Comunicado: ¡Basta de dilatar las sentencias de los culpables del asesinato de Berta Cáceres!

Comunicado #3-2024

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, ante las declaraciones públicas de Juan Carlos Sánchez y Ritza Antúnez, abogados de David Castillo, coautor del asesinato de Berta Cáceres, días después de que Juan Carlos Sánchez Villalobos, quien fue parte de la defensa de Carolina Castillo en el juicio “Fraude sobre el Gualcarque”, fue nombrado como director de fiscales,

DECLARA:

  1. El ataque contra la perito Brenda Barahona, es una acción cobarde y condenable en virtud de que la prueba fundamental del juicio no fue el análisis que ella realizó, sino la información extraída de los aparatos telefónicos, por los peritos, incluyendo la realizada por el perito Sean Bodden, propuesto por los defensores de David castillo, Juan Carlos Sánchez y Ritza Antúnez.
  1. La información extraída de los aparatos telefónicos prueban que David Castillo participó en la planificación, coordinación, ejecución y pago del asesinato de Berta Cáceres, motivo por el cual, fue declarado culpable como coautor del asesinato de Berta Caceres por el Tribunal de Sentencia el 5 de julio de 2021. 
  1. Las declaraciones de los abogados de David Castillo ponen en evidencia el uso del tráfico de influencias con las recientes designaciones del Fiscal Adjunto y Director Fiscales, lo cual, pone en riesgo la seguridad jurídica, la lucha contra la impunidad y la preservación del Estado de Derecho.

Por ello desde el COPINH exigimos:

  1. Al Fiscal General de Honduras, Johel Antonio Zelaya Alvarez, a detener los intentos de criminalización sin fundamentos a peritos y fiscales, así como actuar, de manera decidida para evitar el tráfico de influencias dentro del Ministerio Público; así como, solicitar a la Corte Suprema de Justicia que emita pronta resolución del recurso de casación y permitir la garantía efectiva de los derechos de las víctimas.
  2. A la Corte Suprema de Justicia presidida por la magistrada Rebeca Ráquel, y la Sala de lo Penal compuesta por los magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, Mario Rolando Díaz y Nelson Danilo Mairena Franco, para que confirme la sentencia ya emitida contra los 7 hombres responsables de la autoria material del asesinato de Berta Cáceres y la sentencia contra David Castillo, coautor de este crimen.
  3. A la sociedad hondureña y comunidad internacional a continuar auditando el funcionamiento del sistema de justicia para garantizar a las víctimas los derechos de verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición.

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 10 días del mes de abril de 2024.


“¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!”

Honduras: Acampada y movilización para hacer cumplir sentencias de CIDH

“No tenemos nada que celebrar. Hoy estamos siendo perseguidos y judicializados. Hay un plan de genocidio contra el pueblo garífuna por el Estado hondureño. Estamos viviendo el tercer destierro”, señala Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), al lanzar la Mega Marcha hacia Tergucigalpa para este 12 de abril.

Aunque es convocada por la organización garífuna, acompañan la movilización pueblos originarios como pech, tolupan, maya chorti, aglutinados en la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas Hondureñas (CONAMINH).

La causa inmediata de la masiva concentración en la capital, deviene del decreto del Poder Ejecutivo del 26 de marzo, por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para ejecutar “el cumplimiento de las Sentencias Internacionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras y Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros vs. Honduras”.

Miriam sostiene que esa Comisión no debe sentarse a negociar, porque llevan 22 años haciéndolo sin resultados, sino apenas ejecutar las decisiones que afectan a ambas comunidades, que fueron despojadas por empresarios del turismo. La Comisión está integrada por diversas instituciones estatales y pueblos originarios, pero reclaman que tome decisiones por consenso y no por mayorías, ya que los pueblos son minoría en esa instancia.

“Queremos un fin definitivo de la persecución contra líderes y lideresas que luchan por el territorio”, señala la coordinadora de OFRANEH.

La movilización se produce en el marco de la celebración de los 227 años de presencia garífuna en Honduras y por la ejecución de las resoluciones de la CIDH que están pendientes desde el anterior y no ha habido avances durante el actual gobierno que se reclama progresista. Además exigen que la Comisión investigue la desaparición de cuatro personas en la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz.

Melissa Cardoza, de la Red de Defensoras, forma parte del campamento que han levantado dentro del edificio del Congreso, con más de cien miembros de comunidades garífunas, medios de prensa alternativos como Radio Progreso y organizaciones solidarias, a la espera de la llegada masiva de las comunidades.

