“Los sistemas campesinos y populares de producción son los que alimentan al pueblo”

“Atlas de los Sistemas Alimentarios del Cono Sur”, es la nueva publicación de la Fundación Rosa Luxemburgo, producido junto a movimientos campesinos y sociales de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Presenta no sólo un diagnóstico de la crisis alimentaria, sino también alternativas para superarla en manos de los movimientos populares.

Por Patricia Lizarraga y Jorge Pereira Filho

La crisis es la nueva normalidad. Desde los incendios en el Amazonas o en Argentina, bajantes históricas de los ríos o sequías inusuales, el aumento descontrolado de sectores que no pueden acceder a alimentos, protestas de agricultores y agricultoras en toda la región, resulta imposible seguir desviando la mirada de los estragos que han causado siglos de colonización y capitalismo para la tierra, las personas y la biodiversidad. Nos encontramos ante varias crisis, de naturaleza económica, sanitaria y climática, todas ellas interconectadas, con una intensidad prolongada y un alcance global.

Y es en un contexto de profunda crisis en el que iniciamos la escritura del Atlas de los Sistemas Alimentarios del Cono Sur. En el año en que el Covid-19 asoló el mundo, 118 millones de personas pasaron a convivir con el hambre aguda. Si fuese un país, ese contingente de hambrientos y hambrientas sería el 12° más poblado del planeta, con más gente que Egipto, Alemania o Reino Unido. Esos números, presentados por la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), en su informe divulgado en el año 2021, dan un panorama de la inmensa calamidad en la que vivimos.

Una realidad que solo empeoró aún más con los efectos de la guerra en Europa. Sin embargo, sería un error considerar que los orígenes del problema están relacionados exclusivamente a estas crisis coyunturales. Afirmamos esto porque la cantidad total estimada de personas con hambre en el mundo es mucho mayor: 811 millones. Sería el tercer país más poblado del planeta. El aumento del número de hambrientos, en el año en que el Covid se diseminó por el mundo, fue de 17 por ciento.

Atlas de los sistemas alimentarios del cono sur

La pandemia ha presentado desafíos sin precedentes para los sistemas sanitarios, alimentarios y agropecuarios, que han dejado al descubierto la fragilidad y las fuertes contradicciones que tiene el modelo agroalimentario dominante. Si bien la desigualdad generalizada ya venía asolando al mundo desde antes, la pandemia ha provocado mayores niveles de desigualdad en múltiples frentes, que han exacerbado las divisiones entre el campo y la ciudad y han agravado las desigualdades raciales y de género.

Aún antes de poder conocer y comprender cuáles eran las reales consecuencias de la pandemia en el acceso a los alimentos, en los primeros meses de este 2022 una guerra nos puso nuevamente en jaque. Hoy, poblaciones enteras ven profundizada su inseguridad alimentaria. En el mundo, los precios de los alimentos alcanzaron máximos históricos en marzo-abril de 2022, afectando aún más países y poblaciones que se enfrentan a enormes dificultades ante el encarecimiento de los alimentos.

Esta tercera crisis mundial de precios de los alimentos en 15 años fue desencadenada por la guerra, pero se ha visto alimentada por los persistentes defectos y fragilidades subyacentes en las que se basan nuestros sistemas alimentarios, como la dependencia de las importaciones y la excesiva especulación con las materias primas.

Este momento que transitamos no solo ha puesto de manifiesto que los sistemas alimentarios y agropecuarios sumamente corporativizados no fueron capaces de proporcionar alimentos accesibles y nutritivos durante una pandemia, sino que también, la política alimentaria y agrícola en el mundo está diseñada para acrecentar de manera desproporcionada la riqueza de los propietarios de la tierra y el poder de las grandes corporaciones, a expensas del pueblo. Y ante la imposibilidad de elaborar economías agrarias soberanas, las consecuencias de las desigualdades sistémicas que comprometen el derecho a la alimentación de las comunidades más marginales se sienten cada vez con más fuerza.

