Revelan violación de derechos en comunidades de Latinoamérica

Por primera vez Latinoamérica cuenta con una plataforma regional que sistematiza el impacto multidimensional de proyectos extractivos y de infraestructura en los derechos colectivos de pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes y comunidades locales.

Se trata de la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados que recopila y analiza información de 102 proyectos vinculados a conflictos con comunidades de Brasil, Colombia, PerúHondurasMéxico y Guatemala, que condujeron a la violación de varios de sus derechos colectivos en simultáneo.

A través de gráficos y mapas interactivos, la plataforma da a conocer cuáles son las industrias que afectan a estas comunidades, los derechos que se violan comúnmente y los ataques que reciben los defensores, así como los impactos sociales y ambientales que sufren las comunidades afectadas por cada proyecto.

Derechos Colectivos Vulnerados es una herramienta de libre acceso impulsada por Rights and Resources Initiative (RRI) con el apoyo de Amazon Conservation Team.

Permite visibilizar los conflictos socioambientales que afectan a los pueblos indígenas y se mantiene abierta para seguir incorporando nuevos casos. Para acceder a ella solo debe hacer clic en el siguiente enlace: https://bit.ly/3oEYKSY.

1. Plataforma de derechos vulnerados

La plataforma Derechos Colectivos Vulnerados revela que, desde enero del 2017 a noviembre de 2019, por lo menos 1164 comunidades se han visto afectadas por proyectos del sector minería, hidrocarburos, madera, agroindustria e infraestructura (transporte, construcción y energía).

Los proyectos de infraestructura (34.3% del total) y minería (34.3%) suman la mayor cantidad de conflictos, afectando respectivamente a 876 y 176 comunidades. Mientras que los primeros tuvieron un impacto inmediato y descomunal (afectación masiva); hallan que los segundos, por lo general, tuvieron un impacto a mediano y largo plazo.

La plataforma también identifica la participación de inversiones extranjeras que impulsan industrias en Latinoamérica, siendo, principalmente, empresas extranjeras de Estados Unidos (7 proyectos), Canadá (4 proyectos), China (3 proyectos), Noruega (2 proyectos), España y Suiza (3 proyectos), las que sostienen conflictos con al menos 674 comunidades.

2. Impacto multidimensional

Una de las características más notables del estudio es que analiza, por primera vez, el impacto de los proyectos extractivos y de infraestructura en las comunidades de forma multidimensional, es decir, considerando la violación simultánea que se realiza a varios derechos a raíz de un solo proyecto.

En ese sentido, la plataforma no solo identifica los derechos que se violan al atacar a un solo individuo o defensor de la comunidad donde se ubica el proyecto, sino también recoge la afectación que se genera de forma colectiva en la comunidad analizada, dando pie a otros derechos colectivos vulnerados.

Así, por un lado, revela que 295 personas miembros de alguna comunidad fueron atacadas como consecuencia de estos conflictos, siendo la violación del derecho a la integridad física y moral, y el derecho a la vida, los que más se vulneraron, al estar presentes en 41% y 38.2% de los casos, respectivamente.

Y, por otro lado, identifica que los derechos a un medio ambiente saludable, al consentimiento libre, previo e informado, y al dominio colectivo sobre el territorio, fueron violados en todos los países incluidos en el informe y son también los tres que encabezan la lista de los derechos que más se vulneran en las comunidades.

En cuanto a impactos ambientales, sostienen que hay una predominancia de la contaminación de agua y deforestación, las cuales presente en el 67.6% y 59.8% de los casos, respectivamente.

Mientras que, en el caso de impactos sociales, destacan la alteración de los medios de vida tradicionales (47.1%), la alteración de la disponibilidad de agua (41.2%), los problemas de salud (38.2%)y el desplazamiento de viviendas (36.3%).

3. Situación regional: América del Sur y Mesoamérica

Otra particularidad destacable del informe es su amplio nivel de estudio, puesto que el análisis de casos comprende a comunidades de seis países de Latinoamérica: Brasil, Colombia, Perú, Honduras, México y Guatemala.

Los tres primeros (Brasil, Colombia y Perú) conforman el bloque de América del Sur, la región que presenta industrias más variadas en el informe (minería, agroindustria, madera, hidrocarburo e infraestructura) y que concentra el 69% de comunidades vulneradas por los proyectos mapeados.

