24 de marzo día de la Memoria, Verdad y Justicia.

✊🏾✊🏾Nuestro abrazo solidario al pueblo Argentino, un ejemplo de lucha contra el olvido y la impunidad.

🔥🔥Nos unimos al rechazo contra el DNU, contra la imposición de las políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional, que buscan continuar con el modelo criminal de las deudas.

💚💚Nuestro afecto a la fuerza y ejemplo vivo del pueblo que marcha día a día, que resiste, que nos enseña que el camino es la Verdad y Justicia: ¡Son

Pueblos indígenas, democracias y territorios

Foto: Nicolas Pousthomis / Agenciatierraviva

Esta producción periodística por el 12 de Octubre es compartida por Agencia Tierra Viva, ANCAPAnred y Revista Cítrica.

En tiempos de elecciones, avances de opciones de derecha y democracias en crisis, los pueblos indígenas plantean otros modelos de vida: sin explotar la naturaleza, con solidaridad, complementariedad y reciprocidad. El genocidio negado, el racismo estructural, los gobiernos extractivos y pueblos milenarios que marcan caminos.

«Los argentinos llegamos de los barcos», afirmó Alberto Fernández en junio de 2021. «En Sudamérica todos somos descendientes de europeos», definió Mauricio Macri en enero de 2018. «Somos hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Esto es la Argentina», aseguró Cristina Fernández de Kirchner en abril de 2015. Los últimos tres presidentes de Argentina insistieron en la zoncera que recorre el imaginario de un sector importante de la sociedad: que al país lo hicieron solo los inmigrantes de Europa. Y niegan que Argentina sentó sus bases en un genocidio de los pueblos indígenas, que incluyó campos de concentración, robo de bebés, secuestro de personas, desaparecidos, torturas y asesinatos masivos.

Con el agravante de que no hubo un «nunca más» para esos crímenes. Quizá por eso se explique que aún, 140 años después del inicio de la (mal llamada) Conquista del Desierto, el acontecer de los pueblos indígenas transite entre el racismo estructural que padecen, la represión ejecutada por el aparato estatal y el despojo territorial, elemento central de las políticas económicas y cuasi botín de guerra de todos los gobiernos de turno.

No es casual: los sucesivos presidentes y presidentas basaron su modelo económico en explotar materias primas, como en tiempos del «granero del mundo», finales del siglo XIX. Megaminería, agronegocio, petróleo, monocultivo forestal —entre otras— son las actividades centrales para obtener divisas para las arcas estatales.

Todas estas actividades requieren de territorios de sacrificio. Justamente donde viven, desde hace generaciones, los pueblos indígenas. Aunque existe frondosa legislación que debiera frenar el extractivismo (y proteger a las comunidades originarias), el Poder Judicial mira para otro lado.

«Para este sistema, ser indígena hoy es ser subversivo», explicó alguna vez Jeremías Chauque, mapuche, músico, productor de alimentosa sanos, desde su ruka en Desvío Arijón. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios cuestionan el extractivismo no solo discursivamente, sino también con el cuerpo: «Nunca aceptaremos el extractivismo. Y vamos a morir luchando contra las mineras, petroleras, empresas transgénicas. Por eso nos consideran un peligro». Y, al mismo tiempo, cuestionan al sistema, al capitalismo, donde la explotación de materias primas es un engranaje central.

El diaguita Javier Chocobar (Tucumán), el abuelo qom Roberto López (Formosa) y el mapuche Rafael Nahuel (Río Negro) son sólo algunos de las víctimas fatales de los últimos años. También se suman Cristina Lincopan (joven mapuche fallecida en Neuquén por la contaminación petrolera) o Néstor Femenía, niño wichí muerto en Chaco por desnutrición y falta de asistencia médica básica.

Imposible resumir las situaciones de gravedad y de lucha de los pueblos indígenas de Argentina. La última sistematización de conflictos territoriales (año 2019) fijaba un piso de 183 casos, donde las comunidades indígenas defienden los territorios frente a empresas mineras, agropecuarias, petroleras e inmobiliarias, entre otras. También, claro, frente al Estado (municipal, provincial y nacional).

