Honduras debe respetar el derecho de las víctimas indígenas a participar en las causas judiciales que les afecten.

(English below)

Las organizaciones abajo firmantes instamos al Estado de Honduras a garantizar y respetar los derechos de las victimas indígenas lencas y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) del proceso penal “Fraude sobre el Gualcarque” en Honduras.

Las audiencias contra 16 funcionarios, acusados de haber otorgado ilegalmente la concesión para operar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) sobre el sagrado río Galcarque se están celebrando sin la participación de personas y comunidades lencas afectadas directamente y su representación legítima, el COPINH.

Berta Cáceres, como fundadora y coordinadora del COPINH denunció las ilegalidades incurridas al otorgar las licencias y permisos. Después de las debidas investigaciones, en marzo de 2019, la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad (UFECIC, ahora UFERCO) presentaron requerimiento contra de 16 funcionarios, entre ellos David Castillo, por delitos contra la administración pública para lograr la explotación del Río Gualcarque, entre estos: delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado.

Aunque al inicio del proceso, el COPINH participó como víctima y como acusación privada, a solicitud de la defensa de los imputados, fue excluido por la Corte de Apelaciones Penal Nacional en materia de Corrupción. En Noviembre de 2019, COPINH presentó amparo para garantizar sus derechos constitucionales de participar en el proceso penal, fue admitido el 23 de enero de 2020 por la Sala de lo Constitucional sin embargo no ha sido resuelto. Ahora, el caso judicial ha avanzado considerablemente y las audiencias de pruebas se desarrollan sin dicha resolución y por ende si participación de las víctimas.

Las demoras del Poder Judicial en responder a las acciones legales en un plazo oportuno están teniendo un impacto negativo para las víctimas y sus derechos constitucionales acceso a la justicia, al debido proceso y derechos fundamentales contemplados en convenciones internacionales en materia de pueblos indígenas para participar en la búsqueda de la justicia.

Requerimos que el Estado de Honduras tome todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, y, en particular, llamamos a resolver prontamente el recurso pendiente y a permitir la participación directa del COPINH y la comunidad de Río Blanco en el caso “Fraude sobre el Gualcarque”.

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Honduras must respect the right of Indigenous Lenca victims to participate in legal cases that affect them
The undersigned organizations demand the reintegration of the Lenca Indigenous victims and the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (COPINH) in the “Fraud on the Gualcarque” criminal proceedings in Honduras.

The hearings against 16 public functionaries, accused of having illegally granted the concession to Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) to operate the Agua Zarca hydroelectric project on the sacred Galcarque River are being held without the participation of the Lenca People from Rio Blanco, who are directly affected by the project, and their legitimate representation, COPINH.

Berta Cáceres, as founder and coordinator of COPINH, denounced the illegalities incurred when the license was granted. After due investigations, in March 2019, the Mission of Support against Corruption and Impunity in Honduras (MACCIH) and the Special Fiscal Unit against Corruption and Impunity (UFECIC, now UFERCO) presented an indictment against 16 public officials, among them David Castillo, for crimes against the public administration to obtain the concession on the Gualcarque River. They were charged with fraud, abuse of authority, violation of the duties of officials, negotiations incompatible with the exercise of public functions, and falsification of documents to the detriment of the State.

Although COPINH began the process as a victim and participated through a private accusation, at the request of the defense, the organization was excluded by the Special Court for Corruption. In November 2019, COPINH presented an injunction (amparo) to guarantee its constitutional and international rights to participate in the criminal process, but it was not until September 2020 that the Constitutional Chamber admitted the legal action. Now, the judicial case has advanced considerably and the evidentiary hearings have proceeded without the participation of the victims due to the lack in response regarding the amparo.

The delays by the judiciary in responding to legal actions in a timely manner are having a negative impact on the victims and their guaranteed rights of access to justice, due process, and fundamental rights under international conventions regarding Indigenous Peoples to participate in the pursuit of justice.

