La nacionalización de Minera Panamá es la única alternativa seria

Todo lo actuado en torno a esta empresa minera está cargado de corrupción y manejos contra los derechos del pueblo panameño y sus recursos naturales: la tardanza de casi dos décadas de la Corte Suprema de Justicia para emitir un fallo de inconstitucionalidad, y la tardanza de casi un lustro de los gobiernos en publicar el fallo en la Gaceta.

A decir del economista Felipe Argote, mientras el gobierno de Cortizo-PRD “negociaba” el nuevo contrato, la mina vendió más de US$3,000 millones en 2021 y tuvo una utilidad de US$1,400 millones. Desde enero de 2022, cuando el presidente anunció los términos del nuevo contrato, del cual solo faltaba la redacción, a diciembre de 2022, la mina vendió otros US$2,200 millones (superando los US$5,000 millones en dos años), mientras el estado panameño ha obtenido cero (0) dividendos.

Según el diario La Prensa (19/12/22), desde que asumió el actual gobierno en 2019 a la fecha, FQM (First Quantum Minerals) ha obtenido ganancia bruta por US$3,423 millones, de los cuales nuestro país sólo ha recibido US$59.8 millones. Ese contrato es peor que el Tratado Hay Bunau-Varilla de 1903.

El Polo Ciudadano de Panamá repudia la demagogia y medidas tibias tomadas por el gobierno Cortizo-PRD de “suspender las operaciones comerciales” de FQM, pero dejar que la mina siga extrayendo mineral a su antojo, pese a que se negó a firmar el nuevo contrato. La táctica pareciera que consiste en aparentar “negociar” para ganar tiempo y seguir exportando material sin pagar al país el precio justo por nuestros recursos naturales.

La mina de Donoso controlada por FQM se ha convertido en un enclave colonial semejante a lo que fue la Zona del Canal, donde las leyes panameñas y los intereses de nuestro país no cuentan, mientras somos saqueados por potencias extranjeras. A 59 años de la gloriosa gesta del 9 de Enero de 1964, las actuales generaciones debemos seguir la lucha por la soberanía como nuestros mártires en defensa de nuestro territorio y nuestros recursos. Antes eran las bases militares y la zona, ahora el enclave se llama Minera Panamá S. A.

El Polo Ciudadano exige una medida seria y consecuente: La nacionalización total de las propiedades de FQM en Donoso y la ocupación de las instalaciones por un contingente de la fuerza pública que, junto a los trabajadores y sus sindicatos, evite que continúe el robo de nuestros recursos y la depredación de la naturaleza.

Hay que nacionalizar la mina por muchos motivos:

1. El contrato con FQM declarado inconstitucional es tan abusivo que no hay manera de emparcharlo como pretende Cortizo.

2. La empresa FQM viola el artículo 290 de la Constitución Política de Panamá, que prohíbe a gobiernos extranjeros poseer “dominio sobre ninguna parte del territorio nacional”, ya que los gobiernos de China, Singapur y Corea del Sur, a través de respectivas empresas estatales, poseen el 64.8% de su capital accionario (La Prensa, 24/12/22).

3. La empresa FQM ha causado un daño irreversible a la naturaleza en el distrito de Donoso, provincia de Colón, con su sistema de minería a cielo abierto, el cual muchos países del mundo se han negado a aceptar en sus territorios.

4. La empresa FQM ha esquilmado al país pagando un miserable 2% sobre sus multimillonarias ganancias, lo cual ha hecho con la complicidad de abogados, políticos y autoridades panameñas que son verdaderos traidores a la patria.

5. Solo la nacionalización total permitirá controlar la mina en todos sus aspectos operativos, salvar los empleos, evitar la destrucción del ambiente y establecer mejores condiciones para la exportación de nuestros recursos minerales con otros métodos menos contaminantes y destructivos y con otras empresas.

Por: Olmedo Beluche. Ensayista, periodista, sociólogo, politólogo y profesor universitario.