Bolivia 2003- 12 de octubre,.
Foto: Nicolas Pousthomis / agenciatierraviva

Dos hechos sobresalen en tiempos de un nuevo 12 de octubre y de elecciones presidenciales:

—El juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, joven de 22 años, quien recibió un disparo por la espalda de agentes de la Prefectura comandada por Patricia Bullrich en noviembre de 2017. Luego de seis años del hecho, y con los prefectos en libertad, la semana pasada el juez Alejandro Silva (Tribunal Oral Federal de General Roca) escuchó las voces mapuches: integrantes del Lof Lafken Winkul Mapu, familias y amigos de Rafael Nahuel. Un síntoma: las audiencias pasan casi desapercibidas por los grandes medios de comunicación, para el gobierno nacional y, también, por organismos de derechos humanos (salvo excepciones).

—El Tercer Malón de la Paz, que partió de Jujuy y llegó a la Ciudad de Buenos Aires el 1 de agosto, mantiene su vigilia frente a la Corte Suprema de Justicia. Exigen la derogación de la reforma constitucional de Jujuy (impuesta en tiempo récord, con represión y con trasfondo de mineras de litio). No fueron recibidos por los jueces del máximo tribunal ni por los bloques mayoritarios del Congreso Nacional.

Democracias extractivas, derechos humanos selectivos y pueblos indígenas

La situación represiva en Jujuy, para imponer la reforma constitucional, ameritó denuncias y voces de solidaridad desde el peronismo gobernante. Enfrente estaba Gerardo Morales, radical y precandidato a vicepresidente por la alianza Juntos por el Cambio. Desde el peronismo y aliados esbozaron una teoría: Jujuy sería el globo de ensayo de un posible próximo gobierno bajo ese signo político. Desde asambleas socioambientales respondieron que el Estado represivo para imponer el extractivismo es un hecho desde hace tiempo. Incluso, en San Juan y Catamarca, se denuncia la «dictadura minera», en total complicidad de los gobiernos y jueces/fiscales con las empresas extractivas.

Luego de las PASO, y tras el golpe electoral de la ultraderecha de Javier Milei a Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, el candidato Sergio Massa llamó (en un acto público en Salta) a «un gobierno de unidad», donde incluso alabó al gobernador Gerardo Morales.

Amnistía Internacional, organización que no puede ser tildada de oficialista, realizó una visita especial a Jujuy, entrevistó a más de cien personas y confirmó la vulneración sistemática de derechos: “La Policía de Jujuy respondió con uso de la fuerza indiscriminada en contra de quienes protestaban por sus derechos. Nuestra investigación apunta a cómo las autoridades provinciales han forjado un ambiente hostil para que la población jujeña ejerza su derecho a protestar pacíficamente”.

Como en Jujuy, y en un contexto de crisis climática —con temperaturas extremas y olas de calor que sacuden el planeta—, los partidos mayoritarios de Argentina insisten con la misma receta de hace 200 años: exportar materias primas, explotar la naturaleza, incluir territorios a la economía extractiva.

Javier Milei directamente niega el cambio climático y hace pocas semanas sentenció que «una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera». Afirmó que el valor del agua es «cero» y propuso la apropiación de ese bien por parte de las empresas.

Sergio Massa, en uno de sus últimos spots, propone: «Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo». Y, sobre hechos consumados, su pago chico (Tigre) es el paraíso de las grandes empresas inmobiliarias que destruyen humedales.

Por su parte, Patricia Bullrich se mostró en contra de nacionalización del litio pero a favor de explotarlos. Sobre la megaminería dijo en Twitter: «Será una de las palancas del gran impulso productivo que necesitamos para salir del atraso y la pobreza». Es central recordar su accionar con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel.

Myriam Bregman (del FIT-U) es la única que cuestiona claramente el extractivismo.

Juicio por la justicia a rafael Nahuel. 12 de octubre.
Foto: Jaime Carriqueo

Mauro Millán, lonko del Lof Pillan Mahuiza (Corcovado, Chubut), explica que el contexto actual es de «apogeo del capitalismo extractivista», donde el Pueblo Mapuche rema a contracorriente. «¿Qué pretendemos? El Estado solo piensa en términos de conflictividad. Nosotros aclaramos que tiene que darse un diálogo político, porque no se trata solo de un conflicto perimetral, tienen que entender que es mucho más que eso. Tiene que aceptar algún tipo de espacio para discutir frente a la diferencia, buscar soluciones reales, pero jamás se logrará con represión, persecución, negación, encarcelamiento y muerte, como han actuado los gobiernos hasta este momento».