Pero también, iniciada la crisis sanitaria del Covid 19, las organizaciones populares y campesinas construyeron esquemas solidarios de abastecimiento de alimentos, creando redes para hacer llegar alimentos sanos y a precios justos a toda la población. Surgieron nuevas formas de resistencia contra la captura corporativa del suministro de alimentos y la nutrición a través redes, ollas populares, cocinas y huertas comunitarias, circuitos de comercialización más soberanos, y sobre todo, la firme decisión de no especular con los precios de los alimentos.

Pero estas experiencias de abastecimiento ya existían desde hace muchos años en cada uno de los países, impulsados por cooperativas y organizaciones campesinas, y articuladas con las organizaciones urbanas. La pandemia visibilizó algo que desde hace mucho tiempo la concentración de una industria oligopólica no deja ver: que son los sistemas campesinos y populares de producción los que alimentan al pueblo planteando alternativas para un sistema alimentario soberano.

Desde la Fundación Rosa Luxemburgo, en una articulación entre las oficinas de Buenos Aires y San Pablo, nos propusimos mirar los cinco países más al sur de América, para analizar y presentar una radiografía de los sistemas alimentarios de la región; análisis que nos permita comprender la lógica de un modelo compuesto por mega empresas concentradas que, desde la semilla a los platos, controlan la producción y distribución mundial de alimentos en todo el mundo; quiénes definen qué comemos y a qué precio.

Buscamos abrir debates sobre un sistema que a lo largo de las últimas décadas transformó los alimentos en mercancías ultra procesadas, impactando de manera irreversible en nuestros cuerpos y en nuestros territorios. Y en nuestra capacidad de comer. Porque de lo que se trata es de un puñado de mega empresas que controlan uno de los recursos más importante del mundo: el alimento.

Sin embargo, lo que buscamos mostrar es que no es la única forma de producir alimentos. En el Atlas también, y sobre todo, presentamos diversas estrategias de producción y abastecimiento de alimentos impulsadas por movimientos populares y campesinos desde un modelo que se basa en la Soberanía Alimentaria y la Agroecología. Sistemas de producción, que ahora sí, desde la semilla al plato, buscan sobre todo producir un alimento sano, soberano y a un precio justo. Y se trata de un modelo atravesado por la solidaridad.

Durante la pandemia, iniciativas en toda la región articularon procesos políticos y de autoorganización para hacer llegar alimentos a las poblaciones más necesitadas, pero con un horizonte más amplio: recuperando procesos históricos de lucha –las ollas comunes, las cocinas comunitarias– crearon experiencias más integrales que apuntan al fortalecimiento de la soberanía alimentaria y toma de conciencia sobre quién nos alimenta realmente.

Sería imposible contar en este material las cientos de experiencias de los movimientos populares en la región que disputan a través de formas más justas de producción y comercialización de alimentos la hegemonía del sistema alimentario. Lo que acá narramos son experiencias paradigmáticas que nos ayudan a comprender las estrategias impulsadas hace décadas por los movimientos populares, ya que la soberanía alimentaria como proyecto político requiere la construcción de otras formas de organización económica y política del sistema agroalimentario global vigente.

Finalmente, queremos dejar planteadas propuestas y las agendas de las organizaciones que aporten a las políticas públicas e iniciativas impulsadas para garantizar el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Y, sobre todo, queremos que este material circule entre los movimientos populares, los comedores en los barrios, por las escuelas de agroecología y las cocinas comunitarias, por las casas de semillas y las huertas, por los almacenes y las cooperativas campesinas. Por todo espacio en el que un grupo debata y reflexione sobre un modelo agroalimentario que produce hambre, que comer –y comer bien– es sobre todo un derecho humano básico, y que el único camino para que todo el pueblo lo tenga garantizado es la soberanía alimentaria.

Atlas de los sistemas alimentarios - Rosa Luxemburgo
Foto: Ricardo Struckert

*El “Atlas de los Sistemas Alimentarios del Cono Sur” es una meterial de libre descarga desde el sitio de la Fundación Rosa Luxemburgo.