 

Fuente: Radio Temblor

Panamá: 9 de enero de 1964, una revolución popular antiimperialista

El 9 de Enero marcó un punto de quiebre de la política norteamericana en Panamá. En esa fecha estallaron 60 años de contradicciones acumuladas, fue una verdadera revolución popular en el pleno sentido de la palabra. Allí se hizo añicos el sueño de riquezas que la oligarquía panameña había pintado en 1903 para imponer un estado “independiente” que en realidad era un “protectorado”, es decir, una colonia norteamericana, así como el oprobioso Tratado Hay Bunau Varilla que entregó el canal a EE UU “como si fueran soberanos”. 

Hay que recordar que los abuelos de nuestra oligarquía, desde 1903, se sintieron cómodos con la situación colonial, creyéndose yanquis de corazón. A los sectores populares, en cambio, les costó encontrar claridad en la construcción un proyecto político propio, pero desde el principio pusieron el pecho en la defensa de la soberanía, porque comprendieron que la prosperidad del país y la propia dependía de ella. 

En 1964 eclosionó la experiencia acumulada del pueblo panameño, dirigida por sus sectores más combativos, que habían enfrentado la presencia colonial imperialista: en la Huelga Inquilinaria de 1925, en el Movimiento Antibases de 1947, así como las grandes gestas del movimiento estudiantil de los años 50, la Operación Soberanía y la Siembra de Banderas, en un ambiente fermentado por el influjo de la Revolución Cubana. 

El 9 de Enero, al conocerse de la agresión sufrida por los estudiantes del Instituto Nacional, de la bandera mancillada por los “zonians”, de la brutal represión de la soldadesca yanqui, el pueblo panameño reventó de indignación y se hizo presente en masa, espontáneamente, para cruzar la cerca (nuestro “muro de Berlín”) y plantar una bandera. 

Allí, en la barricada o simplemente tumbados en el piso en torno a lo que hoy es el “Palacio Legislativo”, miles se enfrentaron con valor a la metralla de los tanques, dirigidos por caudillos populares de las organizaciones de izquierda, desde algunas alas juveniles del Partido del Pueblo (Comunista) con Adolfo Ahumada o Víctor Ávila y otros, los de Vanguardia de Acción Nacional (VAN) de Jorge Turner y las huestes de lo que sería después el Movimiento de Unidad Revolucionaria (MUR)de Floyd Britton. 

Un “pueblo” que socialmente era un “proletariado joven, vigoroso y en rápida expansión” (expresión del industrialismo de los 50-60), se organizó en los Comités de Defensa de la Soberanía. Esos comités fueron embriones de doble poder que llenaron el vacío de poder ante la ausencia del gobierno-estado oligárquico el cual se borró de las calles. Estos comités organizaron desde la consecución de armas, hasta la defensa y el ataque, y la organización civil que se expresó en donaciones de sangre y transporte de heridos a los hospitales. Al respecto, es recomendable leer: “Significado y consecuencias del 9 de Enero”, José Eugenio Stoute, Revista Mujeres Adelante No. 13, enero, febrero y marzo de 1989.  

Una columna enorme de gente, entre 40 y 60 mil personas, según Stoute, rodeó la Presidencia de la República exigiendo armas para enfrentar la agresión imperialista. El gobierno oligárquico de Roberto Chiari, hijo del ex presidente Rodolfo Chiari, que en 1925 pidió la intervención militar de EE UU para aplastar la Huelga Inquilinaria, decidió dos medidas contrapuestas: una, encuartelar a la Guardia Nacional, para que sus armas no fueran usadas por el pueblo en defensa de la soberanía; dos, tratando de apaciguar la furia popular, rompe relaciones diplomáticas con Washington, una medida desesperada que no da cuenta de ninguna vocación nacionalista de la oligarquía, sino del pavor que sentía el gobierno ante la insurrección que amenazaba con entrar a la fuerza en el Palacio de las Garzas. 

