Piden declarar emergencia ante represalias mineras

Créditos: La República
Créditos: La República

Exigen que el Estado declare al Cenepa como “zona de emergencia” ante la muerte y el secuestro de indígenas que se oponen a la minería ilegal que ha tomado más fuerza debido al paquetazo legislativo del Congreso.

Servindi, 9 de julio, 2024.- El Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) señala la muerte de Ricardo Kunchikui y el secuestro de César Ampush como represalias de los mineros ilegales por lo que exigen al estado declarar El Cenepa como “zona de emergencia”.

El GTAA señaló que, debido al otorgamiento de permisos de extracción minera, la oportunidad de mantener aperturado el Reinfo y la ley antiforestal la destrucción de los bosques se ha fortalecido y los conflictos en las comunidades crece.

Por eso el GTAA hizo un llamado urgente a los ministros de Interior y Defensa, Fiscalía Ambiental y la PCM para declarar el territorio awajún como “zona de emergencia” los sectores, Río Marañón, Río Santiago, Sector Tambo, Río Cenepa y Comainas.

Solo hace algunos días el cuerpo de Ricardo Kunchikui fue hallado con cortes en la nuca, boca, mejilla y antebrazo derecho en la comunidad de Tuntino, su muerte fue vinculada a la minería ilegal por el pueblo awajún.

Esto conllevó a que los familiares y vecinos de Kunchicui cerraran el pase en el río Comainas, en El Cenepa para poder capturar a los responsables de su muerte.

Por estos hechos el viernes 5 de julio un escuadrón de la Policía llegó al puesto militar Chávez Valdivia para investigar los hechos y coordinar acciones de interdicción contra la minería ilegal en El Cenepa.

Al siguiente día el vicepresidente de Odecofroc, César Ampusch Kuja fue detenido y secuestrado con otros cuatro comuneros, por presuntos comuneros y mineros ilegales, según informó La República.

La situación preocupa al pueblo awajún que durante varios meses denuncia el peligroso avance de la minería en sus tierras, además de las amenazas contra los líderes y la población.

 

Fuente: Servindi

Aimaras logran anular concesiones inconsultas

Tras casi 10 años de presentada la demanda, comunidad campesina de Jatucachi (Puno) logró que el Poder Judicial anule concesiones mineras que fueron otorgadas sin consultar con la comunidad.

Servindi, 4 de julio, 2024.- Una sentencia contra entidades mineras del Gobierno emitió el Tercer Juzgado Civil de Puno por vulnerar derechos de la comunidad campesina de Jatucachi a la consulta previa, al territorio y a la autodeterminación.

El fallo anula concesiones mineras de tres empresas y declara caduca otras 10 concesiones. Además, ordena que el Minem y el Ingemmet no repitan acciones u omisiones que vulneren el derecho a la consulta previa.

Esto último con el fin de garantizar que no se otorguen nuevas concesiones sin la debida consulta a la comunidad de Jatucachi que vulneren sus derechos reconocidos en la Constitución y el Convenio 169 de la OIT.

La sentencia, que anula las concesiones de las empresas Cultinor SAC, Minera del Norte SA y Aruntani SAC, hace justicia a la población aimara de Jatucachi que viene luchando por sus derechos desde hace casi una década.

Es importante recordar que la Ley 29785, aprobada en 2011 y conocida como ley de consulta previa, establece que todo acto administrativo que afecte los derechos colectivos de los pueblos indígenas debe ser consultado.

“Nosotros nos sentimos muy indignados por las empresas mineras que se llevan nuestros minerales y dejan contaminación como la empresa Aruntani. Por eso ya no queremos que esas empresas ingresen. Tienen que ser bajo una consulta con la comunidad”, expresa Alicia Ponce, presidenta de la comunidad campesina de Jatucachi.

Para Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL, el fallo judicial emitido por el Tercer Juzgado Civil de Puno en este caso es relevante para los procesos de consulta previa.

“Esta sentencia es importante pues, hasta la fecha, INGEMMET y el Minem, con el apoyo de las mineras, se empeñan en no consultar las concesiones mineras, argumentando que las concesiones no otorgan ningún permiso de realizar la exploración a menos que la comunidad no lo autorice”, señala.