We demand that the State of Honduras take all necessary measures to guarantee the rights of the victims to truth and justice, and in particular, we call for the prompt resolution of the pending amparo and to immediately allow the direct participation of COPINH and the community of Río Blanco in the case “Fraud on the Gualcarque”.

Fuente: COPINH

COPINH: Actualización sobre la situación en Río Blanco

Nuestra compañera Rosalina Domínguez comparte con nosotrxs una actualización sobre la situación en la comunidad de Río Blanco

#ENVIVO Nuestra compañera Rosalina Domínguez comparte con nosotrxs una actualización sobre la situación en la comunidad de Río Blanco

Posted by Copinh Intibucá on Wednesday, September 30, 2020

Fuente: COPINH

 

El retorno del dominio de caciques europeos y reyes estadounidenses a la costa norte de Honduras

En el marco del proyecto neocolonial de las ciudades modelo (ZEDE), se dio inicio en la isla de Roatan a mediados de mayo, el lanzamiento de PRÓSPERA Honduras, enclave que tendrá su propia, seguridad, leyes y moneda,

El pasado viernes 18 de septiembre, en la idílica comunidad Creole de Crawfish Rock, en la isla de Roatán, en una “reunión” convocada por el empresario estadounidense Erick Brimen, y rechazada de antemano por la comunidad, Brimen alcanzo a leer el reglamento de las ZEDE sobre expropiación territorial, antes que la Policía Municipal de Roatán clausurara el evento, ante el desacato por su parte a las medidas de bioseguridad implementadas por el Covid-19.

Brimen pretende implementar el sueño de los libertarios neorreaccionarios, de establecer ciudades-nación independientes dentro de Honduras, al estilo de la República de Poyas (1821) o el Reino de la isla del Cisne (1900).

De la Res Publica a la Res Privada

A Partir del golpe de estado de 2009, Honduras fue transformado en un laboratorio económico y político, de corte neoliberal que atrajo de inmediato la atención del economista Paul Romer, el que había tratado de instaurar su proyecto de la ciudad modelo (Charter City) en Madagascar lo que provoco un golpe de Estado que derrocó al socio de Romer; Marc Ravalomanana, ante la entrega de un enorme tracto de tierra a la empresa coreana POSCO-DAEWOO.

En Honduras el proyecto neocolonial tuvo inmediata aceptación por la administración de Pepe Lobo, siendo el diputado Oscar Nájera (lista Magnisky) el encargado de presentar a inicios del 2011, el proyecto denominado Regiones Especiales de Desarrollo (RED) ante el Congreso “Nacionalista”. Para octubre de 2012, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales la Ley Red, situación que conllevó al Congreso a perpetrar una defenestración de la Corte Constitucional (12-12-12), afianzando la dictadura al finiquitar la independencia de poderes.

En el 2013, las ciudades modelo fueron maquilladas e reintroducidas al Congreso Nacional, el que de forma inmediata las aprobó sin mayor discusión, ignorando la avalancha de criticas que emanaron de diversos sectores del país, los que recalcaron el retorno a la era de las concesiones bananeras.

En el 2015 los libertarios estadounidenses, involucrados con el proyecto de Peter Thiel y Pat Friedman, Seasteaders, convocaron una reunión para junio de ese año, en la ciudad de San Francisco, a la que denominaron “Disrrumpiendo la Democracia en Honduras”, en la cual el invitado de honor era Juan Orlando Hernández, quien desistió asistir ante las manifestaciones populares en Honduras surgidas por el saqueo implacable al sistema de salud a manos del partido de gobierno.

Es hasta el año pasado cuando  resurgen las ciudades modelo, impulsadas por PRONOMOS, empresa perteneciente a los mismos miembros del Seasteaders, los impulsores del descalabro de la democracia en Honduras; contando ademas con el apoyo financiero de Titus Gebelprofeta de las ciudades libres (Free Cities) y promotor de las criptomonedas.

El planteamiento del retorno a las monarquias y el fracaso de democracia como formas de gobierno que promueven los neoreaccionarios asociados con la “ilustración oscura”, se ha convertido en una moda entre los millonarios surgidos de Silicon Valley, quienes ahora ven el caribe como potencial refugio, para crear sus reinos.