Tres días duró el pueblo insurrecto en las calles de las ciudades de Panamá y Colón. Tres días en que las acciones no se limitaron a plantar banderas, sino a enfrentar, con las pocas armas de que se disponía, a las tropas imperialistas. Hubo varios muertos reconocidos por el “gobernador” de la Zona del Canal. Tres días en que todo símbolo o propiedad de empresas norteamericanas fue saqueado y quemado, desde el famoso edificio de la aerolínea Panamerican hasta las sucursales bancarias del Chase Manhattan Bank. Decenas de automóviles con placas de la Zona fueron volteados y quemados a lo largo de las calles de la ciudad. 

El gobierno que cobardemente se había escondido empezó a sacar a la Guardia Nacional de los cuarteles hacia el 11 y 12 de Enero. Pero no lo hizo para defender a la nación agredida, sino para detener a los dirigentes populares de la insurrección, una gran cantidad de los cuales fue a parar a la cárcel Modelo. La labor represiva de los gobiernos liberales de Chiari y Robles seguiría en los años subsiguientes, cebándose contra el líder estudiantil colonense Juan Navas, que había sido herido durante la Gesta de Enero y había viajado a la Unión Soviética para recibir tratamiento médico. A su regreso de la URSS, en 1966, fue arrestado por la policía política del régimen, torturado, asesinado y tirado su cadáver en el Corredor de Colón. A todo lo cual siguió un juicio para inculpar a sus compañeros del Partido del Pueblo de aquella ciudad. 

El sacrificio de los mártires y la insurrección popular de 1964 no fueron en vano, sino todo lo contrario, una victoria que se fue configurando en el tiempo y que hoy se siente sobre el país: se impuso el criterio, hasta ese momento sólo sostenido por sectores populares de izquierda, de que había que acabar con el estatuto colonial de 1903, derogar el Hay-Bunau Varilla y negociar un nuevo tratado sobre el Canal de Panamá, que eliminara la “Zona”, las bases militares y traspasara la administración de la vía acuática en un plazo perentorio. El Tratado Torrijos-Carter de 1977 reflejó esas demandas, pese a sus enmiendas y al Pacto de Neutralidad. 

La prosperidad económica que hoy campea sobre el país se debe, sin duda alguna, a la Gesta del 9 de Enero, porque está fundamentada en los ingresos que el canal está produciendo y que antes Panamá no recibía. Porque, contrario a lo que sostenía la oligarquía panameña que, hasta 1999, temía el retiro de las bases militares, se ha demostrado que: “la soberanía sí se come”. 

Lamentablemente la prosperidad que el canal produce está siendo apropiada en su mayor parte por una clase social, que se ha llamado los nuevos “zonians”, que no es otra que los descendientes de la misma oligarquía que vendió al país en 1903, que durante cien años actuó como aliada interna del colonialismo norteamericano y que acusó de “comunistas” a los líderes populares del 64 y de “saqueadores y ladrones” a los Mártires.  

Esa apropiación de los beneficios del canal, que es lo contrario de lo sostenido por Omar Torrijos cuando afirmó que se le debía dar el “uso más colectivo posible”, se debe al otro acontecimiento: la invasión norteamericana del 20 de Diciembre de 1989.

Por: Olmedo Beluche. Sociólogo, profesor de la Universidad de Panamá.

 

Fuente: Radio Temblor

Panamá. Pueblos originarios protestan ante conflicto territorial ancestral

Un grupo de originarios provenientes de los 7 pueblos originarios, y las 12 estructuras de Congreso y Consejo Cultural Indígena de Panamá protestaron frente al Ministerio de Gobierno de Panamá en horas de la mañana del viernes 6 de enero del 2023. El objetivo de la acción pacífica es exigir justicia ante los hechos ocurrido el pasado 27 de noviembre del 2022, donde un batallón del Servicio Nacional de Fronteras SENAFRONT quemó la Casa Cultural de Púcuru, Territorio Ancestral Guna de Takargunyala, la cual es compartida con los Gunas de la comunidad de Arquia y Nuevo Caimán de la frontera colombiana. Además, el día 1 de diciembre del 2022, debido a esta agresión un grupo de gunas de Panamá y Colombia se reunieron en Púcuru para restaurar la estructura tradicional quemada, respondiendo a una necesidad cultural y religiosa.