Demanda se presentó hace casi 10 años

Afectada por actividad minera en la región Puno, la comunidad campesina Jatucachi presentó en septiembre de 2015 una demanda de amparo ante el Poder Judicial (PJ) para exigir que sus derechos sean respetados.

La demanda fue interpuesta con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal (IDL) y de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA).

En la demanda, la comunidad pidió que el PJ anule la actividad de 13 concesiones mineras y que suspenda las actividades de exploración de otra concesión, perteneciente a la empresa Aruntani.

Además de ordenar al Viceministerio de Interculturalidad realizar la consulta previa en debida forma a todas las comunidades que pudieran resultar afectadas en el desarrollo del proyecto.

En 2017, el Tercer Juzgado Civil de Puno declaró fundada la demanda y la nulidad de las 13 concesiones.

Sin embargo, en el transcurso del proceso judicial, la Sala Civil de Puno dispuso que se incorpore a las empresas titulares de las concesiones mineras en el proceso, lo que extendió aún más la espera por la decisión final del PJ.

 

Fuente: Sevindi

“Hablar una lengua indígena es un acto de resistencia”

Servindi, 24 de junio, 2024.- “Hablar una lengua indígena es un acto de resistencia contra el monopolio del castellano” dijo la traductora y poeta de México Irma Pineda Santiago.

Irma Pineda afirmó que la poesía es catártica y que su poesía (zapoteca) ha sido sometida al escrutinio de las mujeres de la comunidad que la han hecho suya.

Con satisfacción expresó: “mi poesía ha tenido la virtud de abandonar los espacios académicos para llegar a la gente del pueblo”.

La traductora diidxazá (zapoteco) es originaria de la Juchitán de Zaragoza, región del Istmo, en México y participó en la charla “Un mezcal con Irma Pineda”, organizada por la Red de Intérpretes y Promotores Culturales.

El encuentro con la autora de diferentes libros como Guie’ni zinebeDos en mi corazónLos 43 poetas de Ayotzinapa, entre otros, tuvo lugar en la Casa de los Intérpretes de Oaxaca.

Se trata de un foro independiente impulsado por jóvenes traductores e intérpretes para recibir capacitación lingüística y jurídica.

La poeta tuvo un amplio diálogo con los jóvenes intérpretes. Entre los asistentes estuvo el abogado Carlos Morales Sánchez, presidente de Litigio Estratégico Indígena, organización hermana de la Red.

Irma Pineda Santiago

Irma Pineda Santiago o Irma Yodo es hija de Víctor Pineda Henestrosa, líder social de la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI), desaparecido por las fuerzas castrenses en la década de los ochenta.

Pineda es activista por los derechos de los pueblos indígenas y ha contribuido a revitalizar el ejercicio de la lengua zapoteca en todos los espacios públicos desde la poesía, definida por el erotismo de la mujer juchiteca y las violencias de la que son víctimas.

Además, su poesía está marcada por la desaparición de su padre y la lucha de su madre por encontrar justicia, lo que se refleja en su poema “Cándida”:

Mi madre descifró para mis ojos
el lenguaje de las estrellas
Depositó en mis oídos los cantos de la gente nube
[…]
Ella resolvía las dudas
Pero nunca le pregunté a mi madre
cómo trascurre la vida
cuando los soldados se llevan al marido
Cómo se enfrenta lo cotidiano
con la incertidumbre tras los pies a cada paso
Con qué palabras se explica a los hijos
qué es “un desaparecido”
Con qué unidad se mide la ausencia
los días oscuros
los oficios sin respuesta
Cómo nombrar de un solo golpe
las ciudades recorridas buscando un rostro
los espíritus consultados para tener indicios
de dónde encontrar a un desaparecido.​

La poetisa y promotora cultural, estudió la licenciatura en Comunicación en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y la maestría en Educación y Diversidad Cultural en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de México.

Ha demostrado su firme compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas desde hace más de veinte años, particularmente en las áreas de educación, cultura y lenguas indígenas.

Integró el Foro Permanente para los Asuntos Indígenas de las Naciones Unidas en el periodo 2020-2022.

n el ámbito académico, es docente en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de México y se ha desempeñado como profesora en el Proyecto Docente “México Nación Multicultural” del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUIC-UNAM).

