Decretos Ejecutivos y violencia minera, claves de una política nefasta

Acción Ecológica Opina

La política minera arranca el año 2023 con la pretensión del gobierno de imponer a sangre y fuego un plan de seguridad a 11 proyectos mineros a los que declara Áreas Reservadas de Seguridad, para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en esos territorios. Esta decisión se aplicaría, nuevamente, vía decreto ejecutivo.

La política minera del gobierno de Lasso ha estado regida por el Plan de Acción para el desarrollo del sector minero. Para ello, ha emitido varios Decretos Ejecutivos que responden al objetivo de crear un marco jurídico que da excesivas garantías a las inversiones de las empresas mineras, permitiéndoles recurrir a tribunales internacionales de arbitraje para interponer demandas en respuesta a regulaciones ambientales o de protección a los derechos de pueblos, comunas y comunidades, o cuando los conflictos sociales llegan a un nivel que impide las operaciones mineras.

Por ejemplo, se emitió el Decreto Ejecutivo 122 (de 16 de julio de 2021) que dispuso el regreso del Ecuador al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, cuyos laudos generalmente fallan a favor de las empresas transnacionales e imponen pagos multimillonarios sobre los Estados.

El 18 de agosto de 2021 se publica el Decreto Ejecutivo 165, en virtud del cual se aprueba el Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación, que va en el mismo sentido de comprometer garantías jurídicas en favor de las inversiones mineras.

El Plan de Acción para el desarrollo del sector minero facilita las demandas de las empresas mineras ante tribunales de arbitraje internacionales, como fue la demanda de CODELCO contra el Estado ecuatoriano el 24 de diciembre de 2021, presentada ante el CIADI al amparo del Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Chile. Este proceso, temporalmente suspendido, da paso a una serie de “negociaciones y conversaciones amistosas” en las que el Estado ecuatoriano debe garantizar condiciones de operación para la inversión minera de la empresa chilena.

En este contexto, las comunidades de Íntag afectadas por CODELCO, han expresado su rechazo al proyecto Llurimagua y han presentado una acción de protección con la finalidad de lograr su suspensión, en razón de las afectaciones a las especies endémicas de la zona, la contaminación de los ríos, el desplazamiento de comunidades, y los daños a las actividades económicas locales.  Por su parte la compañía minera china Junefield Gold Investments Limited presentó una demanda contra el Ecuador ante un tribunal ad hoc sobre el proyecto minero Río Blanco en Molleturo -provincia del Azuay-, luego de la suspensión de sus operaciones por orden judicial debido al incumplimiento de la consulta previa, libre e informada. La empresa reclama al Estado ecuatoriano la cantidad de 480 millones de dólares.

Siguiendo la línea de impulsar la política minera vía decretos ejecutivos, está el Decreto Ejecutivo 151 (del 5 de agosto de 2021), que incluye el despliegue de la fuerza represiva en contra de la población local para resguardar a las empresas mineras frente al rechazo de las comunidades y la población en general, como lo expresado en las urnas en consultas populares a nivel nacional (febrero de 2018) y a nivel local (Girón, en 2019), así como las consultas ciudadanas (Kimsacocha, en julio de 2014), Pacto (abril de 2015), y la consulta en curso en el cantón Quito.

Se impone un modelo de gestión que da el tratamiento de urgente a la entrega de permisos, autorizaciones, licencias; que desmantela los controles ambientales y de uso de agua para el sector minero; que renuncia a las obligaciones de proteger el agua de la contaminación y a que se respete la prelación en el uso del agua (consumo humano, riego para soberanía alimentaria, caudal ecológico, por sobre otras actividades productivas) en nombre de la eficiencia y dar satisfacción a las demandas de agua de las empresas.

El Decreto Ejecutivo 468 ordena que no se aprueben nuevos permisos mineros en territorios indígenas y áreas protegidas, algo que consta en la Constitución, pero por otro lado exceptúa aquellos proyectos que ya tenían un acuerdo previo, con lo cual legaliza actos inconstitucionales ya ejecutados en esas zonas de excepción.

Los proyectos mineros se imponen de manera inconstitucional e ilegítima, contrariando la voluntad de las comunidades afectadas, sin cumplir las respectivas consultas previas, libres e informadas, y las consultas ambientales, y desacatando la voluntad popular expresada en las consultas populares realizadas.

Sobre la mayoría de estos proyectos existen informes de Contraloría y sentencias judiciales que evidencian la inconstitucionalidad e ilegalidad de sus operaciones, sin embargo, el gobierno continúa actuando al margen de la Constitución y las leyes.