De Gregor Macgregor, Cacique de Poyais al Rey de la isla del Cisne, Alonzo Adams

Gregor Macgregor en 18231 apareció en Inglaterra vendiendo acciones de su recién adquisición al rey de la Miskitia George Frederick, el que le entregó la desembocadura del rio Tico, la que hasta años atrás había formado parte de las avanzadas británicas en la costa norte de Honduras. Macgregor creo la República de Poyais, con su propia bandera, moneda constitución; dando de esta forma lugar a lo que se convirtió en una de las mayores estafas del siglo XIX.

El capitán Alonzo Adams asumió el control de las islas del Cisne en 1893 -conocidas también como Santanilla- previamente Estados Unidos las había declarado como suyas,  auto nombrándose  rey del las islas del Cisne, las a través del Acta del Guano (1853) todos los islotes e islas donde existirían yacimientos de guano.

Al estilo de Gregor Macgregor y del Rey Alonzo, aparecen una serie de libertarios estadounidenses y alemanes, entablando negociaciones con el régimen dictatorial de Juan Orlando Hernandez, tentados por los “beneficios” que ofrece  el estado fallido de Honduras, el que viene siendo aparentemente controlado por los carteles del narcotráfico; y en medio de la crisis por la pandemia de Sars II, intenta cuajar la destrucción del estado de Honduras para convertirlo en un sinnúmero de republiquetas y micro principados, que entre otras se dedicaran al lavado de activos a través de las criptomonedas.

Septiembre 28 de 2020.

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

 

Fuente: OFRANEH

HONDURAS. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, LA OTRA PANDEMIA

Desde el 15 de marzo, fecha en que se estableció toque de queda por la pandemia de Covid-19, en Honduras fueron asesinadas 94 mujeres. Desde el inicio del año fueron más de 65 mil las llamadas al 911 para denunciar violencia doméstica, intrafamiliar y sexual.

El más reciente informe del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) arroja datos extremadamente preocupantes sobre el impacto que la cuarentena ha tenido en la vida de las mujeres hondureñas.

Hasta el 31 de agosto, el CDM registró 163 muertes violentas de mujeres, 94 de las cuales durante el periodo de aislamiento social. Entre julio y agosto se reportaron 33 femicidios y 15 violaciones sexuales. Mayo, con 29 femicidios, fue el mes más violento para las mujeres.

El Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” señaló que, entre enero y julio de este año, casi 25 mil mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar y más de 33 mil de violencia doméstica.

Asimismo, registró 327 violaciones, 331 intentos de violación y 439 casos de acoso sexual. Abril y mayo fueron los meses más duros para las mujeres hondureñas: 18.578 actos de violencia, es decir casi el 32 por ciento del total (58.688).

Entre enero y agosto, el Sistema Nacional de Emergencias (911) recibió casi 65 mil llamadas para denunciar casos de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual. Durante la cuarentena hubo un aumento del promedio mensual del 16 por ciento.

Aún más alarmantes son los datos que brindó la semana pasada el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).

Según sus estadísticas serían al menos 224 los femicidios en lo que va del año, es decir 28 víctimas mensuales y una damnificada cada 25 horas.

En 2019 fueron 406 las mujeres víctimas de femicidio. El 94 por ciento de las muertes violentas de mujeres quedan en la impunidad.

“El ‘quédate en casa’ nunca fue seguro para la mayoría de mujeres de este país. El Estado debió y debe garantizar medidas de seguridad en contextos de emergencia.

Lamentablemente, frente a un Estado fallido como el de Honduras, el resultado es más violencia y más muertes para las mujeres”, manifiesta el CDM en su informe.

“La violencia intrafamiliar no ha tenido cuarentena y lo que era una problemática ahora es una verdadera emergencia. Es la otra pandemia, de la que nadie habla”, asegura el Movimiento ‘Visitación Padilla’.

