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Efectos-TLC-CentEFECTOS DE LOS TLC EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA: Un análisis actualizado y critico con respecto a los derechos fundamentales, el medioambiente y la soberania alimentaria
Tag: TLC
No mas zonas de sacrificio por el negocio camaronero ¡No a los Tratados de Libre Comercio!
Fuente: Red Ecuador Decide Mejor Sin TLC.
La decisión oficial del presidente Guillermo Lasso de “firmar Tratados de Libre Comercio con diez países”1, incluyendo China, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Israel y otros, busca llevar al límite y en el menor tiempo posible la agenda neoliberal, lo que significaría sacrificar la vida de la población, los territorios y la naturaleza.
Este 14 de diciembre el gobierno daba por hecho que suscribiría un memorándum de entendimiento técnico con China como paso previo a la firma de un TLC con ese país. Pero no se dio, y esto podría ser una señal de que China exige mayores garantías para sus inversiones, sobre las que pesan conflictos socio ambientales, procesos jurídicos, sanciones por razones técnicas, entre otros.
Los tratados de libre comercio son, ante todo, instrumentos que otorgan enormes garantías -incluso impunidad-para las grandes empresas, frente a las violaciones que cometen contra los derechos relacionados con el cuidado de la vida. Son acuerdos que abren más mercados para agronegocios como el camarón, el banano, las flores, el atún, sin considerar las consecuencias sociales, ambientales y culturales que conllevan, y las condiciones de explotación laboral con las que operan.
El producto que más compra China al Ecuador es camarón, lo que puso a este producto a la cabeza de las exportaciones no petroleras. Un TLC con China, dará al sector de la acuacultura industrial del camarón mayores protecciones para seguir expandiéndose en los ecosistemas marino-costeros, donde ya ha provocado graves impactos a las comunidades del manglar, comunas ancestrales, comunidades campesinas y del pueblo montubio.
Surgida para servir al mercado internacional, la industria de la acuacultura del camarón de forma despiadada destruye los espacios naturales para implantar el monocultivo del camarón en piscinas; utiliza desinfectantes y otras sustancias químicas para el control de las enfermedades que atacan al camarón (sometido a cautiverio, fuera de su hábitat natural), y vierte permanentemente desechos tóxicos al ambiente.
Estudios independientes responsabilizan a la industria de la acuacultura del camarón de destruir un 70%del ecosistema manglar del Ecuador entre la década de 1970 y la de 1990, afectando las bases del sistema alimentario y el sustento económico de miles de familias recolectoras de concha y cangrejo, y pescadores artesanales de los estuarios de manglar.
A inicios de la década del 2000 se multiplicaron las piscinas camaroneras en tierras agrícolas, provocando la salinización de los suelos y acuíferos de agua dulce. En 2003, el entonces Tribunal Constitucional, a través de la Resolución 042-2002-TC del 22 de julio de ese año, declaró inconstitucional por vicios de fondo el Decreto Ejecutivo 1952-A, que expedía normas para la regulación ambiental y el ordenamiento de la actividad acuicultura experimental en tierras altas.
Según el Tribunal Constitucional, al darse esta actividad en tierras agrícolas y utilizar agua de uso doméstico, atenta al derecho a un ambiente sano y libre de contaminación, y al derecho de las comunidades a una calidad de vida digna.Sin embargo, ante la falta de control por parte de las distintas autoridades, incluyendo el MAG, MAATE y GADs, el avance de la acuacultura industrial del camarón en tierras agrícolas continuó.
Por ejemplo, en cantones de Guayas como Naranjal, Durán, Yaguachi, se ha despojado a familias montubias y campesinas que producen principalmente arroz, otro producto en riesgo si se firma un TLC con China. En predios del Ministerio de Agricultura y Ganadería destinados a la redistribución a favor de organizaciones campesinas, como es el caso de los predios Las Mercedes, Isabel Ana y Los Ángeles, el Plan Tierras y la Subsecretaria de Tierras retardan injustificadamente la adjudicación y permiten la división en las organizaciones, aupadas por inversionistas que buscan apropiarse de las tierras. Esta situación se agravó con la pandemia del COVID 19 y aumentó la pobreza en el sector rural.
Territorios ancestrales de comunas wankavilkas también han sido afectadas por la presencia de piscinas dedicadas a la producción industrial de camarón. La organización Pueblo Wankavilka FCOAWE alerta sobre el caso de Safando (en el sector rural de Guayaquil) y el de San Rafael (en la parroquia Chanduy, cantón Santa Elena).
En los últimos años, las camaroneras avanzaron hacia humedales como el de La Segua, en Manabí, ubicado en la parte alta del estuario del río Chone, incluido desde junio del año 2000 en la lista Ramsar de humedales con importancia internacional por su alto valor ecológico.El taponamiento de los flujos naturales del agua que lo alimentan, con el fin de proteger las piscinas camaroneras, así como la contaminación generada por la descarga de aguas residuales desde las camaroneras, han puesto a La Segua bajo seria amenaza de deterioro.