Este conflicto ha dado como resultado un herido en estado crítico en el Hospital Santo Tomás debido a un disparo a mansalva por parte de un unidad del SENAFRONT, y 8 detenidos en la Mega Joya y la Joyita, cuya audiencia está fuera del debido proceso.

Cabe recalcar que el paso entre Colombia a Panamá es ancestral, y está protegido por el Derecho Internacional y la legislación de ambos países, tal caso podría ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los 7 Pueblos y Las 12 estructuras exigen medida cautelar para los líderes indígenas gunas de ambos países ante la represalias y abuso de autoridad por parte de SENAFRONT. Además, exigen la liberación de los indígenas detenidos y libre de cargo de tráfico internacional de personas.

Por: Olocunaliler Ferrer. Radio Temblor Internacional      

 

Fuente: Radio Temblor

Hacia una justicia climática con derechos humanos en Panamá

Mientras en Sharm-el-Sheikh, Egipto, los representantes de los gobiernos en la Conferencia XXVII de las Partes de la convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (COP 27), debatían las probables soluciones ante los efectos del cambio climático, en distintas latitudes del planeta, las comunidades debatían si emigrar o ser víctimas de esos efectos como las inundaciones o sequías.

Este dilema se aborda por doquier, desde la academia hasta en las comunas, desde sus causas y desde sus consecuencias. En sus últimos lustros, ha crecido un posicionamiento más enérgico con una visión crítica sobre las propuestas de las diferentes COP basadas en la especulación financiera como eje matriz en las soluciones climáticas con pocos o nulos resultados hacia la mitigación y adaptación al cambio climático debido a que siguen aumentando las políticas extractivas de recursos naturales y el uso de hidrocarburos.

Por ejemplo, los datos indican que la deforestación no se ha detenido. Así lo señala el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), institución que aglutina diversas universidades e institutos de investigación de España. Según los estudios de este centro, el aumento de la tasa de deforestación de los bosques tropicales en el Sur y es directamente proporcional al consumo desenfrenado de los países del Norte; por lo que el CREAF reclama la urgencia de detener esa deforestación a través de los cambios de consumo y destaca el papel clave de esos bosques en la regulación del clima del planeta entero.

La dinámica comercial de los acuerdos precipitados de último momento de la COP27 desfavorece el camino hacia una justicia climática, pues concentran todo su esfuerzo en optar por mecanismos de financiamiento a partir de la sociedad civil y gobiernos. Pero con la participación de instituciones y bancos internacionales provocando otro dilema: la deuda climática histórica, tal como se presentan en documentos desarrollados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) que destacan modalidades como “canjes de deuda por naturaleza”, “cláusulas de desastres naturales”, “bonos de catástrofe” y “bonos verdes, sociales y de sostenibilidad”.

La crisis climática seguirá aumentando con medidas basadas en los mismos mecanismos de siempre de especulación financiera y el complemento de carácter obligatorio de quienes sostienen acuerdos comerciales y préstamos financieros internacionales. Ahora se instrumentaliza el clima como objeto de negocio a través de la economía verde y sus falsas soluciones como son los bonos de carbono, el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y el programa Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD). Este último catalogado como un fracaso de forma y fondo en un documento presentado por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM).

Para Panamá, además del debate mencionado, las organizaciones socioambientales y rurales, han manifestado su desacuerdo ante las políticas ambientales que promulga el gobierno de turno, sin excluir a otras administraciones; cuyas incongruencias han sido evidentes: por un lado, están las concesiones otorgadas para minería, hidroeléctricas y el tráfico de madera y, por otro lado, planes y actividades de reforestación, conservación y educación ambiental.

