Ecuador: una guerra contra el movimiento indígena

El decreto de Conflicto Armado Interno emitido por el gobierno de Daniel Noboa “se inscribe de manera directa en la Doctrina del Shock como condición de posibilidad para el ajuste económico”, sostiene el economista ecuatoriano Pablo Dávalos (https://goo.su/6c7qgp).

La enorme virtud de su artículo titulado “De la demolición institucional a la Doctrina del Shock” consiste en haber vinculado el narcotráfico con la guerra contra los pueblos, incluyendo la desarticulación del Estado-nación para poder imponer las políticas del FMI y del Pentágono.

De ahí la centralidad de su pregunta: “¿Por qué el gobierno de Guillermo Lasso (2021-2923) dejó que los grupos de delincuencia organizada se consoliden y amplíen su control sobre los territorios?”. En paralelo, ese gobierno recortó y eliminó programas sociales, lo que entregó a una porción de la sociedad al crimen organizado al no tener otra salida para su sobrevivencia.

Con la declaración de conflicto armado y el estado de excepción, después de la toma de un canal de televisión “en vivo” (que algunos analistas sostienen que fue una operación de “bandera falsa”), se impuso el toque de queda de 23 a 5 horas, se prohíben las reuniones públicas, se autoriza la violación de domicilio, se militariza el país y la educación y las actividades públicas retornan al formato digital como ya sucedió durante la pandemia de Covid 19.

La declaración de guerra, sostiene Dávalos, le permite al gobierno “imponer una serie de medidas económicas de ajuste sin que la sociedad pueda reaccionar en absoluto”. Además, la dolarización que ya lleva 23 años, permite la utilización del sistema monetario para el lavado de dinero, lo que alienta tanto al narco como a las grandes corporaciones.

Aunque el análisis de Dávalos está centrado en la declaración de guerra para imponer el ajuste que exige el FMI, la segunda hipótesis (derrotar al movimiento indígena) puede ser la decisiva para las clases dominantes. Pero eso implica hacer un poco de historia.

En octubre de 2019 se registró un impresionante levantamiento indígena y popular contra medidas de ajuste del gobierno de Lenin Moreno (2017-2021), en particular el aumento de los combustibles. No fue un levantamiento más de los que convocó la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador). Luego de trece días de combates en el centro histórico de Quito, el gobierno debió dar marcha atrás con las principales medidas que quería imponer.

Pero hay dos elementos decisivos que jalonaron la lucha. El primero es la masiva implicación de los jóvenes urbanos de origen indígena que se plegaron por miles al levantamiento y jugaron un papel decisivo en los combates. Son hijos e hijas de migrantes andinos, sobre todo del sur, que convirtieron sus barrios en bastiones contra el régimen por primera vez en la historia reciente.

La segunda es que las organizaciones indígenas desplegaron sus guardias de autodefensa, impidieron la acción de infiltrados y detuvieron a más de 200 policías que fueron entregados a organismos internacionales como Cruz Roja. La policía fue completamente derrotada, algo que las clases dominantes no pueden tolerar. De hecho, en los meses siguientes se registró una compra masiva de material anti disturbios y se tecnificaron y militarizaron los cuerpos represivos.

El levantamiento de 2019 llevó a la dirección del movimiento a una nueva camada de militantes, representados por la figura de Leonidas Iza, con formación académica y política, reacios a componendas con el Estado y los partidos como lo hicieron parte de las direcciones anteriores, con proyecto político propio, amplio apoyo en las comunidades y una autoestima que marcó diferencias con la historia de la CONAIE desde hace más de tres décadas. Con aciertos y errores, los indígenas se dirigieron a ellos mismos, sin la mediación de intelectuales mestizos y de las ONGs.

A mi modo de ver, esta es la respuesta a la pregunta de Dávalos de por qué Lasso retiró al Estado y facilitó la consolidación del crimen organizado: como modo de frenar al movimiento indígena y popular. En los manuales de contrainsurgencia, esto se denomina (palabras más o menos) como “enturbiar la pecera”, toda vez que ya no puede quitarse el agua al pez (la guerrilla) como se intentó en Vietnam y en otras guerras.

Con un crimen organizado activo y poderoso, el poder se consolida, con escasa legitimidad pero con toda la maciza fuerza del aparato armado del Estado. Si el gobierno no hubiera “liberado” el crimen organizado, tendría que haber optado por un golpe de Estado, políticamente más costoso y con grandes posibilidad de fracasar en derrotar a los de abajo.

El periodista argentino Gerardo Szalkowicz explica en “Cinco claves para entender un país roto” (https://goo.su/Lahrc), que se trata de un plan regional. “La trama que está destruyendo al Ecuador tiene particularidades locales pero responde a un modelo que se instaló con fuerza en los ´80 en México, Colombia y algunos países de Centroamérica, y que en los últimos años se disemina, en distintas escalas, por toda la región”.

Es la política de Estados Unidos para el continente, que ahora se apresta e intensificar su presencia en Ecuador, con asesores militares propios e israelíes, como ya sucedió en Colombia. Recordemos que los centros de pensamiento como el GEAB francés, sostienen que América Latina será en las próximas décadas el centro de la disputa entre EEUU y China por la hegemonía global.

Estamos ante un modelo militarización (legal e ilegal) para someter a los pueblos mediante el terror, “mientras en paralelo se retroalimenta una estructura de negociados millonarios”. El grupo criminal Los Lobos (vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación), explota 20 minas de oro en Azuay, controla 40 grupos de mineros ilegales y obtiene ganancias de casi 4 millones de dólares por mes como acaban de informar tres medios peruanos ().

Ese oro ilegal y criminal recorre un largo camino hasta “legalizarase” en Suiza o en Miami, según revelan varios estudios para los casos de la explotación aurífera ilegal en Perú y Bolivia, modalidad que ha superado los montos que maneja el tráfico de drogas.

En rigor, debemos hablar de capitalismo y no de crimen. De acumulación por despojo y guerra y no de negocios ilícitos. El papel de los grandes medios es confundir, haciendo como si el Estado y el crimen fueran cosas diferentes, como si la violencia criminal y la policial/militar no apuntaran a los mismos objetivos: paralizar a la población para facilitar la acumulación y devastación de la vida.

Los movimientos populares en general, y los indígenas en particular, son el principal obstáculo que encuentra hoy el capitalismo criminal, desde Chiapas hasta Wall Mapu, desde el Pacífico hasta la Amazonia. Incluyendo a los gobiernos conservadores y a los progresistas.

Ante esta realidad del capitalismo realmente existente, no tiene el menor sentido pedir más Estado para reparar los daños, porque el Estado actual es un firme aliado del crimen. Como ya están haciendo nueve pueblos amazónicos en Perú –además de zapatistas, nasa y mapuche-, el camino de los gobiernos autónomos parece ser el más adecuado para enfrentar este período.

 

Fuente: Desinformemonos

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