 

Fuente: Agencia Tierra Viva

Nuevo Informe – Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera

Un nuevo informe elaborado por la Coalición contra la Pandemia Minera – América Latina desenmascara el avance desmedido de la minería durante la pandemia, que obligó a que las comunidades y pueblos en América Latina no pudieran bajar la guardia mientras tomaban medidas para protegerse de COVID-19.

El informe “Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera”, se elaboró en base a estudios de caso de nueve países de América Latina – México, Honduras, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile y Argentina. Se enfoca en entender cómo gobiernos y empresas mineras aprovecharon el extenso periodo de la pandemia del COVID-19 para impulsar la agresiva expansión minera como “esencial” para la reactivación económica y la transición energética. A la vez, documenta las respuestas y la resiliencia de los pueblos afectados en condiciones aún más adversas que antes de la pandemia, refrendando lo verdaderamente esencial del cuidado mutuo, la organización comunitaria, la tierra, el agua y la alimentación sana.

La investigación resalta que el sector minero, sobre todo el metalífero, vivió un boom económico, mientras las comunidades y pueblos siguen sufriendo las consecuencias de múltiples crisis interrelacionadas: socio-económica, sanitaria, ambiental, junto a la violencia asociada a las mismas. Los altos precios de los minerales, los riesgos de suministro de muchas materias primas en las cadenas de producción, la transición energética, además de políticas extractivistas de la región y el colonialismo ejercido desde otras regiones, son los distintos engranajes de un sistema que aprovecha cada circunstancia para perpetuarse, y que sirven como impulso a la mayor especulación y expansión del sector en este período. Estos procesos conllevan al mismo tiempo la profundización de la represión, violencia, y control social que ejercen gobiernos y empresas. 

A pesar de las numerosas amenazas que describe, el informe concluye con un análisis del significado de las resistencias al modelo minero, que se mantuvieron en tal contexto de peligro y de desastre climático y ecológico. Para las comunidades y poblaciones en primera línea frente a la minería, sus experiencias durante los últimos dos años refuerzan la importancia de seguir defendiendo el territorio, el agua y el aire limpios y por el sustento y los medios de vida. En definitiva, no es posible “quedarse en casa”, mientras todo eso está en riesgo.

La Coalición contra la Pandemia Minera es un grupo de organizaciones, redes e iniciativas de justicia ambiental de América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, África y América Latina que trabaja en solidaridad global con comunidades, pueblos indígenas y trabajadores para responder a los abusos de la industria minera relacionados con la pandemia de COVID-19. Esta investigación forma parte de una investigación colaborativa global, lo cual abarca estudios de caso elaborados en conjunto con comunidades y grupos de base de 23 países. A inicios de junio, la Coalición publicará informes que llevan a cabo análisis similares en Asia, África, Europa y América del Norte.

ENLACES DE DESCARGA DEL INFORME:

Español: https://bit.ly/38b6aKX

Inglés: https://bit.ly/3NuXhL1

Para más información o para organizar una entrevista:

Algunas citas y datos relevantes de los estudios de caso del Informe 

Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera

Argentina, Provincia de Chubut: “Nosotros consideramos que la crisis que actualmente hay en Chubut, una provincia que tiene tantas posibilidades, es una crisis de diseño; una crisis que se ha armado justamente para tratar de imponer esta actividad, para que el pueblo no vea otra salida que la actividad minera”. Iván Paillalaf, miembro de la comunidad indígena Mapuche-Tehuelche de Laguna Fría Chacay Oeste

  • En diciembre de 2021, bajo la presión de la empresa canadiense Pan American Silver, las autoridades provinciales de Chubut aprovecharon la pandemia para anular una prohibición de la minería que llevaba casi dos décadas, a pesar de la oposición amplia. Las comunidades originarias Mapuche-Tehuelche y los residentes de toda la provincia salieron masivamente a las calles y, tras casi una semana de represión, la decisión fue retirada. El movimiento popular promueve ahora un proyecto de ley que busca ampliar la prohibición para incluir las fases de prospección y exploración de la minería. 