Recuerda que se trata de un pueblo milenario que muchos creían casi desaparecidos, pueblo que sufrió la violencia estatal mucho antes que las dictaduras. «Y, pese a todo, es un pueblo que mantiene su vitalidad, demanda derechos, proyecta su sociedad«, afirma.

Marcos Pastrana, abuelo diaguita de Tucumán, realiza la lectura histórica y la une al presente: «Durante la colonia hubo un reparto de regiones y riquezas. El capitalismo actual reconfigura nuevamente el mapa de América, hay un nuevo reparto por intereses económicos, las multinacionales legislan por nuestros legisladores, y éstos sirven a los intereses de esas empresas sin ningún recato».

Con 500 años de violencia y extractivismo, Pastrana afirma que los cambios reales no pasan por las elecciones, sino por «un cambio de la conciencia natural», un saber de los pueblos originarios que implica un «despertar» basado en tres conceptos: solidaridad, complementariedad y reciprocidad. Y, sobre todo, con un vínculo que desde el poder no se quiere entender: «La tierra es nuestra madre y pertenecemos a ella. Nadie nos puede desarraigar de nuestra Pacha. Nuestra cultura, nuestra cosmovisión, es la única valla de contención que tenemos para resistir».

Publicado originalmente en Agencia Tierra Viva

 

Fuente: Desinformemonos

PRONUNCIAMIENTO DE LOS PUEBLOS MARINO-COSTEROS FRENTE A LAS POLITICAS DE CONSERVACIÓN DE MARES Y OCÉANOS

CONSERVACIÓN ¿PARA QUÉ, PARA QUIÉN Y CONTRA QUIÉN?

DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS, Ecuador, 8 de junio, 2023

Pueblos marino-costeros, de pescadores artesanales, campesinos y campesinas de ribera, recolectores y recolectoras, y organizaciones sociales reunidas en la ciudad de Manta los días 3 y 4 de junio del 2023, con el propósito de conocer las políticas nacionales e internacionales de conservación de mares y océanos, analizar sus impactos en los territorios marino-costeros y recoger las propuestas que se plantean desde los pueblos frente a la problemática marino-costera y la necesidad de proteger las fuentes de vida para la población actual y futura, suscribimos el presente Pronunciamiento.

CONSIDERANDO QUE

  • A nivel internacional se acaba de aprobar en Naciones Unidas el Tratado Global de los Océanos (marzo 2023), en esta misma instancia se había ya lanzado la Agenda 30×30 que se refiere al designar el 30% de la tierra y los océanos como zonas protegidas para el año 2030.  Estas iniciativas serían la continuidad de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar – CONVEMAR, ratificado por el Ecuador en 2012.
  • En el Ecuador, se acaba de acordar un canje de deuda para la conservación de la Reserva Marina Galápagos que sería ampliada a 193 mil Km2, a través de la emisión de “bonos azules”.  Según este canje, el Ecuador tendrá que destinar 450 millones de dólares que serán manejados por un fideicomiso llamado Galapagos Life Fund (GLF) registrado en la ciudad de Delaware, EEUU.  Este fondo será administrado por cinco delegados del Ecuador y seis internacionales privados. 
  • En el marco de estas iniciativas de conservación, se creó la Red de Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Ecuador (2017) que comprende 21 áreas protegidas y abarca aproximadamente 670 mil hás que van desde el Río Zarumilla en la Provincia de El Oro hasta el Río Mataje en la Provincia de Esmeraldas.
  • El presidente Lasso anunció la creación de las primeras 8 millas marítimas del Ecuador como Reserva Marina a lo largo del perfil costanero continental, con una superficie de 1.5 millones de hás. 