Una de las demandas de la movilización nacional de junio de 2022 fue la inconformidad popular frente a la política extractivista minera y petrolera. En las mesas de diálogo que se instalaron después del paro, las demandas y acuerdos alcanzados frente al problema minero fueron: la moratoria a los proyectos mineros, la no apertura del catastro minero, la reparación integral de los territorios afectados. Pero en lugar de cumplir con estos compromisos, el gobierno anuncia la ocupación militar en los territorios.

Claramente el Estado apunta a un doble juego, pues mientras anuncia la creación de estas Áreas Reservadas de Seguridad que implican inversión económica y el despliegue de fuerzas de seguridad, todo el país está sometido al avance de la minería de oro en los territorios, causando impactos como deforestación, modificación del relieve, progresivos hundimientos de la superficie, alteración de la dinámica fluvial, descarga sin tratamiento de aguas negras, contaminación de agua con sedimentos como mercurio y cianuro, acidificación del agua por el drenaje ácido de la mina, pérdida de hábitats (Plan Nacional de Desarrollo Minero 2020-2030, elaborado por el Ministerio de Energía y Recursos naturales no renovables, pág 113).[1]

En el Plan Nacional de Desarrollo Minero 2020-2030 se identifican estos puntos de minería ilegal en el país: en Macas 7 puntos críticos; en Machala 10 puntos; en Ibarra 13 puntos; en Guayas 18 puntos; en Cuenca 26 puntos; en Zamora 5 puntos; en Riobamba 5 puntos; en Tena 1 punto; en Napo 8 puntos; en Orellana dos puntos; en Pichincha 13 puntos; en Loja 3 puntos. (págs 109-112). Es decir 111 frentes en los que se extrae oro plenamente identificados para el 2020, los cuales persisten y han aumentado para el 2023, sin que el Estado haya desarrollado una política de protección de la naturaleza y las comunidades y sin que haya diseñado un plan de trazabilidad del oro para que el Estado deje de comprar y exportar oro ilegal. Según una investigación de la organización internacional Insight Crime, al menos el 70% del oro que exporta Ecuador sería de origen ilegal.

Por ejemplo, en la ciudad de Zaruma fue denunciado en diciembre un nuevo socavón que se añade a las detonaciones bajo las casas que no han parado durante el 2022, mientras las medidas que se intentaron tomar fueron boicoteadas por las empresas mineras “legales”. En ríos de la provincia de Napo, como es el caso de Yutzupino, videos que se viralizan en las redes sociales dan cuenta de gran cantidad de maquinaria que destruye las orillas y lechos. En la comunidad de Buenos Aires, en Imbabura, los frentes mineros regresaron al mismo tiempo que ingresó la empresa Hanrine y la policía y el ejercito presentes resguardan el tránsito del material mineralizado ilegal. En Río Blanco, Azuay, las comunas denuncian ataques y amedrentamientos de la narcominería. En San Lorenzo, Esmeraldas, las comunidades afrodescendientes ven desaparecer el bosque del Chocó a manos de las grandes maquinarias que destrozan los ríos Cayapas y Santiago en busca de oro. En todos estos casos, mineros invaden los territorios sin ningún control y el Estado opta por no ver, no saber, no actuar.

Mientras exista injusticia ambiental, social y económica, los conflictos continuarán. La represión no resuelve la injusticia, al contrario, va a exacerbar y agravar la conflictividad social. Tampoco esta se resuelve con decretos que protegen las inversiones mineras, sino con observancia y respeto a los derechos y las demandas de las comunidades y las organizaciones que las representan.

9 de enero de 2023

[1] https://ciarglobal.com/minera-china-junefield-demanda-en-arbitraje-a-ecuador-en-medio-de-denuncias/

[1] https://recursosyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/2020/10/Plan-Nacional-de-Desarrollo-del-Sector-Minero-2020-2030.pdf

 

Fuente: Accion Ecologica

Menos impuestos al plástico y a las bebidas azucaradas, nuevo atentado a la salud publica y el ambiente

ACCIÓN ECOLÓGICA OPINA

Mediante el Decreto Ejecutivo 645, firmado el 10 de enero de 2023, el presidente Lasso redujo la tarifa del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) con esta consideraciones,

Para fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha contra el contrabando y la informalidad:

. el tabaco (50%) y armas de fuego, deportivas y municiones (30%)

. aviones, avionetas y helicópteros (10%) excepto aquellas destinadas al transporte comercial de pasajeros, carga y servicios

Para contener el impacto inflacionario en la economía:

. cigarrillo (USD 0,16 por unidad)

. alcohol de uso distinto a bebidas alcohólicas y farmacéutico, y bebidas alcohólicas (USD 10 por litro de alcohol puro)

. cerveza industrial (USD 13,08 por litro de alcohol puro)

. cerveza artesanal (USD 1,50 por litro de alcohol puro)

. bebidas no alcohólicas y gaseosas con contenido de azúcar mayor a 25 gramos por litro de bebida (USD 0,18 por 100 gramos de azúcar añadida)

. fundas plásticas (USD 0,08 por fundas plásticas)

Esta decisión la toma aun cuando el 27 de diciembre de 2022, el Servicio de Rentas Internas dispuso el incremento del precio de los cigarrillos, alcohol, cervezas, bebidas azucaradas y fundas plásticas.

Una medida fiscal y regulatoria que fue bien recibida por varias organizaciones e instituciones como FAO, UNICEF, OPS-Ecuador, el Programa Mundial de Alimentos, comunidades médicas, consumidores. En su comunicado, las organizaciones e instituciones destacan el beneficio de medidas como esta para el conjunto de la sociedad pues disminuyen el riesgo de contraer enfermedades crónicas no transmisibles (ENT), una epidemia que afecta al Ecuador y al mundo entero, provocando no solo discapacidades sino el 71% de las muertes que se producen a escala mundial.

También el Ministerio de Salud Pública resaltó que la resolución emitida ayuda a garantizar el derecho a la salud de la población, en línea con el Plan Nacional Creando Oportunidades y el Plan Decenal de Salud 2022-2031 que tiene como meta contribuir a la disminución de muertes por enfermedades crónicas no trasmisibles, además de empoderar a la población en el autocuidado y en la adopción de hábitos de vida saludables.

Por su parte, el Comité Empresarial Ecuatoriano, en los primeros días de 2023 se pronunció contra la medida con el argumento de que “el ICE nos afecta a todos”, se encarecerán los bienes, y se afectará a la microempresa y tiendas del barrio. Poco después, el presidente Lasso cede a la presión empresarial y emite el Decreto 645 basado en el desprecio al cuidado de la salud pública.

Plásticos

El Ecuador fue uno de los países presentes en la llamada “Cumbre del Plástico” en Punta del Este, Uruguay, en noviembre de 2022, para enfrentar el grave problema de la contaminación por plásticos en ecosistemas terrestres y el mar, siendo la reducción de los plásticos una de las maneras de hacerlo.

Por su lenta degradación y su composición química, el plástico es muy agresivo en la naturaleza. Además, tanto su producción como su incineración contribuyen en gran medida al cambio climático. Los residuos plásticos se han convertido en los más abundantes en todo el mundo. Una bolsa de plástico (ahora con reducción de tributos), tarda en degradarse 150 años (una botella, más de mil años).

Cuando el plástico entra en contacto con el suelo, libera sustancias tóxicas que se filtran al subsuelo, contaminando las aguas subterráneas y la tierra. El mar es actualmente un gran vertedero de plásticos: unos 8 millones de toneladas de plástico son vertidas cada año a los océanos, lo que equivale a vaciar un camión de basura plástica cada minuto. A consecuencia de esta contaminación, animales marinos se asfixian, consumen y dejan de movilizarse porque se enredan en plástico. Además, en contacto con el agua el plástico libera compuestos altamente contaminantes y peligrosos como el bisfenol A, que acaba con la vida de muchas especies marinas.

La industria del plástico va de la mano con la extracción petrolera (el plástico está hecho de petróleo). Por eso, empresas petroleras como ExxonMobil, Sinopec, PetroChina, Saudi Aramco, y petroquímicas como Dow e Indorama Venture, dominan el mercado internacional del plástico.

Bebidas azucaradas

Cada vez hay más evidencias de que su consumo es uno de los principales impulsores de la obesidad en el mundo, sobre todo entre menores de edad, y son causantes principales de otras enfermedades no transmisibles como la diabetes, cáncer de endometrio, de ovarios, de mama y de próstata, así como accidentes cardiovasculares. Todas estas, importantes causas de mortalidad en el país cada año.

Un refresco de 250 ml de coca cola contiene 27 gramos de azúcar. Mientras, la Organización Mundial de la Salud recomienda no consumir más de 25 gramos al día.

A esto se suma que estas bebidas utilizan gran cantidad de agua. Se estima que para producir medio litro de estas bebidas se necesitan de 170 a 310 litros de agua: un  95% del agua usada proviene de su cadena de suministro, principalmente para producir los ingredientes de la bebida, incluida el azúcar; y el resto se utiliza para generar la botella, el etiquetado y otros. Esto implica una concentración del agua que pone en riesgo el suministro local y la existencia misma de vertientes y acuíferos. Además, estas bebidas vienen generalmente en botellas de plástico o latas, que suponen gastos energéticos e impactos ambientales adicionales.

La industria de las bebidas azucaradas está controlada por Coca-Cola, Pepsi y Nestlé,  empresas transnacionales que se benefician enormemente de esta reducción de impuestos establecida en el Decreto  645.

Recordemos que la Constitución en su artículo 281.13 señala que es deber del Estado, Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos. Y el artículo 364 añade que para prevenir las adicciones, Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco.

¿Cree usted que al presidente Lasso le interesa cumplirlos?

11 de enero de 2023

Fuentes

MSP

https://www.salud.gob.ec/ministerio-de-salud-publica-respalda-el-ajuste-al-impuesto-de-productos-no-saludables/

Campaña Que rico es!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0cVae6YiDKv5SKi6DxXQxsGWGeWPUYnVp1vrpxMdAnmrTBBWhZ2d2ALHKc4yXRuKJl&id=100064836275195&mibextid=Nif5oz

 

Fuente: Accion Ecologica

Porqué votar NO en las preguntas 7 y 8 de la Consulta Popular

El presidente Guillermo Lasso ha convocado mediante el Decreto 607 a una Consulta Popular para febrero de 2023. La Consulta busca la enmienda de varios artículos de la Constitución de la República, entre los que se incluyen dos que tienen que ver con temas ambientales.
En el proceso de dictamen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional varias personas y colectivos presentaron amicus curiae argumentando porqué estas dos preguntas deben ser declaradas inconstitucionales.

A continuación, adjuntamos los principales argumentos de algunos de estos amicus que sostienen que estas preguntas pueden vulnerar derechos de los pueblos y la naturaleza.

LEER LOS ARGUMENTOS DE LOS AMICUS CURIAE

 

Fuente: Accion Ecologica

Serie Derechos Humanos y de la Naturaleza No. 2: Un nuevo acuerdo para la biodiversidad. ¿Protección de la naturaleza o regresión de derechos?

Es indudable que el mundo enfrenta una dramática pérdida de biodiversidad, tema de gran preocupación para el Ecuador por su condición de país megadiverso y por los distintos frentes de destrucción de la naturaleza existente en nuestro país.

Durante las últimas dos semanas, representantes de 180 países -entre los que estuvo el Ecuador-, se reunieron en Montreal en la Conferencia del Convenio de Diversidad Biológica (COP15), para desarrollar un Marco Global de Biodiversidad (GBF) posterior a 2020 para revertir la crítica situación de la diversidad en el planeta situación. Este Convenio, que ya tiene 30 años se existencia, ha hecho muy poco al respecto.

El principal “logro” de la Conferencia que terminó el 18 de diciembre, fue la llamada Agenda 30/30, que pretende designar al 30% de la superficie terrestre y los océanos del mundo como áreas protegidas hasta el año 2030.

Si bien pareciera ser una buena idea, esta agenda puede ser desastrosa para los pueblos indígenas y otras comunidades locales que han cuidado y protegido sus tierras y territorios.

En varias regiones del mundo, la declaración de áreas protegidas ha significado desalojos forzosos a comunidades. De hecho, en Ecuador, el Código Orgánico del Ambiente y su Reglamento contemplan la figura de “expropiación”[1] a comunidades que ocupan espacios declarados como áreas protegidas, y establece limitaciones de uso y goce de “las propiedades existentes en ellas[2]. Es decir, se estaría afectando a las poblaciones que menos responsabilidad tienen en la destrucción de la biodiversidad.

Si bien se incluyen otras medidas “efectivas de conservación basadas en áreas” (OECM por sus siglas en inglés), los requisitos que deben cumplir las comunidades constituyen una vulneración al derecho que tienen a su autodeterminación.

El Relator Especial sobre los Derechos Humanos y el Medioambiente de Naciones Unidas[3] propone tratar los temas de la conservación desde una perspectiva de derechos, respetando los territorios de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras comunidades tradicionales, incluyendo a los campesinos cuyos derechos ya fueron reconocidos por las Naciones Unidas. Además hace un llamado a los gobiernos para prevenir el abuso y dejar de perseguir a las personas defensoras del ambiente.

Por su parte, el Relator Especial sobre los Derechos de los  Pueblos Indígenas en su informe a la Asamblea General de la ONU señala que aumentar el número de áreas protegidas no sirve para atacar efectivamente las causas o consecuencias del cambio climático y que en las iniciativas de conservación que se emprendan en sus tierras y territorios  se los debe reconocer como titulares de derechos. El respeto a los derechos de los pueblos indígenas beneficiará en última instancia al planeta y a los pueblos en su conjunto, y no se los debe excluir de sus territorios en nombre de la conservación[1].

Otro aspecto preocupante es que las obligaciones que tienen los gobiernos están siendo reemplazadas por medidas corporativas voluntarias, incluyendo las de las grandes corporaciones transnacionales de conservación.

