CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBERANÍA FINANCIERA: DEUDA, SAQUEO & RESISTENCIAS

✊🏿✊🏾Con mucha alegría compartimos el Video de la Conferencia Internacional Soberanía Financiera: Deuda, Saqueo y Resistencias, misma que se llevó a cabo en octubre 2023, São Paulo, Brasil.

📢 La conferencia estuvo convocada por Jubileo Sur/Américas, en conjunto con el Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM-AYNA) y el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL).

💚💚🔥Este momento de encuentro y debates entre organizaciones de activistas, académicos y comunidades afectadas de América Latina y el Caribe, posibilitó avanzar en la socialización y construcción conjunta de conocimientos, luchas y resistencias, sobre las formas y consecuencias de la deuda y la financiarización, además de debatir la construcción de alternativas para la soberanía, buen vivir y defensa de cuerpos y territorios.

¡No Debemos No Pagamos¡
¡Somos Los Pueblos Los Acreedores!

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Jubileu Sul Brasil debate e articula mobilização social para Cúpula do G20

Objetivo é fortalecer organizações e movimentos populares nas discussões e incidência em torno do encontro G20, e denunciar as falsas soluções propostas pelos 20 países mais ricos do mundo para as múltiplas crises da atualidade

Por Redação – Jubileu Sul Brasil

A Rede Jubileu Sul Brasil (JSB) está engajada na mobilização para participação das organizações e movimentos populares na Cúpula de Líderes do G20, que ocorre nos dias dias 18 e 19 de novembro deste ano, reunindo no Rio de Janeiro chefes de Estado e países membro do “Grupo dos 20”,  formado pelas maiores economias do mundo. Entre 15 e 17 de novembro, também acontece a Cúpula Social para participação da sociedade civil nas discussões e formulações de políticas relacionadas ao G20. 

Ao longo do  ano, o JSB impulsiona uma série de ações, discussões e articulações visando aprofundar estratégias, fortalecer a organização popular para o G20, e denunciar as falsas soluções que os países membros do G20  propõem para as múltiplas crises da atualidade. 

A  busca pela apropriação do debate para qualificar a participação de organizações e movimentos na Cúpula do G20  também é central para o Jubileu Sul Brasil. Por isso, a  Rede acaba de lançar um primeiro boletim informativo, que explica qual o impacto das decisões do “Grupo dos 20” na vida da população, o que está em jogo na cúpula, os caminhos de incidência e resistência popular. 

O informativo traz ainda o alerta da  Rede JSB sobre as falsas soluções do G20, como a  questão da troca das dívidas públicas por saúde – na prática, uma “troca” por meio de privatizações e da mercantilização explorando o setor de saúde no Brasil, e também para a troca da dívida por natureza, com a exploração de recursos e do meio ambiente, proposta que vem sendo retomada pelos países do Norte global. 

A versão impressa será distribuída na primeira reunião de chanceleres do G20, que se realiza  entre os dias 21  e 22 de fevereiro, na Marina da Glória, na capital fluminense, tendo a “reforma” na governança global como uma das pautas. 

O encontro de chanceleres reúne membros da  chamada “Trilha de Sherpas”, comandada por emissários das lideranças do G20, que supervisionam e encaminham negociações, discutem agenda e debatem acordos até a cúpula final  O sherpa indicado pelo governo brasileiro é o embaixador Maurício Lyrio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty.

Na mesma semana, o boletim do Jubileu Sul Brasil  também será entregue por representantes da Rede JSB  que participam da Jornada Latino-americana e Caribenha de Integração dos Povos, de 22 até 24 de fevereiro, em Foz do Iguaçu (PR). 

Até a realização da cúpula, estão previstas mais de 100 reuniões, virtuais e presenciais, dos grupos de trabalho e forças-tarefa que compõem o G20, nas cidades-sede em todas as regiões do Brasil. 

Entre nações membros e países convidados, a Cúpula do G20 terá participação da África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia, além da União Africana e da União Europeia. 