En esta región, que reúne 59 proyectos mapeados y 807 comunidades afectadas, la minería es considerada como una de las principales impulsoras de la economía.

La industria minera representa el 35.6% de los casos de la región y el 21% de las comunidades afectadas; mientras que los proyectos de infraestructura, representan solo el 15.2% de los casos, pero impactan al 71.9% de las comunidades registradas.

Además, registra como principales impactos sociales la alteración de los medios de vida tradicionales, y el desplazamiento de viviendas y tierras, presentes en el 54% y 45% de los casos; mientras que los impactos ambientales más frecuentes son la contaminación de agua (69.5%) y la deforestación (55.9%).

Estos impactos ambientales (contaminación de agua y deforestación) son también los que más afectan a las comunidades de los países comprendidos en el bloque de Mesoamérica: Honduras, México y Guatemala. En este caso, ambos impactos son identificados en el 65% de los casos.

A diferencia de América del Sur, Mesoamérica concentra 43 proyectos mapeados y concentra el 62% de los proyectos vinculados con ataques a individuos, afectando a 357 comunidades, pese a representar solo el 42% de los registros totales. Además, la alteración de la disponibilidad de agua y los problemas de salud son impactos sociales que prevalecen en el 55.8% y 53.5% de casos, respectivamente.

En esta zona de América, resalta la predominancia de conflictos mineros y de infraestructura, tal es así que, del total de proyectos de infraestructura registrados, el 74% está en Mesoamérica; mientras que la minería, es la segunda industria con más conflicto en la región, representando el 25% de los registros.

Tomado de: servindi.org

 

Fuente: Radio Temblor

Guatemala: Hidroeléctricas afectan a más comunidades en el país

De las 100 comunidades indígenas en Guatemala impactadas por la presencia de proyectos en sus territorios, 84 son afectadas por la construcción de plantas hidroeléctricas.

Los proyectos hidroeléctricos son los que afectan a más comunidades indígenas en Guatemala, revela un estudio de la plataforma digital Derechos Colectivos Vulnerados.

La plataforma señala que 84 de las 100 comunidades impactadas por proyectos son afectadas por la construcción de plantas hidroeléctricas en sus territorios.

El estudio, realizado entre 2017 y 2019, puede revisarse a través de la plataforma impulsada por Rights and Resources Initiative (RRI) con el apoyo de Amazon Conservation Team (ACT).

Proyectos registrados

Guatemala registra en total 10 proyectos que impactan los territorios de comunidades indígenas de este país. De los 10 proyectos, 5 pertenecen al sector Infraestructura y 5 al de minería.

Pese a que ambas industrias registran la misma cantidad de proyectos, la infraestructura es por mucho la que más impacta, pues afecta a 84 de las 100 comunidades registradas por la plataforma.

Todos los proyectos de infraestructura registrados estuvieron relacionados con la producción de energía mediante plantas hidroeléctricas.

Estos proyectos son el Complejo Hidroeléctrico Renace, Energuate, Hidroeléctrica Oxec I y II, Hidroeléctrica Pojom I y II y San Andrés, e Hidroeléctrica Santa Rita.

Los proyectos, que pretenden o se han instalado sobre territorios indígenas, han sido cuestionados por el incumplimiento de las leyes ambientales y por violar el derecho de consulta de los pueblos indígenas afectados.

Sin embargo, siguieron avanzando en sus planes gracias al contubernio gubernamental.

Como resultado, se tienen a miles de indígenas afectados, como en el caso del complejo Hidroeléctrico Renace que afecta por sí solo la vida de casi 30.000 indígenas Q´eqchi´. 

En el caso de la industria minera, se registran cuatro proyectos, los cuales afectaron en su conjunto a 16 comunidades y en los que se han reportado ataques a 16 individuos, incluido asesinatos.

Derechos atentados

Los conflictos documentados dan cuenta de que el derecho colectivo que más se vulneró fue el consentimiento libre, previo e informado, siendo registrado en el 80% de los casos.

Le sigue el derecho a la libertad de expresión de las comunidades, el cual fue vulnerado en 7 de los 10 proyectos.

Asimismo, la forma más común de ataque fueron las amenazas, presentes en el 60% de los casos, mientras que los asesinatos y la estigmatización se documentaron en la mitad de ellos.

En tanto, las comunidades afectadas que iniciaron reclamos sufrieron la criminalización de sus defensores, hecho registrado en el 50% de los casos.