Por: Giorgio Trucchi | Rel UITA

Fotografía: Gerardo Iglesias (Artista Efraín Recinos, Guatemala)

 

Fuente: Radio Temblor

COPINH: Defensores de Guapinol y Berta Cáceres reciben nominación por premio Sakharov

Por: Redacción CRITERIO.HN

El Grupo de Izquierda del Parlamento Europeo ha propuesto a la fallecida activista hondureña Berta Cáceres y a los defensores del agua de Guapinol para el Premio Sakharov a la Libertad de Expresión que otorga anualmente el Parlamento Europeo.

Berta Cáceres era una valiente ecologista y defensora de los derechos humanos de la comunidad indígena lenca de Honduras antes de ser asesinada en marzo de 2016. Cáceres fue cofundadora del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras). Durante más de dos décadas se resistió a la apropiación de tierras, a la tala ilegal y a los megaproyectos como los proyectos hidroeléctricos de Agua Zarca, por los que fue asesinada.

Los defensores del medio ambiente de Guapinol*, miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, llevan más de un año detenidos sin cargos y en espera de juicio por protestar contra las acciones de una empresa minera que contaminó los ríos Guapinol y San Pedro. Su proceso judicial ha estado plagado de irregularidades y hay preocupación por su bienestar debido a las condiciones de hacinamiento durante la pandemia.

El eurodiputado Miguel Urbán (Anticapitalistas, España) dijo que la nominación puede llamar la atención sobre sus casos, el imperativo de un trato justo y la necesidad de justicia para las luchas que representan:

«Berta Cáceres y los presos políticos de Guapinol representan a todos los defensores de la tierra y los territorios y los pueblos indígenas. Ejemplifican cómo un Estado y los poderes económicos utilizan redes de complicidad para criminalizar a organizaciones de base como el COPINH y la COPA (Coordinadora de Organizaciones Populares de Guapinol) y asesinar a activistas como Berta Cáceres, en beneficio del capital transnacional.

«Defender la tierra y los territorios es luchar contra las políticas extractivas que el capitalismo internacional ha asignado a Centroamérica. Actuar contra el cambio climático es apoyar y proteger a quienes luchan por su conservación», concluyó Urbán.

*Porfirio Sorto Cedillo, José Avelino Cedillo, Orbin Naún Hernández, Kevin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Daniel Márquez y Jeremías Martínez Díaz.

fuente: https://criterio.hn/defensores-de-guapinol-y-berta-caceres-reciben-nominacion-por-premio-sakharov/

 

Fuente: COPINH

OFRANEH: Laeisz, térmicas tóxicas y el secuestro de la Atlántida

Con la aprobación por parte del Congreso Nacional de los contratos a la empresa Laeisz, en una sesión virtual del poder Legislativo, en la que no se dio debate alguno, corroboró una vez más la misión de legislar en contra de los interese del pueblo, asumida por el partido de gobierno, que ha controlado el hemiciclo en los últimos diez años.

Dicha aprobación se hizo en base a la eterna excusa, que es para evitar los permanentes apagones en la costa norte de Honduras, cuando la razón principal de los apagones es porque no existe  una interconexión de alta tensión entre Atlántida y el Valle de Sula.

No solamente se estará pagando el kilovatio/hora más caro en Centroamérica, sino que también se utilizara Bunker C, el derivado del petróleo más barato y contaminante; siendo que en primera instancia Laeisz se había comprometido al uso de diesel para generar 70 megavatios de energía sucia.

Todo parece indicar que los leoninos contratos fueron impulsados por el ex gerente de la ENEE, Jesús Mejía, el que hizo todo lo posible desde su administración para favorecer a Laeisz. En medio del fragor de la corrupción imperante, para doblegar a la Ceiba y restantes ciudades de los departamentos Atlántida y Colón, se les condenó a interminables apagones que fueron atribuidos a un supuesto desabastecimiento; el que pudo haber sido resuelto al interconectar la zona noreste de Honduras con el resto de Centroamérica y de esta forma poder optar a alineaciones internacionales.