Confira o boletim:

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EL CHOCÓ ANDINO SIGUE EN PELIGRO

Gobierno ecuatoriano incumple la Consulta Popular que declaró a las parroquias Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto libres de minería metálica.

A seis meses del plebiscito en donde se consultó a la población del Distrito Metropolitano de Quito si quería o no actividades mineras en el noroccidente de Pichincha, el futuro aún es incierto, debido a que se no se respeta la voluntad popular y se siguen vulnerando derechos.

El sí a la vida

La Consulta Popular realizada el 20 de agosto de 2023, compuesta por cuatro preguntas, todas ellas orientadas a la prohibición de la minería metálica dentro de Chocó Andino de Quito, obtuvo un respaldo contundente con más del 65% de los votos a favor. Esta consulta, se asienta en la premisa de conservar y salvaguardar este territorio crucial para la biodiversidad y el desarrollo ecológico de sus comunidades.

La resolución proferida por la Corte Constitucional a principios de 2023, en relación con el resultado esta Consulta Popular, emite una orden a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR) para depurar del catastro minero aquellas concesiones carentes de los documentos legales requeridos, además de abstenerse de registrar nuevas concesiones en las parroquias Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto. En el presente, estas disposiciones afectan al menos a seis concesiones en trámite en el Chocó Andino, las cuales, tras el respaldo mayoritario a la consulta popular, se ven imposibilitadas de obtener aprobación o inclusión en el registro del catastro minero.

La minería ilegal sigue

El Frente Antiminero Pacto por la Vida, el Agua y la Naturaleza denunció que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), aproximadamente desde el 11 de febrero del presente, comenzó el proceso de participación ciudadana para el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental de la concesión minera La Melina, ubicada en la parroquia Pacto, provincia de Pichincha.

La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador ha cuestionado este proceso, argumentando que el plazo de 14 días para revisar documentación técnica compleja es insuficiente y que no se están cumpliendo los lineamientos de la Corte Constitucional emitidos a principios de 2023.

De igual forma, la Secretaría de Ambiente de Quito, en el Oficio Nro. GADDMQ-SA-2024-0303-O del 16 de febrero, destaca que la regulación del uso del suelo en el Distrito Metropolitano de Quito es competencia exclusiva del Gobierno Autónomo Descentralizado. En este sentido, se determina que los predios en la parroquia de Pacto y otras de la Mancomunidad del Chocó Andino no tienen asignado el uso de suelo «Recurso Natural No Renovable», necesario para actividades mineras. Sugiere considerar este factor en el proceso de licenciamiento ambiental de la concesión minera La Melina, debido al posible conflicto social que generaría en Pacto y la Mancomunidad del Chocó Andino. Además, solicita al MAATE pronunciarse sobre los resultados de la Consulta Popular de agosto de 2023.

Mientras que el 19 de febrero, el GAD Parroquial de Pacto emitió un comunicado, instando a proteger el ecosistema y solicita a las autoridades competentes pronunciarse sobre la legalidad de las actividades mineras en el territorio.

El MAATE y la empresa ECUAMIN S.A. propietaria de la concesión La Melina, programaron una Asamblea de Presentación Pública para el lunes 19 de febrero de 2024, pero fue suspendida por el MAATE con el siguiente argumento (Oficio Nro. MAATE-DRA-2024-0200-0): “En vista de los Decretos de estado de excepción y conflicto armado interno emitidos por la Presidencia de la República, y con el objetivo de salvaguardar la integridad y seguridad de todos los involucrados en los procesos de participación ciudadana, se anula el documento Oficio Nro. MAATE-DRA-2024-0005-0, del 4 de enero de 2024, relacionado con la asignación de facilitador ambiental”.

Por otro lado, se destaca que la mina Melina sigue operando sin licencia ambiental por más de 20 años, mientras que los pobladores de Pacto esperan desde hace 1 año y 8 meses una sentencia de la Corte Provincial de Pichincha sobre una Acción de Protección pendiente, que presentaron por las constantes vulneraciones a los derechos humanos y de la Naturaleza.