 

Fuente: Servindi

Panamá. Mujeres indígenas y campesinas del corregimiento Río Luis y Calovebóra se manifiestan en contra de la Cuarta Línea eléctrica

En un comunicado público, las mujeres indígenas y campesinas del corregimiento Río Luis y Calovebóra expresaron su total rechazo a la construcción de la cuarta línea de transmisión eléctrica porque ha sido un proyecto inconsulto e impuesto, ignorando el consentimiento libre, previo e informado, además que se agrava la situación al desconocer la existencia de los pueblos originarios en estos sitios, violando la autodeterminación de los pueblos.  

Por otro lado, en el comunicado señalan que dicho proyecto provocará grandes devastaciones de bosque primarios y secundarios; pérdida de la biodiversidad y de los ecosistemas, empeorando la ya existente crisis del cambio climático, poniendo en riesgo su existencia como pueblo. Además, destaca el papel de las mujeres como protectoras de la naturaleza, defensoras de la soberanía alimentaria y trasmisoras de saberes ancestrales y prácticas culturales.

De igual manera, exigen al gobierno nacional y a la empresa responsable del proyecto, respeto a sus derechos sociales, culturales, económicos y ambientales.

 

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Por: Olmedo Carrasquilla Águila. Radio Temblor Internacional

 

Fuente: Radio Temblor

“Adverso y letal”, contexto nacional para los defensores en México: Fondo Defensores

Ciudad de México | Desinformémonos. “Es indudable que el contexto nacional en el que están las y los defensores de los territorios indígenas en México es más que adverso”, concluyó el Fondo Defensores en su informe “Destellos para entender y seguir: Informe sobre la situación de la defensa de los territorios indígenas en México”, presentado este miércoles para exponer los riesgos, obstáculos, luchas y resistencias de los defensores del territorio y sus comunidades en distintas regiones del país.

En el informe, el Fondo resalta que en México el Estado ha impulsado “olvidos y una franca confrontación” contra ejercicios de la autonomía de los pueblos, como las agresiones armadas contra las comunidades zapatistas en Chiapas o en la comunidad de Ostula, Michoacán, “y contra la disidencia entorno a los llamados ‘proyectos de muerte’ (como el Tren Maya en la Península de Yucatán y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec)”.

“El panorama no es inédito para los pueblos indígenas. Por el contrario, la negociación, la confrontación y la negación del Estado es parte de su historia”, precisó el Fondo.

El informe, que exhibe el contexto de conflictividad socioambiental en los territorios indígenas, recopila testimonios de defensores de la Sierra Tarahumara, la Península de Yucatán, la región purépecha, la Sierra Norte de Puebla y la Sierra Norte y Chontal de Oaxaca, así como las cifras de distintas organizaciones sobre los conflictos por imposición de megaproyectos y despojos territoriales en el país, así como de las víctimas de la represión del Estado y empresarial por la defensa de la tierra y el agua.

“Es innegable que el contexto para la defensa del territorio es adverso aunque también letal; sin embargo, como en otros tantos contextos que los Pueblos Indígenas han padecido durante la historia de México, las y los defensores encuentran y reinventan formas para continuar la búsqueda de alternativas a la imposición de modos de vida que atentan contra sus historias y sus culturas”, señaló el Fondo Defensores.

Descargar informe Destellos para entender y seguir: Informe sobre la situación de la defensa de los territorios indígenas en México

 

Fuente: Desinformemonos

Violencia en Latinoamérica: el 80 % de los asesinatos contra defensores de derechos humanos ocurrió en la región | INFORME

 

  • Colombia fue el país con más líderes sociales y ambientales asesinados en todo el planeta en 2023. De los 300 casos reportados en el mundo, el país concentró casi la mitad de las víctimas mortales.
  • México, Brasil y Honduras son los siguientes tres países más letales para defender los derechos sociales y ambientales.
  • Los defensores indígenas siguen siendo los más afectados por esta ola de violencia.