De otro lado, se tiene que la deforestación y la contaminación de las aguas fueron los principales impactos ambientales, apareciendo en el 60% y 50 % de los casos, respectivamente.

Mientras que los impactos sociales que repercutieron en la mitad de los casos fueron los problemas de salud y la alteración de la disponibilidad de agua.

Fuente: Servindi

Vea también:

Fuente: Servindi

19 Abril 2017. Guatemala. San Pedro Carcha. Santa Cecilia. Río cahabon El derecho humano al agua en Centroamérica se ve comprometido por la mala gestión y los intereses de las multinacionales, que dificultan el acceso a la misma de las poblaciones más desfavorecidas de países como Guatemala. En el departamento guatemalteco de Alta Verapaz, la hidroeléctrica Renace se ha instalado en la zona con amenazas a la población y falsas promesas de desarrollo. La empresa ha cortado el acceso al río para miles de personas y no ha respetado la estrecha relación de los indígenas mayas con la naturaleza. Pedro Armestre documenta el vínculo de los indígenas mayas con la madre tierra, los problemas provocados por las grandes empresas y los efectos nocivos de las explotaciones de los recursos naturales. La campaña TIERRRA de Alianza por la Solidaridad. TIERRRA promueve los derechos humanos y ambientales con Empresas Rentables pero Responsables con los Recursos naturales. Además denuncia a aquellas empresas que buscan ser Rentables incumpliendo con el planeta y las comunidades que lo habitan. © Pedro Armestre/ Alianza por la Solidaridad Handout – No ventas -No Archivos – Uso editorial solamente – Uso libre solamente para 14 días después de liberación. Foto proporcionada por Alianza por la Solidaridad, uso solamente para ilustrar noticias o comentarios sobre los hechos o eventos representados en esta imagen. © Pedro Armestre/ Alianza por la Solidaridad Handout – No sales – No Archives – Editorial Use Only – Free use only for 14 days after release. Photo provided by Alianza por la Solidaridad, distributed handout photo to be used only to illustrate news reporting or commentary on the facts or events depicted in this image. Fotografía: Alianza por la Solidaridad.

Fuente: Radio Temblor

Panamá. Indígenas de Majé Emberá Drúa denuncian amenazas

Las Autoridades Tradicionales del Congreso General de Majé Emberá Drúa de Panamá hacen una DENUNCIA PÚBLICA sobre la continuas amenazas de colonos e invasores desde el año 2019. Tal es el caso de la Comunidad Unión Emberá que son víctimas del despojo de sus tierras, áreas de trabajo y viviendas que por mucho años han poseído en territorio Majé Emberá Drúa en especial en el área de Río Urtí Embera de Majé.

Enérgicamente denuncian que en los últimos días los colonos invasores se han apoderado de los cultivos sostenibles, así como fincas frutales entre otros bienes de las comunidades indígenas. La cual han presentado denuncias a las autoridades competentes, y para este caso a la Juez de Paz por los constantes abusos y amenazas de los colonos Jeremia Sanjur y Horacio Gastan entres otros colonos.

Por otra parte, solicitaron el apoyo del Servicio Nacional de Frontera SENAFRONT con sede en el Distrito Chepo, Cañita y Bayano para que intervengan a fin de evitar las amenazas y ataques. Pero la misma se negaron en apoyar  y garantizar la seguridad de la población indigena afectada.

Congreso General de Majé Emberá Drúa manifiesta, que en caso de otro hecho y víctima fatal a la población indigena responsabilizan al Gobierno Panameño, al Ministro de Seguridad, al Servicio Nacional de Frontera SENANFRONT con sede en Bayano, así como a los Jueces de Paz de los Corregimientos de Torti, Cañita y del Llano. Además a la Gobernación de Panamá, Ministerio de Ambiente, Ministro de Gobierno y así como el Vice Ministerio de Asunto IndÍgenas.

Escuche declaraciones del Cacique Lázaro Mecha:

Las autoridades indígenas han presentado constante denuncias ante el Gobierno Nacional, sobre estos atentado a la integridad de las personas y pueblos indígenas del territorio Majé Emberá Drúa;  expresando su desesperación por las situación de violencia en territorios legítimos, al no contar con seguridad para la población indigena.

Redacción Radio Temblor Internacional

Colaboración: Cacique Lázaro Mecha

 

Fuente: Radio Temblor