NUESTRA POSICIÓN

  • Los pueblos que habitamos los territorios marino-costeros somos pueblos ancestrales que venimos cuidando y coexistiendo en ellos. Los pueblos defendemos la vida, la soberanía alimentaria, la soberanía territorial.  Esto ha permitido que estos territorios se mantengan y conserven.
  • Las propuestas nacionales e internacionales de conservación, como se han estado realizando, han significado en la realidad la prohibición de uso de los territorios y por lo tanto el despojo a los pueblos ancestrales, como lo hemos venido demostrando permanentemente y que han sido ratificados con testimonios recogidos en este encuentro.  Pero tampoco han cumplido con los fines de conservación anunciados pues continua la pesca industrial y la instalación de las industrias camaroneras, generando graves conflictos socioambientales con las comunidades marino costeras.
  • En el caso de la CONVEMAR las 200 millas de mar territorial se redujeron a 12 permitiendo que la pesca industrial capture inmensas cantidades de especies marinas, impactando gravemente a la pesca artesanal y a la seguridad y soberanía alimentaria del país. 
  • Estas decisiones sobre conservación se han tomado sin nuestra participación ni consentimiento que somos quienes vivimos, cuidamos y defendemos estos ecosistemas.
  • El canje de deuda por conservación de Galápagos, será un gran negocio para tenedores de deuda, bancos, financieras, corporaciones transnacionales, entre los que se incluyen el BM, BID, JPMorgan, Credit Suisse y empresas dedicadas a la bioprospección marina, la explotación minera, de gas y petróleo en los suelos marinos e instalación de megaproyectos como los eólicos para la llamada transición energética, son parte de la maquillada Economía Azul.
  • El canje de deuda por conservación no soluciona el problema de la deuda ni el de la conservación.  La deuda externa continúa siendo un mecanismo de control y saqueo de nuestros bienes comunes. Seguimos transfiriendo recursos financieros del Sur global al Norte, que son los mayores responsables de la contaminación, la pérdida de biodiversidad y los impactos del cambio climático en los océanos.  Este mecanismo de deuda aumentará la deuda ecológica de los países del Norte con los países y pueblos del Sur.
  • Es indispensable articular esfuerzos sociales particularmente de la región para enfrentar la privatización del mar.

EXIGIMOS AL ESTADO

  • El pleno cumplimiento de los derechos colectivos en territorios marino costeros como espacio de vida de los pueblos, comunas, comunidades y nacionalidades ancestrales en coexistencia con la naturaleza, como lo establece la Constitución.
  • La solución a los problemas de despojo de tierras y devolución de las mismas a las comunas ancestrales para garantizar su fuente de vida, de reproducción de sus culturas y su patrimonio.
  • Que las Áreas Marinas y Costeras Protegidas existentes en la franja marina costera deben ser gestionadas con la plena participación y decisión de los pueblos y comunidades de este territorio.
  • Que nos reconozca como trabajadores y trabajadoras del mar, gestores de la seguridad y soberanía alimentaria de la población ecuatoriana.
  • Que todos los manglares sean áreas protegidas comunitarias para que sean las comunas y comunidades quienes las manejan promoviendo su restauración integral.
  • El cierre de las fuentes de contaminación y control irrestricto a las descargas de aguas residuales que deben ser tratadas para garantizar estuarios, ríos y mares limpios, sanos y libres. 
  • La conformación de veedurías, monitoreo y control participativo con las comunidades locales sobre actividades productivas; agroindustria, turismo corporativo, pesca industrial  y desechos plásticos que afectan la biodiversidad y a las comunidades marino costeras,  para lograr la descontaminación y reparación integral de estas zonas.
  • Hacer pública la información completa sobre los acuerdos, contratos, planes y proyectos de conservación y canjes de deuda por naturaleza, como el caso de Galápagos.

¡POR OCÉANOS LIMPIOS!

FIRMAN:

C-CONDEM

SINDICATO MAR Y MANGLAR

FEDERACIÓN DE COMUNAS DE EL ORO

FEDERACIÓN DE COMUNAS DEL PUEBLO WANKAVILKA

FEDERACIÓN DE COMUNAS DE SANTA ELENA

COMUNA LAS TUNAS

COMUNA ISLA SANTAY

COMUNA ANCESTRAL INDÍGENA BELLAVISTA DEL CERRO

ASOCIACIÓN DE PESCA DE SANTAY

ASOCIACIÓN DE PESCADORES DE PUERTO LÓPEZ

ASOCIACIÓN DE BUZOS DE SALANGO – ASOSALAN

ASOCIACIÓN DE DANMIFICADOS DE LA PROPICIA I

ASOCIACIÓN NOBLE GUADUA

COOPERATIVA DE PESCA MACHALILLA

COLECTIVO RAÍCES MANABÍ

ACCIÓN ECOLÓGICA

INSTITUTO DE ESTUDIOS ECOLOGISTAS DEL TERCER MUNDO

 

Fuente: Agencia Tegantai

Manifiesto #LaPalabraEnRiesgo: Comunicamos para sanar la memoria

“Periodistas, narradores y comunicadoras interculturales estamos en el corazón de los territorios para visibilizar las realidades de las comunidades. Comunicar abre cicatrices históricas y con nuestro trabajo, como mensajeros, tocamos heridas porque estamos sanando la memoria del colonialismo, el extractivismo, el racismo, el machismo y violencias sobre el cuerpo-tierra”.