¿Qué está en peligro?

La Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha es un santuario natural que alberga una amplia variedad de vida. Más de 30 especies grandes de animales, como el oso de anteojos y los tigrillos, llaman a este lugar su hogar, mientras que más de 1900 especies de plantas añaden color y vitalidad a su paisaje. Estos bosques no solo protegen a cientos de personas de desastres naturales, sino que también son el sustento de actividades económicas como el turismo y la ganadería, proporcionando seguridad alimentaria para la región.

Además de su importancia ecológica, es una fuente vital de recursos para la población local, produciendo una gran variedad de alimentos, desde frutas tropicales hasta café de exportación, y los visitantes pueden maravillarse con la belleza de sus cascadas y ríos.

Este lugar también tiene un rico legado cultural, con vestigios de antiguas civilizaciones como los Yumbos, que habitaron la zona desde el año 800 D.C. Su herencia se refleja en los caminos antiguos, las historias de seres mitológicos y las tradiciones culinarias que aún perduran.

La gestión de este valioso territorio ha sido objeto de diversas estrategias para promover su conservación y desarrollo sostenible. Desde la creación de Áreas de Conservación y Uso Sustentable hasta la implementación de corredores ecológicos para proteger especies emblemáticas como el oso andino, se han tomado medidas para preservar este tesoro natural.

El reconocimiento más reciente de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha por parte de la UNESCO en 2019 destaca la importancia de estos esfuerzos de conservación. Sin embargo, la amenaza de la minería plantea desafíos ambientales que deben abordarse de manera urgente para proteger este valioso ecosistema y las cuencas hidrográficas.

Solicitud a las autoridades

Acción Ecológica hace un llamado a la Corte Constitucional para iniciar una etapa de supervisión y asegurar el cumplimiento del mandato popular que prohíbe la minería metálica en el Chocó Andino de Quito. Asimismo, insta a la apertura de procesos para determinar responsabilidades y, de ser necesario, la destitución de cualquier funcionario público que intente omitir los resultados de la Consulta Popular, la cual constituye un pronunciamiento de cumplimiento obligatorio e inmediato. De igual forma, a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCERNNR)que depure el catastro minero y se abstenga de registrar más concesiones mineras y en esta zona.

Palestina: ¡No en Nuestro Nombre! Alto al Genocidio!

El viernes, 16 de febrero, una vez más tomamos las calles en Buenos Aires para reclamar ¡Alto al Genocidio en Gaza! ¡Palestina Libre! ¡No a la Embajada argentina en Jerusalén!                                         

La multitudinaria Caravana de Solidaridad recorrió el centro porteño, organizada por el Comité argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino con el acompañamiento de articulaciones hermanas como la Campaña Fuera Mekorot y la agrupación Sandía Feministas por Palestina. Se conformó una nutrida movilización de autos, bicicletas, motos y gente de a pie, saliendo del Congreso, pasando por la Casa Rosada, Plaza de Mayo y la Embajada de Israel para concluir en un acto en el Obelisco. Ahí fue Tilda Rabi, presidenta de la Federación de entidades Argentino-Palestinas, la encargada de dar lectura a la declaración que a continuación transcribimos.

***

ALTO AL GENOCIDIO EN GAZA Y EN TODA PALESTINA OCUPADA

NO EN NUESTRO NOMBRE

El Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, repudia una vez más el genocidio que se viene ejecutando por parte del Estado Sionista de Israel en Gaza y en toda Palestina Ocupada y exige al gobierno argentino no seguir acompañando las políticas criminales del ente sionista.

Exhortamos al Sr. Presidente Milei a NO HABLAR EN NUESTRO NOMBRE y no someter al pueblo argentino a la complicidad de uno de los crímenes más aberrantes de nuestra historia contemporánea.