“Las cuatro sentencias de la Corte Interamericana exigen la devolución de los territorios usurpados a las comunidades garífunas, por parte de empresarios del turismo que en sus tierras han levantado hoteles y restaurantes con grandes inversiones que no ahora quieren perderlas. Por eso actúan de manera muy agresiva con las comunidades, amenazan directamente en sus casas a los líderes y han promovido asesinatos. Mientras no se cumpla la sentencia la vida del pueblo garífuna estará amenazada”, destaca Melissa.

Tanto la OFRANEH como los pueblos indígenas y la Red de Defensoras, tenían la esperanza de que con la llegada de un gobierno progresista se iba a agilizar la ejecución de las sentencias. “Pero los empresarios son las mismas familias que sostienen los proyectos extractivos y tienen excelentes relaciones con el gobierno actual”, concluyen voceras de las acampantes.

 

Fuente: Desinformemonos

Honduras III. Destruir o crear. Dos mundos en disputa

Fotos: Ofraneh y Raúl Zibechi

“El árbol se va a quedar en el centro del edificio de la universidad”, comenta Miriam señalando con su brazo, bajo el sol demoledor del mediodía de Vallecito. Desde ese árbol, Víctor tomó todas las medidas y la marcación de la universidad para levantar un edificio redondo de ladrillos y techo de tejas. “Son tres anillos. El de afuera tendrá salas de docentes y los jóvenes podrán trabajar e investigar colaborando entre ellos y ellas, por ejemplo en la elaboración de tambores. Luego vienen los diferentes pasillos y donde está el árbol será un patio interno”.

La construcción de la universidad garífuna avanza de la mano de una decena larga de varones jóvenes guiados por Víctor, el mayor del grupo de constructores. Miriam explica que la construcción circular hace posible que “las salas estén conectadas y los estudiantes puedan transitar por ellas sin que haya una separación. Todo está relacionado. Queremos algo integral, no parcializado, como esas especializaciones que sólo sirven para que ganen mucho dinero”.

La propuesta es que la universidad pueda servir a todo el pueblo garífuna y que estudiantes de las 48 comunidades puedan llegar aquí a estudiar mientras trabajan. También serán invitados miembros de pueblos indígenas, como los miskitos, ya que la casa de estudios será abierta, participativa y, por supuesto, anti-colonial, desde la estructura física hasta el modo de funcionar.

“Los que van a dar clases son la gene de nuestra comunidad que tienen conocimientos ancestrales, las parteras, las que saben de salud, los que hacen tambores, para que los jóvenes puedan fortalecer la cultura del pueblo garífuna”, remata Miriam.

Capitalismo, violencia y destrucción

“Las plantaciones de palma aceitera avanzan a pasos agigantados por América Latina, trayendo consigo expulsión de comunidades de sus territorios, deforestación, violencia y pobreza. En Honduras, se registran cerca de 210 mil hectáreas de palma. La expansión de la palma se está dando sobre territorios indígenas y afrodescendientes, en particular en las comunidades garífunas y del Bajo Aguan. Estas comunidades sufren violencia, acoso y amenazas por parte de militares y grupos paramilitares vinculados a políticos del país”, explica un texto de la ONG ambientalista Grain1.

Vallecito es el vivo retrato de este breve relato. Los monocultivos no sólo dañan el medio ambiente sino que también destruyen el tejido social. Los jóvenes motoqueros trabajan en las fincas de palma que rodean las comunidades, en sus tiempos libres trabajan como guardaespaldas para los “empresarios” dedicados al tráfico que les encargan los trabajos más riesgosos.

La expansión de la palma de aceite es imparable. “El consumo de aceite de palma aumentó en los últimos 30 años del 2% al 41% del total de producción de aceites en el mundo, desplazando a la soya como el aceite vegetal más consumido en el mundo”, explica Grain. Del mismo modo, la superficie sembrada se multiplicó por 3,5 veces, con su secuela de pobreza extrema y aumento de la violencia.

En paralelo, se asiste a la expansión de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), que pueden ser definidas como estados dentro de un estado, ya que cuentan con un régimen legal especial que permite que los inversionistas queden a cargo de la política fiscal, de seguridad y resolución de conflictos2.