Con este mensaje, que nació de un Círculo de la Palabra virtual, la Red Tejiendo Historiaspromovida por el medio independiente Agenda Propia, se suma hoy, 3 de mayo, al Día Mundial de la Libertad de Prensa. Nosotras y nosotros, periodistas y comunicadores indígenas y no indígenas de Abya Yala (América Latina) hacemos un llamado a hacer visibles las dificultades, retos y situaciones que nos están silenciando. 

Nuestras voces desde México, Guatemala, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela y Chile se suman al primer manifiesto cocreado en 2022 #LaPalabraEnRiesgo: voces del territorio por la vida por integrantes de la Red Tejiendo Historias de Colombia y zonas de frontera.

En el espacio virtual, realizado el miércoles, 26 de abril de 2023, se expusieron distintas violaciones al derecho a la libertad de expresión que atraviesan a los grupos étnicos de la región:Creemos que por estar en el territorio, informando desde la raíz, somos doblemente invisibilizados. Aún así, confiamos en que con nuestras narrativas propias ayudamos a sanar y a proteger a las comunidades. “

En México, periodistas no indígenas y comunicadoras del pueblo originario Náhuatl denuncian que los crímenes contra ellos y ellas no cesan en los territorios. Este país sigue siendo uno de los más peligrosos en el mundo para ejercer la labor de informar, como también lo reportan organizaciones defensoras de la libertad de expresión, entre ellas Reporteros Sin Fronteras.  

Al dolor de “silenciar al mensajero”, como lo expresó una de las narradoras Náhuatl, se suma la impunidad. Colegas indígenas Maya Kaqchiquel Ch’orti’ de Guatemala plantean que denunciar es desgastante porque el sistema de justicia es muy lento para investigar y brindar protección a las y los comunicadores que son amenazados, agredidos, hostigados y criminalizados cuando incomodan al poder y a los intereses de empresas extractivistas. Así, por ejemplo en Chile, una comunicadora Mapuche asegura que, cuando se denuncian irregularidades, se han ordenado arrestos contra periodistas sin el derecho al reclamo y a la defensa.

La autocensura es una estrategia de autoprotección a la que acuden periodistas indígenas y no indígenas que habitan los territorios. Las persecuciones y el silencio hacen que en las comunidades no se cuestionen o visibilicen las situaciones de vulneración de los Derechos Humanos y los conflictos socio ambientales. Para evitar problemas, “el contenido de los medios sólo se enfoca en visibilizar lo bonito de la cultura”, dicen comunicadoras Kichwa Cañari de Ecuador. 

Ellas también aseguran que por ser mujeres viven una doble invisibilización debido al machismo porque es difícil comunicar cuando “se quiere ayudar hacia afuera sin haber empezado a sanar desde adentro”, es decir, a sí mismas y a sus propias comunidades. Cuando no se reconoce el liderazgo de las mujeres en sus territorios y en los medios, se desestimula que otras ejerzan la labor de narrar y de informar, y quedan expuestas a más riesgos.

El miedo también se hace presente en regiones que comparten fronteras. Uno de los casos es el de La Guajira, entre Colombia y Venezuela, en donde las y los comunicadores del pueblo Wayuu reportan que la militarización, las dinámicas de ilegalidad, la folclorización de las comunidades, las industrias extractivistas y la extrema pobreza dificultan informar sobre sus realidades. En Venezuela, en la Amazonía, la casa grande de los pueblos JiviYanomamiBaréUwottuja (Piaroa) y Baniva, en la frontera compartida con Colombia y Brasil, la ausencia de datos e información también afecta la producción de historias periodísticas. 