Sin embargo, este planteamiento o voz de alerta, poca incidencia tiene ante el extractivismo minero en nuestro país con 56,037 hectáreas concesionadas para la extracción de metales según el Ministerio de Comercio e Industria (MICI). Esta actividad la encabeza la empresa Minera Cobre Panamá en el distrito de Donoso, provincia de Coclé, la cual ha vulnerado el Corredor Biológico Mesoamérica (CBM) representando un daño ambiental irreversible y ha seguido funcionando pese a que su contrato Ley 9 del 25 de febrero de 1997 fue declarado inconstitucional en septiembre de 2018 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En cuanto a la generación energética, la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) en septiembre de 2022, indica que el 97% de generación de energía eléctrica del país proviene de fuentes “limpias”. De este porcentaje total, un 91,09% corresponde a hidroeléctricas que, han demostrado afectaciones al sector productor, altamente vulnerable ante el cambio climático. Una muestra la tomamos de los afluentes y cuencas hidrográficas de la provincia de Chiriquí que paulatinamente han sufrido profundos cambios ambientales, producto de las numerosas represas a lo largo del mismo cause y donde se han generado inundaciones y pérdidas humanas.

Entre los casos relacionados con la deforestación, destaca el tráfico de árboles de cocobolo y otras especies de maderas preciosas, cuya actividad en el mercado internacional representa exorbitantes ganancias económicas. Según un reporte del 2018 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, el precio por metro cúbico de cocobolo ilegal proveniente de Panamá́ se ha cotizado hasta en $10 mil dólares. A esta actividad ilícita la acompaña el tráfico de influencias y la corrupción a todo nivel, por lo que representa un reto para las autoridades del ambiente lograr cambiar las estrategias y dinamizar su política de conservación hacia las áreas protegidas de dónde se extraen estas especies, como el Darién y el parque Soberanía.

¿Qué modelo de vida soñamos?

Ante esta persistente relación neoliberal con la naturaleza, voces y organizaciones provenientes de sectores sociales campesinos, indígenas hasta afrodescendientes del país, acudieron a la colectividad para proponer un modelo de vida al margen del discurso desarrollista que se mantiene desde el siglo pasado pero pintado “de verde”. Es necesario provocar un debate a partir de los saberes ancestrales y comunales actuales que atraviesan los distintos momentos de la trayectoria de la economía de mercado, tomando como base una necesaria sistematización de actividades productivas junto a la riqueza que posee el istmo panameño.

Son ejemplos de cambios reales, las iniciativas propias y autónomas, cuyas raíces se fundamentan en el intercambio de semillas y productos del trabajo de la tierra en el norte de la provincia de Veraguas y su auge con la implementación del cooperativismo rural. También las escenas que fortalecen la cuenca del río Santa María con actividades como el turismo ecológico, el senderismo y actividades agroforestales.

Un digno ejemplo de amor por este planeta que nos sostiene y acción directa ciudadana en pos del equilibrio ecológico, fue la organización y lucha de la Alianza en Defensa de la Cuenca del Río Santa María, constituida por el sector campesino, ecologistas y académicos que por más de 10 años vienen luchando por la aprobación de la Ley 339 del 16 de noviembre de 2022 que declara Patrimonio Natural Nacional y Área Protegida de Reserva Hidrológica a la Cuenca del Río Santa María.

Estos son ejemplos de modelo de vida, que se realizan también en otras comunidades de provincias, comarcas y tierras colectivas como un derecho humano a la vida, y que representan una contrapropuesta a los modelos importados, consumistas que no mitigan el cambio climático.

Esta “Economía Ecológica” y “Economía Solidaria y Popular” es la propuesta colectiva promovida en distintos medios de comunicación, tribunas públicas y gobiernos en Panamá, que ayudaría a reducir los efectos del cambio climático, sostener la seguridad alimentaria, preservar las fuentes hídricas y la cultura de nuestros pueblos.

Por: Olmedo Carrasquilla Aguila.

Imágenes de los sitios incididos por las inundaciones en la Península de Azuero causando afectaciones a viviendas, plantas potabilizadoras, interrupción de las vías de comunicación, al sector productivo agrícola y cambios en el entorno ambiental. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) realizó 25 rescates. Además las autoridades locales registraron decenas de casas bajo agua tanto en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, cuenca del río La Villa, provincia de Herrera y sur de Veraguas.

 

Alianza en Defensa de la Cuenca del Río Santa María, constituida por el sector campesino, ecologistas y académicos de Veraguas por más de 10 años luchando por la aprobación de la Ley 339 del 16 de noviembre de 2022 que declara Patrimonio Natural Nacional y Área Protegida de Reserva Hidrológica a la Cuenca del Río Santa María. Instrumento legal en Gaceta Oficial Digital Gaceta Oficial Digital No. 29667-A cuyo fin es conservar, restaurar, preservar y promover las condiciones de las principales zonas de recarga hídrica de la cuenca 132 y, a su vez, de reforzar la protección y conservación de las fuentes hídricas superficiales y subterráneas en la parte baja de la cuenca 132. Y el Artículo 9. Dentro de los límites del área protegida de la cuenca del río Santa María se establecen las siguientes prohibiciones de las actividades incompatibles con los objetivos establecidos en esta Ley: 1. Se prohíbe la extracción minera y construcción de hidroeléctricas y cualquier otra iniciativa que represente una ·amenaza o una barrera que fragmente la integridad de los ecosistemas de la cuenca del río Santa María.
Agradecimientos por la colaboración

Adriana Sautu
Dimas David Ríos Cedeño
Laureano Barría
Comunidades afectadas en Tonosí
Comunidades afectadas en la cuenca del Río La Villa
Sistema Nacional de Protección Civil SINAPROC – Herrera
Salva la Selva

 

 

Fuente: Radio Temblor

El colectivo ¡Ya es Ya! realiza protesta frente a la Embajada de Alemania en Panamá demandando justicia social climática

La organización ¡Ya es Ya!, la cual aglutina a varios grupos, organizaciones ambientales y personas preocupadas por la crisis climática, realizó el miércoles 19 de octubre del presente, una manifestación en los predios de la Embajada de Alemania en la ciudad de Panamá, contra la nefasta inacción de los gobiernos del norte global y frente a la preocupante crisis climática. En dicha protesta participaron distintas organizaciones como: Adoptemos bosques Panamá, Mimar, Espacio Encuentro de Mujeres, Convergencia Sindical, la Fundación Balu Uala y ciudadanos.

Entre sus demandas están que los gobiernos —particularmente de aquellos estados que lideran la lista de emisiones per cápita de gases de efecto invernadero — acaten las recomendaciones de los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático conocidos como IPCC, especialmente la reducción drástica e inmediata de uso de combustibles fósiles, principal causa del calentamiento global.

Declaraciones de Renata Spooner de la organización ¡Ya es Ya!

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Las organizaciones civiles hacen un llamado a tomar acciones concretas para frenar la catástrofe climática que se  avecina y a su vez exigen al Estado panameño elimine sus contradicciones ambientales y asuma la autoridad moral que obtuvo en la COP26 para convertirse en líder global de la lucha contra la emergencia climática.

Por: Dania Betzy Batista Guevara. Colectivo Voces Ecológicas COVEC productores de Radio Temblor Internacional

Imágenes: Jerry Quintana

 

Fuente: Radio Temblor

 

12 de octubre: La fiesta del crimen, la sangre y el expolio

La conmemoración de cualquier genocidio degrada a todo gobierno, estado o pueblo que lo celebre, aunque lo disfracen de encuentro de dos mundos

El “día de la raza” de los fascistas españoles se sigue celebrando para vergüenza de los pueblos del mundo. El 12 de octubre la desprestigiada y en gran parte imputada por corrupción casta política española, junto a militares, policías, tricornios, curas, monjas, damas de peineta, toreros, empresarios “agradecidos” que pagan en sobres y torturadores buscados por la justicia internacional, celebran su particular fiesta del genocidio, de la muerte de millones de indígenas en sus particulares “conquistas” de la cruz, la sangre inocente y la espada.