Estas prácticas productivas se mantienen gracias a que buena parte de los inversionistas camaroneros pertenecen a poderosos grupos económicos que han ocupado y ocupan puestos políticos claves. Esto ha hecho posible que este sector funcione fuera de la ley a lo largo del tiempo, y que violente garantías constitucionales que protegen los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, e instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos y de otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales.
A esto se suma la violencia sistemática ejercida en los territorios. Con guardias armados, cercas electrificadas o con perros, se trata de impedir las actividades de recolección que son la base de la soberanía alimentaria de los pueblos ancestrales del ecosistema manglar. Incluso recolectores de concha y cangrejo han perdido la vida por disparos de guardias de seguridad y por mordeduras de perros adiestrados de las piscinas camaroneras. Además, se intimida a las organizaciones y a sus dirigentes, y se criminalizan las acciones realizadas para la defensa de los derechos.
En otras palabras, la posición ganadora del sector camaronero en el mercado internacional, dinamizado a partir del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Ecuador, en vigencia desde enero de 2017, durante el gobierno de Rafael Correa, ha sido a costa de precarizar la vida de miles de familias recolectoras, pescadoras, campesinas y comunas ancestrales.¡Nos preguntamos qué pasará si esta industria sigue expandiéndose!Un aumento de la demanda china tras la vigencia de un TLC con ese países presagio de más destrucción en los espacios de vida de muchas comunidades.
La acuacultura industrial del camarón es responsable de una deuda social, ecológica, económica y cultural con los pueblos ancestrales del ecosistema manglar, comunidades campesinas y montubias, y comunas ancestrales de la Costa ecuatoriana. Con sus piscinas camaroneras, afectó la estructura y funciones de los ecosistemas marino-costeros, contamina con desechos tóxicos, saliniza los suelos agrícolas y las fuentes de agua dulce, socava la autonomía alimentaria, provoca despojo de tierras ancestrales, trae más empobrecimiento a los territorios. Ejerce violencia y criminaliza a quienes defienden legítimamente sus derechos. Además, aprovecha la situación de desempleo generalizado para captar mano de obra barata, muchas veces de jóvenes cuyos cuerpos son expuestos a la contaminación y a condiciones laborales inhumanas. Esta lógica de daños a la vida debe parar.
Exigimos el cambio de rumbo de la política económica. Los Tratados de Libre Comercio, pactados en secreto y en base a la lógica de los hechos consumados, son ilegítimos.
14 de diciembre de 2022
Los TLCs se sustentan sobre el modelo extractivo y profundizan el impacto de las deudas sobre los cuerpos y territorios.
La red Jubileo Sur/ Américas, Acción Ecológica y el IEETM comparten el presente compendio de investigaciones sobre Efectos de los Tratados de Libre Comercio en tres países de la región México, Colombia, Chile, y la región de Centroamérica.
Se trata de un proceso de que busca acercarnos a análisis, derivados de las experiencias construidas en las luchas permanentes, así como a las diversas y graves implicaciones de estos instrumentos del poder corporativo en la vida de las comunidades y los territorios.
Busca también acercarnos a los desafíos que enfrentan los pueblos al afirmarse en la defensa y el cuidado de la red de la vida.
Ver los informes:
Fuente: Accion Ecologica
Devastadora inversión. Los Tratados Bilaterales de Inversión en el Ecuador
Analiza 17 demandas de empresas transnacionales contra el Estado ecuatoriano, a partir de los Tratados Bilaterales de Inversión suscritos con Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Bolivia y Argentina. Fueron presentadas en tribunales internacionales de arbitraje, principalmente el Ciadi, y terminaron en sentencias que muchas veces dieron la razón a las empresas.
Los montos exigidos superan con creces las inversiones realizadas, las que, además, son causantes de graves violaciones de derechos humanos y de la naturaleza.
Una alerta necesaria cuando se anuncian nuevos Tratados de Inversión.
Este libro se presentó en el marco del 4to. Congreso de Ecología Política (Quito, 19-21 de octubre 2022), el 19 de octubre en la Universidad Andina Simón Bolívar. Participaron sus autores: Carlos Pástor Pazmiño, Anthony Pozo Barrera, y John Cajas Guijarro, y Alexandra Almeida de Acción Ecológica.
La obra se encuentra agotada pero se puede acceder a una copia digital en el repositorio de la librería Abya Yala, haga click aquí: «Devastadora inversión. Los Tratados Bilaterales de Inversión en el Ecuador» .
Fuente: Agencia Tegantai
El TLC con China, una tragedia anunciada
El gobierno ecuatoriano anunció que firmará un Tratado del Libre Comercio con China en el marco de la XV cumbre empresarial China-Latinoamérica y el Caribe, que se realizará en Guayaquil entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre próximos, con la presencia del presidente Xi Jinpin.
