Justicia integral para Berta: verdad, reparación y no repetición

Este martes, 61 meses después del crimen, Roberto David Castillo Mejía se sentará en el banquillo, acusado de ser coautor del asesinato de Berta Cáceres. 

Castillo fue presidente de Desarrollos Energéticos SA (Desa), empresa titular de la concesión para la explotación del río Gualcarque y promotora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, contra el cual la lideresa indígena lenca y el Copinh lucharon durante años.

Para la familia de Berta y el Copinh, este juicio no sólo es clave para demostrar la responsabilidad de Castillo en el crimen, sino también para evidenciar la participación de otros autores que continúan en la impunidad.

En un comunicado, el Copinh, la familia de Berta Cáceres y el equipo legal recordaron que el juicio contra Castillo sólo es una primera etapa del “proceso de juzgamiento de las personas involucradas en el crimen”.

“Las pruebas que existen en contra del señor David Castillo Mejía están en poder del sistema de administración de justicia desde hace cinco años. Son pruebas contundentes e irrebatibles para comprobar su participación como coautor, es decir como enlace entre los autores materiales y los ejecutivos de la empresa Desa (familia Atala Zablah). 

Nosotros, junto a la familia y al Copinh, estamos listos para que el juicio inicie, se desarrolle y finalice. De esta manera podremos pasar a otra fase de la causa Berta Cáceres”, dijo Víctor Fernández, miembro del equipo legal.

Para el ex fiscal, la persecución a los verdaderos actores intelectuales, que al igual que Castillo están perfectamente identificados, debe ser una prioridad.

“Esperamos que el sistema de administración de justicia tenga la independencia, la determinación y el valor de investigarlos, enjuiciarlos y condenarlos. Esto es otro de los desafíos que nos esperan”, manifestó Fernández. 

Sistema financiero culpable

Hay otro elemento de suma importancia que retoma el Copinh en su comunicado y que el equipo legal subraya.

“Nada de lo que le pasó a Berta hubiese sido posible si el sistema financiero nacional e internacional no hubiese financiado el proyecto Agua Zarca. Más aún, muchos de los crímenes ocurridos en nuestro país no se hubiesen producidos si el sistema financiero nacional, internacional y multilateral no siguiera apoyando ese tipo de proyectos.

Hacer justicia en la causa Berta Cáceres es hacerle entender al sistema financiero, a los bancos nacionales e internacionales, a la banca multilateral, a todo este sistema que dice promover el desarrollo, que financiar el proyecto Agua Zarca desencadenó una escalada de violencia en el pueblo Lenca, generó una ola de corrupción e instaló en el país una verdadera asociación ilícita para delinquir.

En este sentido -continuó Fernández- otro desafío que plantea la causa Berta Cáceres es justamente traer al banquillo de los acusados tanto al sistema financiero como a aquellos funcionarios públicos que participaron, por acción u omisión, de este crimen”.

Un paso más

En diciembre de 2019, los autores materiales del asesinato fueron sentenciados a entre 30 y 50 años de cárcel, entre ellos ex dirigentes y miembros de la seguridad de Desa, ex militares y militares activos. 

Ahora la tarea es perseguir a los autores intelectuales y al sistema financiero y revertir la corrupta y nefasta concesión del río Gualcarque que, después de cinco años del asesinato de Berta Cáceres, aún sigue vigente.

“Nuestro objetivo es la justicia integral, que implica verdad, reparación y no repetición de los crímenes que se cometieron aquí”, concluyó Fernández.

Por: Giorgio Trucchi | LINyM

 

Fuente: COPINH

COPINH se pronuncia ante el juicio contra David Castillo

HERE IN ENGLISH

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, la familia de Berta Cáceres y el equipo legal de la causa, ante el inicio del juicio contra el imputado David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, hace del conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

  1. El juicio contra David Castillo debe ser tan solo el inicio del proceso de juzgamiento de las personas involucradas en el crimen, que debe proseguir para quienes son sus jefes, los señores Daniel Atala Midence, Jacobo Atala, Pedro Atala y José Atala.
  2. El asesinato de Berta Cáceres tuvo su origen en los actos de corrupción con los cuales fue otorgada la concesión del sagrado Río Gualcarque. Actos que se exponen en el caso Fraude sobre el Gualcarque del cual el COPINH sigue estando excluido.
  3. La prueba que existe en contra del imputado David Castillo es contundente e irrebatible para comprobar su participación en el crimen contra Berta y otros delitos.
  4. En juicio se comprobarán los ataques y agresiones sistemáticas en contra de Berta Cáceres, la comunidad Lenca y el COPINH como represalia a su labor en la defensa y reivindicación de derechos.
  5. Confiamos en que el resultado de este juicio será una sentencia condenatoria en un proceso que cumpla con todos los estándares del debido proceso.
  6. La búsqueda de justicia para Berta Cáceres es parte del Pacto de la Verdad al que estamos comprometidos y comprometidas ante la existencia de un pacto de impunidad en Honduras.
  7. La verdad que se conocerá contribuirá a romper la barrera de la impunidad sobre los casos de crímenes contra pueblos indígenas, activistas sociales y defensores y defensoras de los bienes de la naturaleza.
  8. Denunciamos, una vez más, la falta de voluntad política del Ministerio Público para el avance en la búsqueda de la justicia integral de la Causa Berta Cáceres.
  9. Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a seguir fortaleciendo las alianzas para la lucha por un sistema de justicia independiente en Honduras y que la Causa Berta Cáceres sea un precedente de verdad y reparación para los pueblos.