Se afanan orgullosos, engalanados de medallas y banderas patrias en destacar el imperialismo español, la dominación, la esclavitud, el asesinato, el racismo, las torturas, los crímenes, las violaciones a mujeres, a niños/as, el robo de tierras, de recursos naturales, de oro, plata y diamantes, para que los inmundos reyes los emplearan en sus vicios y asquerosas corruptelas.

Empresas multinacionales españolas siguen destrozando la vida de miles de pueblos originarios, arrasando el medioambiente, expoliando, asesinando, homogeneizando culturas, explotando a mujeres y hombres a través de la esclavitud capitalista.

En los tiempos actuales la mafia criminal del Fondo Monetario Internacional junto a otras organizaciones altamente delictivas como la Unión Europea, los bancos y otras rapiñas, siguen saqueando respaldados por gobiernos títeres al viejo continente americano.

En su momento promovieron dictaduras asesinas a través de golpes de estado con cientos de miles de personas desaparecidas, financiadas por los Estados Unidos con el beneplácito y complicidad manifiesta de la Iglesia Católica.

Han institucionalizado el robo precarizando el empleo, los derechos sociales y la miseria mientras celebran cada año el 12 de octubre, la conmemoración del holocausto es y será la mayor humillación sobre los pueblos de la antigua Abya Yala (América antes de Colón), la tierra mágica que acogió a miles de etnias que cruzaron el estrecho de Bering desde Asia o vinieron, según recientes teorías, navegando desde la Polinesia.

Afortunadamente han surgido revoluciones armadas y democráticas que han logrado parar los pies de esta mafia organizada, aunque todavía queda mucho por hacer para expulsarlos definitivamente.

Las empresas transnacionales siguen controlando el comercio mundial, superando en su capacidad económica a muchos países, siendo las responsables del proceso de globalización neoliberal, del actual modelo económico basado en el sometimiento, en el control de los escasos derechos sociales de los pueblos, matando de hambre a millones de seres humanos en todo el planeta, generando guerras imperialistas, asesinando, bombardeando a quien no entra por el aro de sus postulados criminales.

Los pueblos indígenas americanos siguen sufriendo las malas prácticas de estas empresas, que recurren a todo tipo de medidas represivas para expulsarlos de sus tierras ancestrales, invadiendo, destruyendo sus territorios, asesinando a comunidades enteras, hombres, mujeres y niños/as víctimas de la codicia ilimitada del gran capital.

Etnias como los huitoto, los siona, los inga, los kofán, los sáliba, los nukad en Colombia; los yuki y los yurakaré en Bolivia; los yanomami en la amazonia venezolana y brasileña; los wichi, los toba en el Gran Chaco argentino o paraguayo; los qeqchis, los qanjoba, los kiches, los kakchikeles en Guatemala, junto a cientos de pueblos masacrados por las multinacionales del petróleo, la madera y el gas, algunas de capital y procedencia española, siguen llevando a cabo el expolio que comenzó en 1.942, con la llegada de Colón y el inicio del encubrimiento de América, que ha significado el mayor genocidio de la historia.

El 12 de octubre y su celebración huele a muerte de indígenas, a desolación, a crímenes, a torturas salvajes, a violaciones de los más elementales derechos humanos, a la destrucción de selvas enteras, a esclavitud, a reyes corruptos, a políticos palanganeros de un régimen que somete a su pueblo en la actualidad a la peor de las miserias, al desempleo masivo, al hambre, que oculta y protege a los mayores torturadores vivos del franquismo, negándose a entregarlos a la justicia argentina para que sean juzgados por sus aberraciones criminales.

La conmemoración de cualquier genocidio degrada a todo gobierno, estado o pueblo que lo celebre, aunque lo disfracen de encuentro de dos mundos, de hermanamiento, de fraterno aniversario. La sangre que sale de las baldosas de la historia los delata, los condena a llevar para siempre, por los siglos de los siglos, el estigma de criminales de lesa humanidad.

Por: Por Francisco González Tejera. La haine

 

Fuente: Radio Temblor