Brasil, Comunidad de Aurizona, Maranhão: “La pandemia sirvió para que los conflictos y violencia en nuestros territorios causados por estas empresas fueran intensificados, muchos casos de amenazas, fortalecimiento de las milicias […] con un gobierno genocida que tenemos aquí, las empresas mineras sin duda se sienten muy autorizadas de actuar con violencia”. Dalila Alves Calisto, militante del Movimiento de Afectados por Represas (MAB) en el estado de Maranhão, Brasil. 

  • Dalila es una de cinco líderes locales demandados por la empresa minera canadiense Equinox Gold para silenciar las protestas, después de que una presa de relaves se desbordara en la mina de oro Aurizona, contaminando el agua de una comunidad de 4.000 personas que habitan río abajo. La comunidad sigue careciendo de un suministro de agua adecuado. 

Chile, Municipio de Putaendo: […] hemos trabajado mucho, [para] que la gente entienda y aprenda a valorar lo que tenemos como territorio, lo valioso que es defender el ecosistema. Y a medida que se valore, se generen compromisos y acciones concretas de resistencia y de organización”. Alejandro Valdés, representante de la organización Putaendo Resiste, cuyo pueblo está siendo amenazado por la empresa minera canadiense Los Andes Copper. 

  • Putaendo es la primera municipalidad chilena que se declara “territorio libre de minería”. A lo largo de la pandemia, Los Andes Copper ha intentado imponer su proyecto de una mina de cobre de dos tajos y llevar a cabo la exploración avanzada. La empresa, de forma criticable, obtuvo su permiso ambiental durante las restricciones sanitarias. Durante años, la misma llevó a cabo un programa de perforación sin los permisos medioambientales pertinentes y en medio de una amplia oposición. 

Colombia, La Guajira: “La situación descrita y los daños causados por el Cerrejón profundizaron las relaciones  asimétricas entre las comunidades afectadas y las empresas responsables. Esta asimetría se evidencia, en gran medida, en el control de la información, organización y rendición de cuentas por parte de estas empresas, respecto a la posible expansión de la mina”. Fuerza de Mujeres Wayúu, Colombia 

  • El Cerrejón es la mina a cielo abierto más grande de América Latina. Ha operado durante más de treinta años y ha despojado a 35 comunidades indígenas Wayúu y afrodescendientes de sus territorios ancestrales para la extracción de carbón térmico. La injusticia se profundizó aún más durante la pandemia, ya que en ese período las empresas y el gobierno continuaron negándose a respetar una decisión de la Corte Constitucional de 2017 que reconocía las violaciones de los derechos comunitarios relacionadas con el plan de expansión de la mina. Desde mediados de 2021, Glencore y Anglo American han demandado a Colombia en base a los acuerdos bilaterales de inversión internacional con Suiza y el Reino Unido, por impedir su expansión de la mina.

Ecuador, Pueblo Shuar en la provincia de Morona Santiago: [Las empresas] nunca se quedaron paradas, no cumplieron con los cuidados, y decretos de toque de queda que el gobierno impuso. No sé por qué la ley no se da para ellos, [sino] solo para las comunidades y pueblos… Para la empresa no hay ley”. Josefina Tunki, primera mujer Presidenta del Consejo de Gobierno Pueblo Shuar Arutam (PSHA), de la Amazonía ecuatoriana.

  • Durante toda la pandemia, las agresivas actividades  de exploración avanzada de las empresas canadienses Solaris Resources y Aurania Resources amenazaron el territorio indígena Shuar Arutam, a pesar de que el pueblo Shuar lleva diciendo ‘NO a la minería’ en sus tierras colectivas desde hace mucho tiempo. Mientras tanto, representantes legítimas de los Shuar, como Josefina, han vivido una campaña de amenazas y difamación.

Honduras, Municipalidad de Tocoa:La pandemia del COVID-19 es la mejor oportunidad que las multinacionales y empresas nacionales tienen para profundizar el sistema de saqueo de recursos en nuestros países”. Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Honduras. 