Cuatro de cada cinco asesinatos de defensores de derechos humanos ocurrieron en Latinoamérica en 2023. Así lo indica el reciente informe de la organización Front Line Defenders que reporta 300 casos, de los cuales 237 tuvieron lugar en Latinoamérica, principalmente en Colombia, México, Brasil y Honduras. Estas cifras confirman una vez más que América Latina es la región más violenta para los defensores sociales, ambientales y de derechos humanos.

El caso que llama más la atención, como lo ha reportado también en los últimos años Global Witness, es el de Colombia, considerando que concentra casi la mitad de los asesinatos en 2023, un total de 142 víctimas. El informe coloca a México en el segundo lugar con 30 defensores, seguido de Brasil con 24 y Honduras que sumó 19 casos. A ellos le siguen Nicaragua, Guatemala, Perú, Ecuador, El Salvador y Paraguay por el número de víctimas mortales reportadas.

Los expertos consultados señalaron que entre algunos de los factores clave que permiten esta ola de violencia en la región están la impunidad detrás de los crímenes, sumado a la presencia de grupos armados ilegales y la corrupción de las autoridades.

Front Line Defenders resalta, además, que la violencia en el mundo afectó sobre todo a los defensores sociales y ambientales de los pueblos indígenas. Este grupo perdió a 92 de sus líderes y habitantes en Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Indonesia y Filipinas. Respecto a los liderazgos ambientales y del territorio, 64 personas fueron asesinadas en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Perú, además de la India y Filipinas. “En Latinoamérica y el mundo, hay una criminalización y alta violencia contra organizaciones indígenas que luchan por la consulta previa, libre e informada y la defensa del territorio”, dice Sarah de Roure, líder de Protección en Front Line Defenders Colombia, responsable del informe.

Casi el 80 % de los asesinatos de defensores sucedieron en América Latina. Crédito: Front Line Defenders.
Casi el 80 % de los asesinatos de defensores sucedieron en América Latina. Crédito: Front Line Defenders.

Colombia, el país más violento

Durante los últimos diez años y de manera consistente, Colombia ha ocupado el lugar del país más violento para líderes sociales y ambientales en el mundo, según las cifras históricas de Front Line Defenders y de otros reportes. La cifra más reciente de 142 asesinatos en el 2023 es la tercera más alta en su historial, solo detrás de los años 2022 y 2020.

El Acuerdo de Paz parece marcar un antes y un después en los indicadores de violencia contra defensores. En octubre de 2016, previo a la firma del Acuerdo, las cifras se movían  en un rango de 37 a 54 personas asesinadas al año, considerando los números recogidos entre 2014 y 2016. Después del Acuerdo, la cifra se disparó a 138 víctimas mortales anuales en promedio en el periodo de 2017 a 2023. De hecho, De Roure señala que del total de personas asesinadas el último año, al menos 54  eran miembros de las juntas de acción comunal y participaban en la implementación del Acuerdo de Paz.

Si se revisa a detalle la lista de víctimas, son ocho los departamentos más peligrosos en el país: Cauca (33), Antioquia (19), Valle del Cauca (17), Nariño (16), Córdoba (8), Arauca (8), Santander (7) y Caquetá (5).

Imagen del líder asesinado Phanor Guazaquillo. Foto tomada del Twitter de Juan Pappier @JuanPappierHRW
Imagen del líder asesinado Phanor Guazaquillo. Foto tomada del Twitter de Juan Pappier @JuanPappierHRW

El informe de Front Line Defenders también destaca como una amenaza para los defensores la oposición a proyectos mineros desarrollados por compañías multinacionales señaladas por afectar el medio ambiente y los derechos humanos. Asimismo, señala que grupos indígenas como los Wayuú han sido intimidados legalmente por oponerse a proyectos de infraestructura viales como la Ruta al Mar Variante UF 7.2.

Entre los defensores asesinados en Colombia, el grupo principal que más ha sufrido la violencia son los líderes comunitarios, 64 en total distribuidos entre líderes indígenas, campesinos y afrodescendientes. Mencionan el caso de Phanor Guazaquillo Peña, líder nasa asesinado en Putumayo. Para Astrid Torres, directora de la organización social Somos Defensores que participó en la investigación de los asesinatos, los pobladores indígenas son uno de los principales grupos atacados, debido a que “se oponen a los grandes poderes legales e ilegales por defender el agua, el territorio, los animales. Pasa en Cauca, Nariño, Antioquia y Valle del Cauca, donde coincide con la presencia de economías extractivas”. Recientemente Somos Defensores lanzó su informe Puntos suspensivos con las cifras de violencia contra liderazgos en Colombia.

