10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos

El 10 de diciembre de cada año provoca una obligatoria reflexión sobre cómo se han (in) aplicado los derechos humanos. El balance del 2022 ha estado marcado por asesinatos, feminicidios, inseguridad, crisis carcelaria y mucha violencia.

A esta trágica situación, Acción Ecológica coloca además la vulneración -también creciente- de los derechos de las comunidades y de la naturaleza: territorios enteros expuestos a nuevas actividades extractivas, despojo y criminalización a comunidades que defienden sus territorios y muchos desastres mal llamados “naturales”.

La humanidad creó el concepto de “derechos humanos” después de la segunda guerra mundial,[1]  para poder defenderse de si misma, de los sistemas de poder que históricamente habían desplegado mecanismos de violencia, represión, silenciamiento. 

Sin embargo, 74 años después de la primera declaración de los DDHH, las actividades más destructivas en el país se mantienen y amplifican con un  ejercicio de poder descontrolado,puertas giratorias, desvío de poder, corrupción y falta de control, impulsados casi siempre bajo el concepto de “interés nacional” .

El artículo 10 de la Constitución de 2018 reconoció como sujetos de derechos a las personas, las comunidades y la naturaleza. Podría haber quien piense que frente a la tragedia que sufren las personas las otras violencias son secundarias, pero la verdad es que todo está ligado. Con la destrucción de la comunidad y la naturaleza se entierran las posibilidades de habitar el mundo con dignidad, de pensar siquiera en cómo evitar que jóvenes y niños caigan atrapados en los modelos criminales, que hombres y mujeres deban exponer sus cuerpos a actividades destructivas, que el futuro no sea el colapso y la guerra, sino sociedades solidarias y cuidadoras.

Los derechos individuales (humanos), los económicos y sociales, los colectivos y los de la naturaleza, están interligados. Las agresiones a la naturaleza corren paralelas con las agresiones a los territorios de las comunidades y estas afectan a las personas e impiden el ejercicio de sus derechos. “Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos”.[2]

Iniciamos con este boletín un balance de las políticas del país en materia ambiental, donde se verán casos de criminalización de personas defensoras; casos de naturaleza contaminada, militarizada, comercializada; políticas que destruyen las bases de subsistencia de sociedades que viven en armonía con la naturaleza; zonas de sacrificio en donde se acumulan vulneraciones a los territorios y a las comunidades que allí habitan y en general vulneraciones a los derechos de las personas, comunidades y naturaleza.

Acción Ecológica


[1] La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1948.

[2] Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Objetivos de la protección ambiental. Opinión Consultiva 23-17

 

Fuente: Accion Ecologica

Día por el No Uso de Plaguicidas

En Ecuador los campos siguen siendo envenenados por agrotóxicos

El 3 de diciembre es el Día por el No Uso de Plaguicidas, recordando la desgracia ocurrida en Bhopal, un poblado de India, cuando se vertieron al ambiente miles de toneladas de precursores de plaguicidas. Por envenenamiento murieron más de 2.000 personas en cuestión de horas, a las que siguieron otros miles en las semanas posteriores. Más de 200.000 personas vieron su salud gravemente afectada de manera permanente. Esta catástrofe sigue dejando huella en la actualidad en aquella la comunidad. La planta pertenecía a la empresa estadounidense Union Carbide Corporation.

Hoy, las principales corporaciones de pesticidas son Syngenta Group (China), Bayer CropScience (Alemania), BASF (Alemania), Corteva (Estados Unidos), UPL Limited (India), Rallis India Limited (India), FMC Agricultural Solutions (Estados Unidos) y ADAMA (China).

En el Ecuador, primer país en reconocer constitucionalmente los derechos de la naturaleza, los campos siguen siendo envenenados por agrotóxicos. De acuerdo a información de Agrocalidad, en el país están registrados más de 3.500 plaguicidas, que siguen matando a los organismos del suelo, alterando los ciclos biológicos y procesos evolutivos; devasta la flora, fauna y la microbiología (encargada del ciclo de nutrientes y de la regeneración de la vida). Los polinizadores (muchos de los cuales son insectos) están entre los grupos más afectados y con esto la reproducción de las plantas. De los 26 plaguicidas que se usan en Ecuador, siete son ilegales en la Unión Europea, por su peligrosidad.