Del mismo modo que los monocultivos y los emprendimientos turísticos, las ZEDE provocan desplazamiento forzado porque el capital financiero que impulsa estos proyectos necesita controlar cada vez más territorios, en una guerra sin fin contra los pueblos que va dejando estelas de muerte y desapariciones, pero también de emigración y desplazamiento.

“Hay una política de vaciamiento de nuestras comunidades que afecta sobre todo a los jóvenes, para entregarlos vencidos al narco”, dicen las mujeres de Vallecito. Migración e inundación de las comunidades con drogas, son para ellas dos caras de un mismo proyecto de exterminio del pueblo garífuna y del conjunto de pueblos originarios.

Resistir creando vida

La Casa Ceremonial o Gayunari, situada en el centro de la comunidad Vallecito, es una enorme construcción de barro y techo de palmas que acoge decenas de personas que danzan al sonido de tambores y maracas. Sería un error confundir espiritualidad con religiosidad. En las religiones occidentales los fieles son apenas objetos de las idea y costumbres que promueven los sacerdotes. En la espiritualidad garífuna, por el contrario, existe una pluralidad de sujetos que se relacionan sin la mediación de ninguna autoridad que los adoctrine o dirija los cultos.

Se trata de prácticas colectivas que fortalecen la identidad comunitaria y contribuyen a la salud física y emocional de las personas. “La espiritualidad garífuna no es un aspecto aislado en la dinámica de vida diaria, está vinculada a todo lo que acontece con el individuo, con la familia y con la comunidad en general. Es un todo”, explica la psicóloga garífuna Tesla Quevedo en un trabajo sobre espiritualidad3.

En el mismo sentido apuntan las Casas de Salud Ancestral, consideradas como un eje organizador del pueblo garífuna. Ya funcionan nueve casas y cuatro más están por abrirse, pero durante la pandemia de Covid funcionaron hasta 33 centros de salud, casi uno por comunidad.

Melissa Martínez explica que convocan a los “abuelitos” para aprender de ellos y desaprender los saberes inculcados por el sistema. “Recuperamos los saberes ancestrales de hierbas y plantas, abordamos los principales problemas de salud como la diabetes, la hipertensión y la violencia doméstica contra niños y niñas en base a los saberes propios, porque la pandemia nos mostró que los pueblos tenemos conocimientos que han sido negados por la industria farmacéutica”.

Miriam recuerda que el garífuna es “un pueblo enfermo” y que necesitan abordar la salud de modo integral. Por el mismo motivo están diversificando la producción de alimentos, siendo el coco un cultivo central del que extraen aceite en su propia fábrica que vuelcan a las Casas de Salud y a las demás comunidades, incluso a las miskitas. Intentan eludir las medicinas de la industria farmacéutica y están multiplicando los “huertos medicinales”, a cargo de las mujeres que son el eje de los cuidados comunitarios y de la espiritualidad. También crearon clubes de danza en las Casas de Salud, como parte de su visión integral del bienestar.

En la recorrida pudimos observar gallinero, criadero de cerdos, cultivos de yuca, frijoles, plátanos y sandía, que suelen trabajar el minga. Algunas de estas iniciativas, como el procesamiento de aceite de coco con métodos tradicionales, han sido compradas con el apoyo de Ofraneh, por lo que ahora llegan personas de otras comunidades a trabajar en la aceitera.

“Elaboramos el aceite con prensado en frío, para que conserve sus propiedades. Tenemos 18 mil plantas de coco en los viveros que luego sembramos. No usamos agrotóxicos. Lo hacemos en jornadas con compas solidarios que vienen a ayudarnos. Tenemos unas 115 manzanas de coco cultivadas. Una manzana es algo más de media hectáreas. La idea es llegar a 500, y tenemos una parcela con plátanos y cítricos, además los cerdos para ir teniendo una diversidad de alimentos porque el tema de la comida se va a convertir en algo insostenible y necesitamos alimentos para las 150 personas que comemos aquí”, sigue Miriam.

Universidad para la vida

El abogado garífuna Rony Castillo asegura que Vallecito “es un centro de identidad, de soberanía alimentaria y de espiritualidad para el resurgir de nuestro pueblo”. La universidad es parte de esa realidad expansiva que está en el centro de la existencia de Vallecito. Para este pueblo la universidad es “toda la comunidad” y no sólo lo que sucederá en las aulas. Como en la salud, la educación es integral y comunitaria. De ese modo se van afirmando en su resistencia al sistema, porque en todos los aspectos re-descubren que tienen alternativas al capitalismo, como señala Rony.