Y aunque Colombia, México, Brasil y Honduras, entre otros países, tengan preocupantes cifras de violencia contra estos liderazgos, algunos países no han ratificado el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que comprometería a los países en la protección de los defensores y que facilitaría el acceso a la información en temas ambientales. Entre estos que aún no han dado el paso están el país más violento, Colombia, y el tercero en la lista, Brasil. Se suman Perú, Guatemala, Costa Rica, Haití y Paraguay.

Fabiola Ortiz, esposa de Eduardo Mendúa, durante el velorio. Ortiz atestiguó sobre el ataque. Foto: Tomada de la cuenta de Twitter de la Conaie.
Fabiola Ortiz, esposa de Eduardo Mendúa, durante el velorio. Ortiz atestiguó sobre el ataque. Foto: Tomada de la cuenta de Twitter de la Conaie.

El informe también señala los problemas en los mecanismos de protección de los liderazgos en Brasil, Colombia, Honduras y México. “Estos mecanismos han estado plagados de problemas como el acceso, recursos insuficientes, débil voluntad política y respuestas demoradas a las solicitudes de protección, así como falta de un enfoque para colectivos y comunidades”, dice Front Line Defenders.

En particular para el caso Colombia, dicen que la Unidad Nacional de Protección (UNP), la entidad estatal encargada de garantizar la integridad de los líderes amenazados, “está en una crisis estructural que la ha hecho incapaz de entregar medidas de protección efectivas, lo que ha llevado a que los defensores abandonen sus territorios y debilita la resistencia de sus comunidades”. Agregan que no tiene sentido que los líderes deban pagar por costos de comida, acomodación y transporte a sus escoltas, lo que ha llevado a que la Corte Constitucional declare la situación como “inconstitucional”. Para De Roure, la dificultad en el mecanismo de protección la representa el caso de Ludivia Galíndez Jiménez, asesinada cuando quedó en su casa sin el esquema de protección de la UNP. La impunidad en Colombia, según Front Line Defenders, hace que los actores armados encuentren un “ambiente favorable a la violencia”.

El informe también señala que los grupos armados ilegales que atentan contra los liderazgos son las AGC (Autodefensa Gaitanistas de Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y los disidentes de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo). Las disputas entre estos grupos, según el reporte, han afectado a las comunidades con el despojo, el reclutamiento forzado de menores, el confinamiento y la violencia sexual, entre otras formas de agresión.

defensores ambientales
Velorio de dos indígenas de la etnia awá, en Nariño (Colombia). Foto: Asociación Minga.

Astrid Torres de Somos Defensores señala que pese a lo que muchos creen, el paramilitarismo es el actor principal de violencia. “El paramilitarismo continúa, ha tenido una reconfiguración y sigue con sus prácticas orientadas a eliminar los liderazgos sociales. No solo se trata de grupos de minería ilegal y narcotráfico. Son paramilitares y son el principal grupo responsable de agresiones”.

También dice que los gobiernos de turno han sido responsables. “Con los Acuerdos de Paz se esperaba una institucionalidad que protegiera a los líderes y lideresas, pero el incumplimiento de los gobiernos de turno, en particular el de Iván Duque, llevó a que se recrudeciera la violencia, como sucedió particularmente entre 2018 y 2022”. La experta resalta que el Estado tiene que proteger a los liderazgos con herramientas como el Acuerdo de Escazú, más allá de que estén en territorios violentos.

Cifras del autor agresor del informe de Somos Defensores en 2024.
Cifras del autor agresor del informe de Somos Defensores en 2024.

Pese a que países como Colombia o México presentan disminuciones en cifras de asesinatos respecto a las de 2022, para De Roure esto no es significativo, debido a que la tendencia no es de una clara reducción, sino que puede estar asociado a otros factores. Además, hay países con aumento en cifras como Honduras, donde en 2023 hubo dos asesinatos más que en 2022. “No hay una disminución de una violencia, las cifras a veces bajan debido a la capacidad de documentación, siempre hay más casos (de los registrados) y la realidad nos supera. Estos son los casos que pasaron los procesos de verificación”, explica De Roure.