No podemos permitir Sr. Presidente, que usted propicie y profundice el Estado de terrorismo que ejerce la ocupación israelí al prometer su alianza incondicional, que se traduce en respaldar el cambio de la Embajada Argentina a Jerusalén, así como incitar a la reconstrucción del Tercer Templo de Jerusalén, que implicaría la destrucción de la mezquita de Al-Aqsa, uno de los tres lugares más sagrados para más de 1500 millones de musulmanes en el mundo.

La matanza a la que están siendo sometidos los civiles palestinos gazatíes, la hambruna, enfermedades, y los continuos desplazamientos, son inaceptable, es genocidio. Los incesantes bombardeos a los campos de refugiados en Rafah constituyen la fase final del exterminio. Los criminales y quienes los apoyan, sus cómplices, más temprano que tarde, deberán rendir cuentas, ante la humanidad.

Nos preocupa, que el representante del Estado Argentino, QUE NO HABLA EN NUESTRO NOMBRE, nos introduzca en una cruzada mesiánica, cuyo objetivo final es la destrucción del pueblo palestino y que no es avalada por la sociedad argentina.

Son 30.000 y van por más muertes.

Buenos Aires, 16 de febrero de 2024

Fuente: Dialogo2000

Nueva propuesta para fortalecer la agricultura empresarial

COMENTARIOS AL PROYECTO DE CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL DE REACTIVACIÓN AGROPECUARIA

Acción Ecológica Opina, 19 de febrero de 2024

La Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional ha propuesto un borrador de Código Orgánico Integral de Reactivación Agropecuaria. Aunque en el articulado se establece de manera retórica que el objetivo es la Soberanía Alimentaria, como lo establece el art. 281 de la Constitución, a lo largo de los articulados se expresa la intención de promover la agroexportación, la competitividad, los encadenamientos productivos basados en la agricultura de tipo empresarial (Ver por ejemplo el art. 103 del borrador del Código).

Muy explícitamente el artículo 80 del Proyecto de Código establece “Hacer del Ecuador el principal país agroexportador de la región”. La soberanía alimentaria, por otro lado, está prácticamente ausente del Proyecto de Código.

Sobre las Cámaras de Agricultura y las alianzas público-privadas

El Código crea la figura de la cédula agropecuaria como llave que abre las puertas de todos los beneficios que se encuentran en este Proyecto de Código. La cédula será emitida por el Ministerio de Agricultura y/o las Cámaras de Agricultura zonales (art. 23). Será un instrumento a través del cual un grupo de productores se beneficiará de los fondos del Estado. La cédula agropecuaria permitirá a los agroexportadores transportar sus productos, a través de vías rápidas -que se proponen construir- sin tener que cumplir las ordenanzas de cada municipio por el que pasa la vía (Art. 109).

El artículo 24 del Proyecto de Código establece una serie de garantías del productor agropecuario (agroproductivo, agroalimentario y agroexportador). Muchas de estas son similares a las planteadas en la Declaración de los Derechos Campesinos de la ONU, pero la diferencia está en que no se habla de campesinos sino de productores agropecuarios agremiados en torno a las cámaras, y beneficiarán a quienes sean portadores de una cédula agropecuaria, entregada por las propias Cámaras.

Los agricultores cedulados podrán participar en las reformas legales que les afecte, tener una rentabilidad justa, participar en los beneficios de las políticas públicas, en la investigación sobre semillas, participar en programas de riego tecnificado establecido por el gobierno nacional, mediante alianzas estratégicas con el sector público, empresas transnacionales, etc. Se prevé facilitar la entrega de tarjetas de crédito, lo que favorecerá la financiarización de la producción agrícola.

El Proyecto de Código, además, involucra a las Cámaras de Agricultura en varios asuntos estratégicos que deberían ser potestad del Estado, como: la formulación de políticas, la regulación, supervisión y control de las cadenas agropecuarias; participar en la investigación científica y la transferencia tecnológica. La investigación estará guiada por estudios de Inteligencia de Mercado (Art. 70) y no para la soberanía alimentaria.