  • El Comité tuvo que llevar a cabo múltiples acciones, desde 2020 hasta febrero de 2022, para liberar a ocho defensores del agua que fueron detenidos arbitrariamente por su oposición pacífica a un proyecto de óxido de hierro de la empresa hondureña Inversiones Los Pinares. A inicio del 2021, esta empresa puso en marcha su proyecto de óxido de hierro sin licencia ambiental, lo que provocó una fuerte sedimentación en el río San Pedro. 

México, Luchas en seis estados: “Después de que la actividad minera fuera declarada como esencial y necesaria para reactivar la economía no hubo tregua. No cuestionaron los paradigmas de libre comercio al servicio de los mercados internacionales e intereses privados, la sobreexplotación de nuestros cuerpos y bienes comunes o el consumo más allá de los límites del planeta. Tampoco se ha movido un dedo para romper la impunidad de que gozan las empresas y los gobernantes para responsabilizar a quienes han generado tantos daños al agua, tierra, la salud y la vida en los territorios afectados por la minería u otros megaproyectos”. Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) 

  • México fue uno de los pocos países que no declaró la minería como actividad esencial desde el principio. Appoyándose en la embajada de Estados Unidos, la industria apeló a la puesta en vigor del recién renegociado tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá para lograr la medida en un plazo corto de seis semanas. Como reacción a la declaratoria de la minería como esencial, incluso en el punto álgido de la pandemia, las comunidades encontraron formas de oponerse a la aprobación de nuevos permisos y seguir resistiendo a los daños a la salud que causa la minería, mientras se seguía profundizando la militarización y la violencia extrema. 

Panamá, Movimiento Nacional: “Ante la falacia de reactivar la economía nacional por medio de la minería, las comunidades aledañas al proyecto Cobre Panamá y algunas organizaciones civiles, emprendieron una iniciativa de lucha. Crearon el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería (MPVMSM). Este movimiento se opone a la minería y a la renegociación del contrato con Cobre Panamá”. Colectivo Voces Ecológicas-Radio Temblor (COVEC)

  • El gobierno panameño ha utilizado el pretexto de la reactivación económica para intentar acelerar la expansión minera, lo que el movimiento MPVMSM considera una maniobra para enriquecer a ciertos funcionarios y a la élite a costa de las personas y del medio ambiente. Cobre Panamá, propiedad de la empresa canadiense First Quantum Minerals, es la única mina en operación en Panamá. Sigue trabajando, a pesar de que su contrato fue declarado inconstitucional en 2017 y de las violaciones que hace de su propio plan de mitigación ambiental.

Espinar, Perú: “Nosotros siempre estamos ahí luchando, siempre hay que cuidar nuestra semilla, nuestra soberanía alimentaria, como cuidadoras de nuestros cuerpos y territorios”. Asociación de Defensoras del Territorio y la cultura K´ana, Espinar, Perú 

  • Las comunidades de Espinar llevan décadas denunciando la contaminación del agua y la intoxicación con metales pesados que sufren. Estas son resultado de la explotación minera de la empresa Antapaccay, propiedad de la empresa suiza Glencore, motivos por los que tiene demandas pendientes. Durante la pandemia y en plena crisis económica, la empresa otorgó bonos de ayuda que, en realidad, no fueron suficientes ni de fácil acceso. La empresa hizo esta concesión después de que la comunidad se movilizara durante 23 días, lo cual derivó en graves actos de represión y violencia a las comunidades. Además, el proceso de consulta para continuar con la expansión del proyecto minero, denominado Coroccohuayco, ha estado plagado de irregularidades durante la pandemia. 

