20 diciembre de 1989. Días y noches de terror en un diciembre de muerte, sangre y dolor

Salí del hogar de mi hermano de faenas progresistas, hoy ausente, Eric Jaime Bell Moreno, de San Felipe, pasadas las once p.m. en momentos en que la noche se volvió día aquel 19 de diciembre, 1989, cuando el “socio canalero” dio pruebas contundentes de su poder genocida, ensañándose con los habitantes del barrio mártir de El Chorrillo y con los pobladores del país entero. 

¿Para qué inició esa parafernalia genocida la bestia (666) guerrerista? 

Simplemente para capturar al General Manuel Antonio Noriega, comandante jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá, quien pudo ser detenido, sin un solo disparo, porque su cuartel general estaba rodeado de bases militares norteamericanas, en el centro de la ciudad capital, o en cualquiera de sus viajes por la carretera a Colón.

Objetivos concretos tenía el imperio guerrerista para cometer esas acciones depredadoras de vidas y haciendas, no solo detener al hombre fuerte de Panamá, quien se negó a cumplir sus directrices, entre otras, apoyar la eliminación del Tratado Torrijos-Carter, suscrito el 7 de septiembre de 1977, vigente a partir de 1979, único negociado por el Canciller de la Dignidad, Juan Antonio Tack

Es necesario que los progresistas de la Patria Grande y Universal tengan presente, que la bestia (666) imperialista tenía garantizada su permanencia en nuestro territorio, porque  al vencer ese documento contractual, empezó a regir, en enero de 2000, negociado por otros, el inconsulto, nefasto e ilegal tratado de neutralidad, que nos colocó, para la eternidad más uno, en la mira de quienes combaten su grosero intervencionismo en el mundo entero. 

Buscaba, y lo  logró con el concurso de apátridas del patio, que pedían a gritos la intervención armada, poner de rodillas al país, destruir la economía y todas las estructuras e instituciones nacionales. 

Durante esa noche y en días sucesivos de una guerra inventada contra un pueblo indefenso, pero probadamente nacionalista y valiente, fui testigo del asesinato de panameños que se  enfrentaban a la bestia (666) desatada, con las armas de su valor y coraje nacionalista, como un compañero de Cemento Bayano y otro amigo y colaborador hacendista. 

Los recuerdos son muchos de lo ocurrido en aquellas fechas terribles, como ver cadáveres por todos lados, fosas comunes abiertas en cualquier parte, personas asesinadas sin identificar, prisioneros en su propia tierra, culpables de haber nacido en el indomable Corinto Bolivariano, cuando caserones y patios añejos también pagaron alto precio, por colocarse en medio del rayo fatal invisible.  

La acumulación de gestas nacionalistas (1958, 1959 y 1964, entre otras), junto y al lado de patriotas auténticos, multiplicaron en esas fechas dolorosas el fervor y la lucha conjunta para rescatar el terruño mancillado, lo que nos hizo aliados incógnitos de combatientes pretéritos y actuales (aunque no están todos los que son, ni son todos los que están), que jamás han traicionado los ideales de una patria auténticamente libre y soberana, máxima aspiración del líder inmolado en cerro Marta, Omar Efraín Torrijos Herrera.

Sujetos alienados del patio, sin formación patriótica,  ignorando claros principios constitucionales, se dieron a la tarea de denigrar y calumniar a los integrantes de los Batallones de la Dignidad y de los Comités de Defensa (Codepadis), por su accionar nacionalista, cuando era –y es- obligación hacerlo, tal como lo mandata el artículo 310 de la carta fundamental vigente, que mantiene principios de las anteriores excertas fundamentales, norma que establece expresamente:    

Artículo 310: La República de Panamá no tendrá ejército. Todos los panameños están obligados a tomar las armas para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado.

Los detractores llegaron al extremo de afirmar que fueron los patriotas integrantes de los Batallones de la Dignidad y Codepadis, los que promovieron el saqueo desatado en toda la ciudad. Testigo fui cuando militares invasores, después de disparar sus sofisticadas armas contra comercios, con gestos propios de gorilas adiestrados para matar, hacían señales para que personas ayunas de conciencia entraran y saquearan los locales.  

Cerca de nuestra residencia, en Juan Díaz, pasaban rasantes helicópteros último modelo, que hacían disparos indiscriminados, contra todo y contra todos, porque una vecina era la secretaria de un alto ejecutivo de las Fuerzas de Defensa y un hermano suyo se iniciaba en la institución.

Ciudadanos hubo en esas fechas de insomnio, que aplaudían, a rabiar, como dóciles aliados imperialistas, a las fuerzas invasoras, les suplicaban que se quedaran e, incluso, no poca(o)s les llevaban alimentos hasta las tanquetas, para que prosiguieran la criminal faena.

Personas muchas ayunas de vergüenza en este folclórico y festivo país, a 31 años de esa masacre repetida, por el criminal intervencionismo militar, político y diplomático imperialista durante 174 años (1846-2020), siguen ofendiendo a los mártires y héroes de la lucha generacional, como cómplices voluntarios que son del amo, que todos los días les dicta pautas que cumplen dócilmente.

Esos degenerados del patio, como siervos sin voluntad, ni patriotismo, se alegran de que Panamá, contrario a la lucha de generaciones enteras, al pensamiento y acciones de verdaderos estadistas del pretérito, muy pocos, por cierto,  sea parte del patio trasero del imperio neo liberal, fascista e intervencionista, y acepten sumisamente sus ilegales sanciones y sus mortales consignas, contra países hermanos, que jamás han invadido a nadie, ni tienen bases militares fuera de sus fronteras territoriales.

Vivencias necesarias que entregamos a contactos inteligentes, en merecido tributo a mártires y sobrevivientes del bestial genocidio ocurrido y latente por la ya citada espada de Damocles que nos colocaron, en este aniversario 31 de la brutal invasión imperialista de 1989. 

Por: Franklin Ledezma Candanedo. (Periodista, Escritor y Poeta)

Fuente: Radio Temblor

#ProtestarNoEsDelito

✊🏿✊🏾✊🏽 #ProtestarNoEsDelito Nos Sumamos a la DENUNCIA PÚBLICA por la represión y violencia machista de la policia panameña contra mujeres detenida en la protesta.
Entre las 24 personas detenidas ayer en la protesta, 4 son menores de edad y varias compañeras, entre ellas Ileana Corea, que fueron agredidas sexualmente al ser trasladadas por unidades masculinas.
Los detenidos permanecen en la sub estación de San Miguel, Ciudad de Panamá. Exigimos su liberación.

Represión por protestar universitaria ante la injusticia social en Panamá

📣#Denuncia #Panamá VIOLENCIA POLICIAL

Como consecuencia de la creciente desigualdad social e injusticia que vive el pueblo panameño, la organización estudiantil Pensamiento y Acción Transformadora PAT y gremios sociales fueron agredidos en medios de una protesta este 16 de diciembre de 2020.

Desde el inicio de la crisis sanitaria por COVID-19 los jóvenes universitarios han realizado protestas por la falta de atención en el sector salud con insumos y recursos salariales en los predios de la Asamblea de Diputados, dirigido por el presidente Laurentino Cortizo.

La situación se torna más tensa debido a la corrupción y falta de transparencia en recursos de préstamos de más de 7,000 dólares cedido por instituciones financieras internacionales. Pues los estudiantes también protestan por el recorte del bono a menores de 25 años y el Decreto Ejecutivo 830, que regula la entrega del Bono Solidario.

El detonante de las protestas fue el abuso y agresión hacia las mujeres detenidas en la protesta.

Entre los 24 detenidos de la protesta, 4 son menores de edad y varias féminas que fueron agredidas sexualmente al ser trasladadas por unidades masculinas. Los detenidos permanecen en la sub estación de San Miguel, Ciudad de Panamá.

Manifestamos nuestro rechazo a todo tipo de violencia contra comunicadores, universitaries y mujeres que fueron agredidas y suprimidas de su derecho a la protesta, en la jornada de ayer, 16 de diciembre en #Panamá
Por segundo día la juventud panameña se convocó en la Plaza 5 de Mayo para rechazar las imposiciones del gobierno de excluir a las personas menores de 25 años de la entrega del Bono Solidario, asistencia social ante la crisis.
Entérate y muestra tu respaldo:

 

Jubileu Sul Brasil: Militarização cresce e agrava violações durante pandemia de COVID-19 nas favelas do Rio de Janeiro

Apesar da proibição pelo Supremo Tribunal Federal, operações policiais aumentaram mesmo com a pandemia de coronavírus. No Complexo da Maré, a comunicação comunitária é uma das armas contra a militarização e o coronavírus

Protesto das comunidades no Rio de Janeiro. Foto: Daiene Mendes

Protesto das comunidades no Rio de Janeiro. Foto: Daiene Mendes

No início de junho, o Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu operação policial nas favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia, numa decisão liminar que restringe as operações às situações “absolutamente excepcionais”, com autoridade competente justificando por escrito e comunicado ao Ministério Público estadual.