Para un país como el Ecuador, los tratados de libre comercio implican, entre otros aspectos, comprometer enormes garantías a los inversionistas del país con el que se firma el Tratado. Eso es justamente lo que está ocurriendo. En la actualidad, las inversiones de las empresas chinas ya gozan de una protección que se traduce en renuncia de soberanía, en subordinación de los derechos fundamentales, en demandas arbitrales internacionales como mecanismo de presión o chantaje para obtener impunidad frente a desastres provocados por esas mismas inversiones. Esta situación se agravará con la firma del Tratado.
Un ejemplo de impunidad con la que corren las empresas chinas, es la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no fue posible aprobar el informe que pide al presidente Lasso no recibir de manera definitiva la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Una obra plagada de fallas y 14.499 fisuras en su infraestructura, con un costo de 3.311 millones de dólares, construida por la empresa china Sinohydro que sería responsable de la erosión regresiva en la cuenca del río Coca, un fenómeno que causó la rotura de los dos oleoductos y con ello una contaminación petrolera de enorme magnitud que dejó a cientos de comunidades indígenas y campesinas sin agua por varios días y destruidas sus chakras.
Otro ejemplo tiene que ver con la inacción del Estado frente a la violencia desatada contra la comunidad Río Blanco (Molleturo, cantón Cuenca). Resulta difícil descartar que los hechos criminales desatados por sicarios contra personas defensoras del agua, no tengan que ver de alguna manera con los intereses de la empresa Ecuagoldmining, subsidiaria de la empresa china Junefield. Esta empresa suspendió sus operaciones en Río Blanco tras un dictamen de la corte provincial de Azuay basado en la falta de consulta a las comunidades y afectaciones por contaminación. Por su parte, Junefield cumplió con su amenaza de demandar al Estado ante un tribunal internacional de arbitraje por 480 millones de dólares, argumentando que se le ha impedido obtener las ganancias que esperaba con este proyecto minero. La demanda fue presentada el 4 de octubre de 2022 con base en el Tratado de protección de Inversiones Ecuador-China, según el Global Arbitration Review.
Lo mismo ocurre frente a la presencia de la flota pesquera china, la más grande a nivel mundial, que llega a nuestro mar territorial para depredar año tras año la reserva marina de Galápagos. Lo hace, cada vez, con cientos de barcos de gran calado, equipados con información satelital para ubicar zonas de gran concentración de pesca, sistemas de refrigeración, y redes gigantescas con capacidad de extraer tanta fauna marina, que disminuye la capacidad de reproducción de las especies hasta su posible extinción. Entre 2014 y 2018 el número de barcos chinos en Galápagos pasó de 264 a 435, y sus capturas aumentaron de 325 mil toneladas de calamar gigante a 346 mil toneladas.
Otros casos pueden mencionarse:
– las múltiples irregularidades con que sigue operando en el proyecto minero Mirador en la Cordillera de El Cóndor, la minera china Ecuacorriente (Ecsa), filial del consorcio chino CRC-Tongling Nonferrous Metals.
– la absoluta impunidad con que China destrozó numerosas áreas naturales, territorios indígenas y campesinos de nuestro país para extraer balsa que utilizó para aerogeneradores que le permitan mostrar una supuesta transición energética.
– los impactos provocados por empresas petroleras chinas financiadas con fondos del Estado chino, que bajo el nombre de Petroriental desarrollan actividades en el área de amortiguamiento del Yasuní y zonas de tránsito de los pueblos en aislamiento voluntario, y bajo el nombre de Andes Petroleum, al no poder consolidar su proyecto dentro del territorio de las nacionalidades Sapara y Kichwa, esta empresa demandó al Ecuador por 140 millones de dólares ante un tribunal internacional de arbitraje.
– los efectos de agrotóxicos vendidos al Ecuador por China, convertida en la mayor proveedora de estas sustancias a nuestro país. Esto incluye el fungicida Mancoceb, utilizado para fumigar las plantaciones de banano, con efectos graves en la salud de trabajadorxs y familias campesinas.
Definitivamente el gobierno viene haciendo buena letra para beneficiar con múltiples seguridades al capital transnacional. La firma de TLCs y tratados de inversión, el retorno al CIADI, emitir decretos como el 95 (para duplicar la explotación petrolera en la Amazonía) o el 151 (para desregular el sector minero y ampliar su frontera de explotación), son las cerezas de un pastel que viene elaborándose desde mucho tiempo para someternos a las reglas de la liberalización comercial y la renuncia de la soberanía nacional.
Frente a este escenario, es inadmisible que lo que se pacta con China se discuta en un “cuarto adjunto” con el Comité Empresarial Ecuatoriano, y que las negociaciones tengan carácter “confidencial” sin posibilidad de que como población podamos analizar, debatir, decidir frente a este Tratado y los otros que se anuncian con Estados Unidos, Israel, Canadá, Japón, Corea del Sur.
13 de octubre de 2022
Fuente: Accion Ecologica
EFECTOS DE LOS TLC EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA: UN ANÁLISIS ACTUALIZADO Y CRÍTICO CON RESPECTO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, EL MEDIOAMBIENTE, Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA