25 de noviembre de 2020
“Con territorios donde las mujeres derramen lágrimas de dolor y temor, no. Con territorios donde las mujeres agachan sus miradas porque han sido humilladas hasta perder el brillo de su mirada, no. La lucha que damos como pueblos indígenas no puede avanzar hasta que sigamos siendo violentadas de una y mil maneras.”
Declaración, Mujeres indígenas CRIC
Hoy 25 de noviembre del 2022, Día de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, queremos conmemorar la lucha de las mujeres que defienden sus vidas, a sus comunidades y sus territorios de las violencias ejercidas por el modelo extractivista patriarcal así como hacer un llamado sobre la urgencia de reconocer los impactos diferenciados que este modelo ejerce sobre ellas y la necesidad de fortalecer su participación política para que sus reclamos y miradas sobre una sociedad con justicia ambiental, social y de género sean atendidas. Ello requiere amplificar la reflexión sobre las nociones de las violencias hacia las mujeres, dando mayor visibilidad a las violencias ambientales y territoriales, reconociendo desde una mirada interseccional las diferentes experiencias que atraviesan a las mujeres como indígenas, campesinas, afrodescendientes, habitantes urbanas, niñas, ancianas, trans y/o lesbianas en sus territorios.
El modelo extractivista patriarcal impuesto a través de mega proyectos minero-energéticos, hidroeléctricas, agroindustria, entre otras formas de explotación de la naturaleza, es responsable de múltiples violencias. El despojo, la contaminación ambiental, la degradación y destrucción de los territorios, la deforestación y pérdida de biodiversidad, afectan a la humanidad y los ecosistemas, implicando impactos específicos sobre las mujeres. Como parte de la estrategia de apropiación que el modelo extractivista ha agenciado sobre los bienes comunes, los cuerpos y las formas de vida de las mujeres, se han invisibilizado y desestimado las labores de reproducción de la vida, históricamente llevadas a cabo por las mujeres.
Las labores domésticas, como por ejemplo la producción de alimentos para el sustento de familias y comunidades, se hacen cada vez más dispendiosas en territorios donde los suelos y las aguas han sido degradados por el extractivismo, implicando una sobrecarga de trabajos a las mujeres. De igual forma, al estar, en su mayoría, a cargo de la gestión del agua en sus familias, se encuentran directamente más expuestas a las aguas contaminadas y corren mayores riesgos de padecer múltiples enfermedades. A su vez, el aumento de las enfermedades y el deterioro de la salud de las comunidades que habitan territorios con contaminación ambiental, sobrecarga a las mujeres en su rol histórico de cuidadoras, generándoles mayor agotamiento, daños físicos y emocionales. Invisibilizar estas tareas y sus impactos ha sido clave para la apropiación de estos trabajos del cuidado por parte del capital, utilizándolos como sostén del modelo productivo-extractivista que se ancla en los territorios. Este desconocimiento no sólo es una muestra de injusticia de un modelo insustentable, sino justamente una de las claves para hacer efectiva dicha apropiación.
La sobreposición de estas violencias se agudiza con la violencia política ejercida hacia las mujeres, a quienes se les niegan los espacios de participación, reduciendo su papel a las labores domésticas y de cuidado. Esta situación refuerza los estereotipos de género y la tradicional división entre lo privado y lo público, en donde en vez de reivindicar la centralidad de las labores del cuidado para el sostenimiento de la vida e insistir en su repartición equitativa, se asigna a las mujeres las labores domésticas y lo privado como único espacio posible para ellas, reduciendo su margen de participación en lo público. Al confinarlas a estas tareas, cada vez más extenuantes por los impactos del extractivismo, se ven privadas de acceder a información relevante sobre el destino de sus territorios y sus vidas, y se concentran las vocerías y la toma de decisiones en las figuras masculinas. Esta vulneración de su derecho a la participación política ocurre de múltiples formas y es ejercido por múltiples actores masculinizados, exacerbando el entronque entre extractivismo y patriarcado.
Este menoscabo a la voz y visión de las mujeres lacera su autonomía e impide que las decisiones que se tomen sobre los territorios contengan los conocimientos que ellas han adquirido en su rol de cuidadoras, obstaculizando ordenamientos territoriales que pongan la reproducción de la vida en el centro y la reparación de sus derechos vulnerados. De este modo, las políticas públicas ambientales y los procedimientos carecen de una perspectiva de género, desconociendo los riesgos diferenciales a los que se exponen las mujeres en el desarrollo de proyectos extractivistas, a la vez en que se prioriza el lucro sobre lo común. Al mismo tiempo, las mujeres que denuncian los impactos que padecen por la actividad extractivista o que buscan espacios de liderazgo para defender a sus comunidades y territorios, suelen ser señaladas y estigmatizadas, inclusive por los propios miembros de sus comunidades, recrudeciendo las violencias.
A pesar de la intensificación de estas violencias, las mujeres y sus organizaciones vienen desplegando una serie de resistencias, propuestas y alternativas a este modelo político y económico de muerte. En concreto, vemos que las organizaciones de mujeres están poniendo en el centro la discusión por el cuidado de la vida, una noción que pasa por la defensa de los territorios desde el reconocimiento de la interdependencia, es decir, cómo afectamos y nos relacionamos con las y los otros, humanos y no humanos. Este reconocimiento las invita a pensar sobre las relaciones al interior de las organizaciones sociales y sus estructuras patriarcales, razón por la cual un objetivo de sus agendas es transformar estos modos de relacionamiento en los espacios organizativos, exaltando el lugar de lo afectivo en la construcción de colectividades.
Este mismo sentido de interdependencia y corresponsabilidad las lleva a ser, en muchos de los casos, quienes cuestionan las dinámicas de corrupción y los pactos patriarcales, en los que las empresas extractivas negocian con los líderes hombres de las comunidades para la venta de las tierras. La socialización de las mujeres en los roles de cuidado, las impulsa a anteponer el bienestar de sus familias por encima del lucro o los intereses privados. Así también lo evidencian a través de sus luchas por las múltiples afectaciones a la salud a raíz de los proyectos extractivos, a la par que reactivan sus saberes frente a la curación y reparación de los cuerpos, manteniendo el cuidado de lo común.
De esta manera, a través del impulso de la articulación entre mujeres, mediante espacios formativos, acciones judiciales y comunicativas, denuncias, incidencia en tomadores de decisión, procesos de gestión comunitaria de las aguas, recorridos de reconocimiento territorial, salvaguarda de las semillas nativas, labores agrícolas y productivas tradicionales, propuestas de cuidado colectivo y exaltación de lo común, estas juntanzas impulsan las resistencias cotidianas al modelo extractivo, construyendo y proponiendo alternativas al modelo hegemónico.
La posibilidad de reconocer y fortalecer su autonomía e incidencia requiere de la redistribución de las labores del cuidado, para ampliar las posibilidades de participación de las mujeres, a la vez que se revaloran las labores esenciales para el sostenimiento de la vida. Desde Censat Agua Viva reivindicamos como urgente el reconocer las apuestas de las mujeres en defensa de sus territorios, los impactos diferenciales que se ejercen en estos contextos hacia sus cuerpos y las alternativas que han construido desde la juntanza y sus cotidianidades.
Las mujeres seguiremos declarando ¡Mujeres, agua, tierra y energía no somos mercancía! La lucha ambiental debe ir acompañada de la lucha en contra de las violencias hacia las mujeres, así como enfrentar las violencias en los contextos extractivos y de degradación ambiental.
Fuente: Censat Agua Viva