Queremos llamar la atención a lo que acontece en las plantaciones de banano. El banano es el primer rubro de exportación agrícola del país y su producción se concentra en las provincias de Los Ríos, Guayas y El Oro. En las plantaciones bananeras se aplica un cóctel de pesticidas. Durante el año se hace alrededor de 45 fumigaciones aéreas. La deriva lleva este cóctel venenoso hacia otros trabajadores rurales y a las comunidades que rodean las zonas bananeras con el consecuente impacto a la salud y a la ecología.

El fungicida que más preocupa es el Mancozeb. Aunque en las plantaciones se mezclan varios plaguicidas, siempre se usa Mancozeb. Se conoce muy poco sobre los efectos sinérgicos de estas composiciones. Debido a que los aerosoles cargados de plaguicidas se mueven con los ríos, la lluvia y el viento, se ha encontrado Mancozeb a un kilómetro de las plantaciones de banano.

Según Jaime Breilh de la Universidad Andina en Quito, autor de varios estudios sobre los efectos de las aspersiones de plaguicidas en la salud de los trabajadores bananeros, las lesiones físicas y perceptibles más inmediatas son graves, pero los componentes cancerígenos se manifiestan a largo plazo y podrían mostrar sus efectos hasta diez años después. Esto es muy grave pues hay indicios de trabajo infantil en las bananeras.

Y aunque los trabajadores son conscientes de los efectos de estos agrotóxicos en su salud, permanecen en sus trabajos porque no tienen otras opciones de empleo y si faltan por enfermedad los despiden. Este suele ser el único trabajo disponible en las zonas bananeras; es su medio de subsistencia y su maldición.

Adolfo Maldonado, especialista en enfermedades tropicales, reconoce que, si bien es difícil relacionar a una enfermedad o lesión específica con un determinado plaguicida, los síntomas manifestados son atribuibles a envenenamientos por estos químicos. En estas regiones del país las tasas de enfermedades de este tipo son muy elevadas.

El Mancozeb fue prohibido por un año en el Ecuador, pero el lobby empresarial hizo que se lo vuelva a usar. De acuerdo cálculos del sindicato de trabajadores bananeros, ASTAC, en 2017 se arrojaron 14.225 toneladas de Mancozeb en plantaciones de banano.

Varios estudios muestran su toxicidad y posible carcinogenicidad en el ser humano y afectaciones en la vida silvestre; aumenta la mortalidad y afecta el desarrollo, crecimiento, morfología de anfibios, aumenta la mortalidad en peces y de otra fauna acuática, así como de moluscos y plancton, así de muchas especies de flora. Por estos motivos su registro fue cancelado en la Unión Europea.

Queremos señalar que los sistemas de certificación privilegian los aspectos económicos antes que la salud y la naturaleza, como es el caso de Rainforest Alliance que certificó el banano ecuatoriano a pesar del uso de Mancozeb.

Apoyamos la demanda de las organizaciones indígenas y campesinas para que se promuevan los bioinsumos y se promueva la agroecología, para que no hayan más campos bañados por venenos.

 

Fuente: Accion Ecologica

¡Mujeres, agua, tierra y energía no somos mercancía!: Contra la violencia patriarcal extractivista, las mujeres se organizan

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25 de noviembre de 2020

“Con territorios donde las mujeres derramen lágrimas de dolor y temor, no. Con territorios donde las mujeres agachan sus miradas porque han sido humilladas hasta perder el brillo de su mirada, no. La lucha que damos como pueblos indígenas no puede avanzar hasta que sigamos siendo violentadas de una y mil maneras.”
Declaración, Mujeres indígenas CRIC
 

