y 19 de diciembre de 2022. 

Los objetivos del Convenio son la conservación, uso sostenible y distribución de beneficios de la biodiversidad, por lo que su importancia para Colombia como país megadiverso pueden parecer obvias, pero las altas expectativas se centraban en el hecho de que en está ocasión se tendría que aprobar un nuevo Marco Global para la Biodiversidad (MGB) post 20201que sentara las bases para la protección de la biodiversidad hasta 2030.

Censat Agua Viva, como parte de la delegación de Amigos de la Tierra Internacional, participó en la COP15 para acompañar el desarrollo de las negociaciones, así como para procurar que asuntos centrales fueran asumidos como  prioridades reales, por ejemplo, el reconocimiento de que el cambio que se requiere para proteger verdaderamente la biodiversidad es sistémico, que tenemos que transformar nuestras formas de vida para respetar los límites planetarios, evidenciar la necesidad de que los derechos humanos; buscar que se reconozca y apoye el manejo comunitario como forma de conservación eficiente, fortalecer la regulación gubernamental a las empresas,  mantener las falsas soluciones y el maquillaje verde fuera del MGB, y proveer financiamiento adecuado para la implementación del Marco.

De la delegación colombiana se esperaba una participación acorde con la postura del nuevo gobierno, que promulga el respeto y cuidado de la vida. Una de las intervenciones de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, hace pensar que el país está comprometido con ese camino, al sostener en plenaria ante los demás Estados parte del Convenio, la necesidad de reconocer los territorios de pueblos indígenas y su contribución a la conservación, promover la eliminación del 50% de plaguicidas tóxicos para el 2030 y la distribución justa de beneficios, así como la priorización de la vida sobre el sistema económico.

No obstante, tanto a la delegación colombiana como a la mayoría de miembros les asiste una enorme necesidad de coherencia entre sus discursos y propuestas, y la urgencia de acciones reales y eficientes para detener la pérdida de biodiversidad y revertir sus impactos. En el caso de Colombia, hubo intervenciones de otros miembros de la delegación en espacios de negociación sobre financiamiento, en los cuales se subrayó un papel preponderante del sector privado, o se aceptó y promovió la biología sintética, en clara contradicción con el mensaje de la ministra. Nada más contraproducente para garantizar derechos, detentar soberanía y acceder a los beneficios del patrimonio natural que incrementar la dependencia corporativa.

Colombia también tuvo protagonismo al liderar la “Alianza de Aceleración”, promovida por la ministra Muhamad como una iniciativa construída para la implementación temprana del MGB, en la cual ya participan 17 países y permite que aquellos con programas ambiciosos para la protección de la biodiversidad puedan encontrar recursos para ponerlo en marcha. Sin embargo, preocupan las fuentes de financiación, toda vez que además, de la cooperación internacional ya manifestada por Alemania y Noruega en la COP15, se suma el sector privado y la banca multilateral, cuyos aportes no pueden ser asumidos como neutrales o desinteresados.

¿Y por qué preocupan ese tipo de decisiones?

Porque las negociaciones no condujeron al cambio de sistema promulgado cuatro años atrás y los problemas de forma y de fondo fueron evidentes. El proceso concluyó con visos de imposición antes que de democracia, pues en la madrugada del último día, durante la plenaria para la aprobación del marco de acción del MGB, la República Democrática del Congo manifestó su desacuerdo con el texto, que estaba disponible únicamente en inglés y que debía haberse presentado desde la tarde anterior, pese a lo cual se adujo que no se trataba de una oposición formal, y el presidente de la COP15, Huang Runquiu (ministro de Medio Ambiente y Ecología de China), ignorando la falta de unanimidad, anunció la aprobación del Marco

Por otra parte, la publicitada medida del 30X30, supuesta meta ambiciosa para asegurar la conservación del 30% de la biodiversidad mundial para el año 2030 mediante la creación de áreas protegidas, enmascara el cinismo de lo que sucedería con el 70% restante, que puede terminar convertido en gran medida en territorios de sacrificio.