Las estrategias de conservación centradas en las áreas protegidas desvían la atención de las verdaderas causas que provocan la destrucción de la biodiversidad, como es la expansión de la frontera extractiva -petrolera o minera-, el agronegocio o  la construcción de grandes obras de infraestructura; esto sucede hacia zonas biodiversas, incluyendo territorios indígenas y otras comunidades locales, e inclusive por sobre  áreas protegidas. Este es el caso del avance petrolero en el Parque Nacional Yasuní y de la minería en la Reserva de la Biosfera del Chocó Andino. En el tema de los océanos, se debe combatir la sobrepesca, parar la proliferación de la acuacultura, detener la construcción de megainfraestructura, frenar el transporte masivo marítimo de mercancías y prohibir radicalmente la minería en el fondo marino.

Es además preocupante que en la Conferencia de Biodiversidad se propongan mecanismos financieros como las grandes donaciones que están haciendo los billonarios del mundo quienes, lejos de tener propósitos altruistas, en realidad tienen sus propias agendas corporativas. Por ejemplo, como nos alerta Silvia Ribeiro del Grupo ETC, Jeff Bezos (dueño de Amazon) invierte 100 mil millones de dólares a través del Earth Fund en el proyecto AFR100. Este hombre, que pretende verdear su imagen a través de estas donaciones, está llenando el planeta con plantaciones forestales para la producción de celulosa para fabricar cartón y papel de embalaje para sus cientos de millones de paquetes entregados a domicilio[2] y que generan cientos de miles de toneladas de basura tirada en el mundo. Otro mecanismo propuesto en la COP15 es el canje de deuda por conservación, principalmente destinado a temas marinos. Al respecto, un grupo de organizaciones[3] denunciaron ante la COP15 que, aunque estos canjes de deuda se presentan como “soluciones financieras ingeniosas” para la conservación marina y un alivio a la deuda, la realidad es que estos acuerdos comprometen a los gobiernos a aportar millones de dólares

canalizados a través de una ONG de conservación en cada Estado, que tendrá el control sobre las políticas y manejo de recursos marinos y manejará presupuestos superiores a los Ministerios del Ambiente de los países. Las comunidades de pescadores artesanales y recolectores tradicionales claramente no juegan ningún rol en estos acuerdos y no significan tampoco una anulación de la deuda externa.

A más de los aspectos financieros descritos, se han propuesto mecanismos tecnológicos para reducir la pérdida de biodiversidad. En los corredores de la conferencia se escuchó decir a un delegado del Ecuador que la aplicación de nuevas tecnologías moleculares (es decir organismos genéticamente modificados) podría servir para erradicar las especies invasoras en las Galápagos. Esto es un escándalo, sobre todo viniendo de un representante gubernamental de un país declarado constitucionalmente “Libre de Transgénicos” y donde están prohibidas las biotecnologías experimentales[1].

Para terminar, durante las negociaciones de la COP15 se introdujo oficialmente el término “positivo para la naturaleza” que, como ocurre con el cambio climático y el “cero neto” o “carbono negativo”, es un concepto engañoso que permite seguir destruyendo biodiversidad con el argumento de que se estaría compensándola con algún tipo de restauración en otro lugar (con plantaciones de cuaqluier tipo, inclusive monocultivos) y de paso pintar de verde a las corporaciones que destruyen el planeta.  En noviembre de 2022, se publicó un artículo[2] sobre cómo varias empresas forestales, las principales destructoras de los bosques estaban siguiendo una «hoja de ruta» hacia la positividad de la naturaleza.  

Aunque se anunciara con bombos y platillos que en la COP15 se alcanzó un acuerdo para frenar la pérdida de biodiversidad en el mundo, es posible que sólo signifique mucho maquillaje verde y una regresión en derechos para las comunidades que tradicionalmente la han cuidado y protegido, y una vulneración de los derechos de la naturaleza.

ACCIÓN ECOLÓGICA

20 de diciembre de 2022


[1] Art. 401 de la Constitución de la República del Ecuador

[2] https://www.wbcsd.org/Programs/Food-and-Nature/Nature/Nature-Positive/Roadmaps-to-Nature-Positive

Ahí se incluyen empresas forestales Drax Group, International Paper, Mondi, Smurfit Kappa Group, Stora Enso, Sumitomo Forestry y Weyerhaeuser


[1] Calí Tzay (2022).  Áreas protegidas y derechos de los pueblos indígenas: las obligaciones de los Estados y las organizaciones internacionales. Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígena a la Asamblea Nacional de la ONU.

[2] Riveiro Silvia (2022). Billonarios contra la biodiversidad. La Jornada 17 de diciembre 2022

[3] Comité para la Abolición de la Deuda Ilegítima, CAN, Greenpeace y otros (2022). Financiación de la agenda 30×30 para los océanos: Hay que rechazar los canjes de deuda por naturaleza.