Puno, Perú: “[No] acepta cuestionamientos de parte de pobladores que están en contra de la actividad minera, lo que dice la minera es ley en comunidades indígenas”. Autoridad local del distrito de Macusani

  • El proyecto de litio y uranio de la empresa Macusani Yellowcake continuó sus actividades de exploración durante la pandemia, a pesar de carecer de los permisos necesarios y haber recibido la concesión de un importante glaciar que suministra agua a las comunidades río abajo y genera electricidad para tres regiones del sur de Perú. Las actividades de la empresa han fomentado la división entre las comunidades y han aumentado la vigilancia en las comunidades. Para facilitar aún más estos proyectos, en mayo de 2021, el gobierno peruano declaró la minería de litio y uranio de interés público y nacional. 

Agradecemos a las comunidades rurales, organizaciones civiles, defensores de la vida, a comunicadores y medios de comunicación global por el esfuerzo en este informe y divulgación.

 

Fuente: Radio Temblor

 

Panamá. Primero de mayo reivindicación de la clase trabajadora

En un año de crisis, donde todavía está presente la pandemia del covid 19 y la pandemia de la corrupción, la población sigue protestando. Hace unas semanas, diferentes organizaciones de estudiantes junto a educadores, obreros, indígenas, campesinas y ligas deportivas marcharon, cerraron calles e hicieron huelgas para defender sus derechos laborales. Hoy 1 de mayo, miles de panameños y panameñas salieron a reivindicar el día internacional del trabajador y trabajadora desde sus sindicatos y centrales obreras.

Eran las 8 de la mañana, con la total ausencia de los medios tradicionales, bajo un sol fuerte, la marcha arrancó casi una hora después desde la sede la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora FUCLAT, agrupadas en sus sindicatos, organizaciones gremiales y afines a sus organizaciones. Partiendo desde la Avenida Martin Sosa hacia la Plaza 5 de mayo en la ciudad de Panamá, la marcha se desarrolló en orden gritando las consignas, al ritmo del tamborito y cantalantes provenientes de nuestras poblaciones afros y campesinas, pertinentes en honor a los mártires de Chicago, los actuales problemas nacionales: el simulacro de diálogo de la Caja del Seguro Social C.S.S, tema preocupante de toda la sociedad panameña, no solo para los empleadores, trabajadores y gobernantes, el cual hacen un llamado para que los y las panameñas se involucren y movilicen a defender la seguridad social; no a la minería en cualquier de las formas presentadas y su chantaje de aumento a los jubilados a través de estas (con la ganancia que se obtienen del Canal de Panamá y las fibras ópticas sirven para subir el salario mínimo a los jubilados y no la propuesta del ejecutivo), la corrupción y manipulación que hay dentro del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral donde por décadas han denunciado, querellado penalmente a funcionarios de esta institución por actos de corrupción y a pesar de esta situación, transcurre los gobiernos y éstos se mantienen en sus puestos gracias a abogados inescrupulosos y empresarios que intervienen para mantenerlos y que respondan a sus intereses. A nivel internacional rechazaron cualquier intento que los Estados Unidos aplique leyes de tutelaje e injerencista a nuestro país con la imposición de estrategias militares disfrazadas de humanitarias, acantonamientos de tropas del ejército yanki; reivindicando la consigna “LOS MÁRTIRES HABLARON CLARO, BASES NO!”. El gobierno no puede ser dócil y permitir convertir el istmo en una especie de colonial-fascismo (como lo señalaba Ricaurter Soler) con la llamada “Crisis de Ucrania”, en la ONU el gobierno de Cortizo apoyó la condena de un país grande agreda a otro pequeño, violando la soberanía. Panamá como país invadido en 1989 rechazamos cualquier intervención, pero reconocemos el servilismo y violación a nuestra neutralidad por parte de este gobierno.

Al llegar a la Plaza 5 de mayo se realizó el llamado a continuar la lucha social en forma unísona por todos y todas las dirigentes que participaron en la marcha de frente contra la guerra que nos impuso el poder económico.

 !Luchar, resistir y avanzar, tarde o temprano Venceremos! ¡Viva el 1 de Mayo!

Por: Pedro Silva/ DaniaBetzy Batista

Fotos y vídeo: Pedro Silva

Fuente: Radio Temblor