Desde Colombia se suman voces de alerta porque la independencia de los medios locales e indígenas está en riesgo debido a que la publicidad del Estado y de las empresas extractivas divide a los pueblos, como es el caso del Emberá Chamí en Risaralda y del Inga en Putumayo. Por ello, hacen un llamado a fortalecer la sostenibilidad y los contenidos que se producen en lengua materna. A esta situación se unió la voz de una comunicadora Tikuna de la triple frontera Amazónica en Perú, Colombia y Brasil, para recordar que garantizar la inclusión de la comunicación propia con el contexto espiritual, territorial y cosmogónico permite que la información llegue de manera apropiada a las comunidades.

En la región se está limitando el acceso de los pueblos originarios al derecho a crear sus propios medios de comunicación. En Panamá, un comunicador Gunadule explica que el gobierno les pone obstáculos a los indígenas para tener una radio porque es “bastante costoso, el Estado no tiene voluntad y quienes se atreven a hacer emisoras son multados”. Esta situación también se presenta en el sur del continente, en donde colegas Mapuche de Chile comentan que “no hay una política para que los pueblos originarios puedan crear sus medios” debido al desconocimiento, la marginación y el racismo que existen en el país austral hacia las comunidades indígenas. 

No tener voz en los medios de comunicación en las urbes, ni apoyo para crear medios interculturales es una situación que dificulta visibilizar y transformar las realidades de los diferentes grupos étnicos, ya sea directamente en sus territorios o en las ciudades, a donde también llegan en condición de migrantes, como alerta un colega Kichwa. Es urgente facilitar la existencia de canales de comunicación que permitan fortalecer la cultura, visibilizar las situaciones particulares a las que se exponen los pueblos que migran y acompañar la construcción de comunidad.

  • La garantía del derecho a la vida de comunicadoras y comunicadores que narran las realidades y los sentires de los pueblos indígenas, las comunidades étnicas y de la Madre Tierra. Ellas y ellos están expuestos a constantes amenazas, presiones y señalamientos por ejercer el oficio de informar. 
  • El racismo y la discriminación, porque siguen silenciando a narradores, comunicadoras y periodistas interculturales.
  • La ausencia de justicia en todos los casos de crímenes en contra de periodistas, sean de los grupos étnico o no, y más aquellos en los que el silenciamiento está directamente relacionado con la protección de la Madre Tierra.
  • La falta de mayor contenido de los pueblos indígenas en las agendas mediáticas para visibilizar los conflictos socio ambientales de las comunidades. Los pueblos originarios no son sólo fuente de información sino también productores de contenidos, con sus propios formatos de comunicación y sus narrativas en lenguas maternas.
  • El limitado acceso a información sobre los pueblos indígenas para comunicadores, periodistas y ciudadanía en general, debido a que los Estados de la región no tienen disponibles datos desagregados con enfoque étnico. 

Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, desde la Red Tejiendo Historias hacemos un llamado a todas las personas que quieran sumarse para sanar estas situaciones, sin importar cuál sea su rol en los sectores públicos o privados, a:

  • Seguir tejiendo comunidades y redes interculturales para acompañarnos en el fortalecimiento del ejercicio periodístico: “Las redes salvan vidas”. 
  • Exigir a las instancias judiciales que prioricen las investigaciones de los casos que silencian a comunicadoras, comunicadores y periodistas indígenas y medios étnicos para que no se perpetúe la impunidad. Vale la pena recordar que la muerte de cualquier integrante de un pueblo indígena rompe el tejido de toda una comunidad.
  • Crear protocolos interculturales y rutas de atención con enfoque étnico en protección ante situaciones de inseguridad, hostigamientos y amenazas que respeten las distintas cosmovisiones y prácticas culturales, y que cuenten con recursos propios.
  • Reconocer y fortalecer a las y los comunicadores, periodistas, narradores indígenas, campesinos, afrodescendientes y otros grupos étnicos, junto con sus medios de comunicación, sus narrativas propias y canales de divulgación. 
  • Promover y fortalecer la comunicación y el periodismo intercultural en los medios, la academia, los centros de pensamiento y las comunidades, para generar puentes y oportunidades de difusión para narradoras y narradores de los pueblos indígenas.
  • Informar reconociendo las voces de las comunidades como fuentes oficiales de lo que ocurre en sus propios territorios, incluyendo de manera respetuosa sus sentires y maneras de ver el mundo.
  • Acompañar y fortalecer a los medios y a las y los narradoras en contextos extractivistas y de vulneración de Derechos Humanos para que se garantice el derecho a la información y sea posible generar contenidos que cuenten los conflictos y permitan sanar las memorias del territorio.
  • Empoderar y capacitar especialmente a las mujeres dentro de los medios de comunicación para que los territorios también se narren desde las miradas femeninas, y se amplifiquen las voces de niñas, niños, sabias y lideresas.
  • Narrar el Abya Yala como un sólo territorio, diverso, con un contexto histórico y sin la folclorización de las fronteras y de los pueblos indígenas.
  • Solicitar al Foro Permanente de Naciones Unidas y al Relator de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas un reporte sobre la situación que viven las y los comunicadores indígenas, para trazar un camino de acción a los Estados Miembros en los que se promueva el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
  • Mejorar el acceso a internet, a la tecnología y a las herramientas virtuales que permitan generar medios y canales de comunicación pensados para y desde las comunidades.