[1] Art. 49 del Código Orgánico Ambiental (COA) y Art. 76 del Reglamento al COA (RCOA)

[2] Art. 37 del COA y Art. 68 (b) RCOA

[3] David R. Boyd D.R.  Keene S ( 2021). Human rights-based approaches to conserving biodiversity: equitable, effective and imperative

Pueblos y comunidades en San Lorenzo defienden su vida y la naturaleza frente a la minería de oro

Boletín de Prensa

Al fin esperanza para el pueblo” fueron las palabras de Miky Valencia, habitante de una de las comunidades del  San Lorenzo , luego de escuchar la resolución dictada por el Juez Multicompetente de San Lorenzo, Dr. Fernando Saldarriaga, en la audiencia de evaluación de las medidas cautelares dictadas en marzo de 2011, que han permitido en alguna medida, detener el avance de actividades mineras ilegales de oro en las comunidades de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo de Esmeraldas, así como proteger a la naturaleza.

La evaluación y modificación de las medidas cautelares fue solicitada por la Prefecta de Esmeraldas, solicitud que fue recibida con preocupación por las poblaciones locales, quienes exigen el cabal cumplimiento de las medidas cautelares y su mantenimiento, pues constituyen a la fecha, la única herramienta para defender sus derechos.

En la Audiencia, el Ab. Fred Larreategui, abogado defensor de las comunidades, señaló que la contaminación de metales pesados, con aluminio por ejemplo supera en 4.000 veces la norma ambiental permitida, lo que demuestra la preocupante situación en la que viven estas comunidades.  Consecuentemente, la defensa técnica insistió, como en petitorios pasados, que la acción de medidas cautelares autónomas se convierta en una acción de protección, con base a las reglas jurisprudenciales dictadas por la Corte Constitucional del Ecuador.

En representación del Estado comparecieron únicamente abogados del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica – MAATE, quienes alegaron un supuesto cumplimiento de las medidas cautelares apenas con reuniones de trabajo e inspecciones del año 2018.  Luego de escuchar a las partes, el juez constitucional dictó su Resolución, que, en lo principal, ha dado paso a la conversión de la medida cautelar autónoma en una acción de protección dictando las correspondientes medidas cautelares, con un plazo de cumplimiento de 15 días:

  • Los GAD Municipales de Eloy Alfaro y San Lorenzo deben proveer agua potable para todas las comunidades rurales afectadas por la minería y que son mencionadas en la Resolución.
  • Se dispone que el Ministerio de Energía y Minas suspenda provisionalmente toda actividad minera en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo; sólo se permite que se extraiga materiales áridos y pétreos para obras de la propia comunidad, respetando y observando las regulaciones ambientales y de este tipo de minería.
  • El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica debe acompañar y controlar esta actividad extractiva.
  • El Ministerio de Salud Pública debe cumplir inmediatamente con un diagnóstico in situ y muestreo técnico de la situación de salud de las comunidades afectadas, con el resultado que demuestre las conclusiones en relación con la actividad minera en la zona.
  • Se dispone acompañamiento del Ejército Nacional en las tareas y obligaciones que debe ejecutar el Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Energía y Minas para que se retiren los frentes mineros.

Al finalizar, sobre los resultados de la audiencia, Nathalia Bonilla, presidenta de Acción Ecológica,  se refirió a la defensa permanente de las comunas afroecuatorianas y pueblos indígenas de los ríos, y el bosque del Chocó: “La sentencia de hoy es el resultado de un largo proceso y trabajo persistente de años, de pueblos y organizaciones, quienes apasionadamente se han encargado de la defensa de la vida frente a la destrucción de la minería”.

Klever Santana, integrante de la Pastoral Social de Esmeraldas señaló que “El día de hoy es histórico en la lucha del pueblo afroecuatoriano, y es una victoria de las y los defensores de la naturaleza  para los pueblos del norte de Esmeraldas”.

Miércoles, 14 de diciembre de 2022

TLC con China: más impunidad…más deuda ecológica

ACCIÓN ECOLÓGICA OPINA

A propósito de las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio – TLC – entre Ecuador con China que se pretende avanzar en el marco de la Cumbre Empresarial China, LAC – Latinoamérica y el Caribe – 2022 que se lleva a cabo en Guayaquil, vale recordar la deuda social y ecológica que tienen las empresas Chinas con nuestro país.

Firmar un TLC con China ofrecería enormes garantías a los inversionistas de ese país sobre los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza.

Esto ya viene sucediendo desde el 2010, cuando China otorgó al Ecuador el primer crédito por USD 1700 millones para construir la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Desde entonces, hasta el 2019, el país ha recibido créditos de China por alrededor de USD 12000 millones, lo que abrió la puerta para el ingreso de sus empresas interesadas principalmente en la construcción de proyectos de embalses e hidroeléctricas, y explotación de petróleo y minería.  