Apesar da decisão do STF, na manhã de 17 de junho houve tiroteio entre policiais e traficantes na Favela da Maré, com um porta-voz da Polícia Militar alegando que havia “uma tropa em deslocamento” à cidade de Angra dos Reis que tomou tiros vindos do Parque União, levando a tropa a entrar na comunidade emergencialmente.

A violência militarizada e o controle dos corpos pelo governo nas favelas são crescentes nas últimas décadas e ainda piorou na gestão do governador Wilson Witzel (PSC).

Em 2019, as 16 comunidades que formam o complexo da Maré, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, foram alvo de 39 operações policiais: uma a cada 9,4 dias ou quase 300 horas, resultando em 49 mortes por armas de fogo (uma morte a cada 7 dias), das quais 34 devido à ação policial e 15 por grupos armados, além de 45 feridos, aponta o Boletim Direito à Segurança Pública na Maré elaborado por organizações não governamentais. O índice aumentou 100% no governo Witzel – em 2018, foram 24 mortes por violência armada e 11 feridos.

O estado do Rio de Janeiro está em 14º no país em apreensão de armas, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e está em 1º lugar no Brasil no índice de vítimas de letalidade violenta: em 2018, das 6.714 vítimas no Rio, 81% (5.453) foram mortas por armas de fogo, segundo dado Instituto de Segurança Pública (RJ).

Pandemia agrava violações em comunidades cariocas

Foto: Kati Tortorelli/RioOnWatch

Foto: Kati Tortorelli/RioOnWatch

Em 2020, nem a pandemia de coronavírus (COVID-19) nem a recente decisão do STF cessam a militarização e as violações contra os favelados praticada pelo Estado. Ao contrário, as intervenções militares aumentaram, como relata a moradora da Maré e jornalista Gizele Martins, 34, comunicadora comunitária e ativista há 20 anos.

“Num contexto como esse de pandemia, em que os governantes deveriam estar resguardando, salvando nossas vidas, é o momento que eles mais atiram, em que há mais operações policiais e mais homicídios cometidos nas favelas pelas polícias do Rio de Janeiro, com mais jovens negros assassinados, número que aumenta se comparado ao mesmo período do ano passado. Ou seja, as dificuldades que temos enfrentado nas favelas e periferias neste momento no Rio são inúmeras”.

Entre os casos emblemáticos ocorridos neste período, está o de João Pedro Mattos Pinto, de 14 anos, assassinado dentro de casa com um tiro pelas costas de fuzil calibre 5,56, o mesmo usado durante a operação das polícias Federal e Civil que levou à morte do menino em 18 de maio, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. 

Apesar da COVID-19, três meses se passaram e o governo não organizou nem estruturou o básico para enfrentamento da crise sanitária e socioeconômica. Hospitais e serviços de pronto atendimento estão sucateados, sem máscaras, remédios e unidades de terapia intensiva e, enquanto as operações policiais continuam, os moradores seguem sem sequer ter garantia de abastecimento de água que é uma das principais formas de evitar o contágio pelo vírus. 

Com uma população majoritariamente favelada, periférica, negra, nordestina, a jornalista conta que o Rio de Janeiro vem sendo historicamente laboratório de uma política de genocídio, racista, chamada de “política da morte”, onde a riqueza da cidade, que tem um dos metros quadrados mais caros do mundo, vive da mão de obra barata dos que residem nas favelas e periferias, numa desigualdade imensa e visível.

“A favela já é criminalizada desde sua existência, há 120 anos, e nas últimas décadas viramos laboratório, com governantes que gastam mais dinheiro na criminalização, militarização e controle dessa população do que em investimentos em saúde, educação, habitação, cultura, lazer, memória, comunicação”, critica Gizele.

A ativista explica que os primeiros caveirões, os carros blindados usados pela polícia fluminense, chegaram no Rio vindos do apartheid da África do Sul, e os novos blindados da política de apartheid e racista militarizada de Israel, país onde a Polícia Militar fluminense também fez treinamento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). Os governos atuais trouxeram os helicópteros blindados, o caveirão aéreo – o mesmo que leva o corpo de João Pedro a uma base aérea depois do tiro da polícia.