El Proyecto de Código crea una Secretaría Técnica de Planificación Agropecuaria que suscribirá convenios interinstitucionales con las federaciones agropecuarias, las cámaras agropecuarias zonales, centros agropecuarios cantonales, asociaciones, gremios, universidades y otras instituciones públicas o privadas… con el objeto de desarrollar programas y proyectos. Es decir, tendremos una Secretaría Técnica que, utilizando el dinero de los ecuatorianos, desarrollará proyectos para la agricultura de corte empresarial.

A pesar de que se habla del principio de inclusión, se establece un Consejo Consultivo Agropecuario (Art. 45) en el que participarán cámaras agropecuarias zonales -quienes lo presidirán-, los centros agrícolas cantonales, los presidentes de las asociaciones agropecuarias, los GAD, universidades. Se ignora completamente a los pueblos y nacionalidades y a las organizaciones campesinas.

Sobre las semillas

A lo largo del Proyecto de Código se establece la importancia de promover las semillas certificadas y semillas de calidad; por ejemplo, estableciendo líneas de crédito preferenciales “en favor de los pequeños y medianos productores agrícolas y de las organizaciones y empresas semilleristas para fortalecer y estimular los sistemas de producción y comercialización de semillas”. Además, añade que entre las funciones de Agrocalidad está la de trabajar coordinadamente con el MAG, INIAP y la Banca Pública para democratizar las semillas certificadas.

Nos preguntamos qué pasa con la semilla nativa, que ha sido reconocida como “semilla de calidad” por la Sentencia 55-17-IN del 12 de enero de 2022 por la Corte Constitucional.

Establece también que el Estado sea el propietario de la semilla certificada, y esta licencia de utilización se la pueda comercializar equitativamente con los productores agropecuarios interesados en su utilización (Art. 17.11).

El artículo 25 del Proyecto de Código dice que el Consejo Nacional Agropecuario (formado por los gremios agrarios empresariales) presentará, para aprobación del ejecutivo, proyectos de ley que establezcan estímulos e incentivos para la producción sostenible de semillas certificadas en favor de organizaciones o comunidades campesinas, especialmente pequeños y medianos productores.

A este respecto, hay que señalar que la Sentencia de la Corte Constitucional determinó al Consejo Consultivo de la Agrobiodiversidad y Semillas que presente un proyecto de protocolo para que sea aprobado por la autoridad agraria nacional relacionado con la determinación de la calidad de semillas campesinas, según lo analizado en esta decisión.

En el Proyecto de Código, la semilla certificada será una prioridad estratégica y gozará de una serie de incentivos como programas de innovación, acceso a líneas de crédito en condiciones preferenciales (Art. 25 del Proyecto de Código).

Mercado Interno

El Proyecto de Código trata al mercado interno como la producción para la exportación. Se establecerán políticas de fomento de la producción agropecuaria para generar excedentes de producción, y almacenamiento estratégico para comercializarlo en el exterior. Se pretende estimular el desarrollo equitativo y la transformación productiva en zonas económicamente deprimidas, donde se promoverá el desarrollo económico endógeno y de integración con el mercado nacional e internacional.

A lo largo del Proyecto de Código se habla de garantizar el consumo nacional y luego comercializar los excedentes al exterior. Esto no tiene mucho sentido porque los productos destinados a la exportación  (como flores, banano, cacao) son diferentes que los productos destinados a la producción para la canasta básica nacional (como frutas, verduras, granos).

Mercado externo

Uno de los aspectos preocupantes de este Proyecto de Código es que se busca que el Ecuador sea uno de los principales países agroexportadores de América Latina e incluso el mayor productor agropecuario de la región, lo que nos pondrá a competir con gigantes de la agroexportación como Brasi.

En varias partes del Proyecto de Código se establece la necesidad e importancia de firmar y fortalecer los Tratados de Libre Comercio (esto se menciona en los artículos 96 y 106). 