El Ecuador tiene vigentes más de 20 contratos de crédito suscritos con el Eximbank de China, el Banco de China y el Banco de Desarrollo de China entre 2010 y 2019. Estos créditos están atados a la contratación de empresas y mano de obra de este país y al pago anticipado y venta de petróleo a China. Es así que actualmente más del 80% del petróleo exportable se vende al país asiático.

El reciente estudio Deuda Socioecológica de China con la Naturaleza y con los Pueblos del Ecuador (1) demuestra los graves impactos sociales, ambientales y a la naturaleza que estos proyectos han generado durante estos años, basados en el irrespeto hacia los pueblos y las comunidades y en prácticas depredadoras de la naturaleza.

EN BUSCA DE PETRÓLEO

Las empresas chinas, como las norteamericanas o europeas, han irrumpido en la Amazonía ecuatoriana en busca de petróleo. 

Las empresas China National Petroleum Corporation (CNPC), China Petrochemical Corporation (SINOPEC) y sus subsidiarias – que cuentan con capitales privados y relaciones financieras y comerciales que incluyen a entidades privadas de Estados Unidos – han tenido acceso a campos y bloques con reservas de millones de barriles de petróleo, localizados en el Parque Nacional Yasuní y en el área de amortiguamiento de la Zona Intangible Tagaeri y Taromenane.

Petrochina S.A. opera también en las mismas zonas frágiles, y en territorio de la nacionalidad Waorani y de comunidades campesinas, dentro de los bloques 14 y 17. Andes Petroleum, por su parte, opera el bloque 62, afectando parte de la Reserva Faunística Cuyabeno, territorio del pueblo Siekopai.

Las actividades de exploración, explotación y transporte de petróleo en estas áreas que son hogar de pueblos indígenas y comunidades campesinas, constituyen escenarios de conflictividad y violencia, por la afectación a sus espacios de vida, fuentes de agua, recolección y cultivo, y sitios sagrados.

Estas actividades han causado la deforestación del bosque amazónico en el Cantón Cuyabeno (donde 263 Km de bosques fueron intervenidos por Andes Petroleum), y en el área de amortiguamiento y zona intangible del Parque Nacional Yasuní; por la apertura de caminos e instalación de infraestructura. Además se ha contaminado el aire, agua y suelo, afectando la salud y alimentación de las poblaciones y la destrucción de la biodiversidad de flora y fauna, en uno de los lugares más biodiversos del planeta.

INICIA LA EXPLOTACIÓN DE MINERÍA INDUSTRIAL

China inició en 2010 la explotación minera industrial en el país con el proyecto Mirador, ubicado en la Cordillera del Cóndor en la Amazonía bajo el control de la empresa Ecuacorriente S.A., subsidiaria del consorcio chino CRCC-Tongguan Investment Co. Ltd. (conformado por China Railway Construction Corporation Limited y Tongling Nonferrous Metals Group) a partir de la compra de acciones a la empresa canadiense Corriente Resources.  Esta adquisición incluyó los proyectos mineros San Carlos-Panantza, contiguo a Mirador, hidroeléctrica Santa Cruz y empresa Puerto Cobre, para la transportación mineral por el océano Pacífico.

El proyecto Mirador comenzó a explotar la mina en julio de 2019 con una proyección de cerca de 350000 toneladas anuales de concentrado de cobre (2).  Del material que se remueve en una mina, solo el 2% es exportable, el resto son desechos tóxicos que son depositados en relaveras, en el caso de Mirador se advierte del peligro inminente de que éstas colapsen y generen una catástrofe con impactos transfronterizos.  Para producir una tonelada de cobre se contamina alrededor de 170 000 litros de agua.

La intervención de Ecuacorriente ha estado rodeada de conflictividad social y de violencia, contexto en el que se produjo en 2014 el asesinato impune de José Tendetza, presidente de la comunidad shuar Yanúa Kim – ubicada en la zona de influencia del proyecto –  quién estaba opuesto a la minería.  Así mismo, cerca de 40 familias de la comunidad indígena shuar Cascomi en la Parroquia de Tundayme fueron desalojadas violentamente, para las construcciones y operaciones de la empresa.

La construcción del proyecto afectó la conectividad entre áreas protegidas de los dieciséis ecosistemas de la Cordillera del Cóndor. Destruyó o puso en riesgo hábitats suigéneris de flora y aves endémicas, deforestó bosques y destruyó suelos, 227 nacimientos y fuentes de agua se convirtieron en área concesionada, se contaminaron y desviaron ríos. Esto ha generado la pérdida de usos tradicionales del bosque y los ríos por acaparamiento territorial, cambios culturales y alimenticios, enfermedades en la piel por contaminación del agua, fragmentación del territorio indígena, desplazamiento y criminalización a defensores y defensoras de derechos.