La cuestión de la educación genera debates. “Luchamos contra los maestros” dice Melissa. Miriam agrega: “Si no cambiamos, si no nos despojamos de lo que arrastramos, esto se acabó, porque hemos captado mucha basura de afuera”. Se trata, dicen, de una “lucha desde adentro” en la que se juega el destino del pueblo garífuna. Frases que se pueden escuchar en muchos pueblos originarios de nuestro continente.

“A nuestros hijos la educación del Estado los arrebata y deforma”, dice el buyei (líder espiritual) Selvin en la penumbra del anochecer. “Por eso uno de nuestros grandes problemas son los maestros”. El objetivo es que los maestros garífunas “enseñen según el plan de vida de nuestro pueblo”, que es su modo de “descolonizar la educación”.

En base a la convergencia de salud y educación propias con y de tejer la espiritualidad garífuna, van tejiendo las autonomías territoriales que el sistema se empeña en desmantelar.

La cola verde

Luego de que Miriam sufriera varios atentados, la comunidad decidió que sea protegida por cinco soldados del ejército hondureño, que la siguen como una sombra. Una decisión polémica que genera cierta perplejidad entre quienes llegamos de la ciudad. Sin embargo, fue una decisión colectiva porque el pueblo garífuna aún no tiene capacidad de protegerse a sí mismo.

Lo importante es que Miriam y los demás comuneros están abiertos al debate, que reconocen que se trata de una contradicción y que van conociendo experiencias de autodefensa como la Guardia Indígena nasa del Cauca colombiano. Para nosotros, es una exigencia de respeto porque no son nuestras vidas las que corren peligro.

La compleja realidad y el tremendo antecedente del asesinato de Berta Cáceres, hacen que la “cola verde”, como la denomina Miriam, no sea motivo de orgullo sino un recordatorio de las tareas pendientes como pueblo.

1 “La palma de aceite en América Latina: monocultivo y violencia”, 17 de marzo de2024 en https://desinformemonos.org/la-palma-de-aceite-en-america-latina-monocultivo-y-violencia/

2 Thelma Gómez, “Hay un plan genocida contra el pueblo garífuna”, Mongabay Latam, 13 de octubre en https://es.mongabay.com/2021/10/honduras-amenazas-pueblo-garifuna-entrevista-premio/

3 Tesla Quevedo, “Espiritualidad garífuna: una fuente de bienestar”, en https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/tdna/article/view/17430/25909

 

Fuente: Desinformemonos

Honduras II. Vallecito: territorio garífuna en resistencia

Fotos: OFRANEH y Raúl Zibechi

“Vallecito es una comunidad garífuna en construcción”, explica Miriam Miranda a la ronda que se fue formando en el enorme espacio de asambleas, dando inicio al conversatorio. Miriam es coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y es la principal referente de Vallecito, que en garífuna nombran “Faya”. Como le sucede a su pueblo, que ha contado más de 50 asesinados en los últimos años, ha sido víctima de secuestro y de amenazas por grupos narcos que no aceptan que hayan recuperado más de mil hectáreas donde antes había una pista de aterrizaje ilegal.

“La mayoría de las comunidades garífunas se formaron hace dos siglos, 227 años para ser exactos, antes incluso de que Honduras fuera república. Para el Estado, los grupos de poder y la oligarquía, los garífunas somos extranjeros, allegados que no deberíamos estar aquí. Pero la clase dominante tiene aquí menos tiempo que nosotros”, sigue hablando Miriam rodeada, como todos en la ronda, por una nube de humo de tizones para alejar a los mosquitos.

“Hay una política de genocidio y exterminio del pueblo garífuna, porque vivimos en territorios que son muy apetecibles para ellos. Quieren desaparecernos como pueblo porque molestamos. Los asesinatos y desapariciones de dirigentes forman parte de esa política de exterminio para quienes defienden la tierra. Este es un país racista, machista y clasista”, dice mientras las cabezas recortadas en la oscuridad asienten con parsimonia.

La lucha por la tierra en Honduras es judicializada cada vez que se intenta re-ocupar o defender territorios, en particular en esta región costera caribeña que, como señala Miriam, es el epicentro de “la guerra contra el pueblo garífuna”. En Punta Piedra, en San Juan, en Triunfo de La Cruz, hubo asesinatos de comuneros por el delito de defender sus tierras. En Triunfo de la Cruz 400 familias abandonaron la comunidad entre 2019 y 2020, durante un operativo de la Dirección Policial de Investigaciones, cuatro jóvenes fueron secuestrados y hasta ahora se encuentran desaparecidos.