Así mismo, en lugar de establecer medidas de control y regulación gubernamental al sector privado, de forma confusa y vaga se menciona dentro del Marco que las empresas transnacionales y financieras deben frecuentemente controlar, evaluar y difundir los riesgos y efectos de sus actividades en la biodiversidad. Sin embargo, no es claro quién estará a cargo de la supuesta regulación o verificación de estas acciones, lo que les da autonomía para continuar a sus actividades económicas sin ningún control sobre la destrucción que generan. Si a ello se suma el beneplácito a todas las formas de financiación, causa alarma que la protección de la biodiversidad tenga una mayor dependencia del capital y voluntad de empresas y corporaciones, responsables en gran medida de la crisis que ha generado la necesidad de intervención. Esto es síntoma de la cooptación corporativa de estos espacios de negociación, para potenciar la promoción de falsas soluciones.

Sobre el nuevo MGB habrá que estar vigilantes y redituar los logros representados en las propuestas y exigencias que lograron ser incluidas, entre ellas el reconocimiento del papel y los derechos de los defensores y defensoras de la naturaleza y la manifestación de la importancia de los territorios indígenas y tradicionales como espacios de conservación de la biodiversidad, pese a que no se las considera parte del cumplimiento del objetivo sobre áreas protegidas.

Así pues, lo que resta es resaltar que son los pueblos indígenas y comunidades locales quienes han protegido, y protegen, la mayor parte de la biodiversidad en el planeta; no en vano se estima que el 80% remanente de esta se encuentra en sus territorios, ligada a sus culturas, conocimientos y prácticas tradicionales. Por ello es preciso reafirmar nuestro compromiso con sus iniciativas, luchas y reivindicaciones. En los territorios y con las gentes locales residen las iniciativas reales y eficientes para proteger la biodiversidad.

________________________________________________

1.  También llamado “Marco mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica”.

 

Fuente: CENSAT Agua Viva

Miradas sobre la política internacional del agua

Por: Germán Villa Fontecha – consultor para Censat Agua Viva

Una mirada al proceso de construcción de las políticas para la gestión y el manejo del agua en los últimos años a nivel internacional, permite observar cómo se ha venido conformando un grupo de actores influyentes que ha posicionado un ideario dominante sobre el agua en los principales escenarios de discusión y formulación de políticas del sector. Este ideario es presentado como una visión renovada sobre el agua, un nuevo discurso caracterizado por un cariz ecológico, verde y amigable con la naturaleza, que se constituye en un imaginario sin enemigos, frente al desgastado (pero no desaparecido) discurso clásico de apología de lo privado frente a lo público. No obstante, en el núcleo de esta “visión renovada” pervive la concepción del agua como bien económico y la lógica de la acción económica como la adecuada para gestionarla.  

Efectivamente, de cara al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015, en especial el N° 6 sobre agua potable y saneamiento, y de la consecución de la “seguridad hídrica”1, se ha venido promoviendo la formulación de políticas del agua fundadas en enfoques como el de la gobernanza del agua y el de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) así como en conceptos como la economía circular (EC) y las soluciones basadas en la naturaleza (SBN), todos los cuales representan elementos del mencionado ideario.

Es importante destacar que estos enfoques y conceptos no son promovidos solamente por los actores tradicionales que dominan la arena internacional de las políticas del agua, tales como el Consejo Mundial del Agua (WWC, por sus siglas en inglés), la Asociación Global del Agua (GWP), Conservación de la Naturaleza (TNC) o el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), sino también por un buen número de nuevos actores que están uniendo sus voces a este discurso que promueve la “visión renovada” frente al agua, entre los que se destacan la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Red Internacional de Organizaciones de Cuencas (INBO), el Instituto Global para el Agua, el Ambiente y la Salud (Giweh), o el Centro para la Gobernanza del Agua (WGC)2. Su influencia y protagonismo en escenarios como los Foros Mundiales del Agua de los últimos años o en las Conferencias de Alto Nivel sobre la Década del Agua, han sido notorios.