Algo similar sucedió con la intervención de la empresa Junefield-Ecuagoldmining South America S.A. y sus concesiones en el proyecto Río Blanco de explotación minera, localizada en el Bosque Protector Molleturo-Mollepongo, Provincia de Azuay. Se trata del “macizo del Cajas”, zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cajas (declarado como humedal Ramsar y Reserva de la biósfera).

La intervención de esta empresa ha supuesto afectaciones al páramo y su capacidad de generación de agua, secamiento del humedal Cruz Loma, del Río Blanco y otros cuerpos de agua.  Debido a ello, las comunidades han quedado desabastecidas de agua para uso humano y actividades agrícolas. Frente a la resistencia de las comunidades han habido apresamientos y criminalización de sus miembros.

Amparados en un Tratado de Protección de Inversiones Ecuador-China, la minera Junefield interpuso este año una demanda arbitral internacional contra el Estado por 480 millones de dólares, por la expulsión y suspensión de trabajos debidos a la defensa de los territorios y a una orden judicial que establece que las comunidades afectadas no fueron consultadas (3).

GRAVES IMPACTOS DE LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS

En la última década, un 50% de los préstamos chinos a Ecuador se destinaron a siete proyecto hidroeléctricos: Coca Codo Sinclair, Toachi Pilatón, Minas San Francisco, Delsitanisagua, Sopladora, Quijos y Mazar-Dudas, con una inversión directa de cerca de 6.000 millones de dólares.

La construcción de hidroeléctricas ha estado plagada de denuncias sobre maltratos laborales y condiciones deficientes de salubridad y seguridad por parte de las empresas chinas, como el caso de la China Internacional Water & Electric Corp(CWE) a cargo de la construcción del proyecto Toachi-Pilatón (4).

El caso de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair es paradigmático. 

La obra fue construida por la empresa Sinohydro para producir 1.500 MW, a un costo de 3.216 millones de dólares provenientes de dos préstamos del EXIMBANK de China y el aporte de recursos fiscales.

Esta es la hidroeléctrica más grande del país, y de mayor capacidad instalada en la cuenca andina amazónica, se ubica en las provincias de Napo y Sucumbíos donde habitan comunidades campesinas y kichwa, cuyas vidas y sistemas productivos dependen de los bosques y ríos circundantes.  Esta zona, conocida como el Alto Coca, se caracteriza por su alta pluviosidad y sensibilidad geomorfológica; un 80% de la subcuenca del río Coca está constituida por zonas de bosque que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – Reserva Cayambe Coca, Reserva Ecológica Antisana, Parque Nacional Sumaco Napo Galeras, Bosque Protector La Cascada, Bosque Protector del Río Tigre”. Es una zona de alta sismicidad.

Estas áreas han sido afectadas por la apertura de vías y otras infraestructuras durante la construcción de la hidroeléctrica. Durante este período murieron o resultaron heridos obreros por inundación y colapso de uno de los túneles, y más tarde dos campesinos murieron por inundaciones generadas por la hidroeléctrica.

Desde que inició su operación, en 2016, la hidroeléctrica presentó problemas adjudicados a fallas de construcción – más de 7000 fisuras en la maquinaria de la presa y otros daños – procesos encadenados de sedimentación acumulada, hundimientos de tierra y erosión, que sería una de las causas que aceleró el proceso de erosión regresiva, la misma que provocó en el 2020 la desaparición de la cascada San Rafael, la más alta y una de las más bellas del Ecuador.

La erosión regresiva causó además la rotura de tuberías del Sistema de Olecoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) que transportan el crudo amazónico a los puertos de exportación, y la destrucción de la carretera que une la Amazonía Norte con el resto del país.  El derrame petrolero provocado en los ríos Coca, Napo y sus afluentes afectó a más de 150 comunidades indígenas y campesinas de Napo, Orellana y Sucumbíos (110.000 personas) que sufrieron la pérdida de agua y alimentos, además de la afectación a la fauna que albergan.

El aumento de la erosión regresiva del río Coca pone en riesgo de desaparición a varios poblados y el colapso de la misma infraestructura hidroeléctrica.

Estos ejemplos de la deuda social y ecológica de China con el Ecuador evidencian violación de los derechos humanos, violencia y criminalización de personas defensoras de derechos, pueblos afectados o desplazados, explotación en áreas protegidas, bosques deforestados, desvío de ríos, contaminación, pérdida de biodiversidad, vulneración de los derechos de la naturaleza, desaparición del patrimonio cultural y espiritual de los pueblos.

¡Estos hechos han quedado en la impunidad!

¿Es eso lo que queremos que se profundice con la firma del TLC con China?

https://www.accionecologica.org/xi-jinping-en-ecuador-entrega-2-xi-jinping-viene-prepara-t

 

Fuente: Accion Ecologica