Sobre la función de la propiedad de la Tierra

El Proyecto de Código crea la figura de la función de la propiedad de la tierra y la función productiva de la tierra, a diferencia de la Constitución que habla de la “función social y ambiental de la tierra”.

Según el Proyecto de Código, se cumple con la función de la propiedad de la tierra si ésta es productiva, es decir si el predio agrícola alcanza el promedio de producción establecido para las condiciones de ese predio. Este es un criterio productivista, que desconoce completamente las prácticas y necesidades de los pueblos, nacionalidades y comunidades campesinas, que muchas veces prefieren modelos productivos resilientes al cambio climático, que priorizan sus necesidades alimentarias y culturales. Además, ahora que vivimos en tiempo de desastres y de disfunciones climáticas, es muy difícil predecir una producción agrícola promedio.

Otro aspecto es la utilización de la infraestructura de riego. El riego mecanizado se ha convertido en algunos lugares en un mecanismo de reconcentración de la tierra porque hay comunidades campesinas que no pueden pagar los gastos que implica este tipo de riego.

La demanda del consumidor es un aspecto importante en el Proyecto de Código. “El consumidor” son las grandes empresas que acaparan la producción y que pueden hacer compras a futuro (artículo 75) porque cuentan con el capital de inversión suficiente, imponiendo las necesidades y la calidad a la población, y las condiciones de producción al campesino encadenado.

El propietario de la tierra tiene un año para subsana cualquier observación que se haya hecho sobre la función de la propiedad, aun cuando muchos de los criterios establecidos obedecen a problemas estructurales que no pueden ser resueltos en un año, o que simplemente no obedecen a sus formas propias de manejo de sus territorios, lo que está protegido por el Art. 57 de la Constitución del Ecuador (sobre los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades), y los art. 15 y 20.2 de la Declaración de los Derechos Campesinos[1].

De esta manera, se está obligando al productor a utilizar el paquete tecnológico para cumplir con estos criterios y que su tierra cumpla la “función de la propiedad”, cuyos detalles serán establecidos en el reglamento.

Otras disposiciones

Se propone crear corredores multimodales para viabilizar la circulación de vehículos de carga para la exportación agropecuaria hacia puertos y aeropuertos. Estos vehículos no serán detenidos si no cumplen con ordenanzas municipales que existan en su trayecto, lo que podría dejar en la impunidad ilícitos como el contrabando.

Para el fomento de reproducción de las exportaciones agropecuarias se reconoce el derecho a la devolución condicionada total o parcial de impuestos pagados por la importación de insumos y materia prima incorporada a la producción que se exporte, lo que favorecerá a las grandes empresas importadoras de insumos agrícolas, las que en ninguna parte del Proyecto de Código son reguladas.

Se establece además todo un capítulo sobre zonas francas -ya incluidas en una de las leyes económicas urgentes recién aprobadas, con una vigencia de 30 años y que han sido criticadas por las organizaciones campesinas-.

Tenemos entonces un nuevo cuerpo legal propuesto para apoyar, aún más, al agronegocio.


[1] Asamblea Nacional de las Naciones Unidas. Resolución 73/165. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, ratificada por el Gobierno del Ecuador en abril 2023.

 

Fuente: Accion Ecologica

JUBILEO SUR/AMÉRICAS PRESENTE EN LA JORNADA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS

JUBILEO SUR/AMÉRICAS PRESENTE EN LA JORNADA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS
Foz de Iguazú, Brasil / Febrero-2024

Un encuentro convocado por diferentes redes, movimientos y articulaciones sociales, que busca juntar las fuerzas populares para enfrentar y contrarrestar los impactos derivados de la crisis sistémica, generada por el capitalismo patriarcal, el imperialismo y el avance de las ultraderechas.

¡No debemos, No pagamos!

Somos Los Pueblos Los Acreedores

 

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Nota Jornada latinoamericana caribeña 1