A propósito de los enfoques y conceptos orientadores de las políticas, la gobernanza del agua apunta, en teoría, a un ejercicio del poder y una toma de decisiones sobre el agua abiertos a una red incluyente y abarcadora de actores gubernamentales, cuasi gubernamentales y no gubernamentales, considerados como relevantes para la gestión del agua en un determinado contexto (OCDE 2015). La complejidad que entraña la gobernanza del agua, en la práctica, es que su carácter incluyente y abarcador termina dando una participación preponderante a actores con el poder político y económico suficiente para direccionar las decisiones conjuntas en favor de sus propios intereses, en detrimento de los derechos de los actores menos poderosos y más vulnerables a los cuales, formalmente, también se les da, participación.

En cuanto a la GIRH, se trata de un enfoque promisorio en la medida en que integra el agua a sus condiciones socio-ambientales dando un carácter más territorial a la gestión, pero con el aspecto cuestionable de la consideración del agua como bien económico, que adopta como uno de sus principios orientadores (GWP 2000). 

Las SBN son proyectos que aprovechan la capacidad de la propia naturaleza para conservarse y regenerarse, pero estableciendo líneas de negocio como componente inherente a dichos proyectos, en donde se busca la obtención de beneficios económicos y la atracción de inversión privada (WWC 2022). En el mismo sentido, la EC apunta al aprovechamiento de la circularidad de los procesos naturales a partir de la cual se puede efectuar una optimización en el uso de los recursos naturales y materiales (Fundación Ellen MacArthur 2014). Sin embargo, esa optimización supone la implementación de modelos de negocio en torno al aprovechamiento de las dinámicas de la naturaleza, como por ejemplo, en el caso del control y monopolio de aguas residuales para su reutilización o para producción de energía, por parte de empresas privadas motivadas por el lucro.

Así, la racionalidad económica del capitalismo recorre transversalmente las políticas del agua construidas a nivel internacional. Estas son, además, funcionales a la expansión de la financiarización del agua, ya que contemplan diversos mecanismos de “empaquetamiento” y privatización de las fuentes del “recurso”, así como de los procesos y dinámicas naturales relacionadas con este, lo que propicia que el agua y la naturaleza se transformen en activos financieros con la puesta en marcha de diferentes proyectos impulsados por grupos de inversores con actuación en los mercados especulativos.

De este modo, se abre paso a una nueva tendencia en la apropiación y mercantilización del agua y la naturaleza, en donde el objetivo, más que la privatización de los servicios de agua y saneamiento como tales, es la privatización y control del agua en la naturaleza, y por lo tanto, la privatización y control de los territorios del agua.

Para contraponerse a este ideario dominante y a esta tendencia en la gestión del agua promovidos internacionalmente, se debe fortalecer el concepto de justicia hídrica y los mecanismos e instrumentos para su práctica en todos los niveles de lo territorial. En el nivel internacional, se debe fortalecer la definición del derecho fundamental al agua como referente de justicia hídrica, mediante una aclaración de su contenido normativo que apunte a especificar la lógica de acción adecuada para garantizarlo, con la consiguiente declaración de inconveniencia de la lógica de acción económica para tal fin. Una adopción de estos lineamientos para las legislaciones y políticas nacionales debe facilitar la conformación de alianzas público-comunitarias que permitan conocer las necesidades reales de las comunidades en los territorios, avanzando hacia una definición localizada de la justicia hídrica que oriente la realización del derecho humano al agua in situ.

 

_____________________________________________________________________________

1 Pese a sus múltiples definiciones, esta puede entenderse como “la capacidad de la humanidad de proteger el acceso sostenible al agua para el sostenimiento de los medios de vida, el bienestar y el desarrollo socioeconómico, a la vez que se emprenden acciones para proteger los ecosistemas que brindan el recurso hídrico para millones de personas” (Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua 2022).
2 Ver: 9TH World Water Forum. (2022). Outcome of the 9th World Water Forum, “Dakar 2022” a “blue deal” for water security and sanitation for peace and development.

 

Fuente: CENSAT Agua Viva