La Cuarta Línea de transmisión Eléctrica es una megaobra impulsada por Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), sobre el istmo panameño. Específicamente se extiende a lo largo de la costa atlántica de Panamá, desde Chiriquí Grande (Provincia de Bocas del Toro) hacia el este de Panamá (Región capitalina). Cuyo financiamiento es realizado por la Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo privado del Banco Mundial.
Esta iniciativa energética tendrá doble circuito aislada en 500 kV, con 300 kilómetros y aproximadamente 800 torres de alta tensión con dos subestaciones, una en la provincia de Bocas del Toro denominada Subestación Chiriquí Grande y una en la Provincia de Panamá, denominada Subestación Panamá III, la cual forma parte del Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional (PESIN), aprobado por la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) de Panamá.
Sin embargo, para las comunidades rurales, habitadas por indígenas Ngäbe Buglé y campesinos representa una mega amenaza a su territorialidad y modus vivendi cultural como pueblos soberanos.
En un informe preliminar de la Oficina del Asesor en Cumplimiento (CAO), ente que ejecuta el mecanismo de rendición de cuentas de la IFC del Banco Mundial, tiene el objetivo de investigar los impactos que puedan sufrír las comunidades dentro y fuera del área del proyecto. Esto como parte del proceso vinculante del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos a estos tipos de proyectos.
Feliciano Santos, del Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro (MODETEAB) expresa que: “Cada imposición inconsulta en nuestros territorios amenaza no solamente a nuestro derecho a vivir en un ambiente sano en nuestras tierras ancestrales, sino también a nuestra supervivencia económica, social y cultural como pueblos indígenas de Panamá.
También Rogelio Urriola, Presidente del Congreso Ngäbe Buglé y Campesino del Norte de Santa Fe de la Provincia de Veraguas nos ofrece declaraciones al respecto
Es importante señalar, que las comunidades de esta área de Bocas del Toro y Veraguas, viven una exclusión social, y fuera de las oportunidades de ascenso a una mejor calidad de vida que por obligación el Estado debe otorgar.
Máxime cuando no hay un instrumento público que las comunidades puedan acceder con información científica y socioeconómica. La cual determine las ventajas y desventajas para la toma de una decisión verdadero y colectiva.
A principios de este verano, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) de Panamá revirtió su posición inicial de no aprobar la construcción de la Cuarta Línea. Esta reversión anuló una resolución que la misma ASEP había emitido tan solo unas semanas antes, mediante la cual se determinó que la empresa estatal de transmisión eléctrica (ETESA) no había sustentado adecuadamente la necesidad de construir la Cuarta Línea, dada la disminución de la demanda de electricidad en el país a causa de la pandemia del COVID-19.
Por: Olmedo Carrasquilla Aguila. Radio Temblor Internacional.
Fuente: Radio Temblor