Dado a los 6 días del mes de abril de 2021 en la ciudad de Tegucigalpa

Derechos humanos, asignatura pendiente en Honduras

Oacnudh presentó informe 2020

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Honduras durante el 2020. Como era de esperarse, el país centroamericano sigue sumergido en una profunda crisis de violación de derechos.

“En 2020, Honduras siguió enfrentando importantes desafíos en materia de derechos humanos, incluidos altos niveles de pobreza, violencia, impunidad, discriminación y falta de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. La pandemia de Covid-19 y los huracanes Eta e Iota agravaron esta situación”, señala el informe.

Isabel Albaladejo, representante de la Oacnudh en Honduras, explicó que uno de los principales desafíos tiene que ver con los altos niveles de impunidad.

Hasta la fecha no se han realizado avances significativos en la investigación y sanción por la desaparición forzada de al menos 179 personas en la década de los 80, así como por la violación de derechos humanos en el contexto del golpe de 2009 y la crisis post-electoral de 2017 hasta la fecha.

“Nos preocupa la impunidad frente a todos estos crímenes. Para la Oficina es clave tener lecciones aprendidas y sabemos que quien no conoce su historia está obligado a repetirla. Ojalá no sea el caso de Honduras”, dijo Albaladejo a La Rel.

“Llamamos al Estado a tomar todas las medidas que permitan el esclarecimiento de lo sucedido, el acceso a la justicia de las víctimas y la reparación integral a las víctimas. Solamente así se puede asegurar la no repetición de los hechos y los abusos”, agregó.

Las elecciones internas del 14 de marzo y las generales del 28 de noviembre pondrán a prueba la voluntad del Estado hondureño de avanzar en la prevención y no repetición de la violación de derechos humanos.

La Oacnudh estará monitoreando ambos procesos electorales para documentar las violaciones de derechos humanos que se puedan producir.

¿Justicia para quiénes?

Durante 2020, la falta de efectividad del sistema de justicia fue profundizándose con la pandemia. La Oacnudh dijo estar preocupada por los casos de tráfico de influencia, las presiones sobre el sistema judicial que afectan su independencia, así como por la aprobación del nuevo Código Penal y la reforma de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, que podrían socavar aún más el marco legal para investigar y sancionar actos de corrupción.
El informe señala también las pésimas condiciones en que se encuentran los privados de libertad y el abuso de la prisión preventiva: más del 55 por ciento de los reclusos está bajo una medida cautelar que debería ser excepcional.

Además, el sistema penitenciario sigue bajo administración militar, con graves casos de hacinamiento, violencia, falta de acceso a la atención médica y de comunicación.

Que las Fuerzas Armadas sigan ejerciendo funciones de seguridad pública plantea graves riesgos para los derechos a la vida y la seguridad de las personas.

En el informe se señalan varios casos de detención arbitraria, malos tratos, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, que presuntamente involucran a las fuerzas de seguridad.

“Es necesario avanzar hacia la desmilitarización de la seguridad pública y con el proceso de reestructuración y profesionalización de la institución policial”, aseveró Albaladejo.

Ataque a personas defensoras

La Oficina del Alto Comisionado observó también una reducción progresiva de los espacios públicos por el uso excesivo de la fuerza.

“Las personas defensoras de derechos humanos continúan siendo víctimas de hostigamiento, vigilancia, campañas de desprestigio, amenazas, detenciones arbitrarias, criminalización, agresiones físicas, desapariciones y asesinatos.

Las personas defensoras indígenas y afro hondureñas que protegen sus territorios y recursos naturales de la implementación y proliferación de industrias extractivas, proyectos turísticos y monocultivos extensivos, enfrentaron particular riesgo”.

En 2020, 8 personas defensoras (tres garífunas) y 3 periodistas fueron asesinados en total impunidad.

“La impunidad contribuye a la vulnerabilidad de las personas defensoras de derechos humanos en el país y obstaculiza las garantías de no repetición”, recordó Albaladejo.

El informe remarcó también la violación sistemática de derechos en cuanto a salud, educación, derechos laborales, y contra las personas en situación de vulnerabilidad, incluidas las mujeres, los pueblos indígenas y negros, las personas LGBTI y las personas migrantes.

Finalmente, en aras de acompañar al Estado de Honduras en la superación de problemas y desafíos en materia de derechos humanos, la Alta Comisionada formuló 20 recomendaciones.

Informe completo (traducción no oficial)

Por Giorgio Trucchi | Rel UITA

Fotografía: Rel UITA

 

Fuente: Radio Temblor

Petición online por la Justicia para Berta / Online petition for Justice for Berta

(English below) Este 2 de marzo se cumplieron cinco años del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, y a cinco años del crimen, quienes ordenaron y decidieron el asesinato de Berta, siguen evadiendo la justicia.

Invitamos a las organizaciones de base, comunitarias, regionales, feministas, indígenas, decoloniales, en defensa de derechos humanos y derechos de los pueblos a sumarse a la nuestra petición de exigencia de castigo a todos los responsables del crimen contra Berta.

Que el Estado de Honduras escuche las voces del pueblo organizado en Honduras y al rededor del mundo exigiendo justicia para Berta.

Firma aquí:  Petición Copinh

#JusticiaParaBerta


This March 2 marked five years since the assassination of our compañera Berta Cáceres, and five years after the crime, those who ordered and decided Berta’s murder continue to evade justice.

We invite all grassroots, community, regional, feminist, indigenous, decolonial organizations in defense of human rights and peoples’ rights to join our petition demanding punishment for all those responsible for the crime against Berta.

That the State of Honduras listen to the voices of the organized people in Honduras and around the world demanding justice for Berta.

Sign here: Petition Copinh