Hoy 25 de noviembre del 2022, Día de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, queremos conmemorar la lucha de las mujeres que defienden sus vidas, a sus comunidades y sus territorios de las violencias ejercidas por el modelo extractivista patriarcal así como hacer un llamado sobre la urgencia de reconocer los impactos diferenciados que este modelo ejerce sobre ellas y la necesidad de fortalecer su participación política para que sus reclamos y miradas sobre una sociedad con justicia ambiental, social y de género sean atendidas. Ello requiere amplificar la reflexión sobre las nociones de las violencias hacia las mujeres, dando mayor visibilidad a las violencias ambientales y territoriales, reconociendo desde una mirada interseccional las diferentes experiencias que atraviesan a las mujeres como indígenas, campesinas, afrodescendientes, habitantes urbanas, niñas, ancianas, trans y/o lesbianas en sus territorios.

El modelo extractivista patriarcal impuesto a través de mega proyectos minero-energéticos, hidroeléctricas, agroindustria, entre otras formas de explotación de la naturaleza, es responsable de múltiples violencias. El despojo, la contaminación ambiental, la degradación y destrucción de los territorios, la deforestación y pérdida de biodiversidad, afectan a la humanidad y los ecosistemas, implicando impactos específicos sobre las mujeres. Como parte de la estrategia de apropiación que el modelo extractivista ha agenciado sobre los bienes comunes, los cuerpos y las formas de vida de las mujeres, se han invisibilizado y desestimado las labores de reproducción de la vida, históricamente llevadas a cabo por las mujeres. 

Las labores domésticas, como por ejemplo la producción de alimentos para el sustento de familias y comunidades, se hacen cada vez más dispendiosas en territorios donde los suelos y las aguas han sido degradados por el extractivismo, implicando una sobrecarga de trabajos a las mujeres. De igual forma, al estar, en su mayoría, a cargo de la gestión del agua en sus familias, se encuentran directamente más expuestas a las aguas contaminadas y corren mayores riesgos de padecer múltiples enfermedades. A su vez, el aumento de las enfermedades y el deterioro de la salud de las comunidades que habitan territorios con contaminación ambiental, sobrecarga a las mujeres en su rol histórico de cuidadoras, generándoles mayor agotamiento, daños físicos y emocionales. Invisibilizar estas tareas y sus impactos ha sido clave para la apropiación de estos trabajos del cuidado por parte del capital, utilizándolos como sostén del modelo productivo-extractivista que se ancla en los territorios.  Este desconocimiento no sólo es una muestra de injusticia de un modelo insustentable, sino justamente una de las claves para hacer efectiva dicha apropiación.

La sobreposición de estas violencias se agudiza con la violencia política ejercida hacia las mujeres, a quienes se les niegan los espacios de participación, reduciendo su papel a las labores domésticas y de cuidado. Esta situación refuerza los estereotipos de género y la tradicional división entre lo privado y lo público, en donde en vez de reivindicar la centralidad de las labores del cuidado para el sostenimiento de la vida e insistir en su repartición equitativa, se asigna a las mujeres las labores domésticas y lo privado como único espacio posible para ellas, reduciendo su margen de participación en lo público. Al confinarlas a estas tareas, cada vez más extenuantes por los impactos del extractivismo, se ven privadas de acceder a información relevante sobre el destino de sus territorios y sus vidas, y se concentran las vocerías y la toma de decisiones en las figuras masculinas. Esta vulneración de su derecho a la participación política ocurre de múltiples formas y es ejercido por múltiples actores masculinizados, exacerbando el entronque entre extractivismo y patriarcado. 

Este menoscabo a la voz y visión de las mujeres lacera su autonomía e impide que las decisiones que se tomen sobre los territorios contengan los conocimientos que ellas han adquirido en su rol de cuidadoras, obstaculizando ordenamientos territoriales que pongan la reproducción de la vida en el centro y la reparación de sus derechos vulnerados. De este modo, las políticas públicas ambientales y los procedimientos carecen de una perspectiva de género, desconociendo los riesgos diferenciales a los que se exponen las mujeres en el desarrollo de proyectos extractivistas, a la vez en que se prioriza el lucro sobre lo común. Al mismo tiempo, las mujeres que denuncian los impactos que padecen por la actividad extractivista o que buscan espacios de liderazgo para defender a sus comunidades y territorios, suelen ser señaladas y estigmatizadas, inclusive por los propios miembros de sus comunidades, recrudeciendo las violencias. 

A pesar de la intensificación de estas violencias, las mujeres y sus organizaciones vienen desplegando una serie de resistencias, propuestas y alternativas a este modelo político y económico de muerte. En concreto, vemos que las organizaciones de mujeres están poniendo en el centro la discusión por el cuidado de la vida, una noción que pasa por la defensa de los territorios desde el reconocimiento de la interdependencia, es decir, cómo afectamos y nos relacionamos con las y los otros, humanos y no humanos. Este reconocimiento las invita a pensar sobre las relaciones al interior de las organizaciones sociales y sus estructuras patriarcales, razón por la cual un objetivo de sus agendas es transformar estos modos de relacionamiento en los espacios organizativos, exaltando el lugar de lo afectivo en la construcción de colectividades. 

Este mismo sentido de interdependencia y corresponsabilidad las lleva a ser, en muchos de los casos, quienes cuestionan las dinámicas de corrupción y los pactos patriarcales, en los que las empresas extractivas negocian con los líderes hombres de las comunidades para la venta de las tierras. La socialización de las mujeres en los roles de cuidado, las impulsa a anteponer el bienestar de sus familias por encima del lucro o los intereses privados. Así también lo evidencian a través de sus luchas por las múltiples afectaciones a la salud a raíz de los proyectos extractivos, a la par que reactivan sus saberes frente a la curación y reparación de los cuerpos, manteniendo el cuidado de lo común. 

De esta manera, a través del impulso de la articulación entre mujeres, mediante espacios formativos, acciones judiciales y comunicativas, denuncias, incidencia en tomadores de decisión, procesos de gestión comunitaria de las aguas, recorridos de reconocimiento territorial, salvaguarda de las semillas nativas, labores agrícolas y productivas tradicionales, propuestas de cuidado colectivo y exaltación de lo común, estas juntanzas impulsan las resistencias cotidianas al modelo extractivo, construyendo y proponiendo alternativas al modelo hegemónico. 

La posibilidad de reconocer y fortalecer su autonomía e incidencia requiere de la redistribución de las labores del cuidado, para ampliar las posibilidades de participación de las mujeres, a la vez que se revaloran las labores esenciales para el sostenimiento de la vida. Desde Censat Agua Viva reivindicamos como urgente el reconocer las apuestas de las mujeres en defensa de sus territorios, los impactos diferenciales que se ejercen en estos contextos hacia sus cuerpos y las alternativas que han construido desde la juntanza y sus cotidianidades. 

Las mujeres seguiremos declarando ¡Mujeres, agua, tierra y energía no somos mercancía! La lucha ambiental debe ir acompañada de la lucha en contra de las violencias hacia las mujeres, así como enfrentar las violencias en los contextos extractivos y de degradación ambiental. 

Fuente: Censat Agua Viva

Soberanía alimentaria: el camino a seguir

El 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación según la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), fue marcado por más millones de gente con hambre, muchos más en pobreza, en medio de la crisis por el aumento de precios de los alimentos. Covid, guerras y cambio climático convergen de la peor manera para exacerbar la situación, que es aprovechada por las trasnacionales de los agronegocios y del comercio de alimentos para especular.

La Vía Campesina, el mayor movimiento global de organizaciones campesinas, llama al 16 de Octubre “Día internacional de acción por la soberanía alimentaria de los pueblos contra las trasnacionales”. Este año compartió su análisis de coyuntura y propuestas con la declaración  La soberanía alimentaria es la única solución y camino a seguir.