Transformando la narco-pista en terrrenos productivos

Un pueblo singular

Los garífunas se denominan a sí mismo como pueblo originario, porque surgen de una mixtura, de los arahuacos del Caribe, con negros africanos. La población indígena de las islas caribeñas se fue mezclando con los esclavos fugados de los barcos negreros ingleses y llegaron a la costas de Honduras trasladados por los mismos esclavistas. Son más de 600 mil personas repartidas en Belice, Nicaragua, Guatemala y Honduras. Son 48 comunidades garífunas en la costa hondureña del Caribe, agrupadas en Ofraneh.

La cultura garífuna (pueblo al que en ocasiones se lo denomina “indios negros”), está volcada hacia los ritmos del tambor, cultivan coco, plátano y yuca, pescan y tienen una fuerte espiritualidad que se manifiesta en las grandes Casas Ceremoniales (Gayunari), donde celebran sus rituales. La espiritualidad (“selvin” en garífuna) juega un papel central en la cohesión comunitaria y sostiene el espíritu de resistencia. Las mujeres son, como en tantos otros aspectos, las sostenedoras de los rituales así como de las casas de salud que juegan un papel central en la reproducción de la cultura.

Quizá por tratarse de un pueblo de mestizajes, Miriam sostiene que “aquí siempre mezclamos todo”, dándole sentido a una historia excepcional cuando los caribes arahuacos recibieron a los náufragos de barcos negreros cerca de la isla San Vicente (hoy el país San Vicente y las Granadinas), los acogieron, se mezclaron y fueron recibiendo también a las camadas de esclavos fugados de las haciendas de los colonizadores. Y quizá por eso mismo, asegura que “soy de todas la comunidades garífunas”.

La Ofraneh surgió en 1978 como federación del pueblo garífuna de Honduras, centrada en la defensa de sus derechos culturales y territoriales, con el objetivo de lograr la sobreviviencia como cultura diferenciada y no asimilada.

Territorios en disputa

“Buiti Binafi”, se saludan las mujeres antes de comenzar el conversatorio, siempre engalanadas con vestidos amplios multicolores y pañuelos enrollados en sus cabellos. Yessica y Melissa insisten en el mismo tono sereno que utiliza Miriam en que el pueblo garífuna no ocupa tierras, como dicen los “empresarios” ligados al narcotráfico, sino que “re-ocupamos lo que es nuestro, para resistir y construir”. En estos momento, en la costa Caribe están en curso diez re-ocupaciones, que los traficantes intentas impedir porque resultan un obstáculo para el flujo de sus mercancías.

La comunidad garífuna de Vallecito, o Faya, recuperó este territorio en 2012. Hasta ese momento vivían en un lado del territorio actual, donde funciona una fábrica de aceite de coco. En 2011 el ejército dinamitó la pista de aterrizaje narco creando enormes socavones. La comunidad aprovechó para tomar las 1.200 hectáreas donde ahora viven unas 150 personas, 30 familias, a las que se allegaron recientemente 25 miskitos que proceden en una de las zonas más afectadas por el narcotráfico.

En 2014 la comunidad estaba inspeccionando la pista dinamitada que los traficantes pretendían reconstruir, ocasión en que Miriam fue secuestrada por ser testigo de esos trabajos. Cada cierto tiempo entran armados a la comunidad, los jóvenes se pasean con sus motos (en una ocasión llegaron 80 motoqueros) luciendo armas y provocando a las gentes.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras señaló que más del 54 por ciento de las 453 víctimas de los 363 ataques registrados en 2023, corresponden a personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. El 32 por ciento de estos ataques fueron perpetrados contra personas y organizaciones integradas por indígenas y afrohondureños. Ofraneh y otras organizaciones similares, como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh, al que perteneció Berta Cáceres), conforman el núcleo más firme del movimiento social hondureño.

Miriam Miranda, en el centro

“Para los gobiernos y estados lo más fácil es relocalizar a una comunidad sin pensar que construirla lleva años y a veces siglos”, retoma Miriam. Saben que son una molestia para los grandes capitales que acumulan robando bienes comunes, tierras y aguas, y que han estrechado alianzas con el tráfico, el negocio más rentable en estos años.