El funeral de Aly Domínguez y Jairo Bonilla ocurrió el 8 de enero de 2023. A la ceremonia asistieron más de 700 personas de la comunidad. Foto: Cortesía Comité Municipal de Tocoa

México, Brasil y Honduras tampoco dan garantías para sus defensores

Estos tres países acumulan juntos el 25 % de los asesinatos de defensores en el mundo. México tuvo 30 asesinatos, Brasil 24 y Honduras 19. El informe dice que en México y Honduras, junto con otros países de la región, hay una retórica de las autoridades para tildar a los defensores de “traidores”, “adversarios” y “criminales”. En estos países, además, se usaron drones para intimidar y vigilar a comunidades indígenas.

En México, por ejemplo, en la región de Chiapas, Front Line Defenders documentó un “patrón de criminalización” y militarización contra las comunidades indígenas de la zona que buscan proteger el medio ambiente y garantizar su acceso a la tierra. Antonio Lara, fundador y abogado en el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, organización que participó en la investigación de los asesinatos, señala que en México “hay mucha impunidad, no hay castigo a los responsables de los atentados y homicidios contra defensores”, lo que los incentiva a seguirlos cometiendo.

Ceremonia en homenaje a las personas asesinadas en el paro nacional de junio de 2022. Foto: Jerónimo Zúñiga / Amazon Frontlines.
Ceremonia en homenaje a las personas asesinadas en el paro nacional de junio de 2022. Foto: Jerónimo Zúñiga / Amazon Frontlines.

Agrega el experto que los lugares más críticos son “el centro, sur y sureste de México”, en particular, en los estados de México, Morelos, Puebla, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y que los liderazgos indígenas son los más amenazados en el país, por oponerse a “los responsables de la depredación de los recursos naturales”.

Nataniel Hernández Núñez, coordinador de Protección en la organización social mexicana Red TDT, dice que los principales responsables de la violencia en México son los “grupos de la Delincuencia Organizada, así mismo contribuyen a la problemática los intentos por llevar a cabo despojos y explotación en diversos territorios para la utilización de bienes naturales”. Enfatiza en que las zonas con megaproyectos, movilidad humana (migración) y militarización son las más afectadas y que las comunidades que enfrentan mayores riesgos son las indígenas y las rurales. Además, señala que el Ejecutivo federal tiene responsabilidad en la estigmatización de los liderazgos en México.

De Roure asegura que en Brasil y México están fallando los mecanismo de protección debido a  “la dificultad para acceder a ellos, la falta de compromiso político y la ausencia de un enfoque colectivo”. A su vez menciona que otro factor relevante en México es la “creciente militarización y desarrollo de proyectos de infraestructura que facilitan la intimidación de los defensores”, así como la colusión entre las autoridades y los carteles de la droga.

Aly Domínguez durante las actividades del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. Foto: Cortesía Comité Municipal de Tocoa.
Aly Domínguez durante las actividades del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. Foto: Cortesía Comité Municipal de Tocoa.

En Honduras, Guatemala y Nicaragua, además, hay una preocupación respecto a los desalojos forzosos de comunidades indígenas. En el primero de ellos, la violencia tiene como objetivo a líderes indígenas. Aly Domínguez y Jairo Bonilla, por ejemplo, fueron asesinados en enero de 2023 por defender el agua de su territorio. A ellos se suman los casos de varias lideresas que se han convertido en un objetivo de los atacantes. Las mujeres garifuna que defienden el territorio y los derechos colectivos han sido agredidas por compañías extractivas, grupos paramilitares y criminales. De Roure comenta que puntualmente en Honduras la violencia y el racismo sistemático contra los pueblos garifunas han traído violencia, lo que incluye “desalojo, amenazas, asesinatos, persecución judicial y desapariciones forzadas”.

*Imagen principal: El funeral de Aly Domínguez y Jairo Bonilla ocurrió el 8 de enero de 2023. A la ceremonia asistieron más de 700 personas de la comunidad. Foto: Cortesía Comité Municipal de Tocoa.

 

Fuente: MONGABAY