El secuestro económico que padece la ciudad de La Ceiba y su entorno, nos lleva a pensar que se repite una vez mas el nefasto capitulo de la historia de los hermanos  sicilianos Vaccaro quienes controlaron hasta 1965 el departamento de Atlántida, es hasta 1965 que los Vaccaro permitieron la construcción de la carretera hacia el centro del país, rompiendo de esa forma las cinco décadas de total control de la Atlántida a través del monopolio de los ferrocarriles.

Termoeléctrica entre dos áreas protegidas.

Como si fuera poco el embrollo de corrupción manifiesta en los contratos, para la construcción de la termoeléctrica se confabularon Laeisz, el Ministerio de Ambiente y la Municipalidad de la Ceiba, los que teniendo la opción de varios parajes  para instalar la termoeléctrica, escogieron La Ensenada, el de mayor biodiversidad, localizado entre los limites del Parque Nacional Gracias a Dios, y el Monumento Marino Cayos Cochinos.

Ninguna de las organizaciones ambientalistas a cargo de administrar las áreas protegidas donde impusieron la termoeléctrica, se manifestaron en cuanto a la posible destrucción ecológica que se producirá como resultado del uso del Bunfmejiker C; y mucho menos informaron sobre las medidas de contención ante un posible accidente, y sobre el manejo de residuos tóxicos que puedan afectar el humedal contiguo a la planta, la que se encuentra  a escasos quinientos metros del mar.

La termoeléctrica fue construida sin licencia ambiental, contando simplemente con el “permiso operativo”, el que se enmarca en la nueva modalidad de licencias exprés, surgida a partir del Acuerdo Presidencial 008-2015, y a raíz  de los cuestionamientos emitidos sobre la ilegalidad de dicha termoeléctrica, MIAMBIENTE decreto la ley del silencio sobre los las licencias y otros proyectos que se encuentran en trámite.

La lluvia acida proveniente  de la planta contaminante afectará a cinco áreas protegidas (Cayos Cochinos, Nombre de Dios, Pico Bonito, Cuero y Salado,  Parque Nacional de las Islas de la Bahía) las que se encuentran en un radio de 100 kms2, y sentirán los efectos de la lluvia ácida, ademas de los efluvios que se filtran tarde que temprano al mar. Ciertamente la administración del alcalde Jerry Sabio y del exministro de MIAMBIENTE, José Antonio Galdamez, pasarán a la historia como enemigos de la madre tierra, asociados a empresarios piratas negacionistas del cambio climático.

La violación sistemática a la Consulta Previa

Como si fuera poco, la termoeléctrica fue construida entre dos comunidades Garifunas, sin haberse efectuado una consulta previa, libre e informada. Inicialmente el 12 de julio de 2018, la municipalidad de la Ciudad de la Ceiba, convocó a un cabildo abierto, en el que lideres comunitarios remarcaron el imperativo de efectuar una consulta con las comunidades Garifunas, tal como lo indica el Convenio 169 de la OIT y la declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos delos Pueblos Indígenas, adema de incurrir en una violación a los Acuerdos de París.

El Estado de Honduras fue condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la violación del derecho a la consulta tanto en el caso de Punta Piedra como el de Triunfo de la Cruz, no obstante hasta la fecha este gobierno se ha negado a  asumir  el cumplimiento de dichas sentencias, al contrario se ha dedicado a diluir la consulta para transmutarla en una simple socialización, que es precisamente la estratagema que viene utilizando desde hace dos décadas.

El “honorable” diputado Oscar Nájera, quien ha sido el portavoz mayor de la termoeléctrica de Laeisz, y la aprobación del pingue e ilegales contratos recientemente aprobados, es el mismo impulsor de la versión espuria de Ley de Consulta que viene siendo impulsada por el Estado a pesar de las criticas presentadas por Vicky Tauli Corpuz ex relatora de Naciones Unidas para pueblos indígenas, la que señalo que el anteproyecto impulsado por le estado no se apega a los estándares internacionales en materia de derecho indígena.

La Ceiba, agosto 7 de 2020

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

 

Fuente: OFRANEH