“Donde había una narco-pista para que las avionetas dejaran cocaína, rodeada de palma de aceite y ganado, ahora hay cultivos de coco, escuelas, casas de salud y hasta una universidad en construcción”, sigue Miriam. Ahora los mismos narcos que controlaban la pista de aterrizaje, que tienen haciendas que rodean la comunidad Vallecito, construyen canales para poder entrar la droga que las lanchas dejan en la playa, y siguen presionando –armas en mano- para que la comunidad les permita atravesarla para llegar a la costa.

“La comunidad está dispuesta a luchar”, apunta otra voz en el conversatorio. “Es algo nuevo que estemos dispuestos a enfrentarlos”. Por eso es un territorio en disputa, como todas las comunidades garífunas: ya no se dejan, están de pie afrontando la violencia genocida. Entraron a tallar otras colectivas: mujeres y jóvenes.

 

Fuente: Desinformemonos

Informe “Pueblos Indígenas en Honduras: Derechos, Territorios y Leyes”

El COPINH se enorgullece en presentar el informe “Pueblos Indígenas en Honduras: Derechos, Territorios y Leyes”, un trabajo fundamental en nuestra lucha por el reconocimiento y protección de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en Honduras. Este informe surge como respuesta a la urgente necesidad de abordar la violencia y la falta de reconocimiento por parte del Estado hacia nuestras comunidades.

¿Por qué nace este informe?

Honduras enfrenta una deuda pendiente en cuanto al cumplimiento de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas. La violencia y la falta de reconocimiento por parte del Estado son una realidad constante que atraviesan nuestras comunidades. Este informe es nuestra voz, nuestra denuncia y nuestra contribución a la discusión sobre cómo avanzar en el reconocimiento y protección de nuestros derechos.

¿Qué queremos lograr?

La falta de reconocimiento y protección de nuestros derechos territoriales ha llevado a la persecución, criminalización, violencia y asesinatos de líderes y lideresas indígenas. Nuestro objetivo es abordar estas problemáticas y proponer soluciones concretas para garantizar que nuestros derechos sean respetados y protegidos.

¿Qué contiene el informe?:

El informe incluye un análisis técnico jurídico sobre las normas nacionales e internacionales para la protección de los derechos territoriales de las comunidades indígenas y negras en Honduras. Además, presenta el estudio detallado de tres casos emblemáticos: la Comunidad Lenca de Río Blanco, la Comunidad Lenca de Montaña Verde y la Comunidad Garífuna de San Juan. Finalmente, ofrece propuestas de reforma, modificación, derogación y/o construcción de normas que puedan contribuir al proceso de reconocimiento y ejercicio de nuestros derechos territoriales.

¡Porque defendemos nuestros territorios que son nuestra vida!

Nuestros derechos territoriales no se limitan a la tierra; abarcan la esencia misma de nuestras comunidades indígenas, incluyendo nuestra cultura, espiritualidad y autodeterminación. Más que simplemente la posesión de un territorio, entendemos nuestra relación con la tierra como parte integral de nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver el mundo y nuestro lugar en él. Es esta cosmovisión la que sostiene nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia y nuestras raíces. La autodeterminación, en este contexto, se vuelve aún más crucial, ya que nos permite preservar nuestros modos de vida ancestrales y nuestra autonomía. Por ello, destacar nuestros derechos territoriales es esencial no sólo para garantizar la justicia presente, sino también para reparar las injusticias históricas, incluyendo la restitución de tierras ancestrales desposeídas por procesos coloniales y de desplazamiento.

 

Fuente: COPINH

Honduras: ataque y actos de intimidación contra la defensora de derechos humanos Miriam Miranda (comunicación conjunta)

Lo que sigue se basa en una comunicación escrita por la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la ONU. La comunicación fue enviada al Gobierno de Honduras el 13 de noviembre de 2023. La comunicación permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera. Se recibió una respuesta del gobierno el 15 de enero de 2024, pero lamentablemente sin proporcionar detalles específicos sobre la investigación del caso.

Según informes recibidos por la Relatora, Miriam Miranda habría sido subjeto a nuevos incidentes de seguridad desde el envío de la comunicación.

Esta es una versión más corta de la comunicación original.