“La crisis alimentaria en este momento es inédita”, afirman, “porque se desarrolla en medio de un contexto global más difícil que el de las crisis alimentaria y de combustibles de 2008. La intensidad y frecuencia de los choques climáticos se han más que duplicado en comparación con la primera década de este siglo. En los últimos 10 años, alrededor de mil 700 millones de personas se vieron afectadas por desastres relacionados con el clima, de las cuales casi 90 por ciento se convirtió en refugiados climáticos. El hambre, la desnutrición y la pobreza son más difíciles de superar debido a las guerras, los conflictos y los desastres naturales en curso. Esto obstaculiza todos los aspectos de un sistema alimentario, desde la recolección, procesamiento y transporte de alimentos hasta su venta, disponibilidad y consumo”.

Sin embargo, anota La Vía Campesina, el problema no es de producción ni de abasto –se producen alimentos más que suficientes para toda la población mundial– sino de acceso a los alimentos, dificultado por una cadena alimentaria industrial controlada por trasnacionales. Las empresas controlan “macrodatos, tierras agrícolas, recursos oceánicos, semillas y agroquímicos, al tiempo que se apropian de 80 por ciento de los alimentos producidos por las y los agricultores familiares”.

A su vez, presionan para que haya cada vez menos controles de parte de gobiernos y de organizaciones internacionales. La Cumbre de Sistemas Alimentarios realizada en 2021, en gran parte promovida por las trasnacionales, tuvo como uno de sus objetivos debilitar los pocos mecanismos de gobernanza pública de los sistemas alimentarios.

Denuncian también la tendencia en todo el mundo a la reducción de espacios para la acción civil y el aumento de violaciones a los derechos humanos, la opresión y criminalización de personas y organizaciones que defienden la tierra. Hay más represión desde los estados, utilizando fuerzas militares y de seguridad, al tiempo que cae la legitimidad del sector público tanto por la cooptación corporativa como por una narrativa de desarrollo que asigna un papel de liderazgo a la inversión del sector privado.

No obstante, destacan que “en las últimas tres décadas ha habido un crecimiento de una red cada vez más robusta, diversificada y articulada de pequeñas y pequeños productores de alimentos, trabajadores y otros actores sociales perjudicados por el sistema alimentario globalizado liderado por corporaciones, que abogan por una transformación radical de los sistemas alimentarios y agrícolas basada en la soberanía alimentaria. Estos movimientos se han comprometido decididamente en la defensa y construcción de dispositivos de abastecimiento de alimentos ecológica y socialmente sostenibles y arraigados territorialmente, que tienden a denominarse ‘alternativos’, aunque son responsables de hasta 70 por ciento de los alimentos que se consumen en el mundo. Repensar las políticas agrícolas como una cuestión de seguridad económica y nacional debe ser una prioridad”.

Para ello proponen, entre otras medidas, el cese de la especulación alimentaria y la suspensión de la comercialización de alimentos en las bolsas de valores; la exclusión de la producción de alimentos de los acuerdos de libre comercio y de la Organización Mundial de Comercio; prohibir el uso de productos agrícolas para producir agrocombustibles o energía.

Exigen un cambio radical en las políticas alimentarias a nivel nacional e internacional, que incluya un nuevo marco global basado en la soberanía alimentaria, no en el comercio, “a fin de fortalecer la agricultura campesina local y nacional, para garantizar una base estable para una producción de alimentos relocalizada, el apoyo a mercados liderados por campesinas y campesinos locales y nacionales, y proporcionar un sistema de comercio internacional justo basado en la cooperación y la solidaridad”.

Abogan por “un cambio radical hacia la agroecología para producir alimentos saludables para el mundo. Debemos enfrentar el desafío de producir suficientes alimentos de calidad al tiempo que reactivamos la biodiversidad y reducimos drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático”.

Efectivamente, para enfrentar el hambre, el cambio climático, la destrucción ambiental y social, las crisis de salud, la verdadera soberanía alimentaria desde y con las comunidades campesinas e indígenas es la única solución.

Por: Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC

Fuente: La Jornada

Tomado de: biodiversidadla.org

Fuente: Radio Temblor