“É uma estrutura racista, que novamente nos exclui de qualquer direito e de tentarmos salvar nossas próprias vidas durante a pandemia. É o histórico de uma política que já não funciona para nós”, pontua a jornalista.

Comunicação comunitária para ações de luta e solidariedade

A jornalista e ativista Gizele Martins

A jornalista e ativista Gizele Martins

Mestre em cultura, educação e comunicação, Gizele Martins organiza e lidera formações sobre a história das favelas, comunicação comunitária e antirracista. É autora do livro “Militarização e censura – A luta por liberdade de expressão na Favela da Maré”.

A obra é resultado não só da pesquisa de mestrado, mas da experiência de vida da ativista sobre a atuação do exército em 2014 e 2015 na Favela da Maré para a realização da Copa do Mundo no Brasil, e trata dos impactos da militarização em meios de comunicação comunitários do conjunto de favelas da Maré, trazendo vivências e resistências.

E é exatamente a comunicação comunitária que tem sido ferramenta de ação para enfrentamento à militarização e também à pandemia nos territórios da Maré, com planos de comunicação interna e externa para que as informações cheguem a todos, pois nem todos os moradores têm acesso à energia e à televisão, rádio, internet. 

“Temos atuado também de uma forma midiática, fazendo uma assessoria de imprensa tanto para divulgar os trabalhos que temos feitos na favela, como a Frente de Mobilização da Maré e no Morro do Alemão, Santa Marta, Rocinha. E uma assessoria de comunicação que coloque nossa realidade como causa. Na maioria das vezes, há uma comunicação que não nos serve porque não coloca nossas particularidades, uma comunicação comercial que não nos comunica”, explica a jornalista.

Contra a COVID-19, vídeos, podcasts, cartazes e faixas espalhados em locais públicos das favelas, carro de som e também bicicletas pelas ruas, becos e vielas diariamente falando sobre cuidados e orientações para prevenir o coronavírus, com conteúdos produzidos seguindo as recomendações da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Foi criado o Painel #CoronaNasFavelas, que monitora os casos confirmados e mortes decorrentes da COVID-19 nas favelas do Rio de Janeiro – com 2.214 contágios e 448 mortes até o fechamento desta reportagem, dos quais 285 infectados e 70 óbitos na Maré.

E pelo site da Frente de Mobilização da Maré, da qual Gizele faz parte, foi criado um cadastro para levantamento das necessidades das famílias na pandemia, onde também é possível fazer doações para garantir as ações de solidariedade. Atualmente, são 3 mil cestas básicas distribuídas mensalmente, além de kits de higiene e ajuda para fornecimento de gás, com quase 100 voluntários envolvidos e usando máscaras, equipamentos de proteção individual, providenciando tanto a entrega como a higienização prévia dos produtos.

“É um trabalho enorme e somos todos voluntários, todos moradores da favela. Sofremos também com os tiros, violações, falta de direitos e tentamos fazer esse trabalho que é gigantesco, não é um trabalho fácil. Precisamos sempre de apoio porque somos uma favela com 140 mil moradores, é muita gente nas dezenas de favelas no Complexo da Maré”, conclui.

O lugar da Maré

Favela do Complexo da Maré. Foto: Marco Derksen/Flickr/CC

Favela do Complexo da Maré.
Foto: Marco Derksen/Flickr/CC

Os quase 140 mil habitantes do complexo da Maré, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, estão num bairro com um conjunto de 16 comunidades que surgiram e se consolidaram entre 1940 e 2000, às margens da Baía de Guanabara, por movimentos de ocupações e intervenções públicas do governo. A mais antiga é o Morro do Timbau (1940) e a mais recente Novo Pinheiros (2000).

De acordo com o Censo da Maré, 51% dos moradores são mulheres; 62,1% se declaram negros e pardos;  61,8% vivem na Maré desde que nasceram; quase 10% têm entre 25 e 29 anos.

Vivem sem água canalizada 0,3% dos moradores e 26,4% têm que levar o lixo até o local de coleta; 37,6% da população estudou até o ensino fundamental e, dos adolescentes entre 15 e 17 anos, quase 20% estão fora da escola.

 

Fuente: Jubileu Sul Brasil