Leer la comunicación integralLeer la respuesta del Gobierno

ANTECEDENTES

Tema: el presunto ataque y los actos de intimidación contra la defensora de derechos humanos, la Sra. Miriam Miranda.

La Sra. Miriam Miranda es una defensora de derechos humanos Garífuna, y la Coordinadora General de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), una organización de base que trabaja para defender los derechos del pueblo Garífuna, incluyendo los derechos territoriales. La Sra. Miranda es beneficiaria de la Medida Cautelar 322-11 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Sistema Nacional de Protección de Defensores, Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (SNP).

ALEGACIONES

En la madrugada del 19 de septiembre 2023, al menos cuatro hombres presuntamente armados ingresaron a la comunidad de Vallecito, Colón y se acercaron a la casa de la Sra. Miranda, presuntamente intentando accederla. El equipo de seguridad de la coordinadora general de OFRANEH, compuesto por elementos del ejército hondureño y brindados por el SNP, habría descubierto a los hombres y les habría pedido identificarse. Tras esa petición, los hombres se marcharon del lugar. El equipo de seguridad de OFRANEH habría identificado que los hombres habrían portado fusiles de asalto y que no pertenecían a la comunidad garífuna. Asimismo, habrían escuchado los hombres armados decir que la próxima vez vendrían a lo seguro.

El 20 de septiembre 2023, estaba programada, presuntamente desde agosto 2023, una visita de integrantes del Comité Técnico del Mecanismo de Protección (CTMP) a Vallecito. El propósito de la visita habría sido poder realizar la sesión del CTMP y definir el plan de protección de la defensora Miriam Miranda.

A pesar de que la visita habría sido acordada con un mes de anticipación y que el ataque contra la Sra. Miranda se produjo el día anterior a la misma, tres de las cuatro instituciones que conforman el CTMP – la Procuraduría General de la República, el Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, y la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público – no asistieron a la reunión.

El director de la Dirección General del Sistema de Protección (DGSP) y su equipo se presentaron a la comunidad en los términos acordados, y así como el personal de la OACNUDH en calidad de observadores. Además, se encontraban en la comunidad acompañando a Miriam Miranda muchas personas pertenecientes a comunidades garífunas, una delegación de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, y miembros de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras (CONAMINH) quienes se habrían trasladado desde sus territorios hasta la comunidad de Faya, Vallecito para asistir también a esta reunión.

Al explicar su ausencia de la reunión por teléfono al equipo del director de la DGSP, la Procuraduría General de la República y el Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad habrían alegado falta de presupuesto y personal, mientras que la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público no habría proporcionado una explicación hasta la fecha.

El 17 de octubre del 2023, tuvo lugar una sesión del CTMP con tres de las cuatro instituciones que lo conforman. Ningún representante de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público asistió a esta segunda reunión. A fecha de hoy, persiste un serio riesgo para la seguridad, la integridad física y la vida de la Sra. Miranda.

PREOCUPACIONES

En la comunicación, expresamos nuestra preocupación ante el presunto acto de intimidación y aparente tentativa de ataque en la contra de la integridad física de la Sra. Miranda, que podría considerarse un atentado por sus actividades pacíficas y legítimas de defensa de los derechos humanos y su rol de Coordinadora General de OFRANEH, que buscaría amedrentar a la Sra. Miranda y tratar de disuadirla de continuar efectuando su labor como defensora de los derechos humanos. Nos preocupa también la aparente falta de confianza en las autoridades responsables de proteger a defensores de los derechos humanos.

Igualmente, deseamos expresar gran inquietud en relación al riesgo para la seguridad, integridad física y potencialmente incluso su vida al que actualmente está expuesta la Sra. Miranda.

Asimismo, quisiéramos expresar nuestra profunda preocupación por la ausencia de los integrantes del Comité Técnico del Mecanismo de Protección (CTMP) de la sesión programada en Vallecito, dado en particular la relevancia y pertinencia temporal del propósito de la reunión. En este contexto, la decisión de no asistir a la reunión podría percibirse como una falta de preocupación por parte de las instituciones establecidas para proteger a personas como la Sra. Miranda, siendo responsables de garantizar la seguridad de la misma, así como la de la comunidad garífuna en Vallecito. Expresamos nuestra preocupación por el aparente funcionamiento inadecuado del mecanismo de protección, que no satisface las necesidades de protección de los beneficiarios.

 

Fuente: UN SPECIAL RAPPORTEUR ON HUMAN RIGHTS DEFENDERS