Esta juntanza de voces y sentires es impulsada por el medio independiente AGENDA PROPIA y su #RedTejiendoHistorias -comunidad intercultural de América Latina compuesta por 380 personas en 17 países-, con el objetivo de que sea acogido y visibilizado en la región por más comunicadoras, periodistas, narradores interculturales, medios y distintas organizaciones.

Más información:

redtejiendohistorias@agendapropia.co

www.agendapropia.co

 

Fuente: Radio Temblor

1° de Mayo ¡Fuera FMI, la deuda es con el pueblo trabajador!

La economía argentina entró en una nueva etapa de la crisis. Con sus diferencias, oficialismo, oposición y FMI insisten en descargar el peso de la crisis sobre los sectores populares. Hagamos del 1° de Mayo una gran manifestación contra el ajuste!

La deuda contraída por Macri en 2018 y el Acuerdo de pago firmado por Alberto en 2022 con aval del Congreso son dos caras de una misma moneda: una verdadera estafa cuyo pago será afrontado mediante un enorme ajuste económico, todo a costa del esfuerzo del pueblo trabajador y los recursos naturales de nuestro país. Se trata de un endeudamiento ilegítimo y viciado de nulidad, que atenta contra la soberanía nacional, que golpea los derechos y las necesidades populares, sólo favorable a una minoría local y extranjera.

En 2022, Alberto afirmó que con la firma del Acuerdo nuestro país iba a despegar. El crecimiento de la actividad económica (+5,6% en 2022) y la creación de empleo (6% de desocupación) alcanzaron los niveles de 2015, recuperándose de la caída del macrismo y de la pandemia. Sin embargo, la inflación no frena (21% en 3 meses), la pobreza crece (39% en 2022) y ya alcanzó a lxs trabajadorxs formales, se recortan los programas sociales, se precariza el empleo y las jubilaciones se acercan a la línea de indigencia, cae el poder adquisitivo del salario (-5% promedio en 2022 y -30% en el sector informal) y retrocede la participación de los salarios en el producto mientras crecen las ganancias de las empresas, todo bajo la mirada de un gobierno supuestamente redistribuidor de la riqueza. Entonces nos preguntamos, ¿crecimiento para quiénes?

Tras el fracaso de su plan económico y el incumplimiento de sus promesas electorales, el gobierno busca una salida apretando las ataduras con el FMI, en lugar de suspender los pagos e investigar la deuda. Por su parte, la oposición propone una devaluación brusca que pulverice los salarios, acompañada de un discurso violento y represivo… Nosotrxs decimos, ¡no hay solución de la mano de quienes crearon el problema! 

Por el contrario, la solución está en la unidad de todas las luchas populares en defensa del pueblo trabajador, comenzando por la anulación de los acuerdos y el no pago de la deuda con el FMI. Las centrales sindicales en particular, junto a los sindicatos, agrupaciones sindicales y el movimiento popular en su conjunto, deben poner por delante las necesidades y los derechos de lxs trabajadorxs y luchar para poner fin a esta sangría como solo el pueblo movilizado puede lograr. 

A 40 años del fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, la historia muestra que no hay democracia ni derechos posibles bajo el mando de la deuda y el FMI. 

¡Las estafas no se pagan! 

¡No al pago de la deuda!

¡Fuera el FMI de Argentina! 

AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA

– Argentina, 1 de mayo de 2023

 

Fuente: Dialogo 2000